La Fiscalía colombiana incluye la lectura de rebelion.org entre las acusaciones contra universitario encarcelado

Por: Patricia Rivas

Nicolás Castro es un estudiante universitario que se encuentra detenido desde el 2 de diciembre pasado, por los comentarios que habría realizado en Internet sobre Jerónimo Uribe, hijo del presidente colombiano. La Fiscalía lo acusa de instigamiento para delinquir porque lo señala como el creador de un grupo virtual cuya consigna era "Me comprometo a matara a Jerónimo Uribe, hijo de Álvaro Uribe". Desde su celda de la cárcel de La Picota, concedió una entrevista a la revista Semana sobre un proceso que podría costarle varios años de prisión, en la que puede leerse lo siguiente:

"Semana.com: No es ningún delito hacer cualquier consulta en Internet pero ¿qué lo motivaba a consultar páginas proclives a organizaciones armadas?

N.C.: La fiscalía no ha precisado nada, siempre se queda en declaraciones muy generales. Dicen que visité rebelion.org, una revista virtual que según ellos apoya a grupos terroristas, pero para mí es una plataforma donde se manifiestan opiniones. Es una revista y punto. Y lo mismo con cualquier otra consulta que haya hecho, lo hacía por investigar. Las Farc aún están vigente, es un grupo que está generando víctimas, conocer el trasfondo de esos grupos y entender qué los motiva a actuar de esa manera es una inquietud apenas comprensible para un universitario. Hice esas consultas para tratar de comprender qué es lo que pasa en el país".


Es decir, que la Fiscalía colombiana utiliza en su argumentación contra el estudiante Nicolás Castro, el hecho de que éste haya visitado el sitio de rebelion.org, porque considera que este sitio "apoya a grupos terroristas".

No es la primera vez que se intenta criminalizar a Rebelión. Desde su nacimiento, hace 14 años, la derecha española y colombiana han utilizado sus medios de propaganda para acusar a Rebelión de lo que les ha venido en gana. Desde Bogotá, "El Tiempo" del clan Santos afirmó en 1996 que Rebelión era del ELN, y poco después, alardeando del mismo "rigor" periodístico, el diario conservador español "El Mundo" publicó que Rebelión era de las FARC.

No importó la incongruencia ni la gratuidad de las acusaciones. Ambos señalamientos levantaron sendas olas de ataques y amenazas contra los miembros de Rebelión, algunas de ellas firmadas nada menos que por el general Harold Bedoya, por ese entonces todavía comandante del Ejército colombiano y uno de los personajes más siniestros en la historia de la guerra sucia de ese país.

Con ser graves estos precedentes, consideramos que la escalada en la política de criminalización de rebelion.org es sumamente preocupante y debe llamar a la reflexión de todos aquellos ciudadanos que dentro y fuera de las fronteras de Colombia, defendemos el sagrado derecho a difundir informaciones sin censura y a opinar libremente, en ejercicio de nuestra libertad de conciencia y con estricto apego a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y es que, de acuerdo con las declaraciones del estudiante Nicolás Castro, la Fiscalía colombiana en sus argumentaciones, está asociando a Rebelión con el apoyo "a grupos terroristas".

Si relacionamos este hecho con el reciente llamado del presidente Uribe (1) a perseguir a los refugiados colombianos en el extranjero y a "acabar" con lo que él califica como "auxiliadores del terrorismo", no es difícil concluir que nos encontramos ante una nueva arremetida del Gobierno narco-paramilitar de Colombia contra todos los espacios que no se pliegan a su censura y que denuncian el terror de Estado: las miles de ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Fueza Pública (Ejército y Policía), las masacres de campesinos, de indígenas, los asesinatos de sindicalistas y defensores de derechos humanos, las escuchas ilegales a políticos, periodistas y defensores de derechos humanos, el cierre de medios molestos por sus denuncias, la connivencia con los grupos narco-paramilitares, la impunidad.

Cuando se están cumpliendo diez años de la masacre de El Salado (2) y cinco de la de San José de Apartadó (3), dos episodios que muestran el grado de sevicia y la criminalidad con la que Ejército y paramilitares torturan y asesinan a hombres, mujeres y niños inocentes en Colombia, consideramos que bien haría la Fiscalía colombiana en investigar los hechos y depurar responsabilidades, llegando hasta los últimos escalones responsables de estas matanzas y garantizando a las víctimas sus derechos a Verdad, Justicia y Reparación, en lugar de criminalizarlas, como hace con Rebelión y como hace con los periodistas que, en Colombia, no se dejan censurar.

Notas:

(1).- Ver las amenazas contra refugiados colombianos en el exterior y documentalistas argentinos considerados como "auxiladores del terrorismo" en: EL FINANCIERO y EL UNIVERSAL

(2).- El Salado es un caserío ubicado en los Montes de María, departamento de Bolívar, en el que el 18 y 19 de febrero de 2000 fueron torturadas y asesinadas 66 personas, entre hombres mujeres y niños, en lo que se considera la peor matanza cometida hasta la fecha por los paramilitares en Colombia, y que contó con la cobertura del Ejército. Ver: VERDAD ABIERTA y COLECTIVO DE ABOGADOS

(3).- El 21 de febrero de 2005, 8 personas pertenecientes a dos familias de campesinos fueron asesinadas (entre ellas tres niños: de 11, 6 y 1 año de edad) por paramilitares y elementos del Ejército en San José de Apartadó (Antioquia), comunidad de paz que rechaza la presencia de todos los actores armados de la guerra y que ha visto cómo más de cien de sus miembros morían asesinados en los últimos años. Ver cronología de las agresiones contra la comunidad de paz en: COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ
y documental sobre la masacre de 2005 en: YOUTUBE vínculo 1, vínculo 2 y vínculo 3.

Artículo en: Rebelion.org

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Obdulio y su obsesión obliterante

Por: Carolina Sanín

EN VEZ DE CERRAR LA REVISTA CAMBIO tras censurarla, la Casa Editorial El Tiempo ha prometido transformarla en lo contrario de lo que fue: en una publicación ‘light’.


Como suele hacer la mafia con sus víctimas, borrará la identidad del cadáver y, con ello, la evidencia de la ejecución; o, como suelen hacer los regimenes totalitarios, hará desaparecer el elemento incómodo sin darlo por muerto ni darle sepultura. Así, la Casa será coherente con la motivación mafiosa de su autocensura, a saber, la satisfacción del deseo del consigliere José Obdulio Gaviria, primado de Palacio.

Para borrar la identidad de la revista Cambio, la CEET también ha mutilado su cuerpo. Desde el pasado 4 de febrero y hasta el día en que escribo, 12 de febrero, en el sitio digital de la revista no se ha podido leer la edición del 14 de agosto de 2008. Aparece la portada (en esa ocasión fue el retrato de José Obdulio), pero la revista está vacía. Su contenido se borró, y hay un espacio en blanco en lugar del número que le corresponde. Todas las demás ediciones, desde enero del 2007 hasta hoy, están numeradas y pueden consultarse sin problema.


La edición 789, ahora edición N.N., contenía en vida un artículo titulado “El país según José Obdulio”, que reseñaba las tesis de Gaviria con respecto a la situación política colombiana. Estas tesis, como ponía en evidencia Cambio, constituían otros actos de borramiento: negaban la existencia del conflicto armado en Colombia y la existencia del desplazamiento interno causado por la violencia. Aunque ahora se han esfumado, el lector puede seguir su rastro en las columnas del mismo José Obdulio, que sí están, todas y enteras, en el archivo digital de El Tiempo: con su espantoso estilo, con sus comillas excesivas (como las de alguien que sabe que miente), con su prosa energúmena erizada de interjecciones y de signos de exclamación, con su abuso de la retórica elemental de me pregunto y me respondo, con sus autocitas, con su plural mayestático, con un genial “¡qué bah!” (por “¡qué va!”), y con esas palabras (bigornia, gorobeto) que el autor rebusca en los diccionarios para parecer campechano e instruido a la vez.

De sus columnas salta a la vista que José Obdulio tiene el impulso irreprimible de borrar. Está obsesionado por borrar a los opositores de Uribe y exhorta continuamente a hacerlo. En su cruzada por borrar distinciones, dice que los defensores de los derechos humanos son comunistas y que los antiuribistas son terroristas; afirma que las ideas de Lenin constituyeron “la base teórica” del genocidio nazi, sugiere que Jaime Garzón y Álvaro Uribe estaban del mismo lado, se equipara con Fray Luis de León, y canta que las Farc son “el dios (¿?) Minotauro que pide cada año siete doncellas núbiles y siete mozos esbeltos”.

Toda obsesión es un síntoma. ¿Cuál será el contenido psíquico específico que quiere borrar José Obdulio con su compulsión obliterante? ¿Qué evidencia sobre sí mismo querrá negarse cuando niega tantas realidades evidentes? ¿Qué objeto de deseo o de temor (que son expresiones de lo mismo, como lo supo Freud) subyace a su monomanía macartista y a sus fantasías exuberantes? ¿O será simplemente que desea ardientemente escribir y, como no logra hacerlo bien, se dedica ardorosamente a borrar?


Artículo en:   El Espectador (21-02-2009)

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Orquestan campaña de difamaciones contra la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

DIFAMAN A DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN LOS MEDIOS MIENTRAS EL EJÉRCITO LOS AMENAZA

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

JUANALBERTO SM reproduce del portal Rebelión la constatación realizada por Justicia y Paz de la campaña mediática de desinformación, calumnias e injurias contra estos y otros defensores de derechos humanos, bajo la pretensión de hacerlos responsables de la comisión de un triple crimen de afrodescendientes en el bajo Atrato.

FRANCISCO SANTOS
Vicepresidente de la República

FABIO VALENCIA COSSIO
Ministro de Interior

JAIME BERMÚDEZ
Ministro de Relaciones Exteriores.

FERNANDO PAREJA REINEMER
Vice Fiscal General de la Nación (e)

ALEJANDRO ORDOÑEZ
Procurador General de la Nación

VOLMAR PÉREZ
Defensor Nacional del Pueblo

FRANK PEARL
Alto Comisionado de Paz

“El que obra en y con la verdad va seguro, el que emplea calumnias, será desenmascarado” Proverbios 10, 9.

Nuestra Constancia y Censura Ética ante la campaña de desinformación, desprestigio, de señalamientos y acusaciones falsas contra nuestra organización de derechos humanos, y en particular, contra DANILO RUEDA, ABILIO PEÑA, y el defensor de derechos humanos, IVAN CEPEDA y el sacerdote JAVIER GIRALDO, a quienes responsabilizan del crimen de GRACIANO BLANDON, MANUEL MOYA y su hijo

Desde la primera semana de octubre de 2008, nuestra Comisión de Justicia y Paz dejó en sus despachos conocimiento de la noticia divulgada por el noticiero de televisión Noticias Uno sobre una campaña contra nuestra Comisión de Justicia y Paz, en la que participarían “los negritos” en palabras del general ® RITO ALEJO DEL RIO ROJAS en una conversación con el ex ministro del interior FERNANDO LONDOÑO HOYOS.

Esta operación pretendía deslegitimar a nuestra organización pero al mismo tiempo, como lo estamos constatando, desviar la atención sobre la responsabilidad estatal en graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos, dilatar la restitución de predios colectivos e imposibilitar nuestra labor legal y legítima de defensa, de promoción y de afirmación de derechos en zonas de conflicto armado y de apoyo a víctimas de graves violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.


Nuestra Constancia Histórica ante esta operación ofensiva y de control, está referida al conjunto de la labor de nuestra organización, no solo en el bajo Atrato sino en todo el país, combina la judicialización con la generación de obstáculos a nuestro trabajo en las regiones y puede derivar bajo mecanismos ilegales de persecución a la consumación de daños irreparables a la vida e integridad personal.

Nuestra censura ética ante la operación con medios que usan de la mentira como abrigo del poder criminal y de la impunidad se desarrolla en diversas fases y técnicas a nivel nacional e internacional.

Lo que se ha generado desde octubre de 2008 hasta hoy ha sido la producción de información basada en fuentes testimoniales que son usadas o al servicio de los oscuros intereses de sectores militares y empresariales, fuentes que descontextualizan.

