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BELDADES Y MENTIRAS DE GADAFI

Rodeado de sus beldades, vocifera, desafía, miente. Y la voz telúrica en la tribuna es el canto del cisne.

COLOMBIA: UN PAÍS MINADO POR EL DESPOJO MINERO

En un país en donde nunca estamos sentados a la mesa ni para lo nuestro, no hay otra opción: Terminamos haciendo parte del menú.

REMESAS Y POBREZA EN COLOMBIA: UNA RELACIÓN EVIDENTE

Según previsiones actuales, se recuperarán niveles anteriores de remesas desde el extranjero sólo a partir de 2012 o 2013.

COLOMBIA AFRONTA EL CRECIMIENTO DEL PARAMILITARISMO

La estructura del paramilitarismo se redujo en algunas regiones del país, pero en otras permaneció intacta o hasta creció. .

ENFERMEDADES 'LEVES' QUE MATAN EN COLOMBIA

Los pacientes con diagnóstico de alguna enfermedad prevenible terminan en una gran tragedia personal y familiar, requiriendo cuidados médicos que las entidades designadas no prestan efectivamente.

jueves, 26 de agosto de 2010

¿Te queDAS o te DAS? He ahí la cuestión

PROYECTO PARA LIQUIDAR EL ORGANISMO DE INTELIGENCIA COLOMBIANO

Por: Juan Alberto Sánchez Marín

Sede del DAS en Bogotá


El nuevo gobierno colombiano de Juan Manuel Santos ha anunciado el cierre del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y la creación de un nuevo organismo de inteligencia, también adscrito a la Presidencia de la República.

Si la mayoría de los nombramientos de ministros y funcionarios hechos por el presidente Santos dio la ilusoria sensación de aire fresco, hubo una ratificación que produjo exactamente la sensación contraria, pero real: Un vaho mefítico, que dejó al nuevo presidente borrando con el codo lo que algunos creían que venía escribiendo con la mano.

Se trata de la confirmación de Felipe Muñoz Gómez como director del DAS, una institución cuestionada e involucrada en graves tramas anticonstitucionales.

El gobierno del Álvaro Uribe Vélez hizo del DAS un ente de bolsillo: Mandadero de asuntos oscuros, chivato de opositores, correveidile de invenciones y rumores, y artífice de toda clase de triquiñuelas.

Cuando se mantiene al frente de la institución al mismo hombre que durante los últimos tiempos ha venido siendo cuestionado por torpedear, o, por lo menos, ralentizar las investigaciones en contra de la institución y sus funcionarios, quedan en vilo las esperanzas de que se llegue al fondo del asunto, al quid de una cuestión que tantos resquemores e incomodidades ha despertado.


La fuerza del cariño

Hace más de un año, en mayo de 2009, después de destaparse el escándalo del espionaje telefónico efectuado por el DAS a políticos, magistrados, periodistas y opositores, el entonces presidente, Álvaro Uribe Vélez, le dijo a empresarios colombianos y españoles, y a los Príncipes de Asturias, Felipe de Borbón y Letizia Ortiz (1), que iba a reformar profundamente la institución, como si a ellos les importara algo el asunto de marras.

Unos meses después, en septiembre del mismo año, Uribe se mostró incluso partidario de eliminar el DAS. Hasta habló de “dejar una pequeña institución prestando unos servicios migratorios, de inteligencia, que puede ser manejada por la policía". (2)

Pamplinadas. No lo hizo, desde luego, y, seguramente, tampoco lo habría hecho de haber resultado reelegido nuevamente. Ni lo reformó, ni mucho menos lo acabó. Cómo hacerlo, y, además, como para qué.

Si es claro que la iniciativa de las “chuzadas” telefónicas ilegales no fue una idea del DAS. No surgió de allí por generación espontánea ni por ocurrencia de algún funcionario medio o menor. Fue una cuestión premeditada, calculada y ordenada desde arriba, desde la misma Casa de Nariño, como ha venido saliendo a la luz pública con posterioridad.

Así que darle sepultura al DAS, reemplazar las manzanas podridas, o cambiarle las normas de actuación y los derroteros, habría sido como llevarle la contraria a la propia conciencia. Y eso es impensable. Hay que reconocer que el gobierno de Uribe fue mentiroso, pero coherente: Procuró siempre cuidarse de hacer algo indebidamente bien hecho u honesto.

El delfín y la anunciación del fin

Varios meses antes, en febrero de 2009, Juan Manuel Santos, por aquellos tiempos ministro de Defensa, pletórico en Washington, efervescente luego de un encuentro con Robert Gates, el secretario de Defensa de EE.UU., un jefe más, dijo que le recomendaría al presidente Álvaro Uribe acabar con el servicio de inteligencia, DAS.

Santos avisó, desde aquella fecha, lo que está haciendo ahora, un año y medio después: "Una de las opciones debe ser estudiar la conveniencia de liquidarlo (el DAS) y crear una entidad nueva".

Cegado en medio de tanto gringo, el delfín de la casa Santos se despachó en incoherencias: Como medico, afirmó que el DAS requería “una cirugía profunda”. Como enterrador, habló de darle a la institución una “cristiana sepultura”. Y como anormalidad plantada al medio de un gobierno premoderno, instó a crear “una entidad nueva, que le ayude al país en esta época moderna".

Y no fue todo. Ante la inminencia de toparse con el general Jim Jones, el asesor de Seguridad Nacional, y con el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, John Kerry, una de las voces que pidió la revisión del TLC con Colombia, Santos botó la tapa.

No de otra manera se entiende que Juan Manuel se soltara en gracejos y sostuviera que le preocupaba la "seguridad nacional del país", ya que al parecer desde el DAS se estaría filtrando información hacía un país extranjero.” Claro, no dijo a cuál país. Ni falta que hacía.

Señales de humo enviadas para dejarle clara nuestra listeza a los socios. O cortinas de humo para disimular tamaña brutalidad de nuestra Inteligencia.

¿Fin o cambio nominal?

En los tiempos de la “seguridad democrática”, el gobierno de Uribe utilizó el Departamento Administrativo de Seguridad hasta desecarlo. Ahora, en la prosperidad democrática, el nombre se remoza: Agencia de Inteligencia Civil (AIC), sería el nombre del organismo a crear.

Y con eso, ¿todo está resuelto? Más bien que no. No está mal un entierro de quinta para un organismo que no da más. Pero, a lo hecho, pecho. No puede tratarse de borrón y cuenta nueva, ni este truco nominal puede ser un mecanismo de impunidad. El país tiene que saber quiénes fueron arte y parte de la deplorable persecución llevada a cabo desde el organismo, quiénes se prestaron al ilícito y quiénes lo mandaron.

El reto del organismo transformado, o el del nuevo, si se concreta el actual proyecto del gobierno, tiene que partir de recuperar la credibilidad perdida. Estamos frente a un organismo con una crisis de legitimidad que dura años, cuyas raíces se hunden en la oscura noche de los tiempo de La Violencia.

Cambiando las palabras: Una institución con una tara genética grave, que ya lo ha probado todo, en vano, para salir del fango.

El presidente militar Gustavo Rojas Pinilla ordenó la creación del Departamento Administrativo del Servicio de Inteligencia Colombiana (SIC), en 1953.

En pleno período de La Violencia colombiana, “la SIC era la encargada de apagar cualquier viso de oposición política. Un hervidero de “chulavitas” irredentos, con carné y licencia para matar. No eran militares, pero sí. No eran civiles, pero sí”. (3)

En 1960, el gobierno de Alberto Lleras Camargo reestructuró la organización, que pasó a conocerse como DAS, para limpiar un nombre enfermo, una institución viciada y un entramado de maldad.

Cinco décadas después, el nombre vuelve a estar contaminado, ¡y de qué manera! Eso explica el nuevo cambio de nombre, otro trasunto de afán, que acerca a la institución más a la original, por lo menos en lo que tiene que ver con la chapa de Inteligencia.

AIC, DAS, SIC. Mañana AIC, hoy DAS, ayer SIC. Tres siglas distintas para una misma mentira verdadera. Ojalá que la cuestión no se quede sólo en las palabrejas, y el organismo retome lo que dice que retomará (lo bueno) y no lo que los antecesores nunca reconocieron que tomaban y engullían cada día (lo malo).

Luego de la tormenta, poca calma

En mayo de 2010, hace apenas tres meses, la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) publicó un informe acerca de las actividades ilegales del DAS, luego de un monitoreo de varios meses.

Los resultados no tranquilizan. Al contrario. El organismo concluye que se trató de “un auténtico programa de seguimientos, recopilación de información privada, bancaria, y de impuestos, trazado de perfiles psicológicos, persecución, amenazas, torturas sicológicas, chantajes y ataques”. Aún más, se indica que el objetivo ha sido el de “desestabilizar y neutralizar a personas u organizaciones con tendencia opositora frente a las políticas gubernamentales, llegando hasta amenazar de muerte o facilitar homicidios”. (5)

Y algo gravísimo: Que hay demostraciones de que “estas actividades siguen perpetrándose”. Por eso, La FIDH llama a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional “a considerar esta persecución política, en el contexto de los crímenes de lesa humanidad que debería investigar en Colombia, para que active el principio de complementariedad establecido en el Estatuto de Roma en caso de que la justicia colombiana no actúe en la individualización y sanción de los más altos responsables de estos gravísimos hechos, que han vulnerado no sólo derechos fundamentales, sino el Estado de Derecho en sí”.

Las acusaciones de espionaje han trascendido las fronteras del país. El diario Universo, de Ecuador, citando supuestas fuentes del propio DAS, afirmó hace unos meses que agentes de la inteligencia colombiana habrían intervenido teléfonos de la oficina del presidente ecuatoriano, Rafael Correa.

Un reciente informe del DAS indicó que las FARC tiene 1500 hombres, distribuidos en 28 campamentos, en Venezuela. Este informe apoyó las extravagantes denuncias hechas por Colombia ante la OEA, efectuadas con el fin claro de tapar la olla podrida interna. Así que el sesudo y ultra secreto informe terminó siendo lo que debió ser desde un principio: una bagatela más en “el juego de abalorios” que fue el último evento mediático del gobierno de Álvaro Uribe.

"Esa institución es un cadáver viviente. Un fantasma tenebroso. Sus recientes ex directivos deben ser juzgados, sancionados. Unos por incapaces, otros por traición a la patria. Por cómplices del paramilitarismo, por enemigos de la democracia”, escribió Horacio Serpa, el gobernador de Santander, otro chuzado, en un artículo fechado en mayo de 2009. Y agregó: “El DAS asusta. Hiede. Que lo sepulten". (6)

Pero que no vayan a inhumarlo, insisto, con todo adentro. Hay verdades, hay archivos, hay culpables que, por el contrario, es indispensable exhumar. Por el bien del país y de su propia Inteligencia.

