.png "English"){kind=small}
Por: Patricia Rivas.
Les escribo estas líneas desde el Sur del Norte, desde el Madrid del “No pasarán”, del que salí un día afortunado de 2005 para deslumbrarme con la luz del proceso revolucionario venezolano, con la entrega y la capacidad de creer de su pueblo en un mañana compartido.
En Caracas aprendí las cosas más importantes. Y, sorprendentemente, sigo llevándome lecciones. He tardado varios días en reponerme de la última, y les pido disculpas si estas líneas, y este abrazo que viaja con ellas, llega con algún retraso.
En lo que se ha llamado el “Caso Pérez Becerra” hay varios niveles de análisis. Yo me quedo en este escrito quizá en el más primario y básico de todos. La decisión de entregar (que no extraditar) ilegalmente a un comunicador social, a un sobreviviente del genocidio perpetrado por la oligarquía colombiana y sus servidores estatales y paraestatales, a un hijo de Bolívar, pónganlo como quieran, pudo haber sido un error, causado por la precipitación, por el nerviosismo ante las inmensas presiones y chantajes que se despliegan contra el Gobierno Bolivariano, por el deseo de obtener la extradición (ésta sí dilatada durante meses) de un presunto narco-traficante refugiado en Colombia. Como quiera que sea, la entrega de Pérez Becerra al Estado colombiano fue asumida por el Presidente Chávez como una decisión de la que él es responsable. Con la misma claridad con la que el presidente Chávez afirma que la detención y entrega ilegales de -“este señor… ¿cómo es que se llama?”- Joaquín Pérez Becerra, a la jauría santanderiana para que hiciera de presa estelar en la cotidiana cacería humana que son los noticieros de RCN y Caracol, con esa misma claridad y crudeza tendrá que asumir el presidente Chávez todas las consecuencias políticas y morales ligadas a esa decisión.
Hay un problema previo a la decisión de Estado de entregar a Joaquín. Y es un comunicado emitido por el Ministero del Poder Popular para la Comunicación y la Información (MINCI), horas después de la detención del comunicador de nacionalidad sueca en el aeropuerto internacional de Maiquetía, y cuyo contenido merece ser objeto de estudio por lo que implica en cuanto a calificar la actividad de un comunicador social como “terrorismo y crimen organizado”, y cuya última frase roza cotas insospechadas de surrealismo:
http://www.minci.gob.ve/a_r_r/1/204455/gobierno_bolivariano_ratifica.html
Comunicado sobre detención de Joaquín Pérez Becerra
Gobierno Bolivariano ratifica compromiso en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado
El ciudadano de nacionalidad colombiana fue aprehendido cuando intentaba ingresar al país en un vuelo comercial procedente de la ciudad de Frankfurt, Alemania. Las autoridades del Gobierno de la República de Colombia fueron informadas sobre este procedimiento.
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, informa que, el día 23 de abril de 2011, fue detenido en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, el ciudadano de nacionalidad colombiana JOAQUÍN PÉREZ BECERRA, con cédula de ciudadanía número 16.610.245, cuando intentaba ingresar al país en un vuelo comercial procedente de la ciudad de Frankfurt, Alemania. El ciudadano Joaquín Pérez Becerra, es requerido por los órganos de justicia de la República de Colombia, a través de INTERPOL, con difusión roja, por la comisión de los delitos de concierto para delinquir, financiamiento del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas. De igual manera, han sido informadas las autoridades del Gobierno de la República de Colombia sobre este procedimiento.
El Gobierno Bolivariano ratifica así su compromiso inquebrantable en la lucha contra el terrorismo, la delincuencia y el crimen organizado, en estricto cumplimiento de los compromisos y de la cooperación internacional, bajo los principios de paz, solidaridad y respeto a los derechos humanos.
Caracas, 23 de abril de 2011.
Prensa MinCI
Se saldría del objeto de esta carta el análisis de lo que este comunicado oficial del Ministerio de Comunicación e Información en representación de todo el Ejecutivo Bolivariano implica, en cuanto a desconocimiento de la realidad colombiana y el sometimiento al discurso imperial de criminalización de la protesta social y la estigmatización de todos los actores que resisten al orden genocida impuesto por Bush tras el 11-S de 2001, con la letanía de la “lucha contra el terrorismo, la delincuencia y el crimen organizado”, y en pos de “la paz y el respeto a los derechos humanos”.
¿Sabían los redactores de ese comunicado y quienes lo suscribieron que “las autoridades del Gobierno de la República de Colombia” son responsables de más de 38 mil desapariciones forzadas en los últimos 3 años, o de más de cuatro mil asesinatos de civiles por las fuerza pública presentados como guerrilleros en los últimos 8 años, o de más de cuatro millones y medio de desplazados, despojados de sus tierras por la mafia narco-paramilitar que controla el Congreso, la misma que se permite perseguir y amenazar a periodistas, académicos, y jueces de la Suprema Corte cuando se vuelven molestos, la misma que armó el montaje judicial contra Joaquín usando unas pruebas que habrían servido para acusar al mismísimo presidente Chávez de “apoyar actos terroristas”?
