Colombia es el país con más desplazados y refugiados internos

Reportaje de Juan Alberto Sánchez en RT.

En los últimos años Colombia se convirtió en el líder global en número de desplazados internos y de refugiados. A este triste fenómeno están vinculados sectores muy poderosos, incluyendo a terratenientes, mafias, sectores políticos y empresas multinacionales.

Una de las víctimas de ese desplazamiento es Janeth, que actualmente se dedica a ayudar a familias que han sido forzadas a abandonar sus casas y parcelas. Un desalojo forzado, según ella, es una de las experiencias más amargas que pueden padecerse.

“Incursionaron a las casas violentando las puertas a la madrugada del 19 de diciembre. De las casas sacaron a todos los habitantes y nos reunieron en la iglesia del pueblo. Ellos llevaban un listado y fueron llamando a unas personas, entre ellas a mi esposo. Entonces, yo me fui para la casa y esperaba que él regresara”, cuenta Janeth.

Pero su esposo nunca regresó. Pocos días después, Janeth huyó con sus cuatro hijos, abandonando todo lo que tenía. De eso hace ya 11 años, pero aún mantiene vivo el recuerdo de su pareja asesinada por los paramilitares. Su preocupación ahora es que sus hijos tengan un destino diferente y próspero, algo por lo que lucha cada día.

Los registros
oficiales indican que 3,7 millones de personas sufren esta situación en Colombia. Y un reciente informe de Codhes (una ONG especializada), señala que más de cinco millones de colombianos viven lejos de sus hogares. Estas cifras ubican al país como 'líder' global en número de desplazados internos y de refugiados en el mundo, por delante de países como Sudán, Irak o Afganistán.

Para hacer frente a esta crisis estructural, el Gobierno atiende a esta población apoyándose en la justicia y aplicando compensaciones económicas para las víctimas y se lucha para prevenir este fenómeno. Es lo que pide Janeth para su familia. Ella necesita una ayuda económica para terminar de educar a sus hijos, un sueño que comparte con miles de desplazados. Sus objetivos no son otros que los de que se haga justicia con su caso y mejorar sus condiciones de vida.

“Eso es muy importante, porque es reconocer que el conflicto armado, pero, además, muchas otras conflictividades sociales y políticas, tienen raíces muy profundas en la inequidad social”, señala Carolina Tejada, subdirectora del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP).

Numerosos especialistas están de acuerdo en que el desplazamiento es además un mecanismo para la acumulación de riqueza, ya que a través de él se generan influencias para el control de territorios y recursos. El mayor índice de desplazamiento se presenta en las regiones ricas, que están en el punto de mira de las empresas mineras o en tierras que pueden ser dedicadas a cultivos extensivos, como el de la palma de aceite, que generan cuantiosos beneficios.

Los datos oficiales muestran una disminución en las cifras del desplazamiento de población y el Gobierno plantea una restitución de las tierras usurpadas. Pero paliar la situación actual del país al respecto no es sencillo. Quizá la solución del problema llegue por abordar la impunidad con que se llevan a cabo estos hechos.

Articulo completo en: http://actualidad.rt.com/actualidad/america_latina/issue_24887.html

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Carta a mis hermanos de La Radio del Sur

Por: Patricia Rivas.

A mis compañeros Hernán Cano, Ernesto J. Navarro, Marcos Salgado, Freddy Muñoz y Aarón Corredor y a la profesora Cristina González, con quienes he tenido el honor de servir en la trinchera comunicacional, víctimas hoy de la incompetencia y la mediocridad, la falta de criterio y de coraje del "oficialismo neurótico". Gracias por ser ejemplos rutilantes del periodismo y del ser humano que necesita la revolución.

Les escribo estas líneas desde el Sur del Norte, desde el Madrid del “No pasarán”, del que salí un día afortunado de 2005 para deslumbrarme con la luz del proceso revolucionario venezolano, con la entrega y la capacidad de creer de su pueblo en un mañana compartido.
En Caracas aprendí las cosas más importantes. Y, sorprendentemente, sigo llevándome lecciones. He tardado varios días en reponerme de la última, y les pido disculpas si estas líneas, y este abrazo que viaja con ellas, llega con algún retraso.