En Colombia, es costumbre de vieja data “liquidar” para resolver: El capo liquida al testigo, el desheredado liquida al hermano, el terrateniente liquida al vecino, el gobierno liquida a la oposición. Ahora se liquida al DAS.

Y averígüelo Vargas… Lleras, ministro de Interior y Justicia, con qué fin. Al fin y al cabo que hay serios indicios de que hubo participación del DAS en el atentado de que él mismo fue víctima. Y, para completar, el DAS le armó 69 folios de seguimientos, contra él y su familia, en los que por añadidura lo declaró supuesto enemigo del Estado.

Vargas Lleras ahora es Estado. Pero una vez, por qué dudarlo, quiso saber la verdad y toda la verdad del asunto. Hoy la sociedad colombiana entera quiere lo mismo. Nada más.


NOTAS:

(1) Caracol, 28 de mayo de 2009. Ver: http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=819578

(2) El Espectador, 17 de septiembre de 2009. Ver: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo161969-uribe-se-muestra-partidario-de-acabar-el-das

(3) El DAS: Un “falso positivo” de la Inteligencia colombiana, en JuanalbertoSM. Ver: http://juanalbertosm.blogspot.com/2008/11/el-das-un-falso-positivo-de-la_06.html

(4) El proyecto de creación de la Agencia Central de Inteligencia de Colombia (ACI). Ver: http://www.icpcolombia.org/archivos/observatorio/boletin_144

(5) Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH). Portal. Ver: http://www.fidh.org/Colombia-Las-actividades-de-inteligencia-del

(6) No DAS más. Horacio Serpa. Notas en Facebook. Ver: http://www.facebook.com/note.php?note_id=88905762270


ARTÍCULO RELACIONADO:
El DAS: Un "falso positivo" de la Inteligencia colombiana

Disponible en:

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Aporrea (Venezuela)
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Diario Universal (España)
Kaos en la Red (España)
Periódico "desde abajo" (Colombia)
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sábado, 21 de agosto de 2010

La hacienda Carimagua en Colombia: De tierra para desplazados a base militar

Por: Juan Alberto Sánchez Marín

Más del 86% de los suelos colombianos son ácidos, según estimaciones de la Universidad Nacional.


El canal RCN, uno de los dos emporios mediáticos más importantes de la televisión colombiana, ha presentado como una noticia destacada la aquiescencia del Comandante General de las Fuerzas Militares, almirante Edgar Augusto Cely Núñez, con la entrega de 1890 hectáreas de tierra de la hacienda Carimagua, que hizo recientemente el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) al Ejército. (1)


Se ha dicho que se trata de una ampliación de la base militar que opera la VIII División del Ejército en Yopal. O que se trata de una nueva base, pues no son cuadras la distancia que separa a ambos puntos. Poco importa el apelativo. Lo cierto es que seguirán los juegos de guerra: ¡Abran fuego, señores! Y cada vez a Juan Manuel el país se le parecerá más a un casino, y cada día que pasa a una partida de Póquer.


“Fueron legalmente entregadas (esas hectáreas) para que el Ejército pudiera establecerse ahí”, dijo titubeando el almirante. “Finalmente, nosotros somos muy respetuosos de la parte legal, de la parte jurídica, y en eso el Ejército Nacional está trabajando, pero, finalmente, en este momento están asignadas al Ejército”.


En tanta aclaración, el militar se lió solo. Pero creo que tiene toda la razón. Legalmente, las tierras fueron entregadas por Uribe, y ya sabemos el difuso concepto de legalidad que tenía ese gobierno, y lo patidifusas que estuvieron la justicia y la equidad durante sus ocho años de mandato.

En Carimagua, el Estado se niega a ver qué debería hacer en adecuaciones e inversiones para que las tierras las puedan usar los campesinos desplazados.


También puede que tenga la razón en cuanto a que en el Ejército se está trabajando para ser respetuosos de lo legal y lo jurídico. Casos podrán verse, aunque los vistos hasta ahora den señales de lo contrario.


Y la tiene (la razón), sin ninguna duda, sobre el hecho de que la tierrita ya fue asignada al Ejército, para “vigilar un radar de la Aeronáutica Civil instalado en los terrenos de la hacienda”.


Muy grande ha de ser el radar “gigante”, y aunque lo sea, sigue siendo muy pequeño, pequeñísimo, como excusa al vuelo para justificar la asignación de tanta tierra al Ejército, cuando son tantísimos los desplazados que en este país están en la lista de espera para recuperar unas tierras suyas, robadas, hurtadas a sangre y fuego por los mismos militares, los paramilitares y el propio estado en medio país.


¿Dónde ve a estas alturas la noticia el gran medio de la televisión colombiana? ¿En que el Comandante General de las Fuerzas Militares está de acuerdo con que le den las tierras a sus prohijados? En todo caso, creo que la noticia interesante fuera lo contrario, por inaudita. ¿En que el Comandante General de las FF.MM. diga que su cuerpo va a respetar la Ley? Está bien, esto quizás sí sea noticia. ¿O en que el Comandante General de las FF.MM. afirme que ya le fueron escrituradas? Esto tampoco es noticia: El asunto salió a la luz hace días, por denuncia de gremios, de líderes comunales, y de la senadora Maritza Martínez.


Hay que señalar que la senadora Martínez, del deleznable partido de la U, hizo la denuncia no porque le preocupen los campesinos desplazados, a quienes ella no ve en Carimagua ni por las curvas, sino porque pide que la hacienda vuelva a ser un centro para la investigación y la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación, “lo que permitirá el desarrollo productivo de la Orinoquía”.


La entelequia que la puso a hablar, en intereses que nunca dejan de tener vasos comunicantes. Pero, bueno, por lo menos destapó la olla y se opone a que esas tierras se sigan cediendo sin ton ni son.



Canta la rana, y ni tiene pluma, ni pelo, ni lana.


La hacienda Carimagua ha estado desde hace tiempo en el ojo del huracán. La hacienda, cuya extensión alcanza las 23 mil hectáreas, fue creada en 1969, para la investigación en alimentos y productos tropicales. Hace cinco años, fueron destinadas 17 mil hectáreas para campesinos desplazados por la violencia.


Y hace dos años, el entonces ministro de agricultura, Andrés Felipe Arias (“Uribito”), intentó entregar 11 mil hectáreas a grandes empresas palmeras, luego de descontar 6 mil para reserva natural, según el mismo ministro.


“En manos de los privados, Carimagua generará jugosos dividendos... Es un buen negocio agroindustrial para los inversionistas privados, mientras que para los desplazados es un mal negocio... En manos privadas genera más rentabilidad, que entregándola a los desplazados".


Con este desvergonzado argumento, Uribito justificó lo injustificable: su robo de Carimagua de las manos de los desplazados, a los pobres y miserables, para entregársela a sus amigos, los terratenientes, los desplazadores, untados de paramilitarismo.


Ahora las tierras fueron entregadas al Ejército, el pasado 4 de agosto, a 3 días de concluir el mandato de Álvaro Uribe Vélez. Uno más de los muchos actos de afán cometidos por ese gobierno, firmados detrás de la puerta, sobre las piernas, en borradores mal redactados, ya con los pies y la cabeza afuera.


RCN ni se toma el trabajo de recordar algo de la historia de Carimagua. Parece que no hace falta el contexto. Basta con “informar” que el militar está de acuerdo con la Resolución 2561, por medio de la cual el ICA le transfiere al Ministerio de Defensa-Fuerzas Militares, a título gratuito, el derecho de dominio y posesión de 1.890 hectáreas del predio, ubicado en Puerto Gaitán, departamento del Meta.


En 2007, cuando el actual presidente Santos era el ministro de Defensa, el Ejército “pidió 74 hectáreas”, según el propio gerente general del ICA, Luis Fernando Caicedo. O sea que, según eso, con menos de cien hectáreas se cuida el radar gigante.


Pero, después, en 2009, con tantos batazos y tubazos de la “seguridad democrática” de Uribe, las Fuerzas Militares “piden la totalidad del predio”.


¿Qué pasó ahí, en menos de dos años? Eso sí sería materia de investigación, y el resultado: Noticia para RCN, para Caracol, para el que sea. Porque algo media entre menos de cien y dos mil, y algo entre dos mil y 17 mil, digo yo, aunque no sé mucho de radares. Cuestión de lógica elemental, de ambición a las justas proporciones, o de la usual estrategia uribista: de la mentira algo queda.


Y entonces la noticia actual es que el Ejército se ha conformado con algo menos de 2 mil hectáreas de la hacienda: De 17 mil volando, dos mil en mano. Y eso sí, garantiza el almirante: “El Ejército vigila. Y si familias campesinas serán reubicadas allí, se les prestará toda la seguridad necesaria”.


Otro notición para los medios colombianos, sobre todo, para RCN: Que en la extensión que quede de la hacienda, después de tanta partición y repartición, a la que por desgracia y contra viento y marea consigan llegar algunos campesinos de verdad, estos serán vigilados y asegurados por el Ejército de la patria. Una seguridad que, seguramente, garantizará con eficiencia que los desplazados beneficiarios se aburran, se harten y se vuelvan a desplazar más temprano que tarde.


Es que Carimagua, como bien lo señala Héctor Mondragón, Asesor de Convergencia Campesina, Negra e Indígena, “está en medio del megaproyecto de privatización del río Meta, que puede consultarse en INVIAS y que ahora hace parte de la “Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica” IIRSA, y se articula con el proyecto Gaviotas 2”. (2)


Estos son otros “badulaques y enredos y revoltillos”, al decir de Sancho. “Cosas buenas, santas y provechosas, pero ¿de qué han de servir, si de ninguna me acuerdo?”. En un país con tan mala memoria, donde los medios de comunicación masivos no hacen nada para recordar algo, sino que, al contrario, refuerzan la desmemoria oficial por conveniencia, se entiende que la noticia sea el sinsentido de lo que un alto oficial diga, cualesquiera sean las palabras que use y quienquiera que sea el que abre la boca.



Los dolientes felices

El estado colombiano considera que su razón de ser es la guerra y la generación de riqueza para unos cuantos, y relega a un segundo plano lo social, lo político y lo jurídico.

El propio gerente general del ICA, el encargado de velar por los intereses del país en materia de investigaciones agropecuarias, sostuvo que “ya no hay proyectos de investigación permanentes en la zona y no se necesitan las instalaciones”, porque hay otra cerca y trece más en el resto del país. Valiente funcionariete, el que hace de ariete para el potente chorro de las ambiciones militares.


Como si catorce desvencijados centros de investigación fueran un montón en un país con 1.138.914 kilómetros cuadrados de extensión, con todas las tierras, los pisos y los climas, secularmente agrícola, donde a pesar de todo y tantos más de la cuarta parte de la población aún reside en el área rural.