Queda el comunicado en las hemerotecas para politólogos y estudiosis que tengan a bien analizar las fases y el encaje de las distintas piezas del proceso venezolano, paradójico hasta extremos que desafían la lógica más elemental en no pocos episodios.
Hubo algo antes del comunicado. Un “trino” del Ministro de Información y Comunicación, Andrés Izarra, a través de la red social Twitter, que ya anticipaba el desastre:
“Capturado en Venezuela colombiano solicitado por código rojo Interpol por terrorismo. En breve comunicado de nuestro Gobierno”.
“Colombiano”; “Código Rojo de Interpol”; “Terrorismo”. Los tres elementos del guión de Santos, los tres resortes de la trampa puesta al Gobierno bolivariano, eran asumidos acríticamente y con un entusiasmo que haría palidecer al mismísimo José Obdulio Gaviria, por quien tendría que haber provisto de contexto al resto del tren ejecutivo venezolano y haber actuado como filtro ante las presiones y la precipitación que se pretendía provocar y que terminaron conduciendo a un desastre en cadena que todavía no ha terminado de producir daños personales y políticos al interior del proceso venezolano.
El trino y el comunicado del ministro, así como la detención inicial de Joaquín Pérez Becerra pueden explicarse sencillamente: precipitaciones, desconocimiento, falta de criterio. En suma, errores políticos, que, en ese momento, podían reconocerse y ser subsanados.
Lo que ocurrió después fue muy grave. Se violó la Constitución venezolana y los convenios internacionales suscritos por Venezuela al recluir a Joaquín Pérez Becerra en condiciones de aislamiento, negarle el habeas corpus, negarle el derecho de ser visitado por las autoridades consulares suecas que requirieron entrevistarse con él, y entregarlo maniatado a la policía colombiana sin que se hubiera ni siquiera iniciado un proceso de extradición, saltándose a la torera todo el procedimiento contemplado en los acuerdos bilaterales suscritos por Venezuela.
Pero en las 48 horas que mediaron hasta que se consumó esta infamia, el Gobierno venezolano tuvo la oportunidad de escuchar a su base social, o a una parte muy consciente y muy firme de la misma, que le solicitó rectificación y que se protegieran los derechos de un ciudadano que no había cometido otro crimen que el de sobrevivir y resistir desde la trinchera de la comunicación alternativa el terror de Estado que aplica el régimen colombiano. Puede que cuando escribió su trino y firmó el comunicado del MINCI, Andrés Izarra creyera que Joaquín Pérez Becerra era un “peligroso terrorista de las FARC” (ya la simple asunción de este esquema es preocupante, pero no le vamos a pedir peras al olmo). Pero a las 24 horas se habían producido suficientes declaraciones dentro y fuera de Venezuela como para discernir quién era realmente Joaquín Pérez Becerra y cuáles eran las únicas “evidencias” que el Estado colombiano esgrimía para satanizarlo como un peligroso criminal: los mismos computadores mágicos con los que Uribe acusó al presidente Chávez y al presidente Correa de apoyar “el terrorismo”… una estrategia que todavía colea y se explota.
Mis compañeros de la Radio del Sur hacen entonces lo que cualquier periodista en sus cabales: busca testimonios que contribuyan a aclarar la situación, que arrojen luz sobre lo que verdaderamente está ocurriendo, que permitan discernir qué hay de hechos y qué difamación y propaganda en el guión escrito por el Gobierno de Santos y acatado acríticamente por el Gobierno venezolano. La responsabilidad y la mesura con la que actúa la Radio del Sur es encomiable. Busca los hechos, las voces que conocen de primera mano lo ocurrido. Está en juego mucho más que la vida de un hombre inocente. Está en juego la ética revolucionaria de un Gobierno cuya legitimidad radica precisamente en ser honorable, en escuchar a su pueblo.
¿Y qué ocurre? Telefonazo del MINCI a la presidenta de la Radio del Sur. Silencio. La directriz es clara: silencio sobre el tema, hasta que hable el presidente. Es domingo, 24 de abril. Se espera una alocución del presidente Chávez en la reunión del Consejo de Ministros. La alocución concluye con un anuncio inesperado: el aumento de sueldo que tradicionalmente se anuncia el 1 de Mayo. Ni palabra de Joaquín Pérez Becerra. Mientras todos los medios emiten el Consejo de Ministros en Cadena Nacional de radio y televisión, nos enteramos por el diario “El Tiempo” y la televisión colombiana de que Joaquín ha sido entregado y vemos su foto, esposado, con chaleco antibalas y flanqueado por dos soldados fuertemente armados, al estilo Robocop.
El caso Pérez Becerra encierra, de este modo, muchas infamias en cascada:
El 23 de abril fue la detención y la emisión de un comunicado por parte del Gobierno bolivariano que significa la asunción del guión imperial y la renuncia a ejercer la soberanía y al cumplimiento de la ley venezolana y del derecho internacional.