En esta fase participan habitantes de la región del bajo Atrato que en algunos casos nunca han tenido relación con nuestra Comisión de Justicia y Paz. O en otros casos, que por su participación en actuaciones contra el derecho consuetudinario comunitario e incluso contra las mismas disposiciones legales, debido a la capacidad de corrupción del sector empresarial, algunos paramilitares y otros beneficiarios del paramilitarismo, así se han convertido en sus víctimas y al mismo tiempo en instrumentos en contra de sus propias comunidades. Estos falsos testigos, que recitan frases, o que las escriben, o que las aportan sin incluso conocer de quién hablan, las entregan a ingenuos periodistas, que ni siquiera se toman la molestia de confrontar fuentes. Esas mismas informaciones presentadas por personas que gozan de los beneficios de la seguridad democrática se convierten en el fundamento de la verdad.

Simultáneamente, esa des-información debidamente preparada para ser usada en los medios de información, cumple la función probatoria, en manos de algunos columnistas. Des información – opinión en la que se ambienta y se construye otra forma de deslegitimación, la inversión de la realidad o su desfiguración o una carga valorativa que busca la adhesión de otros públicos a causas, que encubren la criminalidad.

Los sentimientos y de algunas ideas repetitivas son los mecanismos para hacer creíble la mentira, la infamia, la calumnia. Quiénes la escriben han sido asesores o han tenido algún tipo de relación con el gobierno JOSÉ OBDULIO GAVIRIA, FERNANDO LONDOÑO HOYOS, RAFAEL NIETO NAVIA entre otros y el senador cristiano VICTOR VELASQUEZ REYES.

Al leer cada una de sus columnas o de sus expresiones orales en la radio usan la desinformación producida, juntan datos sin contexto, concluyen y nos responsabilizan, de lo que no somos responsables, acusan sin fundamento de manera directa o con la insinuación, al final, el fondo del asunto queda minimizado u ocultado.

La fuerza de algunas de sus ideas se basa en el falso testimonio de un “gestor de paz”, un ex guerrillero de nombre DANIEL SIERRA, alias “Samir”, a quién no conocemos, a quién no hemos visto. Esta es la supuesta prueba reina, un ex armado, que habla para según se comprende lograr justificar la recompensa o el indulto disfrazado a sus crímenes. El gobierno usa su testimonio, usa su retahíla para desprestigiar, para generar sospechas, para generar dudas, para aislar y tratar de desmontar bajo estos medios espurios las iniciativas de la población.

Es la misma justificación del todo vale en la guerra, en este caso, el todo vale para hacer creer, así sea mentira. La distancia ética entre los medios y los fines, entre hacer verosímil la mentira y la realidad es evidente. Así lo han hecho en el Wall Street Journal o en Radio Super a través del “Gestor de Paz” llamado “Samir”. Al gobierno le asiste su responsabilidad por el uso equivoco, inadecuado, perverso, destructivo y negador de los principios de un Estado democrático de derecho, de un ex guerrillero que difama, que nuevamente revictimiza.

Así, se puede des informar sobre un trámite de medidas provisionales ante la Corte Interamericana? O hacerla responsable de lo que no es posible? Pueden confundir ante diversos públicos, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana., pues, para los in- formadores, los ingenuos y los que no, lo importante es condenar, es mostrar que existe una estrategia de desprestigio contra el gobierno colombiano o minar la credibilidad de fallos que han corroborado la responsabilidad del Estado en el paramilitarismo, por ejemplo.

Se trata de desinformar como un mecanismo de la venganza? Tan excelsas plumas en la prensa o “poetas” en la radio, que han sido parte del actual gobierno, hombres de tantas capacidades, pueden confundirse en cosas tan elementales? Eso no parece creíble.

Pueden desconocer que el hermano de JOÉ OBDULIO GAVIRIA, LUIS MARIO GAVIRIA, en su papel como coordinador de Acción Social ha protegido los intereses de los ocupantes de mala fe en territorios colectivos? Las informaciones ocultan, las decisiones judiciales y la de los mismas instancias del Incoder, de la Superintendencia de Notariado y Registro sobre los titulares de las tierras? O pueden desconocer los informes y Resoluciones Defensoriales acerca de los mecanismos de explotación, de expropiación y de implementación de empresas extractivas o de agronegocios, bajo el pretexto de persecución de la guerrilla de las FARC EP?

O se puede sin ningún asidero en la realidad, sin ninguna prueba, porque no existe, salvo que hagan montajes para hacerlos pasar como pruebas ante la opinión o que hagan resonancia de unas falsas acusaciones, distantes de la sana critica y del debido proceso, acusar a nuestra Comisión de Justicia y Paz, de responsable del desplazamiento en un lugar, en un período de espacio y de tiempo, donde ni siquiera estábamos presentes?

Se puede sostener que ABILIO PEÑA y DANILO RUEDA, integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz, o IVAN CEPEDA o el sacerdote JAVIER GIRALDO S.J. son responsables de los crímenes de GRACIANO BLANDON y su hijo y de MANUEL MOYA LARA. En el régimen de la falsedad y en el desarrollo de los dispositivos de la desinformación y de los generadores de opinión, así se pretende mostrar o hacer aparecer. Pero las descalificaciones han llegado hasta el absurdo de comprometer a funcionarios del gobierno como CARLOS FRANCO de la Vicepresidencia del República y MARIA TERESA HUERTAS del ministerio de Agricultura. Pero el absurdo es tal que en el ardid contra los afrocolombianos y en los asesinatos hasta es responsable, la Comisión y Corte Interamericana.

A la ambientación se suma la segunda fase de judicialización. Este viejo mecanismo de la difamación pública, de los montajes mediáticos ya fueron usados en el 2003 a instancias del general ® JORGE ENRIQUE MORA RANGEL, para encubrir a la empresas Maderas del Darién Filial de Pizano S.A en su responsabilidad en la extracción mecanizada de bosque primario en Cacarica, al lado de la base paramilitar del Bloque Elmer Cárdenas… y luego, semanas después, efectivamente dos montajes de procesos judiciales. Procesos a los cuales se refirió el G•3 del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, como un logro en su estrategia de inteligencia ofensiva.

Esa segunda fase está en ejecución, a través de dos procesos judiciales sobre los cuáles hay una diligente actividad de los testigos falsos que desde octubre del año pasado son parte del concierto para difamar al que se refirió RITO ALEJO DEL RIO contra nuestra Comisión de Justicia y Paz.

Y finalmente, esta la tercera fase, la que tiene signos de expresión en el bajo Atrato el año pasado con el secuestro de un defensor de derechos humanos YIMMI JANSASOY de nuestra Comisión de Justicia y Paz, el intento de atentado contra DANILO RUEDA y ABILIO PEÑA, y el frustrado atentado contra YIMMI y el Padre FRANCO en la ciudad de Bogotá o las amenazas de muerte a NUBIA y JHON JAIRO BETANCOUR.

Plan contra la Comisión de Justicia y Paz que contempla el ahogo y la presión con el bloqueo al uso de transporte público en la región del bajo Atrato, el paso del desprestigio genérico a nuestra organización al desprestigio personal, usando conversaciones telefónicas interceptadas, los seguimientos y el ingreso a la vida intima para llegar luego a contemplar en el 2010, en medio del olvido la posibilidad de un daño irreparable a la vida e integridad personal.

Todo coincide con el hecho de que nuestra Comisión de Justicia y Paz, representa a las víctimas como parte civil en el proceso, a través de la abogada LILIANA AVILA, por el cual el ex general RITO ALEJO DEL RIO, se encuentra detenido por el crimen del afrocolombiano, habitante de Cacarica MARINO LÓPEZ, ocurrido en desarrollo de la operación “Génesis” en febrero de 1997, cuando este era comandante de la brigada 17

Coincide, cuando junto con el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, la Corporación Utopías y nuestra Comisión de Justicia y Paz, a través del abogado GERMAN ROMERO, representamos a familiares de los desaparecidos de la cafetería del Palacio de Justicia y es posible que se logre la condena del Coronel ® PLAZAS VEGA y se logre litigar contra otros altos militares como IVAN RAMIREZ o ARIAS CABRALES.

Coincide cuando el Tribunal del Chocó ordena el cese de la operación empresarial ilegal en el Curvaradó y Jiguamiandó de las empresas palmeras, bananeras y ganaderas, beneficiarias o parte de la estrategia paramilitar.

Coincide con el hecho de que el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, la Fundación Manuel Cepeda y nuestra Comisión de Justicia y Paz, en delegación del MOVICE han terminado una fase de exploración en búsqueda de la verdad, de la justicia y de la reparación para las víctimas, con algunos de los mandos extraditados en los Estados Unidos. Esta actuación ha sido descalificada, señalada de una alianza perversa contra el gobierno por parte de algunos generadores de opinión arriba señalados.

La creación de noticias que desinforman sobre nuestra labor, a quienes beneficiara? Los montajes judiciales a quiénes a los empresarios paramiliates o beneficiarios del paramilitarismo? A sectores del estamento militar como RITO ALEJO DEL RIO, ALFONSO PLAZAS VEGA, IVAN RAMIREZ, como se deduce de las alianzas y la cruzada de desinformación? A quién beneficia que se condene mediáticamente a defensores de derechos humanos, sin que exista fundamento fáctico? A quién se protege con las operaciones ilegales y arbitrarias contra nuestra organización?

Luego de haber expuesto nuestras consideraciones sobre esta campaña que empezó hace más de 14 meses, solicitamos respetuosamente, en conformidad con el artículo 23 de la Constitución Nacional, se nos de respuesta, nuevamente a las siguientes preguntas, en conformidad con sus responsabilidades institucionales:

1. Quién filtró y con qué fines, al noticiero Noticias Uno, la interceptación de la comunicación telefónica entre el General (R) RITO ALEJO DEL RIO y el ex ministro FERNANDO LONDOÑO en el que se hace alusión a los “negritos” y una campaña contra nuestra Comisión de Justicia y Paz, divulgada en octubre de 2008?

2. Qué organismo de seguridad del Estado o de inteligencia institucional realizó la interceptación de la conversación?

3. Se ha abierto algún proceso judicial contra el ex general y el ex ministro por algún tipo posible de comisión de algún delito? Cuál investigación y estado de la misma?

4. Dentro de los informes suministrados por el G – 3 del DAS sobre nuestra Comisión de Justicia y Paz se señala como un logro la judicialización de nuestra organización en el 2003, debido a información (falaz) suministrada por JOHANA CABEZAS abogada de la empresa Maderas Darién filial de Pizano S.A. Qué garantías existen de que este no este sucediendo en este momento con los procesos judiciales abiertos y los nuevos que parecen abrirse?

5. Se ha dado trasladado de la investigación de los crímenes de MANUEL MOYA LARA, GRACIANO BLANDON y su hijo a la Unidad de Derechos Humanos en Bogotá?

6. Bajo que fundamento fáctico el señor Vicepresidente FRANCISCO SANTOS afirmó sus extrañeza por la ausencia de manifestación de rechazo de organizaciones de derechos humanos y sociales sobre el crimen de MANUEL MOYA LARA, GRACIANO BLANDON y su hijo?

7. Cuándo se realizará la cita por nosotros requerida para que el señor Daniel Sierra conocido como “Samir” y quién ostenta el papel de “Gestor de Paz”, en presencia de funcionarios del gobierno, de la comunidad internacional y de nuestra Comisión de Justicia y Paz, sostenga las afirmaciones que ha dado sobre nuestra organización en medios de información?

8. Qué medidas especificas se van a adoptar para que sea posible nuestra movilización en el bajo Atrato, Dabeiba, Putumayo, bajo Naya?