La razón es simple: en un país en el que la tenencia de la tierra está al centro del origen conflicto, de su manutención y de su prolongación, pues pensar la tierra importa poco, y los 13 o 14 centros son suficientes para las investigaciones de la agroindustria que demandan los terratenientes y las corporaciones para la pobre diversificación que los enriquece: caña de azúcar, palma aceitera, plátano, arroz, madera (pino), pasto (para su ganado), algodón, soya y unos pocos cultivos más.


Jaime Triana Restrepo, el gerente de la Corporación Colombiana de Investigaciones Agropecuarias, CORPOICA, una dependencia del ICA, dijo que “POR AHORA, se espera que con la entrega de las 900 hectáreas al ejército no se afecte la investigación que se adelanta en dichas tierras”.


La negrilla, el subrayado y todo el destacado es plenamente mío. Al fin que: ¿hay investigaciones en dichas tierras o no? Señor Triana, “por ahora”, hable con su jefe y pónganse de acuerdo. Con una sola mentira bien dicha basta y sobra. Muchas mentiras de seguido nos confunden.


El mismo Triana, un gerente regional por algo venido a más, cuando era menos y orientaba CORPOICA Meta, hace dos años, antes del escándalo de Uribito, afirmaba: “Hace 30 años estas tierras (Carimagua) sólo producían paisajes… Una vez solucionamos lo problemas químicos, nos orientamos a las soluciones genéticas… Y empezamos a trabajar en los pastos… Y luego en el tema forestal… Y encontramos soluciones forestales para esta región. Nos aventuramos a trabajar en caucho… Y maíces… “


Mejor dicho. ¿Y entonces por qué no sirven esas tierras para los desplazados?, cómo le pregunta al funcionario un periodista de CM& en un video que todavía está colgado “como mucho chuzo” en el portal de la institución, y que parece hacer perder a Triana por los pastizales de Carimagua, quien se lanza a repetir al pie de la letra las letanías malvadas de su jefe, el entonces ministro Arias, el oscuro padrecito de la agricultura uribista:


“La única alternativa que tiene esta región es tener agroindustria, procesamiento, valor agregado, para que las materias primas se transformen… (¿Dónde no?). Además, se requiere mucho recurso para vivienda, acueducto, electrificación rural… (¿Dónde y cómo no?). Aquí se requieren plantas de procesamiento, en la parte de caucho o en la parte de maderas… (¿Dónde no?). Por eso esta es una región que ha sido diseñada para la agricultura empresarial… (¿Sí? ¿Por quién?). Hablar a Colombia que vamos a entregar 17 mil hectáreas… es una cifra demasiado grande, pero en el centro del país, en el Valle del Cauca, en la Sabana de Bogotá. 17 mil hectáreas en los llanos orientales es una área demasiado pequeña, donde no cabrían más de 80 o 100 familias…” (¡Ah!).


Ya entendimos. Las mismas 80 familias todopoderosas de que hablaba Uribito. Es que 17 mil hectáreas no son nada. Es cuento eso de que Colombia tiene más de un millón de kilómetros cuadrados, no puede ser, porque no todos están en el Valle del Cauca ni en la Sabana de Bogotá. Y que tres ingenios azucareros tengan cada uno extensiones de miles de hectáreas en las mejores tierras del Valle del Cauca, pues es apenas una excepción a la regla. Jaimito nos explica aquí el gracejo que muchos nunca le entendimos al pequeñín Arias.


(El video completo, que recomiendo por lo burocráticamente gracioso y lo científicamente tonto, se puede ver en la página web de la institución, en la que encima del chispeante mensaje de que “Corpoica hace grande al agro colombiano”, pueden leer a la izquierda: “Portfolio of Products and Services”, y a la derecha: “AgroBussines Marketing”. Eso es en la página en español, porque el vínculo para la versión en inglés no funciona. Hasta en el portal, más herencias de Uribito y del pelmazo que lo sucedió. Esta es la dirección: http://www.corpoica.org.co/SitioWeb/Videos/videos.asp?offset=60)).



La primicia en ciernes


Ahora políticos y gremios de la región, y la Asamblea del Meta, le han enviado una carta al presidente Santos, pidiéndole que suspenda el traspaso de las tierras cedidas por Uribe.


La senadora Martínez fue más allá y presentó una proposición ante la plenaria del Senado, que fue aprobada, para que el Congreso le “exija” al Gobierno reversar la decisión. Ya sabremos de la discusión.


Juan Camilo Restrepo, el actual ministro de Agricultura, uno de los pocos cartuchos que quedan en las menguadas esperanzas de que les sean devueltas las tierras a los violentados, y no a los violadores y violentos que las han usurpado, como ocurrió día tras día durante el gobierno anterior, dirá que su propuesta va, pero sin Carimagua, o que va, con Carimagua abordo.


Y no es elemental el existencial dilema. Por la disyuntiva optada, o en el salomónico equilibrio que las desenlace, se podrán medir los alcances de su propuesta de devolución de tierras, y ver hacia dónde apunta la brújula de Santos: Hacia el norte de las armas, por si alguien lo duda, o hacia el sur de la tierra, pues, otra vez, casos podrían verse.


En todo caso: ¿Volverá a jugar el caso de Robin Hood al revés, como llamó el senador Jorge Robledo hace más de dos años, al intento de Arias de tomarse por asalto la hacienda?: Quitarle “a los ricos para darles a los pobres” decía el Senador Robledo, “y ahora de lo que se trata es de quitarles a los pobres para darles a los ricos, un asunto a mi juicio monstruoso”. Que ahora vuelve a ser lo mismo de monstruoso: Porque, el estamento militar, ¿es terrateniente o minifundista? Una idea: hasta sobran bases y áreas para cederles a los militares de países extranjeros.


Y en 45 días, que es el plazo para la cesión de las tierras, o menos, el Comandante General de las FF.MM. tendrá que reiterar entonces que la entrega al Ejército era justa, razonable, procedente, justiciera y todo lo legal que se quiera (y ahí se detendrá su intervención, si nadie reversa la resolución en marcha, o la perorata hará una cabriola mortal y seguirá, si la decisión fuera revocada:), pero, a fin de cuentas, resultó más justificable y legal entregarlas…


A los miles de siervos sin tierra que pululan acá y acullá, en las mediaciones de Carimagua o a miles de kilómetros de su radar gigante y de los malqueridos laboratorios de Corpoica.


Y si los hados son propicios, terminará afirmando, además, que el Ejército no los vigilará ni los cuidará.


RCN y otros medios masivos colombianos, tendrán así las palabras del flamante almirante, para enmarcarlas en sus portadas (titulares) y orientar al país acerca de un asunto que, así como ha sido difundido, es complejo, pero que si en realidad lo comunicaran, es clarísimo.



NOTAS:


(1). Nota en el canal RCN. Ver: http://www.canalrcnmsn.com/node/31157


(2) “Carimaguas por miles”. Héctor Mondragón. Caja de Herramientas, de la Corporación Viva la Ciudadanía. Ver: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ixAmnYj1QioJ:www.viva.org.co/cajavirtual/svc0098/articulo03.pdf+hacienda+carimagua+ubicacion+caracteristicas&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=co


(3). “Carimagua o el caso inaudito de Robin Hood al revés”. Senador Jorge Robledo. Plenaria del Senado, 12 de febrero de 2008. Ver: http://www.senadorrobledo.org/files/carimagua/robledoplenariafeb1208.pdf


ARTICULO DISPONIBLE EN:

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miércoles, 18 de agosto de 2010

Afirmar que se acata la decisión es el primer paso para torcerle el cuello

LA CORTE DECLARA INCONSTITUCIONAL EL ACUERDO MILITAR CON EE.UU.

Por: Juan Alberto Sánchez Marín



De chiste el menestral “Riverita” haciendo de ministro y defendiendo el comunicado del “positivo” ministro de defensa y presidente, Santos, diciendo que se acata la decisión de la Corte Constitucional de declarar inconstitucional el acuerdo militar con EE.UU.

Que se acata, pero que se estudiará la decisión a la luz de todas las normas a la mano, aunque no especifica con qué intención. Claro, el comunicado luego prende sus foquillos sobre el asunto: La cooperación entre Colombia y EE.UU., que en verdad es de EE.UU. para con la colonia y no al contrario, nos resulta de “importancia fundamental”, y es vieja, y los gringos militares y mercenarios (contratistas) andan sueltos a sus anchas y por doquier.

Y resalta que la decisión de la Corte no afecta nada de todos los demás tratados suscritos y vigentes, que son muchos. Los que, añado de paso, que si se llevaran también a la Corte resultarían igual o más inconstitucionales que el citado. Porque, por ejemplo, el acuerdo de mediados de los años 50, al cual le pegó el gobierno de Uribe el de octubre de 2009 como sanguijuela, pues tampoco hizo, ni siquiera, tránsito por el Congreso.


El Gobierno Nacional, pues, en relación con el asunto, comunica bien poco a la opinión pública a través del comunicado. Y, de cierto, ese es el propósito, porque sin dilucidar mucho lo que el comunicado dice es que se acata el dictamen de la Corte, pero que se buscará rápidamente la manera de no cumplirlo.

Es una redundancia que un emperifollado funcionario público salga a decirle a los medios (no por ellos, no a través de ellos, sino a ellos) que hará lo que por ley tiene que hacer. No se trata de un fallo de cumplimiento opcional. El mismo gobierno del Álvaro Uribe lo supo siempre, y en la leguleyada enredó adrede al país, y en su obsecuencia sin límites a los EE.UU., le gruñó como Can Cerberos a los vecinos, atrayendo el rechazo internacional más innecesario.

Hay que esperar ahora que el actual gobierno por lo menos piense lo que va a hacer en relación con el asunto de marras. El anterior gobierno ni eso hizo. Y esperar que lo piense bien. Y que el Legislativo al menos lo discuta. Y que en el tiempo prudencial que tanto diligente funcionario se tome para hacer las enmiendas, presentar el proyecto, y aprobarlo, la Corte vuelva a tumbarlo, ya no tanto por cuestiones formales, sino por otro asunto de "importancia fundamental": La soberanía del país.

Mientras tanto, para la metrópoli, las leyes de la colonia valen un huevo, o, digamos, lo que valen ahora los tres huevos de Uribe, y ya dicen que conversarán con el gobierno de Santos sobre el traspiés. ¿Para qué? Pues para buscar pronto el modo de culebrear el impasse, que dificulta la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Un formalismo poderoso para saltar toda suerte de talanqueras.

miércoles, 11 de agosto de 2010

A propósito del ex Presidente Álvaro Uribe y la Corte Penal Internacional

Por: Enrique Santiago Romero

La comunidad internacional ha asistido estas semanas con estupor a los denodados esfuerzos del todavía Presidente de Colombia por complicar aún mas las relaciones diplomáticas de su país con sus vecinos, especialmente con Venezuela, a la que ha hecho blanco de numerosas, graves e infundadas acusaciones politicas y juridicas. Pareciera que tras estas acusaciones se oculte la única intención de Uribe de concluir su mandato presidencial provocando el conflicto armado con Venezuela que tanto buscó -incluso con la instalación de 8 bases estadounidenses en Colombia- pero no consiguió en sus 8 años de presidencia.