El 24 de abril fue la censura más obtusa y primaria, con un talante que hacía palidecer los “¿Por qué no te callas?” que tantas veces se habían intentado imponer al Gobierno venezolano desde otras instancias imperiales o neocoloniales. Ahora era telefonazo y “te callas porque te callas”. Más allá de la falta de respeto profesional que esto implica de parte de alguien que se considera periodista, la aplicación de esta censura directa sobre las emisiones de un medio de comunicación público, violan todos los códigos de ética, la Constitución y la Carta universal de derechos humanos, así como el más mínimo sentido democrático, por no hablar de palabras como socialismo o participación, que ponen nervioso al ministro en cuestión.
Después de la censura, vino la operación de propaganda demagógica y barata, anticipando el anuncio del aumento de salario que siempre se realiza el 1 de Mayo para distraer la atención del pueblo y conseguir un titular en los medios venezolanos al día siguiente que no dijera Joaquín por ningún lado. Lo que esto supone de falta de respeto al soberano y de emulación de los mismos mecanismos de ocultación y manipulación contra los que se rebeló el pueblo de Bolívar el 13 de abril de 2002, es mejor que sea cada venezolano y venezolana quien lo juzgue.
Pero la cadena de infamias no se detiene aquí.
El 9 de mayo es destituida fulminantemente la profesora Cristina González como presidenta de la Radio del Sur, y se designa en su puesto a Desirée Santos Amaral, una persona que se ha destacado por haberle hecho un flaco favor al Gobierno en su confusa defensa de la Ley Resorte, llegando a admitir que censuraba los contenidos de internet, que era la tesis de la oposición venezolana, y defendiendo dicha censura, que nunca estuvo en el espíritu ni en la letra de la ley. Su oficialismo acrítico y su demostrada ausencia de criterio se ven ahora recompensadas.
Los trabajadores de La Radio del Sur en asamblea respaldan la labor de su presidenta Cristina González y se solidarizan con ella ante el atropello sufrido, y hacen un llamado a la nueva presidenta a ser respetuosa con los principios de participación y funcionamiento democrático en la toma de decisiones editoriales en la emisora.
Se temen lo que anuncian rumores de pasillo: represalias y despidos contra quienes osaron cuestionar la detención y entrega de Joaquín Pérez Becerra.
Y no están errados. La nueva directiva de La Radio del Sur cumple con las instrucciones recibidas y ruedan cabezas. Cinco trabajadores son despedidos, como escarmiento de quienes quedan y como satisfacción personal del ministro.
Se ha desatado una caza de brujas, alimentada por viejas animadversiones del ministro contra periodistas que no le fueron dóciles cuando ordenó cacicadas en sus tiempos de presidente de TeleSUR. Cuando perseguía y esigmatizaba a los periodistas más conscientes, calificándolos de “tirapiedras” y entregaba el poder de decisión a los desembarcados de RCTV; cuando vetaba a determinadas caras en la pantalla de Telesur, por “gordos” o “feas”. Cuando contrataba los servicios de una consultora española de comunicación para que, a precios astronómicos, hiciera pedazos la programación y la plantilla del canal, con el criterio de que Telesur era “aburrido” y hacían falta periodistas “polivalentes”, mientras en el noticiero que ellos dirigían en la Sexta se mentía descaradamente sobre Venezuela. Cuando despedía a trabajadores por el crimen de reunirse en una asamblea para poner en común problemas y propuestas de solución, siguiendo el llamado del presidente a organizarse e impulsar procesos de revisión, rectificación y reimpulso al interno del proceso. Cuando despedía a periodistas que se habían jugado la vida por Telesur, cubriendo la guerra contra Líbano sin medios materiales ni logísticos, con las uñas, y se les dejaba a los pies de los caballos, sabiendo que su vida corría peligro. Cuando los trabajadores no percibían el salario que les correspondía, mientras se despilfarraba el dinero público en asesores, vehículos, obras faraónicas y gastos astronómicos de administración, y faltaban las cámaras con las que cubrir mínimamente los acontecimientos en la propia Caracas.
Quienes hemos trabajado con Andrés Izarra no nos extrañamos de que todo esto haya podido ocurrir. Lo que nos causa estupor es comprobar que sus goriladas sean asumidas por el Gobierno bolivariano al completo y por el propio presidente.
¿Es esta su política comunicacional? ¿La censura, la manipulación y la represión?
¿Por qué goza Andrés Izarra de impunidad ante su probada incompetencia y clamorosa ausencia de criterio político?
¿Por qué él puede dilapidar el presupuesto de la nación, despedir ilegalmente a cientos de trabajadores en Telesur (hasta el año 2008, en que le perdí la pista, todos y cada uno de los más de trescientos trabajadores que habían demandado a Telesur por despido improcedente, fueron amparados y tuvieron que ser indemnizados por el canal), entregar la administración del canal a oscuras capitanas y siniestros personajes que hipertrofian la parte administrativa hasta asfixiar las operaciones del que debería ser el canal más joven y ágil de los medios del Estado? ¿Por qué él puede hacer todo eso sin que se le cobren responsabilidades?
¿Y a Cristina González, decana y maestra de periodistas, luchadora leal a prueba de golpes de estado, de ausencia de presupuesto, de asfixia material y de todo tipo de trabas, se la sacrifica sin pensarlo dos veces, sin que nos tiemble la mano?