En lo que se ha llamado el “Caso Pérez Becerra” hay varios niveles de análisis. Yo me quedo en este escrito quizá en el más primario y básico de todos. La decisión de entregar (que no extraditar) ilegalmente a un comunicador social, a un sobreviviente del genocidio perpetrado por la oligarquía colombiana y sus servidores estatales y paraestatales, a un hijo de Bolívar, pónganlo como quieran, pudo haber sido un error, causado por la precipitación, por el nerviosismo ante las inmensas presiones y chantajes que se despliegan contra el Gobierno Bolivariano, por el deseo de obtener la extradición (ésta sí dilatada durante meses) de un presunto narco-traficante refugiado en Colombia. Como quiera que sea, la entrega de Pérez Becerra al Estado colombiano fue asumida por el Presidente Chávez como una decisión de la que él es responsable. Con la misma claridad con la que el presidente Chávez afirma que la detención y entrega ilegales de -“este señor… ¿cómo es que se llama?”- Joaquín Pérez Becerra, a la jauría santanderiana para que hiciera de presa estelar en la cotidiana cacería humana que son los noticieros de RCN y Caracol, con esa misma claridad y crudeza tendrá que asumir el presidente Chávez todas las consecuencias políticas y morales ligadas a esa decisión.

Hay un problema previo a la decisión de Estado de entregar a Joaquín. Y es un comunicado emitido por el Ministero del Poder Popular para la Comunicación y la Información (MINCI), horas después de la detención del comunicador de nacionalidad sueca en el aeropuerto internacional de Maiquetía, y cuyo contenido merece ser objeto de estudio por lo que implica en cuanto a calificar la actividad de un comunicador social como “terrorismo y crimen organizado”, y cuya última frase roza cotas insospechadas de surrealismo:


http://www.minci.gob.ve/a_r_r/1/204455/gobierno_bolivariano_ratifica.html

Comunicado sobre detención de Joaquín Pérez Becerra


Gobierno Bolivariano ratifica compromiso en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado

El ciudadano de nacionalidad colombiana fue aprehendido cuando intentaba ingresar al país en un vuelo comercial procedente de la ciudad de Frankfurt, Alemania. Las autoridades del Gobierno de la República de Colombia fueron informadas sobre este procedimiento.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, informa que, el día 23 de abril de 2011, fue detenido en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, el ciudadano de nacionalidad colombiana JOAQUÍN PÉREZ BECERRA, con cédula de ciudadanía número 16.610.245, cuando intentaba ingresar al país en un vuelo comercial procedente de la ciudad de Frankfurt, Alemania. El ciudadano Joaquín Pérez Becerra, es requerido por los órganos de justicia de la República de Colombia, a través de INTERPOL, con difusión roja, por la comisión de los delitos de concierto para delinquir, financiamiento del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas. De igual manera, han sido informadas las autoridades del Gobierno de la República de Colombia sobre este procedimiento.

El Gobierno Bolivariano ratifica así su compromiso inquebrantable en la lucha contra el terrorismo, la delincuencia y el crimen organizado, en estricto cumplimiento de los compromisos y de la cooperación internacional, bajo los principios de paz, solidaridad y respeto a los derechos humanos.

Caracas, 23 de abril de 2011.

Prensa MinCI


Se saldría del objeto de esta carta el análisis de lo que este comunicado oficial del Ministerio de Comunicación e Información en representación de todo el Ejecutivo Bolivariano implica, en cuanto a desconocimiento de la realidad colombiana y el sometimiento al discurso imperial de criminalización de la protesta social y la estigmatización de todos los actores que resisten al orden genocida impuesto por Bush tras el 11-S de 2001, con la letanía de la “lucha contra el terrorismo, la delincuencia y el crimen organizado”, y en pos de “la paz y el respeto a los derechos humanos”.