Las complejas relaciones entre Venezuela y Colombia durante el mandato de Álvaro Uribe requieren de pormenorizados y extensos estudios que, afortunadamente, a partir del día 7 de agosto de 2010, corresponderá hacer a los historiadores. Uribe ya es el pasado y probablemente ese hecho y sus consecuencias jurídicas -respecto a la pérdida de cualquier inmunidad que le haya alcanzado durante el ejercicio presidencial- son perfectamente conocidas por el todavía Presidente colombiano. No exageraríamos si dijéramos que, tras su salida de la presidencia, el rastro del Presidente Uribe conduce indefectiblemente hacia la Corte Penal Internacional. Y no precisamente como acusador, tal y como ha intentado aparecerse estos días ante la opinión publica internacional, señalando al gobierno y funcionarios venezolanos de "colaboradores" en la perpetración de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra y dando "instrucciones " al Fiscal General de Colombia para que presente las anteriores acusaciones contra el presidente Chávez -suponemos- y otros altos funcionarios venezolanos ante la Corte Penal de La Haya.


Por lo que a continuación expondremos, podemos avanzar no solamente que la acusación del presidente Uribe contra Venezuela carece de fundamento jurídico alguno, sino que más bien corresponde a una estrategia desesperada para ocultar el mayor de los problemas de Uribe a partir de este 8 de agosto: el abultado expediente de acusaciones que, caratulado bajo su nombre, descansa en los cajones de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

Es conveniente repasar la hoja de vida del ex presidente colombiano para comprender sus obvios temores a acabar compareciendo ante la Corte Penal Internacional.

Álvaro Uribe Vélez ha sido denominado como el "precursor del Narco-Estado" por uno de las mas importantes centros de investigación en materia de narcotráfico internacional , "The Narco News" (http://www.narconews.com) desde que en 1997 y 1998, los agentes de aduanas de Estados Unidos en California detuvieron tres sospechosas naves con destino a Colombia que portaban un total 50 toneladas de permanganato de potasio, un precursor químico clave necesario en la manufactura de cocaína.

De acuerdo con un documento firmado por el jefe de la DEA Donnie R. Marshall el 3 de agosto de 2001, las naves se dirigían a Medellín (Colombia) a nombre de una empresa llamada GMP Productos Químicos. Las 50 toneladas del precursor químico destinadas a GMP eran suficientes para fabricar 500 toneladas de hidroclorato de cocaína, con un valor en la calle de 15.000 millones de dólares. Según el reporte de la DEA, el dueño de GMP Productos Químicos era Pedro Juan Moreno Villa, el jefe de campaña y ex Secretario de Gobierno durante el periodo de Uribe como Gobernador de Antioquia y, por mucho tiempo, mano derecha del todavía Presidente de Colombia.

Moreno fue el alter ego político de Uribe durante y después de esos nerviosos meses de 1997 y 1998, cuando esperaba los envíos de contrabando. Cuando Uribe fue gobernador del estado de Antioquia -cuya capital es Medellín- de 1995 a 1997, Moreno era el Secretario de Gobierno. Según el entonces jefe de la DEA Marshall, "entre 1994 y 1998, GMP fue el más grande importador de permanganato de potasio en Colombia".

Recordemos que el primer cargo público del entonces joven licenciado en Derecho Álvaro Uribe, fue el de Director de la Agencia de Aeronáutica Civil de Colombia entre 1980 y 1982. La ex amante de Pablo Escobar y presentadora de televisión Virginia Vallejo, en su libro "Amando a Pablo, Odiando a Escobar" da nuevos datos de la relación entre Uribe y Pablo Escobar: según la periodista actualmente exiliada en los Estados Unidos, Uribe fue clave como Director de la Aeronáutica Civil para el otorgamiento de licencias masivas de vuelo al Cartel de Medellín, sin las cuales jamás habrían podido hacer sus inmensos envíos de la droga a los Estados Unidos ni acumulado sus inmensas fortunas. En una entrevista explica por qué el primo de Escobar, José Obdulio Gaviria, es actualmente el asesor presidencial de Uribe. Uribe tuvo a César Villegas como su delegado cuando fue Director de la Aerocivil. Éste último fue sentenciado a 5 años de prisión por nexos con el Cartel de Cali y asesinado para callar su testimonio. (Diario "El Tiempo" de Colombia, 17/03/2002)

Esta querencia de Uribe en materia aeronáutica quedó también de manifiesto cuando la policía y el ejército colombiano desactivaron el mayor laboratorio de transformación de cocaína encontrado hasta la fecha en Colombia, en el remoto paraje denominado eufemísticamente "Tranquilandia" (Operación Yarí). El 11 de marzo de 1983, la fuerza publica irrumpió en el laboratorio del conocido narco Gonzalo Rodríguez Gacha "El Mexicano" y entre otras evidencias intervino un helicóptero Hughes 500, matricula HK 2704 X, propiedad de Aerofotos Amortegui Ltda., empresa propiedad de la familia Uribe. Al respecto Álvaro Uribe alega que ese helicóptero había sido previamente vendido y que se le olvidó documentar dicha compraventa.

Álvaro Uribe ha demostrado tanto "empaque" que hasta tiene una "ficha", la número 82, en la "Agencia de Inteligencia de la Defensa" de los Estados Unidos. Veamos qué dice la indicada ficha de inteligencia (puede consultarse el original en http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB131/index.htm:)

"Confidencial. Septiembre 1991.

Informe clasificado Confidencial. Departamento de Defensa de EE.UU. (DIA. Defense Intelligence Agency).

La información contenida en este informe hace referencia a fichas/archivos de los mas importantes narco-terroristas colombianos contratados por los Carteles de la droga colombianos para tareas de seguridad, transporte, distribución, recogida y puesta en practica de operaciones de drogas en ambos países, Estados Unidos y Colombia. Estos individuos son además contratados por los jefes de los Carteles como "ejecutores" para cometer asesinatos (…)

82. Álvaro Uribe Vélez. Político colombiano y senador dedicado a colaborar con el Cartel de Medellín a altos niveles gubernamentales. Uribe ha sido vinculado a negocios relacionados con drogas en Estados Unidos. Su padre fue asesinado en Colombia debido a sus conexiones con los traficantes de drogas. Uribe ha trabajado para el Cartel de Medellín y es amigo personal cercano de Pablo Escobar Gaviria. Él (Uribe) ha participado en la campaña política de Escobar para ganar el puesto de parlamentario suplente de Jorge Ortega. Uribe ha sido uno de los políticos que desde el Senado ha atacado todas las formas del Tratado de Extradición (de Colombia con los Estados Unidos) (…)"


Uribe ha sido señalado de participar habitualmente en el diseño y ejecución de matanzas perpetradas por los paramilitares colombianos, como el caso de la "matanza de El Aro" cometida en 1997, en la cual, según relata el periódico de Miami, "El Nuevo Herald" en su edición del 6 de agosto de 2009, el mismísimo Álvaro Uribe, planeó la matanza con los dirigentes de las AUC (Autodefensa Unidas de Colombia) y posteriormente acudió personalmente a felicitar a los paramilitares que "brillantemente" habían asesinado, con motosierras, al menos a 15 campesinos indefensos, matanza por la que la Corte Interamerica de Derechos Humanos condenó a Colombia.

El grupo paramilitar "Los doce apóstoles" habría tenido sede en la hacienda "La Carolina", en el departamento de Antioquia, cuya propiedad comparten los hermanos Uribe Vélez. El hermano del Presidente fue interrogado por la fiscalía en 1997 respecto a delitos de secuestro, extorsión y asesinato cometidos por "Los doce apóstoles" entre 1993 y 1994. El grupo paramilitar fue acusado de asesinar 50 personas, y de haber cometido una masacre de la cual fueron hallados los cuerpos de cuatro personas y otras dos permanecen desaparecidas. Por este caso existe una demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El fiscal colombiano Luís Camilo Osorio confirmó que el hermano del mandatario sí había sido objeto de una investigación oficial en 1999, pero también indicó que se había declarado "un auto inhibitorio a favor del señor Uribe Vélez y se ordenó el archivo definitivo" ese mismo año. El 4 de diciembre de 2006, en declaraciones a W Radio de Bogotá, el Presidente Uribe Vélez debió admitir que su hermano sí fue investigado por involucramiento con el paramilitarismo. (Fuente: El Nuevo Herald, Miami, 24 jun 05).

Tres parientes del Presidente colombiano, entre ellos dos primos hermanos, lideraron una banda paramilitar conocida como "Los Erre", señalada de haber asesinado a medio centenar de personas en varios municipios del departamento de Antioquia. Estos familiares fueron condenados en primera instancia y estuvieron presos cerca de un año, hasta que un juez de apelaciones los puso en libertad y archivó el caso por considerar "que no había pruebas suficientes contra los acusados". Los parientes del presidente son Carlos Alberto Vélez Ochoa, Juan Diego Vélez Ochoa y Mario Vélez Ochoa, (también son familiares del clan Ochoa, capos del narcotráfico). (Fuente: El Nuevo Herald, Miami, 24jun05).

El ex Senador colombiano Mario Uribe, primo y colaborador cercano en la presidencia de Álvaro Uribe, está acusado formalmente de narcoparamilitar por la justicia colombiana.

No es el único parlamentario de la mayoría uribista en esa situación. Más de 70 congresista y senadores de los partidos que apoyaban a Uribe en las cámaras legislativas hasta el pasado mes de marzo, se encuentran procesados por la justicia colombiana por narco-paramilitares. Casi el 50% de las cámaras legislativas.

Actualmente, 50 congresistas o ex congresistas uribistas ya cumplen condena por favorecer o pertenecer a grupos narcoparamilitares. Todos son de partidos políticos uribistas (Cambio Radical, Alas Equipo Colombia, Apertura Liberal, Partido Conservador, Partido de la U, Colombia Democrática y Convergencia Ciudadana).

Tras las elecciones legislativas de marzo de 2010, continúa habiendo procesados por narco-paramilitarismo ocupando escaños en el Congreso de la República... ¿Se imagina el lector el escándalo que supondría que el 50% de la Asamblea Nacional venezolana estuviera procesado por narco-terrorismo?

De larga data, ya en sus tiempos de gobernador de Antioquia, viene la tendencia de Uribe a actuar como "señalador oficial" de los defensores de Derechos Humanos en Colombia, convirtiéndolos en objetivos a eliminar por los narco-paramilitares.