Con profunda preocupación,

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Adjuntamos la serie de artículos, videos, y programas radiales en los que o los que son parte de la calumnia

* Viernes 18 de diciembre, a las 8:41 a.m. en los sitios web http://www.facebook.com/group.php?v... perteneciente al usuario “El palenque se mueve”, cuya dirección de contacto es comunidades_negras_curvarado@hotmail.com fue publicado el siguiente texto por el usuario identificado como “Eduardo Reyes”: “LAS FARC Y LAS ONG NOS ASESINARON TRES LÍDERES NEGROS DEL CURBARADO!!!¡INDIGNACIÓN DOLOR Y RABIA!NOS ASESINARON A TRES LÍDERES DE LAS NEGRITUDES DEL CURBARA DO, (Sic) MANUEL MOYA, GRACIANO BLANDÓN Y SU HIJO, EL FRENTE 34 DE LAS FARC, LOS SECUESTRO, ASESINO Y DESCUARTIZO, (Sic) DESPUÉS HABERSE MOVILIZADO EN BOGOTÁ FRENTE AL MINIS ... TERIO (Sic) DEL INTERIOR EN CONTRA DE TERESA HUERTAS Y LA ONG DE JUSTICIA Y PAZ (ONG DE IZQUIERDA QUIENES INTENTABAN APROPIARSE DE SU TERRITORIO), EN SU MANIFESTACIÓN, POR SUS DERECHOS.SI USTED ES UN PATRIOTA Y UN VERDADERO ANTICOMUNISTA ATIENDA ESTE LLAMADO POR QUE NECESITAMOS MOVILIZARNOS EMPEZARON A MATARNOS, A PLAZAS LO SEPULTARON….AL EJERCITO LO TIENEN AMARRADO Y A NOSOTROS NOS TIENE (Sic) AMENAZADOS!!!!A MOVILIZAR EL FRENTE PATRIO!!NO MÁS COBARDÍA, LA DEFENSA ACTIVA ES AHORADONDE ESTA EL CURA GIRALDO EL VERDUGO DE LOS NEGROS???(Sic)”.

* Sábado 19 de diciembre a las 10:02 a.m. en el sitio de Facebook del Movimiento Vanguardia Nacional http://www.facebook.com/group.php?v... el usuario “Oscar Eduardo Herrera Salazar escribió: “Oscar Eduardo Herrera Salazar indignacion, (sic) dolor y rabia!! NOS ASESINARON A TRES LÍDERES DE LAS NEGRITUDES DEL CURBARADO, MANUEL MOYA, GRACIANO BLANDÓN Y SU HIJO, EL FRENTE 34 DE LAS FARC, LOS SECUESTRO, ASESINO Y DESCUARTIZO, DESPUÉS HABERSE MOVILIZADO EN BOGOTÁ FRENTE AL MINISTERIO DEL INTERIOR EN CONTRA DE TERESA HUERTAS Y LA ONG DE JUSTICIA Y PAZ (ONG DE IZQUIERDA QUIENES INTENTABAN APROPIARSE DE SU TERRITORIO), EN SU MANIFESTACIÓN, POR SUS DERECHOS. SI USTED ES UN PATRIOTA Y UN VERDADERO ANTICOMUNISTA ATIENDA ESTE LLAMADO POR QUE NECESITAMOS MOVILIZARNOS EMPEZARON A MATARNOS, A PLAZAS LO SEPULTARON….AL EJERCITO LO TIENEN AMARRADO Y A NOSOTROS NOS TIENE AMENAZADOS!!!! A MOVILIZAR EL FRENTE PATRIO!! NO MÁS COBARDÍA, LA DEFENSA ACTIVA ES AHORA DONDE ESTA EL CURA GIRALDO EL VERDUGO DE LOS NEGROS???

http://www.eltiempo.com/colombia/ju... .

* Sábado 19 de diciembre la oficina de prensa del senador VICTOR VELASQUEZ REYES, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, emitió un comunicado titulado “es un execrable crimen de lesa humanidad, dice el presidente de la comisión de dd.hh del senado”, En el comunicado, el senador que había convocado al seminario sobre desplazamiento forzado el 2 de diciembre, en el que JAIME BEITAR Y GERMÁN MARMOLEJO, hicieron afirmación calumniosas contra nuestra Comisión de Justicia y Paz, afirma: “De igual manera el senador de origen cristiano argumentó que los líderes, Manuel Moya y Graciano Blandón, fueron fundadores y Representantes del Consejo Mayor de Curbaradó y el Consejo Mayor del Jiguamiandó, respectivamente; e hicieron parte del grupo de afrodescendientes que ante la Fiscalía 14 de DD.HH. mediante el proceso número 2022 denunciaron el desplazamiento forzado del que fueron victimas sus comunidades de la cuenca del Atrato en 1.997 por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC al parecer en contubernio con la Organización No Gubernamental Justicia y Paz; según voceros comunales de la región, quienes indicaron que estas denuncias están en poder de la Procuraduría General de la Nación. Desde la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias del Senado haremos el seguimiento a esta lamentable noticia e iremos hasta las instancias nacionales e internacionales con las denuncias de estas comunidades, hasta que se esclarezca lo sucedido, dijo el Senador de la U, Víctor Velásquez Reyes”.

Este mismo día, el período de Medellín, El Colombiano, publicó el artículo del columnista RAUL E. TAMAYO titulado “Audífonos para el gobierno”, en el que hace graves afirmaciones sobre la posible responsabilidad de nuestra Comisión de Justicia y Paz en el crimen de Manuel Moya, Graciano Blandón y su hijo:

“... En estas mismas páginas habíamos informado sobre la intervención descarada de las ONG Justicia y Paz, Brigadas de Paz Internacionales -PBI-, y Pasc Canadá, en la elección del Consejo Mayor de las comunidades Negras de Curvaradó, en Despensa Media, Chocó, para que fueran elegidos ilegalmente personajes manipulables por esas ONG, de manifiesta orientación comunista. Elección que fue anulada por ilegal. (Ver "Apoyo a los Afrodescendientes", Sept. 5 - 2009 y "Veneno Extranjero", Sept. - 19 – 2009)...En los últimos días de noviembre, las Comunidades de Curvaradó, lideradas por don Manuel Moya, hicieron manifestaciones ante las oficinas del Ministerio del Interior, con pancartas, pidiéndoles a las autoridades que sacaran a las ONG y sus Comunidades de Paz de la región de Urabá. Con pancartas que decían: "El territorio colectivo es de los negros, no de las ONG Justicia y Paz", "Zonas Humanitarias son Refugio de las Farc" y "Somos Víctimas del Terrorismo Humanitario". El 2 de diciembre habló ante el Senado Manuel Moya y acusó a las ONG de ser victimarios de los negros. Ayer, las Farc asesinaron a Manuel Moya, al Negro Graciano y a su hijo. ¿Qué pueden decir las ONG que fueron señaladas por estos dirigentes? ¿Existen nexos entre estas ONG y las Farc? Tengo las fotos de las pancartas y los videos con la intervención de Moya ante el Senado. Si el Gobierno no escucha los ataques de sus enemigos, que por favor oiga a sus amigos”.http://www.elcolombiano.com/BancoCo...

* Domingo 20 de diciembre hacia las 11:00 a.m., nuestra comisión de Justicia y Paz, conoció por medio de un fuente de altísima credibilidad, que paramilitares al mando de los hermanos USUGA, uno de ellos conocido como “Giovanni”, que operan desde San Pedro de Urabá controlando la región del Urabá y Bajo Atrato declararon objetivo militar a los miembros de la Comisión de Justicia y Paz que desde Bogotá están trabajando por la recuperación de las tierras para las comunidades del Curvaradó y Jiguamiandó. Según la fuente esta decisión fue tomada a finales del mes de noviembre y están elaborando el plan para ejecutarla.

* Lunes 21 de diciembre, la unidad de investigación judicial de el Tiempo, publicó una nota en la página 1-8 Nación, edición Bogotá, titulada: “Dos líderes del Chocó murieron esperando protección de la OEA” y en la versión electrónica titula: “Corte Interamericana de DDHH no prestó atención a líderes del Chocó que fueron acribillados”. En la versión impresa, habla de señalamientos mutuos entre las víctimas del crimen y nuestra Comisión de Justicia y Paz “De lado y lado había denuncias de supuesto nexos con grupos ilegales.

En la versión electrónica, continúa esta falsa aseveración bajo la expresión “incluso, esta versión fue reseñada en un informe del Wall Street Journal del pasado 14 de diciembre”. Lo que se deja entrever de acuerdo con el testimonio del exguerrillero alias “Samir” es su arremetida contra una comunidad distinta a las del bajo Atrato, contra otros defensores de Derechos Humanos y contra nuestra Comisión de Justicia y Paz. http://www.eltiempo.com/colombia/ju...

* El mismo día en la emisora Radio Super, en el noticiero “La Hora de la Verdad”, el ex ministro del interior FERNANDO LONDOÑO HOYOS, introduce una entrevista con JAIME BEITAR, de la comunidad de Domingodó, afirmando: “Don Jaime Beitar, con quien habíamos hablado en varias ocasiones sobre la manera como su comunidad negra viene siendo atropellada por las autoridades nacionales, empujadas por la Comisión Intereclesial y específicamente por quienes comanda el padre Javier Giraldo”. Transcribimos los apartes mas relevantes de las entrevistas a JAIME BEITAR y ADAN QUINTO, en que se responsabiliza a nuestra Comisión de Justicia y Paz de amenazas de muerte, se nos relaciona directamente con el crimen de los afrodescendientes y se advierte que si el gobierno no interviene, “no le para bolas al asunto y no sacan a esas ONG de allá, nosotros las vamos a sacar así sea a los tiros”.

FERNANDO LONDOÑO: Bien, pues aquí consternado por el asesinato de sus compañeros, porque esto estaba cantado, ya hay investigación, ya se sabe alguna cosa sobre el asesinato de MANUEL MOYA y GRACIANO BLANDÓN.

JAIME BEITAR: Si señor, ya se sabe que Germán Marmolejo dijo que había sido el Frente 57 de las Farc. FERNANDO LONDOÑO: Frente 57 de las Farc, ellos habían recibido amenazas previas directas de ese Frente de alguien.

JAIME BEITAR: Ellos habían recibido amenazas de la ONG, Justicia y Paz y del cura JAVIER GIRALDO, digamos de ABILIO PEÑA y DANILO RUEDA.

FERNANDO LONDOÑO: ABILIO PEÑA y DANILO RUEDA, los habían amenazado directamente.

JAIME BEITAR: Si señor ABILIO PEÑA y DANILO RUEDA.

FERNANDO LONDOÑO: Después del asesinato de estas personas ha aparecido alguien del Ministerio del Interior, de la Vicepresidencia de la República, quién se ha hecho presente en la zona ante este acontecimiento tan grave que hayan asesinado líderes negros que estaban protegidos, o debían estar protegidos por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quién ha ido por allá?

JAIME BEITAR: Yo que me he dado cuenta ha estado el Ejército, estaba la Policía, pero de Derechos Humanos no vi a nadie allá.

FERNANDO LONDOÑO: Ni de Derechos Humanos, ni del Ministerio del Interior, de ninguna parte?

JAIME BEITAR: De ninguna parte, inclusive yo llamé y estuve conversando con el señor Vicepresidente Francisco Santos y él ordenó, porque a ellos los enterraron sin hacerle la necropsia.

FERNANDO LONDOÑO: Y cuándo habló usted con el doctor Francisco Santos?

JAIME BEITAR: El 19, el día que los estábamos enterrando allá en el Carmen del Darién.

FERNANDO LONDOÑO: Y usted les dijo que Carlos Franco, su subalterno directo, el subalterno directo del Vicepresidente no había hecho nada por cumplir la orden de la Corte Interamericana?

JAIME BEITAR: No había hecho nada, ni él, ni el doctor Rafael Bustamante, porque lo que le dicen a uno, es que usted no amerita, que tal cosa, que no sé qué, lo mismo que me dijo la doctora Diana Izquierdo, que había que hacer un estudio, ya la policía me había hecho varios estudios a mí y a ellos también y al quinto a Manuela Salas, a Tulio Salazar, a Nemesio Cuesta, hay unas cantidades de líderes que hoy en día estamos amenazados directamente por la ONG Justicia y Paz.

FERNANDO LONDOÑO: La del padre Giraldo y ellos tienen contacto con ese frente de las Farc, usted sabe?

JAIME BEITAR: Ellos en las zonas humanitarias protegen esa gente.

FERNANDO LONDOÑO: Este es un mal momento, ya diciembre está muy entrado en días y es posible que la gente de los Ministerios se vaya, se ausente, pero vamos a volver a la carga don Jaime, esto no se puede quedar así, vamos a hablar con el doctor FERNANDO VARGAS, vamos a hablar dentro de unos minutos con ADÁN QUINTO también para que nos cuente sus impresiones. Le estamos denunciando al país el asesinato de dos dirigentes de las comunidades negras del Bajo Atrato que habían pedido protección, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había ordenado esa protección y nunca se las concedieron.