Cristina González es la directora de un medio de comunicación con los pantalones mejor puestos que he conocido. Su pasión por la revolución bolivariana sólo es comparable a su pasión por el periodismo con ética, que no come cuentos de equidistancias –que tanto le gustan a Izarra, por cierto- que no transa con los principios. Y la he visto sostener el teléfono con dignidad frente a funcionarios de diversos rangos, habitualmente del MINCI, pero también de otros ministerios, que llamaban a ejercer presión. A diferencia de TeleSUR, donde se levantaban notas, programas y documentales ante cualquier llamada de cualquier funcionario gubernamental latinoamericano, sin la menor capacidad de defensa de la soberanía de las decisiones editoriales del canal, en YVKE Mundial mientras la dirigió Cristina González y en La Radio del Sur, eso era mucho más improbable.
¿Es esa la cuenta que le están cobrando? ¿Son así los medios de comunicación públicos que necesita el presidente Chávez de cara a la próxima campaña electoral? ¿Acríticos? ¿Pasivas cajas de resonancia de las estrategias de propaganda diseñadas -¡ay!- por el MINCI? ¿Meros difusores de los mensajes del presidente Chávez?
A menudo los desastres sirven para poner en evidencia los límites y las fallas de un sistema, de la naturaleza que sea. El Gobierno bolivariano y la naturaleza misma del tipo de democracia que se practica en Venezuela, han sido puestos a prueba por el caso Pérez Becerra. El hecho de que fuera una trampa diseñada para poner en aprietos y arrodillar al Gobierno venezolano no atenúa en ninguna medida la dimensión de la cadena de injusticias cometidas, consentidas y sancionadas.
Corresponde al pueblo venezolano, a todos y cada uno de los ciudadanos dueños del proceso bolivariano, decidir con su acción u omisión el rumbo que tome el proceso. El presidente Chávez se beneficiará o será víctima del resultado de este proceso dialéctico. No nos equivoquemos. Si el pueblo decide dejar que Chávez gobierne solo, si no pone los límites y llena de contenido la tan traída y llevada “democracia participativa y protagónica”, no será nadie sino el pueblo el responsable de su destino.
Lo que ha ocurrido en Venezuela desde el 23 de abril es una cadena de infamias, de injusticias, de abusos y errores políticos garrafales. Están a la vista de todos las vergüenzas de las carencias del MINCI, del Gobierno en su conjunto, del Sistema Nacional de Medios Públicos, de la democracia venezolana.
No me corresponde a mí decir lo que hay que hacer. Eso sería calificado, con razón, como una injerencia imperdonable.
Pero es mi obligación solidarizarme con los caídos por la verdad y por la decencia en esta escaramuza. Decirles que todas las goriladas de Andrés Izarra no podrán eclipsar lo que fueron momentos brillantes del ejercicio del periodismo, en las ondas y a través de la web, y que deslumbraron más por el silencio y la mediocridad cobarde que los rodearon en las horas en que Pérez Becerra permanecía detenido en Caracas, en que todavía se podía evitar la infamia.
En estos días, compañeros, camaradas, colegas y compatriotas (en el sentido que ustedes me enseñaron que tiene esta palabra), en estos días de desolación pienso mucho en Joaquín Pérez Becerra, pudriéndose en una mazmorra colombiana junto con otros 7.500 presos políticos, y vienen a mi cabeza la “Balada de Sacco y Vanzetti”, de Joan Baez, dos de esos que Andrés Izarra llamaría “tirapiedras”, “terroristas” que fueron electrocutados por su admirada democracia estadounidense bajo un montaje judicial:
“Father, yes I am a prisoner / Padre, sí, soy un preso
Fear not to relay my crime / no temo revelar mi crimen
The crime is loving the forsaken / el crimen es amar a los desamparados
Only silence is shame. / solamente el silencio es vergüenza."
Me consta que ustedes asumen su decisión y que no necesitan que nadie desde otro continente venga a defenderles de absolutamente nada. Esta carta es solamente un esfuerzo personal para no contribuir a la vergüenza de permanecer en silencio ante la injusticia de la que ustedes han sido víctimas. Me consta que son personas dignas, probas y capaces, deslumbrantemente capaces. Sólo espero, deseo, por el bien de un proceso que amo y que necesito con vida, que encuentren la manera de seguir aportando, enriqueciendo, participando y sacudiendo conciencias, mientras sobreviven al desempleo y a la caza de brujas desatada por el actual ministro de Información y Comunicación de Venezuela.
Salud y que estos vientos que ahora empiezan a sacudir las plazas de esta vieja y entumecida Europa, se unan al huracán bolivariano que lleva dos décadas levantando las faldas del sistema que nos atenaza a todos. Entonces, como ahora, necesitaremos pensar con cabeza propia, y revolucionarios con escrúpulos y coraje como para aspirar a ser algo más, algo más importante –aunque tal vez peor remunerado- que “oficialistas”.