Uno de los mas sonados "trofeos" que Uribe se cobró en esta otra actividad habitual en él, fue Jesús María Valle Jaramillo, abogado, Coordinador del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos "Héctor Abad Gómez" de Antioquia, quien fue asesinado por sicarios el 27 de febrero de 1998, cuando se encontraba en su oficina en el centro de la ciudad de Medellín. Varios días antes, el entonces Gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, había mencionado en una intervención pública a Jesús Maria Valle, señalándolo como "auxiliador de la guerrilla", a pesar de que el abogado era miembro del Partido Conservador colombiano.

Durante su mandato presidencial Uribe ha mantenido y expandido abusivamente esta tendencia suya a criminalizar a los defensores de los derechos humanos, equiparándolos a viles terroristas y situándolos sistemáticamente en el objetivo de grupos paramilitares y -según se ha confirmado a la vista del escándalo denominado "chuzadas del DAS"- convirtiendo tantos a los defensores como a sus familias en objetivos de las amenazas, seguimientos y atentados de los servicios de inteligencia presidencial, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Uribe Vélez ha puesto en marcha durante su presidencia el mayor operativo de espionaje ilegal que recuerde la sociedad colombiana. Nombró a Jorge Noguera, su director de campaña electoral en 2002, como Director del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad). Después de salvarlo de su primera detención, Uribe lo designó cónsul en Milán. Actualmente Noguera paga condena en la cárcel por concierto para delinquir por vínculos paramilitares y permitir que el DAS (la agencia de inteligencia dependiente de la Presidencia de la República) fuera puesto al servicio de los narco paramilitares ya con pruebas, recopiladas por la Fiscalía General de Colombia, que acreditan que cientos de sindicalistas, opositores a Uribe, periodistas y defensores de los derechos humanos han sido asesinados en Colombia por encargo y con medios del DAS.

Noguera fue también protagonista del reciente escándalo de las "chuzadas" telefónicas, operaciones ilegales de intervención de las comunicaciones personales y seguimiento de políticos, jueces, periodistas y defensores de los derechos humanos colombianos perpetradas por el DAS. En la Colombia de Uribe no ha existido discriminación a la hora de espiar a cualquiera de sus críticos. El Presidente los espía y amedrenta a todos por igual y sin olvidarse de nadie, sea conservador o liberal, de izquierdas o de derechas, magistrado o periodista.

La política de "Seguridad Democrática" de Álvaro Uribe ha dado lugar al escándalo conocido como "falsos positivos": el asesinato de -al menos- 2.500 civiles inocentes por la fuerza pública colombiana, bajo el mandato de Uribe como Presidente y siendo Juan Manuel Santos el Ministro de Defensa, presentados como "guerrilleros dados de baja en combate", con la única intención de cobrar las recompensas que el Estado colombiano paga por "dar de baja a guerrilleros".

Tras ser denunciado el crimen de "los falsos positivos" por una Misión Internacional de Observación sobre Derechos Humanos en Colombia en Octubre de 2007 y negado y descalificado por Uribe, tuvo que ser reconocido por el propio Presidente cuando la OEA hizo suyas las conclusiones del informe de la Misión Internacional. El relator de las Naciones Unidas para las Ejecuciones Extrajudiciales no sólo ha dado por válidas estas acusaciones, sino que, tras hablar de un plan sistemático criminal, ha exigido su esclarecimiento y castigo a los culpables.

Colombia es el país del hemisferio occidental donde mayores violaciones de los derechos humanos se cometen- cuantitativa y cualitativamente hablando- de forma sistemática y respondiendo a un plan criminal perfectamente diseñado que tiene como finalidad el despojo de la tierra a los campesinos y su apropiación por las oligarquías terratenientes en alianza con narcotraficantes y organizaciones paramilitares. De los más de 4 millones de desplazados internos ocasionados en Colombia por el conflicto armado interno, la inmensa mayoría han sido provocados para consolidar la apropiación ilegitima de tierras de los campesinos. De estos desplazamientos, al menos 2 millones se han producido durante los 8 años de mandato del Presidente Uribe.

En la actualidad las organizaciones de víctimas y de defensores de los derechos humanos en Colombia intentan preservar la que sin duda es la mayor fosa común descubierta en América Latina con cadáveres "NN". Más de 2.500, según las primeras estimaciones, en la fosa denominada de "La Macarena", que escondería victimas campesinas de ejecuciones extrajudiciales realizadas por destacamentos del ejército colombiano y organizaciones paramilitares.

No pierda de vista el lector que la "industria criminal", organizada entre otros por las autoridades colombianas durante el mandato del Presidente Uribe, llegó a utilizar -emulando la "solución final" del nazismo alemán- hornos crematorios para hacer desaparecer los cuerpos de los miles de asesinados por funcionarios del Estado y sus aliados paramilitares: tres hornos al menos han sido descubiertos hasta ahora, uno en Arauca, otro en Antioquia y uno "móvil", en Bogotá.

En mayo de 2010 el diario The Washington Post daba cuenta de la confesión del oficial de la policía nacional colombiana Juan Carlos Meneses, quien sostuvo haber participado en operaciones paramilitares del grupo denominado "Los 12 apóstoles", de los que formaba parte Santiago Uribe, hermano del Presidente.

Ante tal prontuario "presuntamente" criminal, no deja de sorprender la osadía del todavía presidente Uribe cuando amenaza a su vecino venezolano con llevarlo ante la Corte Penal Internacional. Sin cabernos duda alguna de que los presuntos hechos perpetrados por y bajo las instrucciones de Álvaro Uribe -arriba descritos- son de una gravedad sin parangón en la historia contemporánea de América Latina, tras la desaparición de las dictaduras militares del periodo 1960-1990, examinemos desde un punto de vista exclusivamente jurídico la viabilidad de la denuncia ante la CPI anunciada por Uribe.

El pasado jueves 22 de julio Venezuela anunciaba en la OEA la ruptura de relaciones diplomáticas con Colombia como reacción a la campaña de descalificaciones que contra Venezuela inició Uribe, una vez conocido quién sería su sucesor el próximo 7 de agosto. No se recuerda en los anales de la diplomacia caso similar de un presidente que empeñe su último mes de mandato en provocar con tanto ahínco un conflicto bélico con su vecino.

Tras conocerse el anuncio de Venezuela, Uribe convocó al Fiscal General de Colombia, Guillermo Mendoza, para instarle a que iniciara el proceso necesario para llevar ante la Corte Penal Internacional a altos funcionarios venezolanos, incluído el Presidente Hugo Chávez Frías. Algunos periódicos han publicado estos días que fueron los máximos jefes militares colombianos quienes, en presencia de Álvaro Uribe, entregaron al Fiscal General documentación sobre acciones de organizaciones insurgentes colombianas que habrían utilizado suelo venezolano.

El Fiscal General anunció a la prensa que el encargo recibido era: "estudiar la posibilidad de llevar ante la Corte Penal internacional a autoridades venezolanas por proteger, ayudar o auxiliar a grupos que cometen crímenes de guerra o de lesa humanidad en la zona fronteriza colombiana".

Al margen de que Colombia, incapaz de controlar más de 50 frentes de organizaciones insurgentes dentro de su territorio, exija a Venezuela una diligencia de imposible cumplimiento en fronteras selváticas o montañosas, lo cierto es que desde que se realizaron las primeras acusaciones del presidente Uribe respecto a que Venezuela albergaba bases guerrilleras colombianas en su territorio, ni una sola prueba rigurosa ha sido presentada al respecto.

Para discernir si la iniciativa del ex presidente Uribe busca realmente conseguir una condena de la CPI al Presidente Chávez, nada más y nada menos que por "crímenes de lesa humanidad y de guerra", o simplemente es la última "pataleta" política del presidente latinoamericano con la mayor carpeta abierta en la Corte de La Haya, debemos examinar lo establecido en el Estatuto de la CPI, íntegramente en vigor para Colombia y Venezuela.

La Corte Penal Internacional únicamente es competente para conocer denuncias penales contra personas individualizadas -no contra Estados o gobiernos- y con carácter complementario con las jurisdicciones penales de los países donde hayan ocurrido los hechos. así se establece en el artículo 1 del Estatuto de la CPI:

"(…) La Corte (…) estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales.

Los "crímenes mas graves de trascendencia internacional" sobre los cuales tendría competencia la Corte, se indican en el articulo 5 del Estatuto y son:

"(…) a) El crimen de genocidio; b) Los crímenes de lesa humanidad; c) Los crímenes de guerra; (…)".

Conforme a lo anterior, la iniciativa del ex Presidente Uribe, en caso de llegar a concretarse mediante la interposición de una acción penal contra funcionarios venezolanos ante el Fiscal de la Corte Penal Internacional conforme a lo establecido en los artículos 13:

"Ejercicio de la competencia

La Corte podrá ejercer su competencia respecto de cualquiera de los crímenes a que se refiere el artículo 5 de conformidad con las disposiciones del presente Estatuto si:

a) Un Estado Parte remite al Fiscal, de conformidad con el artículo 14, una situación en que parezca haberse cometido uno o varios de esos crímenes; (…)"

y 14 del estatuto:

"Remisión de una situación por un Estado Parte

1. Todo Estado Parte podrá remitir al Fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios crímenes de la competencia de la Corte y pedir al Fiscal que investigue la situación a los fines de determinar si se ha de acusar de la comisión de tales crímenes a una o varias personas determinadas."


necesariamente debería fundamentar racionalmente, al menos indiciariamente, que funcionarios venezolanos auxiliaron a las FARC de forma continuada y sistemática, que por ello pudieron cometer un crimen de lesa humanidad, y que el asunto nunca ha sido investigado por las autoridades venezolanas. Esto último, en términos jurídicos, hace referencia a la denominada "concurrencia de jurisdicciones" -entre la de la C.P.I. y las nacionales del país donde hayan ocurrido los hechos- supuesto en el que como establece el artículo 1º del estatuto, la jurisdicción de la C.P.I. "tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales"


El artículo 15 del Estatuto de Roma regula el procedimiento que deberá seguir el Fiscal y la Sala de Cuestiones Preliminares del Tribunal, una vez recibida la información remitida por el Estado Parte, para iniciar una investigación respecto a los hechos denunciados, siendo imprescindible que el Fiscal analice "la veracidad de la información recibida." (art 15.2)

A la vista de lo anterior, no cabe duda alguna de que los Estados Parte en el Convenio de Roma de constitución de la C.P.I. -como es Colombia- pueden remitir información -equivalente a una denuncia- al Fiscal del Tribunal para que éste y la Sala de Cuestiones Preliminares del Tribunal estudien si la misma amerita el inicio de un procedimiento judicial ante esta Corte o en su caso el inicio de una investigación preliminar, siempre y cuando dicha denuncia tuviera un mínimo de veracidad a juicio del Fiscal de la C.P.I., lo que en el contexto que analizamos y a la vista de las pruebas -escasas e inconcretas- aportadas por el gobierno colombiano, no parece que sea el caso.