¿Sabían los redactores de ese comunicado y quienes lo suscribieron que “las autoridades del Gobierno de la República de Colombia” son responsables de más de 38 mil desapariciones forzadas en los últimos 3 años, o de más de cuatro mil asesinatos de civiles por las fuerza pública presentados como guerrilleros en los últimos 8 años, o de más de cuatro millones y medio de desplazados, despojados de sus tierras por la mafia narco-paramilitar que controla el Congreso, la misma que se permite perseguir y amenazar a periodistas, académicos, y jueces de la Suprema Corte cuando se vuelven molestos, la misma que armó el montaje judicial contra Joaquín usando unas pruebas que habrían servido para acusar al mismísimo presidente Chávez de “apoyar actos terroristas”?

Queda el comunicado en las hemerotecas para politólogos y estudiosis que tengan a bien analizar las fases y el encaje de las distintas piezas del proceso venezolano, paradójico hasta extremos que desafían la lógica más elemental en no pocos episodios.

Hubo algo antes del comunicado. Un “trino” del Ministro de Información y Comunicación, Andrés Izarra, a través de la red social Twitter, que ya anticipaba el desastre:

“Capturado en Venezuela colombiano solicitado por código rojo Interpol por terrorismo. En breve comunicado de nuestro Gobierno”.

“Colombiano”; “Código Rojo de Interpol”; “Terrorismo”. Los tres elementos del guión de Santos, los tres resortes de la trampa puesta al Gobierno bolivariano, eran asumidos acríticamente y con un entusiasmo que haría palidecer al mismísimo José Obdulio Gaviria, por quien tendría que haber provisto de contexto al resto del tren ejecutivo venezolano y haber actuado como filtro ante las presiones y la precipitación que se pretendía provocar y que terminaron conduciendo a un desastre en cadena que todavía no ha terminado de producir daños personales y políticos al interior del proceso venezolano.

El trino y el comunicado del ministro, así como la detención inicial de Joaquín Pérez Becerra pueden explicarse sencillamente: precipitaciones, desconocimiento, falta de criterio. En suma, errores políticos, que, en ese momento, podían reconocerse y ser subsanados.

Lo que ocurrió después fue muy grave. Se violó la Constitución venezolana y los convenios internacionales suscritos por Venezuela al recluir a Joaquín Pérez Becerra en condiciones de aislamiento, negarle el habeas corpus, negarle el derecho de ser visitado por las autoridades consulares suecas que requirieron entrevistarse con él, y entregarlo maniatado a la policía colombiana sin que se hubiera ni siquiera iniciado un proceso de extradición, saltándose a la torera todo el procedimiento contemplado en los acuerdos bilaterales suscritos por Venezuela.

Pero en las 48 horas que mediaron hasta que se consumó esta infamia, el Gobierno venezolano tuvo la oportunidad de escuchar a su base social, o a una parte muy consciente y muy firme de la misma, que le solicitó rectificación y que se protegieran los derechos de un ciudadano que no había cometido otro crimen que el de sobrevivir y resistir desde la trinchera de la comunicación alternativa el terror de Estado que aplica el régimen colombiano. Puede que cuando escribió su trino y firmó el comunicado del MINCI, Andrés Izarra creyera que Joaquín Pérez Becerra era un “peligroso terrorista de las FARC” (ya la simple asunción de este esquema es preocupante, pero no le vamos a pedir peras al olmo). Pero a las 24 horas se habían producido suficientes declaraciones dentro y fuera de Venezuela como para discernir quién era realmente Joaquín Pérez Becerra y cuáles eran las únicas “evidencias” que el Estado colombiano esgrimía para satanizarlo como un peligroso criminal: los mismos computadores mágicos con los que Uribe acusó al presidente Chávez y al presidente Correa de apoyar “el terrorismo”… una estrategia que todavía colea y se explota.

Mis compañeros de la Radio del Sur hacen entonces lo que cualquier periodista en sus cabales: busca testimonios que contribuyan a aclarar la situación, que arrojen luz sobre lo que verdaderamente está ocurriendo, que permitan discernir qué hay de hechos y qué difamación y propaganda en el guión escrito por el Gobierno de Santos y acatado acríticamente por el Gobierno venezolano. La responsabilidad y la mesura con la que actúa la Radio del Sur es encomiable. Busca los hechos, las voces que conocen de primera mano lo ocurrido. Está en juego mucho más que la vida de un hombre inocente. Está en juego la ética revolucionaria de un Gobierno cuya legitimidad radica precisamente en ser honorable, en escuchar a su pueblo.