Artículo en:
Portal Rebelión (España)
A mis compañeros Hernán Cano, Ernesto J. Navarro, Marcos Salgado, Freddy Muñoz y Aarón Corredor y a la profesora Cristina González, con quienes he tenido el honor de servir en la trinchera comunicacional, víctimas hoy de la incompetencia y la mediocridad, la falta de criterio y de coraje del "oficialismo neurótico". Gracias por ser ejemplos rutilantes del periodismo y del ser humano que necesita la revolución.
Les escribo estas líneas desde el Sur del Norte, desde el Madrid del “No pasarán”, del que salí un día afortunado de 2005 para deslumbrarme con la luz del proceso revolucionario venezolano, con la entrega y la capacidad de creer de su pueblo en un mañana compartido.
En Caracas aprendí las cosas más importantes. Y, sorprendentemente, sigo llevándome lecciones. He tardado varios días en reponerme de la última, y les pido disculpas si estas líneas, y este abrazo que viaja con ellas, llega con algún retraso.
En lo que se ha llamado el “Caso Pérez Becerra” hay varios niveles de análisis. Yo me quedo en este escrito quizá en el más primario y básico de todos. La decisión de entregar (que no extraditar) ilegalmente a un comunicador social, a un sobreviviente del genocidio perpetrado por la oligarquía colombiana y sus servidores estatales y paraestatales, a un hijo de Bolívar, pónganlo como quieran, pudo haber sido un error, causado por la precipitación, por el nerviosismo ante las inmensas presiones y chantajes que se despliegan contra el Gobierno Bolivariano, por el deseo de obtener la extradición (ésta sí dilatada durante meses) de un presunto narco-traficante refugiado en Colombia. Como quiera que sea, la entrega de Pérez Becerra al Estado colombiano fue asumida por el Presidente Chávez como una decisión de la que él es responsable. Con la misma claridad con la que el presidente Chávez afirma que la detención y entrega ilegales de -“este señor… ¿cómo es que se llama?”- Joaquín Pérez Becerra, a la jauría santanderiana para que hiciera de presa estelar en la cotidiana cacería humana que son los noticieros de RCN y Caracol, con esa misma claridad y crudeza tendrá que asumir el presidente Chávez todas las consecuencias políticas y morales ligadas a esa decisión.
Hay un problema previo a la decisión de Estado de entregar a Joaquín. Y es un comunicado emitido por el Ministero del Poder Popular para la Comunicación y la Información (MINCI), horas después de la detención del comunicador de nacionalidad sueca en el aeropuerto internacional de Maiquetía, y cuyo contenido merece ser objeto de estudio por lo que implica en cuanto a calificar la actividad de un comunicador social como “terrorismo y crimen organizado”, y cuya última frase roza cotas insospechadas de surrealismo:
http://www.minci.gob.ve/a_r_r/1/204455/gobierno_bolivariano_ratifica.html
Comunicado sobre detención de Joaquín Pérez Becerra
Gobierno Bolivariano ratifica compromiso en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado
El ciudadano de nacionalidad colombiana fue aprehendido cuando intentaba ingresar al país en un vuelo comercial procedente de la ciudad de Frankfurt, Alemania. Las autoridades del Gobierno de la República de Colombia fueron informadas sobre este procedimiento.
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, informa que, el día 23 de abril de 2011, fue detenido en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, el ciudadano de nacionalidad colombiana JOAQUÍN PÉREZ BECERRA, con cédula de ciudadanía número 16.610.245, cuando intentaba ingresar al país en un vuelo comercial procedente de la ciudad de Frankfurt, Alemania. El ciudadano Joaquín Pérez Becerra, es requerido por los órganos de justicia de la República de Colombia, a través de INTERPOL, con difusión roja, por la comisión de los delitos de concierto para delinquir, financiamiento del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas. De igual manera, han sido informadas las autoridades del Gobierno de la República de Colombia sobre este procedimiento.
El Gobierno Bolivariano ratifica así su compromiso inquebrantable en la lucha contra el terrorismo, la delincuencia y el crimen organizado, en estricto cumplimiento de los compromisos y de la cooperación internacional, bajo los principios de paz, solidaridad y respeto a los derechos humanos.
Caracas, 23 de abril de 2011.
Prensa MinCI
Se saldría del objeto de esta carta el análisis de lo que este comunicado oficial del Ministerio de Comunicación e Información en representación de todo el Ejecutivo Bolivariano implica, en cuanto a desconocimiento de la realidad colombiana y el sometimiento al discurso imperial de criminalización de la protesta social y la estigmatización de todos los actores que resisten al orden genocida impuesto por Bush tras el 11-S de 2001, con la letanía de la “lucha contra el terrorismo, la delincuencia y el crimen organizado”, y en pos de “la paz y el respeto a los derechos humanos”.
¿Sabían los redactores de ese comunicado y quienes lo suscribieron que “las autoridades del Gobierno de la República de Colombia” son responsables de más de 38 mil desapariciones forzadas en los últimos 3 años, o de más de cuatro mil asesinatos de civiles por las fuerza pública presentados como guerrilleros en los últimos 8 años, o de más de cuatro millones y medio de desplazados, despojados de sus tierras por la mafia narco-paramilitar que controla el Congreso, la misma que se permite perseguir y amenazar a periodistas, académicos, y jueces de la Suprema Corte cuando se vuelven molestos, la misma que armó el montaje judicial contra Joaquín usando unas pruebas que habrían servido para acusar al mismísimo presidente Chávez de “apoyar actos terroristas”?