En todo caso, el procedimiento podria ser puesto en marcha por Colombia mediante presentacion de denuncia ante el Fiscal de la Corte Penal Internacional, quien en virtud del articulo 18 del estatuto, si hubiera "determinado que existen fundamentos razonables para comenzar una investigación, (…) lo notificará a todos los Estados Partes y a aquellos Estados que, teniendo en cuenta la información disponible, ejercerían normalmente la jurisdicción sobre los crímenes de que se trate"

De forma que el Estado notificado -en este hipotetico caso Venezuela- podrá informar a la Corte de que está llevando o ha llevado a cabo una investigación en relación con sus nacionales u otras personas bajo su jurisdicción respecto a actos criminales que puedan constituir crímenes contemplados en el artículo 5 y a los que se refiera la información proporcionada en la notificación a los Estados.

"A petición de dicho Estado, el Fiscal se inhibirá de su competencia en favor del Estado en relación con la investigación sobre las personas antes mencionadas, a menos que la Sala de Cuestiones Preliminares decida, a petición del Fiscal, autorizar la investigación.

Es decir, antes de iniciarse cualquier investigación o al menos simultáneamente al inicio, el Fiscal de la Corte Penal debería dirigirse a Venezuela para comunicarle la interposición de dicha denuncia y esperar una contestación de Venezuela, siendo posible que la contestación de Venezuela sea precisamente la más evidente: que todo lo relativo a la presencia de la insurgencia colombiana en su terrilorio es algo que las autoridades y la justicia de Venezuela investigan y persiguen desde, al menos, el inicio del mandato del actual Presidente venezolano, en cuyo caso la Fiscalía de la C.P.I. debería inhibirse a favor de la justicia venezolana.

En este supuesto analizado, parece evidente que la denuncia con la que ha amenazado el ex presidente Uribe, tendría poco recorrido jurídico.

Entrando aunque sea brevemente en un somero analisis juridico sobre si los hechos imputados por Uribe a las autoridades venezolanas -la actuación de la insurgencia colombiana en territorio venezolano- podrían ser considerados crímenes de lesa humanidad (art. 7 del Estatuto):

"(...) se entenderá por "crimen de lesa humanidad" cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:

a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; f) Tortura; g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte; i) Desaparición forzada de personas; j) El crimen de apartheid; k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.",

o crimenes de guerra (art. 8 del Estatuto), es decir, violaciones de las Convenciones de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adiccionales, lo primero que resulta destacable para cualquier observador es que los hechos criminales incluidos en la definición del tipo penal "crimen de lesa humanidad" antes indicado presentan bastante coincidencia con las sistemáticas violaciones de los derechos humanos que ocurren en Colombia de forma habitual, violaciones imputadas mayoritariamente -por organismos internacionales, observatorios y organismos de derechos humanos- a las autoridades colombianas y sus agentes. Nunca ningún organismo internacional o de derechos humanos mínimamente prestigioso ha relatado crimenes con apariencia de lesa humanidad ocurridos en Venezuela.

Para nadie es un secreto que en Colombia existe un conflicto armado encardinable en los parámetros legales establecidos en las Convenciones de Ginebra de 1949 y respecto al cual las partes implicadas tiene la obligación de reconocer y aplicar las previsiones legales contenidas en las mencionadas cuatro Convenciones de Ginebra así como en los dos Protocolos Adicionales de 1977.

Al respecto, establece el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las victimas de los conflictos armados sin carácter internacional:

"TITULO I: AMBITO DEL PRESENTE PROTOCOLO

ARTICULO I Ambito de aplicación material.

1. El presente Protocolo, que desarrolla y completa el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, sin modificar sus actuales condiciones de aplicación, se aplicará a todos los conflictos armados que no estén cubiertos por el artículo I del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I ) y que se desarrollen en el territorio de una Alta Parte Contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo.

2. El presente Protocolo no se aplicará a las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia y otros actos análogos, que no son conflictos armados".

Es una evidencia que dicho conflicto armado -que de una forma u otra ha venido manifestándose de forma ininterrumpida en el país desde finales del siglo XIX hasta nuestros días, ya sea mediante la forma de guerras civiles o de guerra del Estado contra fuerzas irregulares- es de enorme complejidad a la vista de los numerosos actores armados implicados - diversas organizaciones armadas ilegales como las FARC y el ELN, fuerzas del Estado, ejércitos paramilitares diversos- existiendo en la actualidad al menos dos bandos enfrentados: el Estado colombiano, con la evidente connivencia de los ejércitos ilegales paramilitares correspondientes a organizaciones incluidas en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea, como es el caso de las AUC y las AUCC; y organizaciones armadas insurgentes de carácter ilegal, también incluidas en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea, como es el caso de las FARC y el ELN.

En lo referido al objeto del analisis que nos ocupa - la posible comisión de delitos de lesa humanidad por la insurgencia colombiana y la hipotética responsabilidad en los mismos de autoridades venezolanas- es conveniente recordar que la aparición de las FARC en el escenario colombiano se remonta a los años 60, cuando los restos de las antiguas guerrillas liberales campesinas se organizan como fuerzas de autodefensa para hacer frente a los escuadrones de la muerte, "los pájaros", puestos en marcha por los terratenientes conservadores para exterminar a los dirigentes sociales campesinos simpatizantes del partido liberal.

Las FARC-EP inician sus actividades armadas, de manera ininterrumpida desde el 27 de mayo de 1964, iniciada por 48 campesinos - 46 hombres y 2 mujeres -, en Marquetalia (Tolima), ante lo que consideraban una agresión del Estado y de los grandes propietarios latifundistas. Las FARC-EP manifiestan en ese momento que:

"están ejerciendo los legítimos derechos de rebelión y autodeterminación de los pueblos, luchan por la construcción de una nueva Colombia, sin explotados ni explotadores, en paz, con dignidad y soberanía y por los derechos fundamentales de la mayoría de los colombianos."

En el posterior devenir histórico, las FARC-EP se han desarrollado y expandido por toda Colombia, consolidándose como una organización ilegal armada con mas de 60 "frentes" que tiene presencia en toda la geografía nacional, por lo que pareciera se dan las premisas previstas en el antes citado articulo I del Protocolo II de 1977 para la aplicación al conflicto colombiano de las previsiones previstas en las Convenciones de Ginebra de 1949.

Las fuerzas beligerantes en el conflicto colombiano -FARC incluidas- sin duda han incurrido e incurren en numerosas violaciones del Derecho Internacional Humanitario contenido en las 4 Convenciones de Ginebra, provocando con ello numerosas víctimas entre la población civil. Para los organismos de derechos humanos colombianos más reputados, la responsabilidad de las violaciones graves del D.I.H. ocurridas en Colombia en 2007 se reparten de la siguiente forma, según el Informe "Noche y Niebla" del CINEP, organismo de derechos humanos colombiano dependiente de la Compañía de Jesús: del total de 1.670 violaciones del D.I.H. reportadas en 2007, 858 se imputan a organismos oficiales dependientes del Estado colombiano (fuerzas armadas y cuerpos policiales), 5 a agentes extranjeros, 39 a combatientes sin identificar, 580 a paramilitares, 8 al ELN, 176 a las FARC y 4 a "guerrilla" sin especificar.

La situación de los derechos humanos en Colombia es sumamente grave. Éstos son vulnerados sistemáticamente por todas las partes en conflicto, a la vez que incumplen sistemáticamente el D.I.H., no resultando un hecho objetivo ni verificable, por carente de sustento probatorio alguno, la afirmación de las autoridades colombianas de que las FARC o el ELN cometen sistemáticos crímenes de lesa humanidad o de guerra.

De los datos anteriores, se verifica que con mucho el mayor violador del D.I.H. en Colombia es el propio Estado, seguido de organizaciones paramilitares de extrema derecha y seguido por las FARC y el ELN. Desgraciadamente, todos los actores del conflicto colombiano -empezando por el propio Estado- vienen utilizando métodos terroristas contrarios al derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.

En sustento de nuestra anterior afirmación, se referencian los siguientes documentos de organismos internacionales: el informe anual de Amnistía Internacional 2008, relata claros indicios de que los grupos paramilitares tradicionales siguen operando en la actualidad en muchas partes de Colombia con nombres nuevos, como los «Águilas Negras», manteniéndose los informes que señalan la connivencia entre paramilitares y fuerzas de seguridad. El Departamento de Estado de EE.UU., a pesar de su apoyo incondicional al Presidente colombiano Álvaro Uribe al que pretende exculpar de su responsabilidad, señala en la sección 1, apartado a) de su informe anual fechado el 11 de marzo de 2008 las evidentes conexiones entre los paramilitares y la fuerza pública, así como el mantenimiento de elevados grados de impunidad.

El grado de esta vinculación entre los grupos paramilitares y el Estado colombiano lo muestra el escándalo de la parapolítica, reflejado en el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, de 28 de febrero de 2008:

La Corte Suprema de Justicia inició investigaciones por presuntos nexos con grupos paramilitares contra 45 Congresistas de 16 departamentos, de los cuales 18 están en prisión. También se iniciaron investigaciones contra cuatro ex Gobernadores y 18 ex Alcaldes. En noviembre, la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 18 años al ex director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por haber colaborado con grupos paramilitares y por actos de corrupción. Todas estas investigaciones han revelado el alto grado de infiltración paramilitar en el Estado a través de alianzas con políticos y con el sostén de algunas empresas privadas. La Corte Suprema ha dado claras muestras de fortaleza e independencia, lo cual refuerza la posibilidad de continuar revelando otros vínculos de paramilitares con miembros de instituciones públicas y privadas.

Las consecuencias de este tipo de vínculos pudieron ser constatadas por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, de la Organización de los Estados Americanos, en su octavo informe trimestral publicado en febrero de 2008, al identificar 22 nuevas estructuras compuestas por aproximadamente 3.000 integrantes; en el periodo de 12 meses concluido en junio de 2007, al menos 230 homicidios de civiles se atribuyeron a los paramilitares, ya fuera actuando por su cuenta o en connivencia con fuerzas de seguridad.

En el mismo informe de la OEA se destaca cómo la impunidad sigue siendo la norma en la mayoría de los casos de abusos contra los derechos humanos. Aunque se registraron algunos progresos en varios casos emblemáticos, en otros muchos no hubo avance alguno en la determinación de responsabilidades en la cadena de mando.