JAIME BEITAR: Doctor Londoño inclusive hay un documento que es el 2022 que el Fiscal 14 libra órdenes de captura y no sé que ha pasado, ahí está la MARÍA CHELERO, más conocida como María Ligia y no la han capturado en la zona humanitaria que la están protegiendo la ONG Intereclesial de Justicia y Paz,inclusive que tienen a LUIS MARIO GAVIRIA también amenazado de Acción Social que está trabajando acá coordinador del Urabá Antioqueño y el Darién Chocoano.

FERNANDO LONDOÑO: Don Jaime seguiremos en contacto, esta es una batalla en la que no nos vamos a cansar, es una batalla por la justicia, es una batalla por la paz en una región de Colombia muy victimizada por las Farc y por unos grupos que comandados por el padre Javier Giraldo están invadiendo los territorios de los negros, muchas gracias por acompañarnos.

FERNANDO LONDOÑO: Buenos días don ADÁN QUINTO.

FERNANDO LONDOÑO: ... Usted ha tenido últimamente amenazas de esos frentes de las Farc, o de la Comisión Intereclesial?

ADÁN QUINTO: Si doctor, eso es relativo, yo estoy contando el cuento por milagro, si usted habla con el abogado Fernando Vargas, él le puede contar la denuncia que se hizo en el mes de febrero de este año, me asesinaron a un tío, José Adulfo Orejuela, lo asesinaron ahí mismo, obra precisamente del señalamiento de la ONG, porque es que hay una lista donde la ONG les paga, diciendo que los cinco negritos hay que desaparecerlos y a mí tío lo matan el 10 de febrero y el 12 de febrero se reunieron en la zona humanitaria en Nueva Vida en Cararica, con esa gente del Frente 57, se reunieron y ahí dieron la orden de la zona humanitaria, yo estaba trabajando en el monte, en un caño y afortunadamente los tipos no me encontraron, no pudieron llegar al sitio porque no había camino, pero la orden la dieron ahí en el asentamiento, cosa que un mismo miembro del asentamiento avisó a mi suegra acá a Turbo para que me avisaran que me perdiera de dónde estaba porque había orden de asesinarme, esa orden fue impartida en la zona humanitaria, es que doctor Londoño lo venimos diciendo hace años, las zonas humanitarias se tienen que acabar en los territorios colectivos, son los sitios de planificación de los asesinato que no están con Justicia y Paz, con el padre JAVIER GIRALDO. Eso es clarito, porque todas las denuncias que hemos hecho, en la Fiscalía, eso lo dejan ahí, pero resulta que esa información, todos los documentos los tiene el 57 y los tiene el 5 Frente, todo el colectivo el Jaime Alvear como lo llaman, esa información la recogen y se la envían a esos señores.

... Yo si quiero hacer una reflexión muy clara y un mensaje muy claro al país y al mundo, con esto que acaban de hacer ha cometido la Comisión de Justicia y Paz el peor de sus errores, porque nosotros ahora sí no nos vamos a quedar callados y esto hay que llevarlo hasta las últimas consecuencias y si el estado colombiano, si el Gobierno Nacional, no le para bolas al asunto y no sacan a esas ONG de allá, nosotros las vamos a sacar así sea a los tiros, pero nosotros no podemos seguirnos dejando matar así en nuestro territorio, por defender lo nuestro, no nos vamos a matar.

Nos toca tomar decisión, aquí hay un hecho reciente contra nosotros.

Eso es lamentable doctor que en este país que se habla de un estado comunitario, haya funcionarios tan mezquinos como el doctor Carlos Franco que no sea capaz de cumplir con una orden de la Corte Internacional de Derechos Humanos y cosa curiosa doctor Londoño, esos dos muchachos fueron a Costa Rica, enfrentaron a Justicia y Paz, lo hicieron quedar como un zapato allá en la Corte Interamericana de de Derechos Humanos, antes de ayer los enterramos” .

* El mismo día en la pagina web “Debate Nacional” bajo el titulo “Contubernio de Farc y ONG’s en asesinato de líderes afrodescendientes”, publica el documento “Carta abierta al Procurador General de la Nación” firmado por el abogado FERNANDO VARGAS, a nombre del “Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla Comité Vida Colombia”, en el que se profundiza en los señalamientos a Peace Brigades International y nuestra Comisión de Justicia y Paz, tal como lo reseñamos en los apartes siguientes:

“...estos asesinatos encierran la campaña de desprestigio y exterminio que provoca e incita a su muerte de parte de la ONG Justicia y paz y su director el sacerdote marxista Javier Giraldo y la ONG canadiense PBI, a quienes estos líderes, con su comunidad, denunciaron penalmente por actuar en contubernio y favorecimiento con las FARC, para someter esas comunidades afrodescendientes que ellos representaban... MANUEL MOYA LARA y GRACIANO BLANDON, hicieron parte del grupo de afrodescendientes que denunció en la fiscalía 14 de DDHH, proceso No. 2022, el contubernio y concierto, entre las FARC y las ONG´s Justicia y paz, su director el sacerdote marxista Javier Giraldo y la ONG extranjera PBI... … Estos dos humildes hombres, víctimas de las manos criminales de las FARC y del odio visceral del sacerdote Javier Giraldo y su Organización “Justicia y Paz”, acudieron a la CORTE INTERAMERICANA DE DDHH DE LA OEA, en San José de Costa Rica, en febrero 4 de 2008, en donde no solo reclamaron y declararon la representación de la comunidad afrodescendiente del Curbaradó y Jiguamiandó, independiente y libre de las ong´s Justicia y paz y PIB y las FARC, sino que solicitaron protección real del Estado de Colombia, frente a las múltiples amenazas que desde mucho tiempo atrás se cernían sobre sus vidas y sus familias”. http://debatenacionalpublicados.blo...

* Hacia 7:31 p.m., del mismo día, a través de Facebook fue convocada una concentración en contra de nuestra Comisión de Justicia y Paz a través de bajo el título CONCENTRACIÓN RELAMPAGO En el contenido del mensaje se lee: “CONCENTRACIÓN RELAMPAGO. JAVIER GIRALDO MERCADER DE LA MUERTE. MANUEL MOYA Y GRACIANO BLANDON “VICTIMAS” NO PODEMOS DEJAR PASAR ESTO COMO UN HECHO COMÚN Y CORRIENTE, ESTAMOS HABLANDO DE LA TORTURA DE DOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS, DOS EMBLEMAS DE LUCHA DEMOCRÁTICA. HOY, ¡MIENTRAS USTED ESTÁ SENTADO FRENTE A SU ORDENADOR, LAS FAMILIAS MOYA/BLANDÓN LLORAN MIENTRAS “LAS ONG DE JUSTICIA Y PAZ” MOVILIZAN SUS ALIADOS A LOS TERRITORIOS DE LAS NEGRITUDES, YA SE ALISTAN LOS AGENTES DEL TERRORISMO PARA ESCLAVIZAR EL ULTIMO GRITO DE RESISTENCIA DE UNA COMUNIDAD MÁRTIR, NO PODEMOS PERMITIRLO, CADA AVANZADA DEL TERRORISMO DISFRAZADO DE ONG ES UN MUERTO MAS, UNA FAMILIA DESTRUIDA MAS Y UN DESPLAZADO MÀS. EL MOMENTO ES AHORA.SI USTED ESTA CANSADO DE LOS ABUSOS DE ESTE SPEUDO (Sic) CURA, APOYE LA CAUSA Y SALGA A LA CALLE. GRAN CONCENTRACIÓN MIERCOLES 23 DE diciembre de 2009 11:00AM INF: 3112735806”

En el anterior sitio web referenciado aparece un mensaje del usuario “OSCAR EDUARDO HERRERA SALAZAR”, convocando a la concentración con la siguiente afirmación: “contra el brutal acto de la izquierda!!!! gran concentración miércoles 23 de diciembre!salid (Sic) a marchar una ves mas, por la memoria de quienes dieron su vida por la defensa de sus derechos!!CONTRA LA ONG: "COMISIÓN INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ"

* Martes 22 de diciembre, nuevamente, en la "Hora de la Verdad", de la emisora Radio Super, el exministro FERNANDO LONDOÑO HOYOS afirmó que las comunidades acompañadas por la Comisión de Justicia y Paz "vienen auspiciadas y empujadas por las FARC" y se refiere también al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, señalando que apoya el sector de las comunidades, apoyado, por las FARC y que "Las FARC están interviniendo en el problema al lado dela Comisión de Justicia y Paz".

En el mismo programa, LODOÑO entrevista a ALEJANDRO PEÑA ESCLUSA, venezolano, director de "Uno América", quien toma algunas de las razones de ser de nuestra Comisión de Justicia y Paz para concluír, desconociendo los fundamentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Humanitario, que nuestra organizición es aliada de la insurgencia. En nueva entrevista a JAIME BEITAR, este afirma que el gobierno debe ordenar que capturen a JAVIER GIRALDO y a ABILIO PEÑA, y acabar con las Zonas Humanitarias.

*El mismo día JOSE OBDULIO GAVIRIA, en su columna semanal de el diario nacional El Tiempo titulada “Manuel Moya y Graciano Blandón”, afirma la misma tesis del crimen anunciado y culpa de la ambientación a las Zonas Humanitarias, a las que llama Comunidades de Paz, al PASC del Canadá y a nuestra Comisión Intereclesial de Justicia y Paz a las que vincula, también, con las FARC.

Afirma el columnista “ Curvaradó se rebeló contra unas oenegés esclavistas que les imponían todo, principalmente la simpatía con la antipática guerrilla. Moya aseguró en una intervención en el Congreso de la República que ciertas oenegés pretendían hacerlos vivir en guetos con el nombre de ’Comunidades de Paz’, vedados a la Policía y al Ejército, pero activos centros de reclutamiento de las FARC(..). alambradas que impedían salir libremente y neutralizaban la llegada de gentes que no fueran Farc o amigos de las Farc. Moya, Blandón y la mayoría de su comunidad no querían neutralidad, sino presencia militar del Estado; y votar en las elecciones y denunciar en la Fiscalía a las bandas terroristas”.

“Moya y Blandón me visitaron en la Casa de Nariño. Recuerdo sus miradas de asombro ante la belleza de los salones de protocolo y la reverencia con la que pasaron por la oficina del Presidente y el salón del Consejo de Ministros...” De nuevo el ex asesor del presidente URIBE afirmó: “Moya y Blandón se convirtieron en una piedra en el zapato para los predicadores de la lucha de clases y la violencia como medio de imponer sus ideas en Curvaradó. Sus últimos días fueron un infierno de calumnias y amenazas. Una oenegé que alega ser canadiense -PASC - Proyecto de compañamiento y Solidaridad con Colombia-, cuyo lenguaje tiene un sospechoso parecido con el de la Coordinadora Continental Bolivariana o el de la Comisión Inter Eclesial Justicia y Paz, se la montó. Viaja por la web el documento que expidió PASC en septiembre. Hoy suena como la lectura de una pena de muerte. Afirman, haciendo eco a las Farc, que en Colombia hay un masivo desplazamiento forzado, por obra de la presencia entre las comunidades del Ejército Nacional y de las tropas paramilitares. Moya y Blandón, en cambio, aducían como causa de todos sus males la presencia de las Farc y la actitud cómplice o alcahueta que las oenegés negreras querían imponerles”.

*El mismo día , a la 1:26 p.m., el usuario “Oscar Eduardo Herrera Salazar” desde el Facebook de Amigos Comité Nacional de Víctimas de la guerrilla (http://www.facebook.com/event.php?e...), publicó el siguiente mensaje: “HOMICIDIO DE LIDERES NEGROS A MANOS DE ONG "COMISION INTERECLESIAL JUSTICIA Y PAZ" Y FARC” http://www.youtube.com/watch?v=wCYN...

*Miércoles 23 de diciembre a partir de las 6:16 a.m., en el noticiero La Hora de la Verdad, el exministro FERNANDO LONDOÑO HOYOS, entrevistó al abogado FERNANDO VARGAS, quien afirmó en contra de las Zonas Humanitiras y Zonas de Biodiversidad y nuestra Comisión de Justicia y Paz.