Queda el comunicado en las hemerotecas para politólogos y estudiosis que tengan a bien analizar las fases y el encaje de las distintas piezas del proceso venezolano, paradójico hasta extremos que desafían la lógica más elemental en no pocos episodios.
Hubo algo antes del comunicado. Un “trino” del Ministro de Información y Comunicación, Andrés Izarra, a través de la red social Twitter, que ya anticipaba el desastre:
“Capturado en Venezuela colombiano solicitado por código rojo Interpol por terrorismo. En breve comunicado de nuestro Gobierno”.
“Colombiano”; “Código Rojo de Interpol”; “Terrorismo”. Los tres elementos del guión de Santos, los tres resortes de la trampa puesta al Gobierno bolivariano, eran asumidos acríticamente y con un entusiasmo que haría palidecer al mismísimo José Obdulio Gaviria, por quien tendría que haber provisto de contexto al resto del tren ejecutivo venezolano y haber actuado como filtro ante las presiones y la precipitación que se pretendía provocar y que terminaron conduciendo a un desastre en cadena que todavía no ha terminado de producir daños personales y políticos al interior del proceso venezolano.
El trino y el comunicado del ministro, así como la detención inicial de Joaquín Pérez Becerra pueden explicarse sencillamente: precipitaciones, desconocimiento, falta de criterio. En suma, errores políticos, que, en ese momento, podían reconocerse y ser subsanados.
Lo que ocurrió después fue muy grave. Se violó la Constitución venezolana y los convenios internacionales suscritos por Venezuela al recluir a Joaquín Pérez Becerra en condiciones de aislamiento, negarle el habeas corpus, negarle el derecho de ser visitado por las autoridades consulares suecas que requirieron entrevistarse con él, y entregarlo maniatado a la policía colombiana sin que se hubiera ni siquiera iniciado un proceso de extradición, saltándose a la torera todo el procedimiento contemplado en los acuerdos bilaterales suscritos por Venezuela.
Pero en las 48 horas que mediaron hasta que se consumó esta infamia, el Gobierno venezolano tuvo la oportunidad de escuchar a su base social, o a una parte muy consciente y muy firme de la misma, que le solicitó rectificación y que se protegieran los derechos de un ciudadano que no había cometido otro crimen que el de sobrevivir y resistir desde la trinchera de la comunicación alternativa el terror de Estado que aplica el régimen colombiano. Puede que cuando escribió su trino y firmó el comunicado del MINCI, Andrés Izarra creyera que Joaquín Pérez Becerra era un “peligroso terrorista de las FARC” (ya la simple asunción de este esquema es preocupante, pero no le vamos a pedir peras al olmo). Pero a las 24 horas se habían producido suficientes declaraciones dentro y fuera de Venezuela como para discernir quién era realmente Joaquín Pérez Becerra y cuáles eran las únicas “evidencias” que el Estado colombiano esgrimía para satanizarlo como un peligroso criminal: los mismos computadores mágicos con los que Uribe acusó al presidente Chávez y al presidente Correa de apoyar “el terrorismo”… una estrategia que todavía colea y se explota.
Mis compañeros de la Radio del Sur hacen entonces lo que cualquier periodista en sus cabales: busca testimonios que contribuyan a aclarar la situación, que arrojen luz sobre lo que verdaderamente está ocurriendo, que permitan discernir qué hay de hechos y qué difamación y propaganda en el guión escrito por el Gobierno de Santos y acatado acríticamente por el Gobierno venezolano. La responsabilidad y la mesura con la que actúa la Radio del Sur es encomiable. Busca los hechos, las voces que conocen de primera mano lo ocurrido. Está en juego mucho más que la vida de un hombre inocente. Está en juego la ética revolucionaria de un Gobierno cuya legitimidad radica precisamente en ser honorable, en escuchar a su pueblo.
¿Y qué ocurre? Telefonazo del MINCI a la presidenta de la Radio del Sur. Silencio. La directriz es clara: silencio sobre el tema, hasta que hable el presidente. Es domingo, 24 de abril. Se espera una alocución del presidente Chávez en la reunión del Consejo de Ministros. La alocución concluye con un anuncio inesperado: el aumento de sueldo que tradicionalmente se anuncia el 1 de Mayo. Ni palabra de Joaquín Pérez Becerra. Mientras todos los medios emiten el Consejo de Ministros en Cadena Nacional de radio y televisión, nos enteramos por el diario “El Tiempo” y la televisión colombiana de que Joaquín ha sido entregado y vemos su foto, esposado, con chaleco antibalas y flanqueado por dos soldados fuertemente armados, al estilo Robocop.
El caso Pérez Becerra encierra, de este modo, muchas infamias en cascada:
El 23 de abril fue la detención y la emisión de un comunicado por parte del Gobierno bolivariano que significa la asunción del guión imperial y la renuncia a ejercer la soberanía y al cumplimiento de la ley venezolana y del derecho internacional.