¿Y qué ocurre? Telefonazo del MINCI a la presidenta de la Radio del Sur. Silencio. La directriz es clara: silencio sobre el tema, hasta que hable el presidente. Es domingo, 24 de abril. Se espera una alocución del presidente Chávez en la reunión del Consejo de Ministros. La alocución concluye con un anuncio inesperado: el aumento de sueldo que tradicionalmente se anuncia el 1 de Mayo. Ni palabra de Joaquín Pérez Becerra. Mientras todos los medios emiten el Consejo de Ministros en Cadena Nacional de radio y televisión, nos enteramos por el diario “El Tiempo” y la televisión colombiana de que Joaquín ha sido entregado y vemos su foto, esposado, con chaleco antibalas y flanqueado por dos soldados fuertemente armados, al estilo Robocop.

El caso Pérez Becerra encierra, de este modo, muchas infamias en cascada:

El 23 de abril fue la detención y la emisión de un comunicado por parte del Gobierno bolivariano que significa la asunción del guión imperial y la renuncia a ejercer la soberanía y al cumplimiento de la ley venezolana y del derecho internacional.

El 24 de abril fue la censura más obtusa y primaria, con un talante que hacía palidecer los “¿Por qué no te callas?” que tantas veces se habían intentado imponer al Gobierno venezolano desde otras instancias imperiales o neocoloniales. Ahora era telefonazo y “te callas porque te callas”. Más allá de la falta de respeto profesional que esto implica de parte de alguien que se considera periodista, la aplicación de esta censura directa sobre las emisiones de un medio de comunicación público, violan todos los códigos de ética, la Constitución y la Carta universal de derechos humanos, así como el más mínimo sentido democrático, por no hablar de palabras como socialismo o participación, que ponen nervioso al ministro en cuestión.

Después de la censura, vino la operación de propaganda demagógica y barata, anticipando el anuncio del aumento de salario que siempre se realiza el 1 de Mayo para distraer la atención del pueblo y conseguir un titular en los medios venezolanos al día siguiente que no dijera Joaquín por ningún lado. Lo que esto supone de falta de respeto al soberano y de emulación de los mismos mecanismos de ocultación y manipulación contra los que se rebeló el pueblo de Bolívar el 13 de abril de 2002, es mejor que sea cada venezolano y venezolana quien lo juzgue.

Pero la cadena de infamias no se detiene aquí.

El 9 de mayo es destituida fulminantemente la profesora Cristina González como presidenta de la Radio del Sur, y se designa en su puesto a Desirée Santos Amaral, una persona que se ha destacado por haberle hecho un flaco favor al Gobierno en su confusa defensa de la Ley Resorte, llegando a admitir que censuraba los contenidos de internet, que era la tesis de la oposición venezolana, y defendiendo dicha censura, que nunca estuvo en el espíritu ni en la letra de la ley. Su oficialismo acrítico y su demostrada ausencia de criterio se ven ahora recompensadas.

Los trabajadores de La Radio del Sur en asamblea respaldan la labor de su presidenta Cristina González y se solidarizan con ella ante el atropello sufrido, y hacen un llamado a la nueva presidenta a ser respetuosa con los principios de participación y funcionamiento democrático en la toma de decisiones editoriales en la emisora.

Se temen lo que anuncian rumores de pasillo: represalias y despidos contra quienes osaron cuestionar la detención y entrega de Joaquín Pérez Becerra.

Y no están errados. La nueva directiva de La Radio del Sur cumple con las instrucciones recibidas y ruedan cabezas. Cinco trabajadores son despedidos, como escarmiento de quienes quedan y como satisfacción personal del ministro.