FERNANDO VARGAS: " Llaman territorios de Biodiversidad, porque allí solo están ellos y las FARC", las personas que fueron asesinadas "no querían la esclavitud moderna de estas ONG de izquierda..." quienes acompaña Justicia y Paz "son mestizos llevados por estas Ong para invadir a estas comunidades negras...ellos denunciaron con nombre propio en el proceso 2022, allí está denunciado el contibernio de estas ONG y las Farc".

FERNANDO LONDOÑO: " El colectivo de Abogados está a favor de Justicia y Paz..."

FERNANDO VARGAS: "ONG que suma muchas ONG... esas ONG, tienen bastantes ONG a su lado...A estos lideres los asesino las FARC, pero detras hay insitadores de estos crímenes como estas ONG, por haberles gritado sus anhelos de libertad".

FERNANDO LONDOÑO: "Usted ha oido decir que los muertos fueron a atender una cita que les puso las Farc".

FERNANDO VARGAS: "Esa versión ayuda a aclarar algunas dudas... si eso fue así hay seguridad que los asesinaron las farc... si eso fue así, ... fue forzado por el mismo Estado que los obliga a rendirse a las Farc... el sitio donde los asesinaron fue absolutamente cerca de la Zona Humanitaria"

*Para este mismo día, a través de redes virtuales, fue convocada una concentración en un lugar indeterminado, desde una red de la Asociación de Víctimas de la Guerrilla en la que se arenga:

*Jueves 24 de diciembre el diario antioqueño El Mundo dedicó su editorial del día, titulado “Las criminales Farc y sus aliados” a inculpar a nuestra Comisión de Justicia y Paz de vínculos con las Farc y de la responsabilidad del crimen de los afrodescendientes y a cuestionar el papel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “En no pocas ocasiones hemos expresado serias reservas sobre la imparcialidad y la neutralidad de la justicia impartida por ese tribunal y éste es uno de esos casos en que se ve una clara discriminación ideológica a favor de comunidades claramente influenciadas por una Ong de izquierda y proclive a las Farc, como es el caso de las 161 familias que la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz dice representar, que ya cuentan con la protección solicitada, y en contra de las 231 familias representadas por Moya y Blandón, cuyas denuncias de atropellos por parte de las Farc y sus aliados se desestiman o ignoran absolutamente. A propósito, hay una muy grave acusación contra la mencionada Ong Justicia y Paz, a partir del testimonio del desmovilizado Daniel Sierra Martínez, alias “Samir”, quien fuera segundo comandante del quinto frente de las Farc, que delinque en la región de Urabá, y quien dio recientes declaraciones a la periodista del Wall Street Journal, Mary Anastasia O´Grady.”.

Solo 20 días antes del crimen atroz del que fueron víctimas, presumiblemente, a manos de las FARC MANUEL MOYA LARA, GRACIANO BLANDON y su hijo DE 22 años, que nuestra Comisión de Justicia y Paz ha condenado de manera categórica y de la que ha exigido al Estado se investigue con celeridad, se desató contra nuestra organización una nueva campaña de desprestigio a través del programa radial La Hora de la Verdad, dirigida por el ex ministro FERNANDO LONDOÑO HOYOS, el canal de televisión Cable Noticias y en el congreso de la República a instancias del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado VICTOR VELASQUEZ REYES y el periódico estadounidense Wall Street Journal . De manera simultanea se organizarón concentraciones en calles céntricas de la capital del país en las que, en presencia de algunos afrodescendientes del Bajo Atrato, se exhibían emblemas del “Avanti Movimiento Vanguardia Nacional”, tal como lo dimos a conocer al Estado y Gobierno en nuestra constancias del 9 de diciembre de 2009.

Algunas horas después de conocerse del crimen de los afrocolombianos, el pasado 18 de diciembre, se desencadenó toda una andanada de publicaciones a través de medios de información en los que se inculpa o se pretende responsabilizar a nuestra Comisión de Justicia y Paz de este bárbaro asesinato. Uno América, organización continental que surgió como respuesta de sectores derechistas de América al Foro de Sau Paulo, se une Movimiento Vanguardia Nacional, a la Asociación de víctimas de la guerrilla y a otras redes virtuales en esta campaña, que vuelve a alcanzar medios masivos de información como la unidad de investigación judicial de El Tiempo, el columnista Raul Tamayo de El Colombiano, el Editorial del periódico antiqueño El Mundo, el ex asesor presidencial y columnista de El Tiempo José Obdulio Gaviria, el ex Ministro Fernando Londoño Hoyos.

Las redes virtuales que adelantan la campaña de difamación contra nuestra comisión de Justicia y Paz, son las mismas que se articulan en la campaña a favor de militares comprometidos con el holocausto del palacio de justicia como el Coronel ALFONSO PLAZAS VEGA, con la masacre de Mapiripan como el General USCATEGUI, con la Operación Génesis como el General RITO ALEJO DEL RIO.

Los usuarios “Eduardo Reyes” y “Oscar Eduardo Herrera Salazar” en este sitio referencian como correo electrónico de contacto el mvn_colombia@hotmail.com perteneciente al Movimiento Vanguardia Nacional, fundado por FERNANDO AIZGORRI quien en los años 60 lideró el movimiento “Nuevo Orden” y por ARMANDO VALENZUELA RUÍZ fundador del Movimiento Político “Morena” constituido en Puerto Boyacá para apoyar políticamente a los paramilitares. Tal como lo han documentado la Sillavacía.com y elespectador.com, de este movimiento forman parte Eduardo Romano y Víctor Sanabria, quienes con otras agrupaciones de jóvenes de derecha lideran la campaña “Papeleta por Colombia”, apoyada entre otros por José Obdulio Gaviria desde el Centro para el Pensamiento Uribista (Ver http://www.lasillavacia.com/histori... y http://www.elespectador.com/impreso...)

Dentro de estas redes se encuentran “el palenque se mueve, democracia sin fronteras. fuerzas de la union x mi pais estrategia para los colombianos sitio oficial. movimiento vanguardia nacional. amigos comite de victimas de la guerrilla (vida). comité nacional de víctimas de la guerrilla- vida -. papeleta joven, papeleta por colombia. liga anticomunista de america. amigos de la diaspora. alianza de restauracion nacional 6 de noviembre dia nacional de los heroes anonimos. ¡exigimos la renuncia inmediata de augusto ibánez, presidente de la csj!”. Los usuarios que se identifica como Pedro Reyes y Oscar Eduardo Herrera Salazar, forman parte de diferentes enlaces de grupos que han realizado movilizaciones a favor de Plazas Vega en el caso del Palacio de Justicia y en el juicio contra Rito Alejo del Río, entre otros del Movimiento Vanguardia Nacional entre los que figuran “el coronel plazas vega es inocente y colombia lo sabe, por la inmediata restitucion del fuero militar en colombia !, liga anticomunista de america. amigos de la diaspora. los que sabemos que el general uscátegui es inocente. el palenque se mueve. lanzamiento de la campaña a favor del referendo reeleccionista l muro de papeleta joven, papeleta por colombia. movimiento acción colombiana. la sergio esta con la papeleta por colombia.amigos comite de victimas de la guerrilla (vida). ultraderecha extrema en memoria de los heroes caidoshomenaje a los heroes del palacio de justicia”.

http://justiciaypazcolombia.com/Campana-mediatica-de,2737

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El auto de fe

Por: Daniel Coronell

Alejandro Ordóñez está usando el poder de la Procuraduría General para liquidar a sus adversarios ideológicos y proteger a sus compañeros de causa. Sin ningún sentido de la justicia puso en marcha una investigación disciplinaria por Farc-política contra el senador Jorge Enrique Robledo, a pesar de que las pruebas indican que las Farc ven a Robledo como un enemigo y no como un aliado.

La decisión ocurre unos meses después de que el mismo Ordóñez eliminara de un plumazo -en su acomodada sentencia de la yidis-política- el bloque completo de pruebas contra sus copartidarios Sabas Pretelt y Diego Palacio por la compra de los votos parlamentarios que hicieron posible la aprobación de la primera reelección.


Sobre este último caso no vale la pena extenderse. La demostración gráfica de la arbitrariedad del Procurador para favorecer a sus copartidarios conservadores -y uribistas- quedó a la vista en un documento que muestra los cambios efectuados entre el proyecto dejado por su antecesor y la decisión adoptada por Ordóñez.

A los lectores curiosos que quieran repasar la evidencia de esta conveniente omisión les recomiendo mirar el documento anexo en semana.com (Ver ControlCambiosOrdoñez.pdf) y preguntarse por qué el jefe del Ministerio Público decidió suprimir lo que constaba de la página 142 a la 178. Treinta y seis páginas que hicieron posible que en la parte resolutiva se cambiara la expresión "Declarar disciplinariamente responsables" por "Absolver de los cargos formulados".

Esa resolución sirvió para demostrar que el Procurador es capaz de desaparecer pruebas existentes, lo increíble es que ahora pueda hacer aparecer evidencias que no existen.

El portal lasillavacia.com, en un esmerado trabajo periodístico, publicó esta semana los documentos que componen el acervo probatorio en el caso disciplinario contra el senador Robledo. Eso es todo lo que hay -ni más, ni menos- y lo único que comprueba es la enorme antipatía que produce en las Farc un hombre como Robledo, que ha condenado el accionar de la guerrilla desde el inicio de su vida pública.

Los papeles provienen del computador de 'Raúl Reyes' y las dos menciones específicas sobre las posiciones políticas de Jorge Enrique Robledo son para reprocharle sus pronunciamientos reiterados "contra la lucha armada" y definirlo como un "claro enemigo de la combinación de las formas de lucha".

En otro documento, 'Reyes' ordena subir a la página de Internet de las Farc un artículo escrito por Jorge Enrique Robledo. Algo sobre lo cual no tienen control alguno ni él, ni los demás autores cuyos escritos son publicados sin autorización en diversas páginas de Internet.

La última de las pruebas es un listado de personalidades sugerido por las Farc para la conformación de un 'Nuevo Gobierno'. Ahí está el nombre de Robledo, al lado de otros 89, entre ellos numerosos uribistas, incluido, por ejemplo, el actual presidente del Senado, Javier Cáceres, quien no solamente no está siendo investigado por Ordóñez, sino que tiene cuota en la Procuraduría General de la Nación. Después de su ayuda para la elección de Ordóñez, un allegado de Cáceres llamado Fabio Yezid Castellanos Herrera fue nombrado nada menos que procurador delegado para la Moralidad Pública. (Ojalá revise pronto el caso de Etesa).

En fin, a Robledo no le están cobrado ningún vínculo con las Farc, porque no existe. Lo que le cobran es no haber votado por Ordóñez -como si lo hicieron Dussán y Petro- y atreverse a denunciar con valor y de manera documentada casos como el de la Zona Franca en cuyos terrenos tienen intereses los hijos del Presidente, y la aberrante repartija de Agro Ingreso Seguro.

Al Procurador no le importan las pruebas. Al estilo de los inquisidores de 'El Niño de la Santa Guardia', que mandaron a la hoguera a 16 personas por el asesinato de un niño que jamás existió, Ordóñez quiere acabar con la carrera de un legislador honesto y brillante.

No se podía esperar mucho de un hombre que hace unos años quemaba libros en fogata pública y ahora alega -como gran defensa- que lo que incineró era pornografía.

Artículo publicado en la revista "Semana" (27/12/2009)

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Las hipótesis detrás del asesinato del Gobernador del Caquetá

En el portal: "La Silla Vacía"

Fueron las FARC. Esta es la única hipótesis que el Gobierno ha planteado desde que conoció el secuestro y, posteriormente, el asesinato del gobernador del Caquetá Luis Francisco Cuéllar. El presidente Álvaro Uribe dijo en una alocución [1], el martes a las nueve de la noche, que las Farc tenían todas las garantías para liberar al cabo Pablo Emilio Moncayo y los demás secuestrados, pero en cambio habían perpetrado este crimen. Y reiteró la recompensa de mil millones de pesos “a los ciudadanos que con su información nos facilite la captura de terroristas, integrantes de la columna Teófilo Forero de las Farc, responsables de este secuestro y de este asesinato”.