El 24 de abril fue la censura más obtusa y primaria, con un talante que hacía palidecer los “¿Por qué no te callas?” que tantas veces se habían intentado imponer al Gobierno venezolano desde otras instancias imperiales o neocoloniales. Ahora era telefonazo y “te callas porque te callas”. Más allá de la falta de respeto profesional que esto implica de parte de alguien que se considera periodista, la aplicación de esta censura directa sobre las emisiones de un medio de comunicación público, violan todos los códigos de ética, la Constitución y la Carta universal de derechos humanos, así como el más mínimo sentido democrático, por no hablar de palabras como socialismo o participación, que ponen nervioso al ministro en cuestión.
Después de la censura, vino la operación de propaganda demagógica y barata, anticipando el anuncio del aumento de salario que siempre se realiza el 1 de Mayo para distraer la atención del pueblo y conseguir un titular en los medios venezolanos al día siguiente que no dijera Joaquín por ningún lado. Lo que esto supone de falta de respeto al soberano y de emulación de los mismos mecanismos de ocultación y manipulación contra los que se rebeló el pueblo de Bolívar el 13 de abril de 2002, es mejor que sea cada venezolano y venezolana quien lo juzgue.
Pero la cadena de infamias no se detiene aquí.
El 9 de mayo es destituida fulminantemente la profesora Cristina González como presidenta de la Radio del Sur, y se designa en su puesto a Desirée Santos Amaral, una persona que se ha destacado por haberle hecho un flaco favor al Gobierno en su confusa defensa de la Ley Resorte, llegando a admitir que censuraba los contenidos de internet, que era la tesis de la oposición venezolana, y defendiendo dicha censura, que nunca estuvo en el espíritu ni en la letra de la ley. Su oficialismo acrítico y su demostrada ausencia de criterio se ven ahora recompensadas.
Los trabajadores de La Radio del Sur en asamblea respaldan la labor de su presidenta Cristina González y se solidarizan con ella ante el atropello sufrido, y hacen un llamado a la nueva presidenta a ser respetuosa con los principios de participación y funcionamiento democrático en la toma de decisiones editoriales en la emisora.
Se temen lo que anuncian rumores de pasillo: represalias y despidos contra quienes osaron cuestionar la detención y entrega de Joaquín Pérez Becerra.
Y no están errados. La nueva directiva de La Radio del Sur cumple con las instrucciones recibidas y ruedan cabezas. Cinco trabajadores son despedidos, como escarmiento de quienes quedan y como satisfacción personal del ministro.
Se ha desatado una caza de brujas, alimentada por viejas animadversiones del ministro contra periodistas que no le fueron dóciles cuando ordenó cacicadas en sus tiempos de presidente de TeleSUR. Cuando perseguía y esigmatizaba a los periodistas más conscientes, calificándolos de “tirapiedras” y entregaba el poder de decisión a los desembarcados de RCTV; cuando vetaba a determinadas caras en la pantalla de Telesur, por “gordos” o “feas”. Cuando contrataba los servicios de una consultora española de comunicación para que, a precios astronómicos, hiciera pedazos la programación y la plantilla del canal, con el criterio de que Telesur era “aburrido” y hacían falta periodistas “polivalentes”, mientras en el noticiero que ellos dirigían en la Sexta se mentía descaradamente sobre Venezuela. Cuando despedía a trabajadores por el crimen de reunirse en una asamblea para poner en común problemas y propuestas de solución, siguiendo el llamado del presidente a organizarse e impulsar procesos de revisión, rectificación y reimpulso al interno del proceso. Cuando despedía a periodistas que se habían jugado la vida por Telesur, cubriendo la guerra contra Líbano sin medios materiales ni logísticos, con las uñas, y se les dejaba a los pies de los caballos, sabiendo que su vida corría peligro. Cuando los trabajadores no percibían el salario que les correspondía, mientras se despilfarraba el dinero público en asesores, vehículos, obras faraónicas y gastos astronómicos de administración, y faltaban las cámaras con las que cubrir mínimamente los acontecimientos en la propia Caracas.
Quienes hemos trabajado con Andrés Izarra no nos extrañamos de que todo esto haya podido ocurrir. Lo que nos causa estupor es comprobar que sus goriladas sean asumidas por el Gobierno bolivariano al completo y por el propio presidente.
¿Es esta su política comunicacional? ¿La censura, la manipulación y la represión?
¿Por qué goza Andrés Izarra de impunidad ante su probada incompetencia y clamorosa ausencia de criterio político?
¿Por qué él puede dilapidar el presupuesto de la nación, despedir ilegalmente a cientos de trabajadores en Telesur (hasta el año 2008, en que le perdí la pista, todos y cada uno de los más de trescientos trabajadores que habían demandado a Telesur por despido improcedente, fueron amparados y tuvieron que ser indemnizados por el canal), entregar la administración del canal a oscuras capitanas y siniestros personajes que hipertrofian la parte administrativa hasta asfixiar las operaciones del que debería ser el canal más joven y ágil de los medios del Estado? ¿Por qué él puede hacer todo eso sin que se le cobren responsabilidades?