En el mismo sentido, según el informe 2007 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pese a la desmovilización de las AUC persiste la violencia derivada del conflicto armado. La CIDH continúa recibiendo denuncias que indican que grupos armados al margen de la ley (paramilitares y guerrilla) y miembros de la fuerza pública continúan involucrados en la comisión de crímenes, violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario contra la población civil que se traducen en violaciones del derecho a la vida, la integridad personal y la libertad:

El "Observatorio de derechos humanos y del derecho internacional humanitario" de la Vicepresidencia de la República (conforme a su metodología) señala que los primeros nueve meses de 2007 se habrían producido 13.023 homicidios. Asimismo, indica que durante el mismo período se habrían producido 21 casos de masacre con 98 víctimas. Por su parte, el CINEP (siguiendo su propia metodología de compilación y presentación de cifras) indica que en el primer semestre de 2007 se habrían producido 243 ejecuciones extrajudiciales; 231 homicidios intencionales de personas protegidas y 31 desapariciones forzadas. La CIDH estima pertinente citar en su informe a ambas fuentes a pesar de las amplias discrepancias metodológicas entre ellas, a fin de dar cuenta del panorama presentado tanto por fuentes oficiales como de la sociedad civil, como es su práctica consistente.

Igualmente, durante 2007 la CIDH constató el alto número de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la Fuerza Pública, tal y como ya hemos relatado en este artículo, destacando ahora lo que nos interesa: "los más de 2.500 casos constatados muestran lo que se denomina en Derecho Internacional como ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, acciones que, aunque se presentan en diferentes modalidades, corresponden a patrones comunes de actuación diseñados y realizados, al menos, por las autoridades civiles del Ministerio de defensa y los funcionarios militares del Ejercito Nacional de Colombia, practica que se ha mantenido en el tiempo y se ha producido en un gran número de departamentos de Colombia".

Podemos concluir que aun en el improbable supuesto de que Colombia llegue a interponer la denuncia anunciada por Uribe Vélez y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional llegara a admitir la misma para sus estudio, difícilmente puede afirmarse que los crímenes de lesa humanidad o de guerra perpetrados en el conflicto interno colombiano son responsabilidad de las organizaciones insurgentes, y ello a la vista de las innumerables pruebas -asumidas como propias por organismos internacionales multilaterales y de derechos humanos- que ponen de manifiesto que son las autoridades colombianas -en especial en el período 2002 al 2010- las mayores responsables de estos crímenes.

No se pierda de vista en el análisis de la realidad colombiana la "hoja de vida" arriba relatada del presidente Uribe y sus más que probables nexos con las mafias del narcotráfico y el paramilitarismo. Por menos, el ex presidente peruano Alberto Fujimori fue condenado por un tribunal de su país por delitos de lesa humanidad. Todo indica que la carpeta caratulada con el nombre de Álvaro Uribe ya existe en la Fiscalia de la Corte Penal Internacional, y su grosor es sustancialmente mayor que cualquiera otra relativa a América Latina.

(*) Enrique Santiago Romero es abogado español, experto en Derecho Internacional. Ex Secretario General de la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR). Responsable de los servicios jurídicos del Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA)

viernes, 6 de agosto de 2010

El calvario de don Álvaro

ÁLVARO URIBE VÉLEZ DEJA LA PRESIDENCIA DE COLOMBIA

Por: Juan Alberto Sánchez Marín

El ex presidente Uribe, representando bien vemos a quien.

En buena hora, Uribe Vélez vuelve a ser don Álvaro y se marcha, al menos, del gobierno. Sale por la puerta principal de Palacio, compungido, pero confiado en que su voz seguirá tronando y en que habrá quienes mantengan bajo buen abrigo sus huevos, más protervos que proteínicos.

Y para fundar su esperanza en certezas, se va a vivir a una guarnición de la policía, un nido principal donde funcionan la Dirección de Inteligencia y el Centro de Altos Estudios de esa institución. Una Inteligencia que se volvió tristemente célebre durante su mandato, por violar la Constitución y las leyes.

Al fin y al cabo, él sabe a ciencia cierta que más allá la “seguridad democrática” es “falsa de toda falsedad”, una farsa como la batalla de Farsalia contada por César. Eso sí, una mentira mediática útil para hacer y deshacer territorios, inflar soflamas y contratos, apachurrar derechos humanos, apuntalar terratenientes, o para romperle los talones a la Corte Suprema de Justicia, o la crisma a los opositores que no se tragaron enteros los eslogan mohosos que distinguieron su gobierno.


Afuera del cual, es mejor hacerse bien adentro de los estrechos límites que esa “seguridad democrática” le asegura: el entorno del complejo policial. Es que, cómo no, el engendro también habrá de ser útil para conspirar, o, en palabras de la retórica particular: inculcar valores a la cañona, evitarle desviacionismos al redil, urdir y tramar urdimbres y tramas.

Allí, pues, en la casita de CESPO, estarán las placas y medallas de reconocimiento otorgadas a don Álvaro y la silla de montar que le dio la policía de carabineros. Y el celular que lo certifica como integrante de la red de cooperantes.

Al fin y al cabo, su amigo admirado, el coronel en retiro Alfonso Plazas Vega, también vive en una guarnición militar. Por culpa de la jueza Estela Lara, que lo halló culpable de la desaparición de 11 personas que salieron vivas del Palacio de Justicia, luego de la toma perpetrada por el M-19, en 1985. El coronel, en vez de ser conducido del Hospital Militar a la cárcel La Picota, como lo ordenó la jueza al INPEC, fue recibido (¿sin honores?) en el Batallón de Infantería en el Cantón Norte, mientras que la jueza tuvo que salir como pepa de guama para el exilio.

Cosas de la amistad y las influencias. Claro, la condena a Plazas Vega es de sólo 30 años. La de ser ex presidente es de por vida. Y a la de ser un ex presidente como Uribe ni siquiera la muerte le pone fin.

“Yo tengo ya la casita… Lalalalaraira, lalalalaraira…” Canción que tarareará don Álvaro, porque se traga al Juan Carlos Coronel, el autor, que no al Daniel Coronell, el desautorizado. Y junto al modesto habitáculo, un bizarro receptáculo en la ONU. Un chiste coreano en el paisa antiguo de Carrasquilla.

¡Uribe en la ONU! Sí. Todo indica que no sólo hará parte del comité que investigará el brutal ataque en aguas internacionales contra la flotilla humanitaria que se dirigía a Gaza, sino que lo encabezará en calidad de vicepresidente. Uribe metiéndole moralejas a la ejemplar actuación del ejército israelí. Un desliz menor que dejó unos diez muertos y varios heridos. Ha de tener muchas presiones e intereses encima el señor Ban Ki–moon, o saber poco del redondo mundo que habita y nada de sensatez y ecuanimidad.

El gobierno colombiano, desde hace varias décadas, es un importante socio militar, estratégico y de inteligencia de Israel . Un país también vinculado con el nuestro en otros menesteres aún menos santos, como el entrenamiento de paramilitares y narcotraficantes, y el tráfico de armas. Una relación de vieja data que se estrechó aún más durante los dos últimos períodos presidenciales: los de don Álvaro, cuyo prontuario, cómo dudarlo, ahora ha inspirado confianza. Un dañino ratón cuidando el queso y otra encerrona para “La Flotilla de la Libertad”.

Se va don Álvaro, se irá, se fue, y la mezcolanza de emociones que deja se parece mucho a lo que fue el mixtifori de su gobierno, en el que las actitudes sacramentales no dejaron de ser peligrosamente vecinas de las acciones más guerreras y sangrientas.

Como cruzado encumbrado a monarca, como monarca menor ungido con aspavientos, como enviado desde las celestiales “Guacharacas” que se consume, muchos uribistas ven negro el camino adelante. ¿Cómo será el mundo ahora, sin la imposición de manos del elegido en los consejos comunales semanales? ¿Qué perra vida nos espera, se preguntan, si todos no entendemos el francés que ahora aprende nuestro bienandante ni todos cabemos en la non plus ultra universidad que él dice que creará?

Muchos integrantes de la lujosa corte uribista ya tienen pesadillas con magistrados nacionales y jueces extranjeros. Otros llevan meses creyendo que están en el pabellón de los parapolíticos en La Picota. Algunos se imaginan que tienen la casa por cárcel y que portan brazaletes de rastreo. Todos apenas tienen una vaga idea de lo que se les viene encima y una difusa imagen de las caras que en la contraparte los untaron de poder.

El propio don Álvaro se estremece cuando el espejo espejito le dice que él ya no es el presidente de un país llamado Colombia, y que, peor aún, allí rige alguien que puede ser aún más desleal que él, que puede firmar los papeles que sean o hacerse a un lado sin sutilezas con tal de no ensuciarse los chapines.

Así don Álvaro diga que lo ilusiona muchísimo mucho la idea de otro Santos presidente y le tercie en un solo envión la Orden de Boyacá, la Orden de San Carlos y la Orden Nacional al Mérito. Así Santos suelte que don Álvaro “fue un segundo Libertador”. Después de Bolívar, está claro, aunque el salido presidente creyera que después de Santander. Más bien fue un segundo Pacificador, como bien lo apunta el Vladdo twittero, y lo fue después de Pablo Morillo y Morillo, el cabecilla realista que nos ganamos con la Patria Boba, aunque no tan boba como la que nos espera y ya lo indicia el bobalicón canje de medallas por lisonjas.

Deslealtades, ¡Ave María! Como cuando él mismo firmó con su puño y letra y mandó por entre un tubo, un martes 13 (de mayo de 2008), a 14 paramilitares para los Estados Unidos, incluyendo al vecino don Salvatore (Mancuso), sin tener las pruebas de que éstos delinquían desde prisión, como lo admitió después el entonces fiscal Mario Iguarán, pero que tenían mucho que contar y a muchos que implicar.

Se trasteará don Álvaro, se largó, se está yendo, es lo que importa. Por suerte, en la presidencia, el país pierde un varón; por desgracia, al país le queda ahí mismo un remedo de Barón.

Y habrá que orar para que los santos de este “country” desolado esfumen de la vida política nacional y de las primera páginas de la prensa, digamos, las tremebundas cosas de Cossio en el Congreso, los apuntes de vermífugo de Bermúdez en cualquier parte, los silbidos y la gavilla de Gabriel Silva, los descaches machos de Pacho y la mirada ceñuda de don Mario, el primo prohombre de don Álvaro. Así, hasta el Santos del Club Country se ingiere como un refresco edulcorado con aspartamo, aunque ambos nos dañen el cerebro.

Don Berna Moreno sale por la puerta de atrás, con rumbo a la Fiscalía, al igual que el “Pepe” Obdulio, quien de paso casi nos hace creer que también era un perseguido por el difunto primo. A César Mauro don Álvaro le aseguró el trasteo de crucifijos y camándulas para el Vaticano, junto a Herr Ratzinger, al investirlo como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en la Santa Sede. “Un sueño cumplido” no sólo para él, sino para quienes no queremos seguir viéndolo por aquí. Por allá está bien.

Es magno, hay que reconocerlo, el esfuerzo llevado a cabo por el gobierno que salió, durante los últimos días, para hacernos creer que la imagen correspondía al sujeto, que las medidas eran las del objeto, que las patrañas eran lo cierto y que esa leyenda urbana que es “la seguridad democrática” fue la realidad.