El Presidente dijo que al Gobernador lo habían degollado para evitar hacer ruido porque ya "intuían el operativo envolvente de las Fuerzas Armadas". Diez helicópteros y más de cien policías y soldados le seguían el rastro a los secuestradores.

Esa es una de las interpretaciones de por qué lo mataron a pesar de que el Gobernador le 'servía' más al grupo guerrillero vivo, como un trofeo de guerra y como un secuestrado más para engrosar el grupo de los oficiales que llevan más de diez años secuestrados. El seguimiento por parte de las Fuerzas Militares mientras la guerrilla escapaba por la zona rural de Florencia, habría propiciado la quema del vehículo y el posterior asesinato de Cuéllar. Ante un eventual rescate, las Farc no habrían dudado en ejecutar a su víctima.

La otra hipótesis

La hipótesis del Gobierno tiene sentido, pero no es la única. La Silla Vacía entrevistó personas en Bogotá y en el Caquetá que conocen la dinámica del conflicto en la zona y que también creen que las Farc están detrás del asesinato, pero que barajan otra hipótesis sobre los móviles: que el crimen habría sido motivado más por una venganza relacionada con asuntos de política local que por un objetivo claro de atacar la política nacional de Seguridad Democrática.

Después de que los atacantes sacaron al Gobernador de su casa en el barrio Paulo Sexto, en el nororiente de Florencia, el secretario de Gobierno de Caquetá, Edilberto Ramón Eldo, dijo a los medios que en la zona "no opera sino el grupo de las Farc, muy posiblemente son quiénes se lo llevaron". Pero lo cierto es que los paramilitares también tienen una presencia importante en el Caquetá desde hace varios años.

El Caquetá ha sido la cuna y principal refugio de las Farc, pero entre 2001 y 2006, hombres del Bloque Central Bolívar (BCB) de los paramilitares se asentaron en varios municipios del sur de Caquetá como Florencia, Morelia, Albania, Curillo, Valparaíso y Solita, con el fin de controlar el negocio del narcotráfico. Y desde su llegada comenzaron a hacer alianzas con miembros de la élite política del departamento.

Según lo reveló el portal Verdadabierta.com [2], la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía entregó en junio de este año las primeras evidencias sobre la parapolítica en el Caquetá que comprometen directamente al ex representante a la Cámara Luis Fernando Almario y al ex gobernador Juan Carlos Claros, quien fue sucedido en el cargo por el gobernador asesinado ayer y con quien este último mantenía una rivalidad.

Almario fue llamado a juicio y detenido por la Corte Suprema en febrero de 2008 acusado de ser el determinador del crimen de su principal adversario político en el Caquetá Diego Turbay Cote, su mamá y cinco acompañantes. Pero un juez de descongestión judicial determinó que había fallas en la indagatoria y dictaminó su libertad provisional, mientras se le llamaba nuevamente a rendir indagatoria.

Verdadabierta.com explica que uno de los ex jefes políticos del frente Héroes de Andaquíes aseguró, en versión libre el 17 de marzo de 2009, que Almario se reunió con alias ‘Chiqui’ en un apartamento en Bogotá para pactar la colaboración de las autodefensas con su ahijado político, Juan Carlos Claros, para las elecciones a la Gobernación del Caquetá en 2004. A cambio de entregarles parte del presupuesto de la Gobernación, ‘Chiqui’ habría entregado a Claros 20 millones de pesos para su campaña y se habría comprometido a intimidar a la población para que votara por él.

“Según este ex jefe paramilitar que está colaborando con la justicia, dijo que la presión se hizo más fuerte en el municipio de Morelia, también en veredas como La Liberia, Fuente Hermosa, Puerto México, y la Rochela en el corregimiento de Bolivia donde Luis Francisco Cuéllar, candidato opositor de Claros para las elecciones, tenía gran acogida”, continúa el portal. Finalmente, Claros venció en las elecciones a Cuéllar.

La segunda mención que relaciona a Claros con el gobernador Luis Francisco Cuéllar es de otro desmovilizado del Bloque Héroes de los Andaquíes, quien confesó en versión libre el 12 de junio de 2009 que alias ‘Quini’ y ‘Tiberio’ dejaron 300 uniformes camuflados en una finca del gobernador Cuéllar en octubre de 2005. “La idea del crimen, que fue presuntamente ordenado por Juan Carlos Claros, era enlodar el nombre de Cuéllar para que la opinión pública lo relacionara con grupos de autodefensa”, dice Verdadabierta.com.

A comienzos de noviembre, el gobernador Cuéllar rindió versión libre ante la Fiscalía 11 de Bogotá sobre sus presuntos vínculos con las AUC. Él solicitó personalmente ser escuchado después de que el ex jefe paramilitar Luis Alberto Medina Salazar, alias 'Cristo Malo' lo acusara de haber financiado la expansión de los paramilitares en el sur del departamento. El gobernador dijo que se trataba de una persecución política y negó todos los cargos. Pero la investigación seguía abierta.

Independientemente de las motivaciones para asesinar a Cuéllar, este hecho probaría que si las Farc cometieron el asesinato, estarían lejos de estar totalmente derrotadas en el Caquetá, uno de los epicentros de la ambiciosa operación militar Plan Patriotas. Haber entrado en el corazón de la ciudad y sacar a un gobernador de su casa rememora hechos de otra época, como el asalto al edificio Miraflores en 2001 en Neiva.

Artículo también disponible en:
Rebelión

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El año en que las FARC quisieron liberar a Pablo Emilio Moncayo y el Gobierno colombiano no lo permitió

Por: Patricia Rivas de Bufalá

El profesor Gustavo Moncayo, padre del cabo Pablo Emilio, ha sido un constante luchador por la liberación de su hijo.

El presidente Álvaro Uribe Vélez afirmó este lunes en un acto de donaciones a soldados y policías heridos en combate que el Gobierno Nacional ha cumplido con las exigencias hechas por las FARC para liberar al cabo del Ejército Pablo Emilio Moncayo y al soldado Libio José Martínez y entregar los restos del mayor Julián Ernesto Guevara, muerto en cautiverio. El mandatario colombiano responsabilizó a la guerrilla por la demora en la entrega de los uniformados, el mismo día en que se cumplen 12 años de la captura de Moncayo, mientras custodiaba una base de comunicaciones del Ejército que fue asaltada por las FARC en el departamento de Nariño, al Sur del país.

“Estamos en mora de que los liberen. Ustedes saben que el Gobierno ha atendido todas las exigencias. No los han liberado. ¿Por qué? Estamos en mora de que los liberen”, dijo el presidente colombiano ante las familias de los uniformados, entre quienes se encontraba el padre de Pablo Emilio, el profesor Gustavo Moncayo, también conocido como “el caminante por la paz”, por haber caminado durante 46 días desde Nariño a Bogotá para exigir la liberación de su hijo y el acuerdo humanitario.

La pregunta retórica del presidente Uribe ha debido de ser como una bofetada en el rostro de este padre incansable y valiente, que después de 11 años de lucha, vio cumplido su sueño cuando las FARC anunciaron su disposición de liberar unilateralmente –esto es, sin exigir ninguna contraprestación o canje de prisioneros- a su hijo. Esto ocurría el 16 de abril de 2009.


El comunicado del Secretariado de las FARC declaraba su disposición de entregar al prisionero personalmente a su padre y a la senadora Piedad Córdoba:

“(...) Ante la reiterada solicitud de la senadora Piedad Córdoba, de Colombianas y Colombianos por la Paz, del profesor Moncayo y de los presidentes Rafael Correa y Hugo Chávez, anunciamos nuestra decisión de liberar unilateralmente al cabo Pablo Emilio Moncayo y entregarlo personalmente a una comisión encabezada por la senadora Córdoba y el profesor Moncayo una vez se organicen los mecanismos que garanticen la seguridad de la operación.

Así evidenciamos una vez más nuestra decisión irreversible de alcanzar el acuerdo humanitario sin más dilación y sembrar con certezas los caminos que lleven a la solución política del conflicto.

Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP

Montañas de Colombia, abril 16 de 2009"

Poco después, las FARC se ofrecieron a entregar también al soldado Josué Daniel Calvo y los restos del capitán Julián Guevara, muerto en la selva en 2006 tras ocho años de cautiverio.

El presidente Álvaro Uribe no podía soportar la idea de otra imagen de reencuentro protagonizada por quienes más han abogado por el intercambio humanitario –es decir, por el canje de prisioneros de guerra- como un primer paso hacia una solución política del conflicto armado, de modo que vetó a la senadora Piedad Córdoba como mediadora para garantizar la entrega, acusándola de querer sacar “rédito político”.

Así dejaron pasar casi 3 meses más de la vida de Pablo Emilio Moncayo en las selvas de Colombia. Hasta que el 8 de julio, el presidente Uribe lanzó un escueto y calculado ultimátum, que venía a decir que su gobierno autorizaba la participación de la senadora Piedad Córdoba "en el acto de liberación", pero debían “ser liberados los 24 secuestrados en forma simultánea, y devueltos los cuerpos de los tres rehenes fallecidos en cautiverio".

En suma, el Gobierno colombiano rechazaba la liberación de Moncayo y Calvo Marín bajo el argumento de: “o todos o ninguno”.Sus palabras textuales fueron:

"El gobierno nacional autoriza a la senadora Piedad Córdoba para que, con la Cruz Roja Internacional y con la Iglesia Católica, participe en el acto de liberación de los secuestrados que están en poder de las FARC. Deben ser liberados los 24 secuestrados en forma simultánea, y deben ser devueltos los cuerpos de los tres compatriotas secuestrados que murieron en el asesinato del cautiverio. El tema de logística para efectuar esta liberación de manera discreta, lo coordinará el doctor Frank Pearl (el Alto Comisionado para la Paz del gobierno colombiano), con la Cruz Roja Internacional y las Fuerzas Armadas. Yo rogaría toda la paciencia y la comprensión de ustedes, apreciados comunicadores, y les rogaría simplemente transmitir este texto en las exactas palabras, que se ha estudiado con mucho juicio".

Efectivamente, la escueta comunicación había sido fríamente calculada. Parecía una concesión, pero en la práctica era un obstáculo insalvable para viabilizar la entrega de los dos rehenes.

Pablo Emilio Moncayo tuvo que desperdiciar otros dos meses más de su vida hasta que el Gobierno colombiano se avino a aceptar la liberación unilateral de los dos uniformados y la participación, en calidad de “acompañante” y no de “mediadora” de la senadora Piedad Córdoba, que en ese lapso de tiempo presentó ante la sociedad colombiana nuevas pruebas de vida y luchó pertinazmente por abrir la posibilidad de la liberación unilateral decidida por las FARC.

Córdoba, que conforma junto con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Iglesia católica la misión humanitaria que debe recoger a los liberados, ya ha anunciado que las liberaciones tardarán al menos un mes más, ya que apenas se han empezado a dar los pasos que permitirán materializar la entrega de ambos retenidos.

Durante estos 8 meses de “ñapa” que el Gobierno colombiano ha prolongado deliberadamente el presidio de Pablo Emilio Moncayo, es difícil calcular los peligros que han amenazado su vida, y no es descabellado pensar que lo peor esté por venir. El fantasma de una operación militar de rescate a sangre y fuego pende sobre las vidas de los retenidos y es un riesgo real, en la medida en que al presidente Álvaro Uribe, hablando en términos de “rédito político”, como le gusta a él, le rinden más dos muertos que poder achacar a las FARC que dos ciudadanos que recuperen la libertad gracias a una acción unilateral de la guerrilla, encaminada a posibilitar un acuerdo humanitario. Eso implica tanto como reconocer que hay guerra, y que su naturaleza, y por tanto su solución, son políticas y no militares.

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Gobierno de Uribe activará otra base militar y dos batallones aéreos en la frontera con Venezuela

MINISTRO DE DEFENSA COLOMBIANO AGITA EL FANTASMA DE LA "AGRESIÓN EXTERNA"

Por: Patricia Rivas de Bufalá

El ministro de Defensa colombiano, Gabriel Silva, y el secretario de Defensa de E.U., Robert Gates, en Washington, donde ultimaron los detalles del acuerdo militar entre los dos países.