¿Y a Cristina González, decana y maestra de periodistas, luchadora leal a prueba de golpes de estado, de ausencia de presupuesto, de asfixia material y de todo tipo de trabas, se la sacrifica sin pensarlo dos veces, sin que nos tiemble la mano?
Cristina González es la directora de un medio de comunicación con los pantalones mejor puestos que he conocido. Su pasión por la revolución bolivariana sólo es comparable a su pasión por el periodismo con ética, que no come cuentos de equidistancias –que tanto le gustan a Izarra, por cierto- que no transa con los principios. Y la he visto sostener el teléfono con dignidad frente a funcionarios de diversos rangos, habitualmente del MINCI, pero también de otros ministerios, que llamaban a ejercer presión. A diferencia de TeleSUR, donde se levantaban notas, programas y documentales ante cualquier llamada de cualquier funcionario gubernamental latinoamericano, sin la menor capacidad de defensa de la soberanía de las decisiones editoriales del canal, en YVKE Mundial mientras la dirigió Cristina González y en La Radio del Sur, eso era mucho más improbable.
¿Es esa la cuenta que le están cobrando? ¿Son así los medios de comunicación públicos que necesita el presidente Chávez de cara a la próxima campaña electoral? ¿Acríticos? ¿Pasivas cajas de resonancia de las estrategias de propaganda diseñadas -¡ay!- por el MINCI? ¿Meros difusores de los mensajes del presidente Chávez?
A menudo los desastres sirven para poner en evidencia los límites y las fallas de un sistema, de la naturaleza que sea. El Gobierno bolivariano y la naturaleza misma del tipo de democracia que se practica en Venezuela, han sido puestos a prueba por el caso Pérez Becerra. El hecho de que fuera una trampa diseñada para poner en aprietos y arrodillar al Gobierno venezolano no atenúa en ninguna medida la dimensión de la cadena de injusticias cometidas, consentidas y sancionadas.
Corresponde al pueblo venezolano, a todos y cada uno de los ciudadanos dueños del proceso bolivariano, decidir con su acción u omisión el rumbo que tome el proceso. El presidente Chávez se beneficiará o será víctima del resultado de este proceso dialéctico. No nos equivoquemos. Si el pueblo decide dejar que Chávez gobierne solo, si no pone los límites y llena de contenido la tan traída y llevada “democracia participativa y protagónica”, no será nadie sino el pueblo el responsable de su destino.
Lo que ha ocurrido en Venezuela desde el 23 de abril es una cadena de infamias, de injusticias, de abusos y errores políticos garrafales. Están a la vista de todos las vergüenzas de las carencias del MINCI, del Gobierno en su conjunto, del Sistema Nacional de Medios Públicos, de la democracia venezolana.
No me corresponde a mí decir lo que hay que hacer. Eso sería calificado, con razón, como una injerencia imperdonable.
Pero es mi obligación solidarizarme con los caídos por la verdad y por la decencia en esta escaramuza. Decirles que todas las goriladas de Andrés Izarra no podrán eclipsar lo que fueron momentos brillantes del ejercicio del periodismo, en las ondas y a través de la web, y que deslumbraron más por el silencio y la mediocridad cobarde que los rodearon en las horas en que Pérez Becerra permanecía detenido en Caracas, en que todavía se podía evitar la infamia.
En estos días, compañeros, camaradas, colegas y compatriotas (en el sentido que ustedes me enseñaron que tiene esta palabra), en estos días de desolación pienso mucho en Joaquín Pérez Becerra, pudriéndose en una mazmorra colombiana junto con otros 7.500 presos políticos, y vienen a mi cabeza la “Balada de Sacco y Vanzetti”, de Joan Baez, dos de esos que Andrés Izarra llamaría “tirapiedras”, “terroristas” que fueron electrocutados por su admirada democracia estadounidense bajo un montaje judicial:
“Father, yes I am a prisoner / Padre, sí, soy un preso
Fear not to relay my crime / no temo revelar mi crimen
The crime is loving the forsaken / el crimen es amar a los desamparados
Only silence is shame. / solamente el silencio es vergüenza."
Me consta que ustedes asumen su decisión y que no necesitan que nadie desde otro continente venga a defenderles de absolutamente nada. Esta carta es solamente un esfuerzo personal para no contribuir a la vergüenza de permanecer en silencio ante la injusticia de la que ustedes han sido víctimas. Me consta que son personas dignas, probas y capaces, deslumbrantemente capaces. Sólo espero, deseo, por el bien de un proceso que amo y que necesito con vida, que encuentren la manera de seguir aportando, enriqueciendo, participando y sacudiendo conciencias, mientras sobreviven al desempleo y a la caza de brujas desatada por el actual ministro de Información y Comunicación de Venezuela.
Salud y que estos vientos que ahora empiezan a sacudir las plazas de esta vieja y entumecida Europa, se unan al huracán bolivariano que lleva dos décadas levantando las faldas del sistema que nos atenaza a todos. Entonces, como ahora, necesitaremos pensar con cabeza propia, y revolucionarios con escrúpulos y coraje como para aspirar a ser algo más, algo más importante –aunque tal vez peor remunerado- que “oficialistas”.
Artículo en:
Portal Rebelión (España)