Se ha desatado una caza de brujas, alimentada por viejas animadversiones del ministro contra periodistas que no le fueron dóciles cuando ordenó cacicadas en sus tiempos de presidente de TeleSUR. Cuando perseguía y esigmatizaba a los periodistas más conscientes, calificándolos de “tirapiedras” y entregaba el poder de decisión a los desembarcados de RCTV; cuando vetaba a determinadas caras en la pantalla de Telesur, por “gordos” o “feas”. Cuando contrataba los servicios de una consultora española de comunicación para que, a precios astronómicos, hiciera pedazos la programación y la plantilla del canal, con el criterio de que Telesur era “aburrido” y hacían falta periodistas “polivalentes”, mientras en el noticiero que ellos dirigían en la Sexta se mentía descaradamente sobre Venezuela. Cuando despedía a trabajadores por el crimen de reunirse en una asamblea para poner en común problemas y propuestas de solución, siguiendo el llamado del presidente a organizarse e impulsar procesos de revisión, rectificación y reimpulso al interno del proceso. Cuando despedía a periodistas que se habían jugado la vida por Telesur, cubriendo la guerra contra Líbano sin medios materiales ni logísticos, con las uñas, y se les dejaba a los pies de los caballos, sabiendo que su vida corría peligro. Cuando los trabajadores no percibían el salario que les correspondía, mientras se despilfarraba el dinero público en asesores, vehículos, obras faraónicas y gastos astronómicos de administración, y faltaban las cámaras con las que cubrir mínimamente los acontecimientos en la propia Caracas.

Quienes hemos trabajado con Andrés Izarra no nos extrañamos de que todo esto haya podido ocurrir. Lo que nos causa estupor es comprobar que sus goriladas sean asumidas por el Gobierno bolivariano al completo y por el propio presidente.

¿Es esta su política comunicacional? ¿La censura, la manipulación y la represión?

¿Por qué goza Andrés Izarra de impunidad ante su probada incompetencia y clamorosa ausencia de criterio político?

¿Por qué él puede dilapidar el presupuesto de la nación, despedir ilegalmente a cientos de trabajadores en Telesur (hasta el año 2008, en que le perdí la pista, todos y cada uno de los más de trescientos trabajadores que habían demandado a Telesur por despido improcedente, fueron amparados y tuvieron que ser indemnizados por el canal), entregar la administración del canal a oscuras capitanas y siniestros personajes que hipertrofian la parte administrativa hasta asfixiar las operaciones del que debería ser el canal más joven y ágil de los medios del Estado? ¿Por qué él puede hacer todo eso sin que se le cobren responsabilidades?

¿Y a Cristina González, decana y maestra de periodistas, luchadora leal a prueba de golpes de estado, de ausencia de presupuesto, de asfixia material y de todo tipo de trabas, se la sacrifica sin pensarlo dos veces, sin que nos tiemble la mano?

Cristina González es la directora de un medio de comunicación con los pantalones mejor puestos que he conocido. Su pasión por la revolución bolivariana sólo es comparable a su pasión por el periodismo con ética, que no come cuentos de equidistancias –que tanto le gustan a Izarra, por cierto- que no transa con los principios. Y la he visto sostener el teléfono con dignidad frente a funcionarios de diversos rangos, habitualmente del MINCI, pero también de otros ministerios, que llamaban a ejercer presión. A diferencia de TeleSUR, donde se levantaban notas, programas y documentales ante cualquier llamada de cualquier funcionario gubernamental latinoamericano, sin la menor capacidad de defensa de la soberanía de las decisiones editoriales del canal, en YVKE Mundial mientras la dirigió Cristina González y en La Radio del Sur, eso era mucho más improbable.

¿Es esa la cuenta que le están cobrando? ¿Son así los medios de comunicación públicos que necesita el presidente Chávez de cara a la próxima campaña electoral? ¿Acríticos? ¿Pasivas cajas de resonancia de las estrategias de propaganda diseñadas -¡ay!- por el MINCI? ¿Meros difusores de los mensajes del presidente Chávez?