El ministro de Defensa, Gabriel Silva, anunció la construcción de una nueva base militar en la península de la Guajira, en el extremo norte del país, que albergará a cerca de mil efectivos del Ejército y la policía. Silva no precisó la fecha de construcción de la base, a escasos kilómetros del corazón petrolero de Venezuela, e indicó que se financiará con el impuesto al patrimonio, pagadero por los capitales superiores a 1,5 millones de dólares.

La instalación de esta nueva base militar en la localidad de Nazareth, en pleno corazón del territorio Wayuú, ha sido presentada por el Gobierno colombiano como un “centro de atención social” y como una forma de ganar presencia para el Estado colombiano en su pretendida lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, dando a entender que el territorio fronterizo de Venezuela es un punto de refugio para la insurgencia colombiana.

Argumentando la necesidad de construir la nueva instalación militar fronteriza, Silva manifestó que ningún estado puede evadir las "obligaciones internacionales de perseguir el terrorismo, enfrentar el crimen y buscar que sean castigados aquellos que han cometido delitos, no importa dónde se oculten o se resguarden".


El gobierno de Álvaro Uribe viene reiterando que algunos dirigentes guerrilleros se ocultan en territorio venezolano, acusaciones que han aumentado de intensidad en las últimas semanas y que han encendido las alarmas en el país vecino sobre el peligro de que Bogotá esté preparando una agresión militar contra el territorio venezolano.

A estos argumentos se une, en los últimos días, la insistencia del ministro de Defensa colombiano, Gabriel Silva, en la supuesta amenaza de agresión externa que enfrenta Colombia y en los peligros del “armamentismo” venezolano. El diario “El Tiempo” contribuía este domingo a la propaganda de guerra, en una prolífica entrevista al titular de Defensa, en la que se abundaba sobre este argumento, con pasajes tan delirantes como el siguiente:

(...)

"EL TIEMPO.- ¿Nuestras ciudades tienen adecuadas defensas?

Colombia nunca ha trabajado sobre hipótesis de agresión externa. Colombia siempre ha creído en el derecho internacional; su arma fundamental siempre ha sido la diplomacia. Fíjese cómo ha funcionado de bien la diplomacia con Ecuador.

E.T.- ¿Pero usted cree que debiéramos prepararnos para una eventual agresión?

No se trata de prepararse para una agresión, se trata de prepararse para evitarla. Y quiero insistir en eso: nos estamos preparando para evitar una agresión. No entraremos jamás en una carrera armamentista. Tenemos un proceso de construcción de una capacidad disuasiva, para que todos lo consideren muy bien y sepan los riesgos de una agresión. Mire: a Colombia, por primera vez desde la guerra con el Perú, le ha tocado pensar en la eventualidad de una agresión externa. Eso no existía antes. Hay que pensar en eso. Colombia no estaba acostumbrada a contemplar esa eventualidad en el diseño de su política exterior o en su estrategia de defensa. Infortunadamente, nos ha tocado meter esa variable en el mapa.

E.T.- ¿Quiere usted decir que los colombianos, por primera vez desde la guerra con el Perú, deben pensar en el riesgo de una agresión?

Eso es así de claro: hay el riesgo de una agresión externa...

E.T.-¿Qué tan serio es el riesgo?

Yo no puedo calibrar intenciones. Lo que sí puedo ver es que hay un país que ha adquirido armas, que no requiere, por miles de millones de dólares. La consecuencia más peligrosa de esta discusión es que también busca alejarnos del objetivo fundamental y estratégico de Colombia, que es recuperar completamente su orden público interno. No nos olvidemos de que la amenaza interna también tiene presencia de otros países.

E.T.-¿Hay apoyo del gobierno de Venezuela a la guerrilla?

No me atrevo a calificar eso, pero el informe de la comisión de la verdad del Ecuador, los informes de inteligencia colombianos, los computadores de 'Reyes', todo nos confirma que hay guerrilleros del más alto nivel ubicados en Venezuela. 'Iván Márquez', por ejemplo". (1)

Superada la estupefacción por el desparpajo con el que el Gobierno colombiano se refiere a la grave crisis con Ecuador desencadenada por el bombardeo y los crímenes de guerra perpetrados en su territorio en marzo de 2008, y que el titular de Defensa considera un ejemplo de lo bien que funciona "la diplomacia y el apego al Derecho Internacional", no es difícil hilar las ideas fuerza del argumentario uribista: "Venezuela es una amenaza, porque está armada y porque apoya a la guerrilla, ergo Venezuela nos quiere invadir: debemos defendernos".

En este contexto, la nueva base militar en la frontera venezolana se presenta como una instalación "disuasoria" y con tintes beatíficos, ya que estará destinada a dar "servicio social" a las comunidades indígenas de la zona. Curiosamente, el territorio de la Alta Guajira, en la que se instalará la nueva base militar, viene siendo escenario de homicidios, secuestros, violaciones y desplazamientos masivos de la población Wayuú, por parte no precisamente de la guerrilla, sino de los grupos paramilitares, que tras la supuesta desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, comandadas en esta región por el jefe paramilitar “Jorge 40”, se han hecho con el control del comercio legal e ilegal en la zona de Maicao, y mantienen su política de acoso y exterminio de todos los elementos molestos. Si antes quien ejecutaba las órdenes de exterminio de “Jorge 40” contra los Wayuú era Jairo Alfonso Samper Cantillo, alias “Lucho”, hoy es su hermano, alias “Fercho” quien continúa masacrándolos como comandante de las Águilas Negras, que ha sustituido, sólo nominalmente, al antiguo Bloque de Contrainsurgencia Wayuú (2).

Las denuncias sobre las masacres, los crímenes y la complicidad del establecimiento colombiano con estos grupos son reiteradas, y se mezclan preocupantemente con la aparición al otro lado de la frontera, en territorio venezolano y en la mismísima ciudad de Maracaibo (3), del modus operandi de estos escuadrones de la muerte, que ya han comenzado a dejar su estela de terror bajo el nombre de “Águilas Negras” en los estados de Táchira y Zulia, donde el Gobierno colombiano ha encontrado excelentes colaboradores en los opositores al presidente Chávez, que gobiernan ambos estados, tal como lo revelan sus propios funcionarios (4).

El general de las Fuerzas Aéreas de EE.UU., Douglas M. Fraser, comandante del Comando Sur, y el ministro colombiano de Defensa, Gabriel Silva, durante el arribo de este a la sede de la fuerza militar en Miami, Florida, en octubre de 2009.

Además de la nueva base militar, que se suma a las ocho desplegadas en todo el territorio colombiano y operadas conjuntamente con Estados Unidos en base al acuerdo recientemente firmado en octubre entre ambos gobiernos, el comandante del ejército, general Óscar González, anunció en paralelo la activación de seis batallones de aviación y uno de fuerzas especiales, dos de ellos en la frontera con Venezuela.

"Hemos recibido equipos estratégicos y aeronaves para la defensa y la seguridad de la patria, con las cuales estamos mejorando la capacidad de reacción del ejército. Estas nuevas unidades contarán con una flota moderna dotada con equipos de alta tecnología", dijo González. Agregó que dos de esos batallones se ubicarán en la frontera con Venezuela, uno en La Guajira y otro en Arauca.

Con los seis batallones de aviación y uno de fuerzas especiales para incrementar su capacidad de combate, la aviación del ejército colombiano se convierte en una de las más numerosas y mejor entrenadas de América Latina, con unos 120 helicópteros de fabricación estadounidense y rusa (Black Hawk UH-60 fabricados en Estados Unidos y MI-17 rusos).

Entre los nuevos batallones de aviación, conformados por cerca de 400 efectivos, se mencionó que dos más operarán en las bases de Tolemaida y Larandia, incluidas en el acuerdo de cooperación militar colombo-estadunidense.

Venezuela denuncia incursiones aéreas

El presidente venezolano, Hugo Chávez, alertó en su programa dominical “Aló Presidente” sobre la incursión de aviones no tripulados de pequeño tamaño en territorio venezolano, procedentes de Colombia, como parte de acciones de inteligencia y espionaje adelantados por el gobierno de Estados Unidos.

“Son aviones de dos o tres metros. Esos son los yanquis, nos quieren poner a pelear. No vamos a caer en provocación pero estamos alertas. Chávez precisó que ordenó a las Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) derribarlos y explicó que entre los alcances de estos aviones, que son manejados desde Colombia por control remoto, está la posibilidad de grabar, tomar fotografías con coordenadas y ubicaciones exactas de autoridades del país.

“Hace pocos días, a media noche, un avión de estos sin tripulante penetró hasta Fuerte Mara (estado Zulia). Ellos no pueden entrar ni un centímetro aquí, pero lo están haciendo (...) Ya ordené, avioncito de esos que aparezcan túmbenlo, pero no vamos a permitir eso”, sostuvo.

El jefe de Estado venezolano también reiteró que desde Colombia, y utilizando las bases militares estadounidenses, se prepara una agresión contra Venezuela, razón por la que exhortó a la comunidad internacional y a los países de Sur América a estar atentos ante estos últimos eventos que configuran un cuadro de amenaza contra Venezuela.

Aseveró que el Gobierno de Uribe prepara el terreno para atacar y hacer ver a Venezuela como la agresora. No obstante, subrayó que el Gobierno bolivariano no tiene pensado agredir a Colombia ni a ningún otro país.

Algo que ha sido interpretado por los medios de comunicación del establecimiento colombiano como una “declaración de guerra” del presidente venezolano contra el pueblo de Colombia, y elevado con ese titular a la categoría de noticia de primera plana, para seguir alimentando la retórica guerrerista que tan buenos resultados surte en materia de apoyo electoral.

El nuevo ministro de Defensa, Gabriel Silva, detallando los nuevos aviones K-fir recientemente adquiridos a Israel.

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(1) Entrevista en El Tiempo al ministro de Defensa, Gabriel Silva: 'Colombia debe prepararse para evitar una agresión externa' (20.12.09) http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/el-reportaje-de-yamid-amat_6806168-1

(2) Actualidad Étnica (19.07.07): "Paramilitares en la Guajira, se desmovilizaron pero ahí siguen" http://www.actualidadetnica.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1172:paramilitares-en-la-guajira-se-desmovilizaron-pero-ahi-siguen&catid=57:ddhh&Itemid=112

(3) Panorama Digital (23.04.09) "Volantes asustan a Maracaibo: Paramilitares amenazan al estado Zulia" http://www.aporrea.org/ddhh/n133325.html

(4) Conversación entre el cónsul de Colombia en Maracaibo, Carlos Galvis, y el asesor presidencial José Obdulio Gaviria, 30-11-08, donde se reconocen los planes de injerencia en asuntos internos de Venezuela, con la colaboración de la oposición venezolana. http://www.youtube.com/watch?v=aWSbALN8svg

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Iván Cepeda: “Es hora de que los gobiernos europeos dejen la hipocresía y afronten la situación de Colombia”

Por: Patricia Rivas y Juan Alberto Sánchez Marín

50 mil desaparecidos en 20 años. 4 millones de desplazados, 150 mil homicidios y 18 pueblos indígenas ante el exterminio. Una situación que expone Iván Cepeda, un destacado luchador por los DD.HH. en Colombia, en esta entrevista.

Iván Cepeda, junto a la senadora Piedad Córdoba, en el Foro de Transafrica, realizado en Washington D.C., en mayo pasado.

Nadar contra una fuerte corriente es lo que hace el Movimiento de Víctimas de los Crímenes de Estado (MOVICE) en Colombia, donde las mayorías en Congreso y Cámara están alineadas con los dictámenes del presidente Álvaro Uribe, que ahora aspira a una segunda reelección, aunque en su empeño viole lo establecido por la Constitución. En casos tan graves como los múltiples asesinatos de jóvenes pobres por parte de militares, que son presentados como guerrilleros y luego canjeados por reconocimientos y medallas, eufemísticamente llamados “falsos positivos”, la Fiscalía General de la Nación avanza a paso lento y sin ganas.

Instituciones como el Consejo Nacional de la Judicatura, un estamento burocrático al que Álvaro Uribe, en los tiempos remotos de la primera candidatura presidencial prometió acabar, ahora se mantiene como un apéndice aún más funcional y sometido. La Procuraduría General de la Nación, el “ente autónomo de control y vigilancia de la función pública de los empleados del Estado”, no sólo no controla ni vigila, sino que tampoco es autónomo, y el propio Procurador General, Alejandro Ordóñez, es reconocido en el país como “el absolvedor”, pues desde su arribo a la institución se ha distinguido por la eficiencia para eximir de culpa a toda clase de militares y funcionarios uribistas vinculados con masacres y paramilitarismo.