Razón tenía mister Lincoln: en Colombia se ha podido engañar un tiempo a todo el pueblo. Y se ha podido engañar todos estos 8 años a parte del pueblo. Pero, al contrario de lo pregonado, no se pudo engañar a todo el pueblo todo el tiempo. Ahí están las voces incrédulas, que se oyen cada vez más nítidas, a pasar de los desaires, los medios, los miedos y las armas.

Ya parados bajo el cartel de “salida” de la Casa de Nariño, para tapar tanta cosa mal hecha y tanto mal tan descabellado, pues del sombrero aguadeño salió joder a Venezuela y al propio país, y acabar de echar por el suelo unas relaciones rotas de antemano.

Del carriel, salió la OEA. Y el cantinflesco embajador colombiano ante la organización, un tal “Fercho” Hoyos, presentó “pruebas irrebatibles” ante el Consejo Permanente. Sin la circunspección ni el empaque gestual de Powell, mintió como un Colin. Bueno, pero al igual que éste cuando Iraq, tampoco ahora la idea era hacerle creer a nadie que el cuento chino era verdad.

El alboroto extramuros acallaba la algarabía interna. Y con el poncho paisa de un Bicentenario sin remedio, el gobierno trató de enfundar las esquinas puntiagudas de tanto descache.

Ahí está el bochornoso asunto de las postrimerías. A primera vista, cuando individuos como estos tienen las pelotas para lanzarse al vacío a tres, dos, uno… de abandonar el poder, o le dan la razón al gobierno de la vecina Venezuela, de estar preparando pelotones de ataque, o son pelotudos. En la acusación inoperante y sin sentido al presidente Hugo Chávez, se notan manos crecidas, oportunistas y sinvergüenzas, como las de Obdulio y J. J. Rendón. De la mentira y el rumor algo queda, pesca en río revuelto, divide y triunfarás, en fin, los lemas filosóficos de personajes ruines y menores, pero peligrosos. Estas cantinelas al final y de afán, no sólo reiteran el carácter tropelero de don Álvaro, sino que evidencian mucho susto. Ahí está el riesgo: Unos bobos espantados y careados pueden matar la madre. Fraguados y buscados escándalos mediáticos, para lo mismo: disimular y disimular, acallar y acallar, tapar y tapar, tantos teje manejes y lucros internos.

Como estos, que son materias que se lograron sin miramientos: Interceptar sin orden judicial a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia; insultarlos cuando se le ocurrió; “chuzar” a senadores opositores y a periodistas incómodos; cambiar el nombre del paramilitarismo y darle unas alas remozadas; bien querer a mafiosos y a los poderes corruptos de todos los niveles; ceder en bases militares parte del territorio nacional a los estadounidenses y dejarlos operar según su índole.

Que el cohecho de Teodolindo y lo cohecho con Yidis. Que de ahí saltaron untados ilustres uribistas como Sabas Pretelt de la Vega, Diego Palacios Betancourt, José Félix Lafaurie, Bernando Moreno Villegas, Jorge Aurelio Noguera Cotes, Alberto Velásquez Echeverry, Iván Díaz Mateus… ¡Armando Benedetti Villaneda! Que el tercer canal para Planeta, que mucho se parece al Tercer Ojo de Lobsang Rampa. Que la metida de sopetón de un proyecto de ley para reformar el mecanismo de elección del Fiscal, en desquite porque la Corte Suprema no se enchufó la terna viciada del presidente ni cedió a la presión. Que se notaron las notarías y que las zonas francas, ¡francamente!

O que el primer tramo de la Transversal de las Américas, un megaproyecto (de 1.6 billones de pesos) que busca unir por vía terrestre a Colombia con Panamá, adjudicado de afán a las 3 de la mañana de un jueves inolvidable para el Consorcio Vías de Las Américas, acusado de estar privilegiado por contar entre sí al nuevo y voraz “cacao” paisa William Vélez Sierra, amigo personal del ex presidente, del padre del ex presidente, de los hijos del ex presidente y de los ex asesores del ex presidente: el difunto Pedro Juan y el “Pepe” Obdulio, e íntimo de Ramiro Valencia Cossio, el hermano malandrín del ministro de Interior y Justicia del ex presidente.

De paso hay que anotar que Vélez Sierra también participa en otras faenillas: La construcción de la malla vial de Cúcuta (180 mil millones de pesos), la construcción del corredor vial Bogotá-Girardot-Cajamarca (350 mil millones), la ampliación y remodelación del aeropuerto Eldorado de Bogotá (600 millones de dólares), o que maneja las basuras de 16 ciudades, hace el mantenimiento del gasoducto central y del oleoducto Caño Limón–Coveñas, genera y transporta energía, manipula rellenos sanitarios, opera alumbrados, elabora cosméticos, maquilla y maquila.

Ante el cuestionamiento por periodistas malintencionados, Jorge Eduardo Chemas, representante del consorcio ganador de la Transversal de Las Américas, dijo, textualmente: “Él (Véles Sierra) no participa. Son empresas, en las que empresas de él tienen una participación, quienes participan en la licitación”. Un galimatías para una reglamentaria tacada a tres bandas.

Una lista de logros que no acaba. Donde hubo muchos que por suerte don Álvaro no alcanzó: Como firmar el TLC con los Estados Unidos, penalizar la dosis personal o ilegalizar el aborto en todos los casos, sin excepciones.

Del reciente aquelarre nacional, las escasas glorias que además de presumirse inocentes lo sean, muy pronto irán a parar al panteón del olvido. “Los otros”, los del estilo Amenábar, seguramente seguirán actuando, dando de qué hablar y hablando sin parar, insepultos, hasta que alguna Corte los haga caer en la cuenta de que hace tiempo, desde el remoto 2010, estaban muertos. Estos son bastantes.

Y así, para qué más cifras. Ya se han ofrecido, aclarado y trillado muchas, en comparativos 2002 (cuando entró don Álvaro a la presidencia) – 2010 (cuando poco a poco sale porque sale).

Unos guarismos han bajado, como el ingreso de los colombianos. Incluso, la felicidad de chiste que nos caracteriza se ha vuelto brumosa; quizás por eso a muchos les es dado fundar esperanzas donde no las hay ni por el chiras, como en el Santos entrante. Otras cifras han subido: Como el desempleo, los niveles de pobreza, el abismo (precipicio) entre ricos y pobres. Claro, también han aumentado los desplazados y el reguero de muertos.

Unas cifras son directamente proporcionales: Se terminaron las “pescas milagrosas”, pero también se acabaron las carreteras, y habrá que esperar lustros para ver en qué bolsillos pararán los millones y billones de las ferias del INCO, donde, en la primera semana de Agosto, la última del gobierno ido, muchos se apuraron e hicieron su Agosto. Aumentaron las cifras de cerebros fugados hacia los países desarrollados y a conveniencia también se aumentaron a 1144 las de los paramilitares extraditados a los Estados Unidos.

Fueron más los anotados en el régimen subsidiado de salud y a la vez más mal los pocos atendidos de verdad en un sistema aniquilado. Más los contabilizados por las “familias en acción”, y, claro está, más coaccionados, chantajeados y amenazados los 2.4 millones de necesitados.

Otras cifras son inversamente proporcionales: Es cierto que aumentó la llamada inversión extranjera, pero también lo es que seguimos siendo una tierra agreste para que alguien de afuera saque un peso de Namibia o Zaire y lo ponga aquí. Aumentó dicha inversión y disminuyó el número de beneficiados con la misma. O lo que es lo mismo: más para menos.

Aumentó el precio del café en los mercados internacionales, pero bajó (cayó) el dólar (o se revaluó el peso, como se quiera). O sea, que aquí no pasó nada. Porque estos son asuntos de la economía globalizada, donde nuestros pataleos pesan un gramo (o un grano). Y tampoco hay café ni para cumplir con las cuotas asignadas. Y, por demás, aquí, adentro del país “que produce uno de los mejores cafés del mundo”, bebemos una de las peores pasillas (porquerías) del mismo mundo, y ni nos lo dicen.




El ex presidente Uribe, junto a William Browmfield, ex embajador de EE.UU. en Colombia, y al general Óscar Naranjo, Director de la Policía Nacional.

Pero todo, mañana tras mañana, se hizo con las mejores intenciones, guiados siempre por lo que indicaron las encuestas, mediante el designio sagrado de los grandes empresarios, industriales y terratenientes, y bajo la bienaventuranza de los Estados Unidos de América, nuestro venerable aliado. Fuimos y actuamos junto a los buenos habidos y por haber, como adalides de las causas nobles, cual cruzados del bien contra el mal. Es por eso, sólo por eso, que se hizo todo lo que se hizo y dejó de hacerse todo lo que debió hacerse.

Juan Manuel Santos sintetizó la situación colombiana en otro galimatías: “El país va bien, pero tiene problemas serios…” “…Unos son coyunturales, otros son estructurales”.

El escritor español Juan Goytisolo, en un momento de la película: “Nuestra música”, de Jean Luc Godard, sostiene: "Matar a un hombre para defender una idea no es defender una idea, es matar a un hombre." A los colombianos nos metieron por el gaznate dos palabras hueras para nombrar la ignominia sin nombre: falsos positivos. Para tan indigna acción la lengua española tiene un infinitivo preciso: asesinar.

Máxime, cuando los hombres que por conseguir tan preclaro propósito se han matado suman muchísimos. La Fiscalía habla de 2000. La Procuraduría de otro tanto. Las fosas gritan varios miles. Los matones acogidos por el seno legal confiesan unos cuantos cientos cada uno. El tiempo, no el de Planeta, sino el implacable, después nos restregará en la memoria unas cifras bien empinadas hacia arriba.

La verdad se quedará a solas en las casas y los corazones de las familias de tantos muchachos, campesinos y pobres desaparecidos, asesinados, abatidos en el nombre del Señor, cuyos huesos ya empiezan a asomarse por entre la tierra que le echaron a diario y durante mucho tiempo funcionarios gubernamentales y discursos presidenciales.

Doscientos años de una vida republicana atiborrada de guerras civiles, desde los Supremos hasta las inferiores del presente; conflictos no declarados o negados; las batallas y batallitas de Iriarte; la Violencia y muchas violencias más. Y, sin embargo, todavía hubo (¿hay?) imaginación para añadirle al espanto perversidades nuevas bajo el sol.

Artículo disponible en:

Agencia Latinoamericana de Información - ALAI
Question Digital (Venezuela)
Agencia Venezolana de Noticias
Rebelión (España)
Aporrea (Venezuela)
ARLAC (Bélgica)
Indymedia (Colombia)
Kaos en la Red (España)
La Radio del Sur (Venezuela)
Diario Universal (España)
Prensa Indígena (México)

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