En la otra orilla, una institución como la Corte Suprema de Justicia, que se ha negado a nombrar el nuevo Fiscal General de una terna presentada por el presidente, por considerar que los postulados no reúnen las condiciones mínimas necesarias para el cargo, ha sido objeto de toda clase de vituperios por parte del mandatario, de ataques descarados de sus funcionarios, e, incluso, de interceptaciones telefónicas o “chuzadas”, por parte del DAS, el organismo de inteligencia del estado adscrito a Presidencia.

En la corriente desenfrenada y unidireccional del actual gobierno colombiano, que se lleva sin pudor los diques constitucionales y legales, y ni se diga los morales y éticos que interpone cualquier institución, es donde el MOVICE actúa con empeño y tesón, a veces como un clamor solitario, pero también con una postura política clara. El estado colombiano, como responsable por acción, confabulación, omisión o permisividad, tiene una evidente responsabilidad en muchos de los crímenes cometidos contra los propios colombianos. Del mismo modo, el estado tiene la obligación de responder ante las víctimas, las familias, las organizaciones y ante toda la sociedad colombiana, garantizando el derecho a la verdad, la justicia, la reparación integral, y, sobre todo, la garantía de no repetición de esos crímenes.

Iván Cepeda Castro, además de escritor y periodista, es un destacado líder de los derechos humanos en Colombia y vocero del Movimiento de Victimas de Crímenes de Estado (MOVICE), organización nacida en 2003, que agrupa a familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad y algunas organizaciones que trabajan por los derechos humanos.

Iván Cepeda ha vivido en carne propia la violencia ejercida por el estado colombiano, como hijo del senador Manuel Cepeda Vargas, asesinado en 1984, durante el genocidio llevado a cabo contra la Unión Patriótica, un partido político que fue víctima de una persecución intencional y sistemática que lo condujo al exterminio.

Conversamos con Iván Cepeda en Madrid, ciudad que ha sido escenario del lanzamiento de una campaña internacional de más de 30 organizaciones europeas de derechos humanos, para llamar la atención sobre la persecución que enfrentan los defensores de derechos humanos en Colombia, por parte de las instancias estatales que deberían brindarles garantías.


Como vocero de las víctimas de los crímenes de Estado en Colombia, ¿qué sensación le produce llegar a Europa y percibir que el Gobierno colombiano es visto como un gobierno democrático, que cumple con los requisitos mínimos para ser tratado con deferencia por la Unión Europea?

No me sorprende. En el caso de España, para decir las cosas por su nombre, hay importantes inversiones del capital transnacional en Colombia. Para citar sólo un caso: en estos días se debate en manos de quién quedará el tercer canal de la televisión y el grupo PRISA tiene un importante interés en esta concurrencia. Entre las propiedades de este grupo, figura “El Tiempo”, el principal diario colombiano, dirigido por la familia Santos. Esa familia gobierna al país. Por lo menos, ha ocupado un lugar importante en ambos gobiernos del presidente Álvaro Uribe. El vicepresidente del país, Francisco Santos, es uno de los principales accionistas de esa casa editorial, y el ex ministro de Defensa, quien es candidato también para las próximas elecciones presidenciales, Juan Manuel Santos, también es accionista y dueño del periódico. No son, pues, sólo coaliciones o alianzas. Son verdaderos consorcios.

Así que el hecho de que se elogie al presidente Uribe, un gobierno que a duras penas puede sobrellevar un día sin un escándalo –lo que incluyen hechos criminales, como los llamados “falsos positivos”, y situaciones aún más evidentes-, pues que un gobierno extranjero lo elogie, lo único que implica es que sus intereses deben ser protegidos. Pero esa situación, cada día es menos posible ocultarla. Es un gobierno que se ha venido mostrando en todas sus facetas de corrupción y criminalidad en los últimos años.

Y yo creo que sí, que hay quienes se esfuerzan por mantener ese tipo de coartadas, para ocultar una situación tan grave como la que hay en Colombia, pero también hay una conciencia creciente en la comunidad internacional sobre qué es lo que el gobierno del presidente Uribe representa realmente. Para decirlo con claridad, uno de los aparatos criminales más mortíferos y destructivos que ha habido en los países de América Latina.


¿Alguna vez han tenido las víctimas en Colombia algún espacio de interlocución con el poder para incidir en lo que se llama allí la legislación “de paz” o en la política de construcción de la llamada “reconciliación”?

No. El Gobierno y el Poder Legislativo, en su gran mayoría, responden a los intereses del aparato criminal que ha producido tantas víctimas en Colombia. De ahí que no es un interlocutor, sino más bien un enemigo constante de estos procesos. Pero a pesar de que el Gobierno se ha empeñado, por todas las vías posibles, para que esos procesos no se puedan abrir paso, gracias a la acción de las organizaciones de víctimas, las organizaciones de derechos humanos, los abogados, los jueces dignos que tiene el país, en los últimos años se ha logrado producir un avance efectivo.

Ese avance se ve materializado en que más de cien funcionarios estatales, entre ellos un número significativo de congresistas, han sido llevados a las cárceles. Que muchos miembros de la Fuerza Pública han comenzado a ser llamados ante los tribunales, y que el fenómeno de la llamada “parapolítica” y los crímenes cometidos por el paramilitarismo se ponen en evidencia. Y cuando se ha ido reconociendo la realidad de que en Colombia ha funcionado la criminalidad de Estado.

Pero eso no es gracias al gobierno ni a la interlocución con el gobierno, sino que es el resultado de una lucha tesonera, dada en condiciones muy desiguales y siempre peligrosas, que han llevado a cabo las víctimas en sus regiones: los campesinos, los indígenas, las mujeres, muchas asociaciones de personas que han logrado ir construyendo este camino hacia los derechos humanos en el país.

Cuando se habla de crímenes de Estado, son conocidas las víctimas de los casos argentino o chileno, pero Colombia es una caja negra: no hay conocimiento de cuál es la dimensión de las víctimas y cuál es la realidad que ustedes afrontan cuando deciden no callar y exigir justicia, verdad y reparación.

Bueno, las cifras son cada vez más completas y claras. Estamos hablando de cerca de 50 mil personas desaparecidas en Colombia en los últimos 20 años, una cifra que supera de largo a países como Argentina y Chile, y a algunos centroamericanos. Hablamos del 10% de la población desplazada, más de 4 millones de personas; más de 150 mil homicidios y una gran destrucción de las comunidades: 18 pueblos indígenas están al borde de ser exterminados, en procesos que sin lugar a dudas pueden ser catalogados como genocidios, y también de sectores como los sindicalistas y los defensores de derechos humanos, que han sido víctimas de crímenes continuos durante estas dos décadas.

En Colombia, estamos en presencia de una criminalidad del sistema, con múltiples expresiones, que tiene la connotación de no ser apenas la violencia que se presenta en un conflicto armado, sino una violencia que promueve el Estado, para eliminar, anular, neutralizar a organizaciones enteras de activistas sociales. Y una violencia que además tiene la connotación de intentar presentar a sus víctimas simplemente como personajes encubiertos que actúan a nombre de la guerrilla.

Para entender mejor de qué estoy hablando, traigo a colación sólo un caso. Hace un año tenemos en la cárcel a Carmelo Agámez. Él es el líder de los campesinos de San Onofre, un poblado al norte de Colombia, que se convirtió en una especie de campo de concentración -y lo digo literalmente, no es una exageración- de los grupos paramilitares. En esa población de 50 mil habitantes, las personas fueron sometidas durante años a un régimen concentracionario, donde se les imponía un estricto régimen de vida: una hora para despertarse y acostarse, los paramilitares disponían de las mujeres, de las personas para esclavizarlas como peones en sus fincas… En fin, un régimen dantesco. Allí, Carmelo Agámez logró organizar al movimiento campesino, y llevó a la cárcel, no solamente a los paramilitares, sino a sus aliados políticos, sus jefes políticos. Y una vez que se logró esto, Carmelo fue acusado de ser aliado de los paramilitares. Él, que toda la vida fue su víctima, terminó siendo acusado por ellos, como forma de venganza, para llevarlo a la cárcel. Hace un año que Carmelo está en prisión. Yo lo fui a visitar hace unos meses. En la prisión hay 70 personas: 69 son paramilitares y políticos aliados de los paramilitares, y Carmelo vive en compañía de esta gente. Como puede entenderse, es una situación de inmensa peligrosidad, y, a pesar de eso, Carmelo sigue sosteniendo su lucha desde la cárcel.


La campaña electoral ya comenzó en Colombia, y la retórica guerrerista con respecto a Venezuela trata de rendir resultados en términos de apoyo al gobierno, o de solapamiento de otros problemas que tiene el país. ¿Cuál es la opción de las víctimas en este contexto, donde parece cada vez más difícil hablar de las situaciones de violación de derechos humanos y de lo que hay que reparar dentro del país?

Yo creo que nosotros estamos cada vez más cercanos de una acción política directa. El movimiento de víctimas ha dado una lucha jurídica, una lucha por ganar espacios, pero eso se muestra cada vez más insuficiente. No basta meter a los políticos a la cárcel: hay que ganar espacios políticos. Y creo que el movimiento social en Colombia ha comenzado una discusión sobre ese tema. Existen partidos políticos, es cierto, pero las víctimas y los movimientos sociales quieren tener poder, y quieren ejercer el poder.

Ahora, lo que está ocurriendo en Colombia con relación a Venezuela es una estrategia de largo alcance. Hay que recordar que, en los últimos años, se han ido produciendo, uno tras otro, varios golpes de estado. Primero se le dio un golpe de estado al presidente Hugo Chávez, posteriormente se intentó dar un golpe al presidente Evo Morales, más recientemente en Honduras se ha producido el golpe impune del señor Micheletti. Aquí lo que hay es un plan claramente articulado para acabar con estos gobiernos, y, sobre todo, para acabar con el proceso de integración latinoamericana.

Aquí el objetivo esencial no es uno u otro gobierno, es la unión de los países latinoamericanos en torno a una nueva política, a una nueva economía, a un nuevo tipo de relaciones que puedan configurar una fuerza que se oponga con claridad a unas relaciones tradicionalmente coloniales e imperiales.

En este contexto, por supuesto, el gobierno del presidente Uribe es una pieza central. Algunos hablan ya de que Colombia es una especie de portaaviones de Estados Unidos en América Latina, y creo que esas no son palabras exageradas. Estamos asistiendo a un contexto en el cual se ha creado una plataforma para agredir de manera clara ese proceso de integración. Y en las elecciones que vienen ese va a ser un tema a discusión, por supuesto, y las víctimas vamos a tomar partido y a tomar opción por enfrentarnos a ese tipo de proyecto que quieren destruir la unidad latinoamericana.


¿Cuáles son las exigencias de las víctimas en Colombia hacia la Unión Europea y sus gobiernos, en cuanto a la política exterior que deberían seguir con respecto al Estado colombiano?

Yo creo que los gobiernos colombianos han sido tratados con una extrema indulgencia, por decirlo de la manera más eufemística. Se ha tolerado durante años, a través de declaraciones supremamente tímidas, una situación que, de lejos, es la más grave en cuanto a derechos humanos en el hemisferio occidental.

Hablamos de un país que tiene una guerra de 50 años, el 10% de su población en la miseria por el desplazamiento forzado, un país en el que los crímenes de personalidades y de personas que defienden los derechos humanos son hechos cotidianos.

Y a todo esto se le intenta poner siempre paños de agua tibia, diciendo que son situaciones producto del terrorismo, producto de la lucha contra el narcotráfico.

Es hora de que los gobiernos europeos dejen la hipocresía, afronten los hechos que suceden en Colombia con la gravedad que tienen, y propongan salidas acordes. No digo que todos los gobiernos se comporten de esta forma, pero hay sectores y partidos políticos en Europa para los cuales es tolerable una situación que, vista de manera objetiva, no es otra cosa que un inmenso río de sangre. Una realidad totalmente antidemocrática y contra los derechos humanos.

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