A menudo los desastres sirven para poner en evidencia los límites y las fallas de un sistema, de la naturaleza que sea. El Gobierno bolivariano y la naturaleza misma del tipo de democracia que se practica en Venezuela, han sido puestos a prueba por el caso Pérez Becerra. El hecho de que fuera una trampa diseñada para poner en aprietos y arrodillar al Gobierno venezolano no atenúa en ninguna medida la dimensión de la cadena de injusticias cometidas, consentidas y sancionadas.

Corresponde al pueblo venezolano, a todos y cada uno de los ciudadanos dueños del proceso bolivariano, decidir con su acción u omisión el rumbo que tome el proceso. El presidente Chávez se beneficiará o será víctima del resultado de este proceso dialéctico. No nos equivoquemos. Si el pueblo decide dejar que Chávez gobierne solo, si no pone los límites y llena de contenido la tan traída y llevada “democracia participativa y protagónica”, no será nadie sino el pueblo el responsable de su destino.

Lo que ha ocurrido en Venezuela desde el 23 de abril es una cadena de infamias, de injusticias, de abusos y errores políticos garrafales. Están a la vista de todos las vergüenzas de las carencias del MINCI, del Gobierno en su conjunto, del Sistema Nacional de Medios Públicos, de la democracia venezolana.

No me corresponde a mí decir lo que hay que hacer. Eso sería calificado, con razón, como una injerencia imperdonable.

Pero es mi obligación solidarizarme con los caídos por la verdad y por la decencia en esta escaramuza. Decirles que todas las goriladas de Andrés Izarra no podrán eclipsar lo que fueron momentos brillantes del ejercicio del periodismo, en las ondas y a través de la web, y que deslumbraron más por el silencio y la mediocridad cobarde que los rodearon en las horas en que Pérez Becerra permanecía detenido en Caracas, en que todavía se podía evitar la infamia.

En estos días, compañeros, camaradas, colegas y compatriotas (en el sentido que ustedes me enseñaron que tiene esta palabra), en estos días de desolación pienso mucho en Joaquín Pérez Becerra, pudriéndose en una mazmorra colombiana junto con otros 7.500 presos políticos, y vienen a mi cabeza la “Balada de Sacco y Vanzetti”, de Joan Baez, dos de esos que Andrés Izarra llamaría “tirapiedras”, “terroristas” que fueron electrocutados por su admirada democracia estadounidense bajo un montaje judicial:

“Father, yes I am a prisoner / Padre, sí, soy un preso

Fear not to relay my crime / no temo revelar mi crimen

The crime is loving the forsaken / el crimen es amar a los desamparados

Only silence is shame. / solamente el silencio es vergüenza."


Me consta que ustedes asumen su decisión y que no necesitan que nadie desde otro continente venga a defenderles de absolutamente nada. Esta carta es solamente un esfuerzo personal para no contribuir a la vergüenza de permanecer en silencio ante la injusticia de la que ustedes han sido víctimas. Me consta que son personas dignas, probas y capaces, deslumbrantemente capaces. Sólo espero, deseo, por el bien de un proceso que amo y que necesito con vida, que encuentren la manera de seguir aportando, enriqueciendo, participando y sacudiendo conciencias, mientras sobreviven al desempleo y a la caza de brujas desatada por el actual ministro de Información y Comunicación de Venezuela.

Salud y que estos vientos que ahora empiezan a sacudir las plazas de esta vieja y entumecida Europa, se unan al huracán bolivariano que lleva dos décadas levantando las faldas del sistema que nos atenaza a todos. Entonces, como ahora, necesitaremos pensar con cabeza propia, y revolucionarios con escrúpulos y coraje como para aspirar a ser algo más, algo más importante –aunque tal vez peor remunerado- que “oficialistas”.

Artículo en:

Portal Rebelión (España)

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La pobreza en Colombia

Reportaje en RT (Russia Today)

Todos los días, desde temprano, Gloria Tasamar empieza a envasar el desinfectante que ella misma prepara para después venderlo de casa en casa en largas jornadas de trabajo. Este producto se conoce en la zona como “Límpido”, y es la principal fuente de ingresos, tanto para ella, como para sus padres y sus cuatro hijos.

“Me toca dejarle los niños a mi mamá, pues yo a veces me voy todo el día por allá, trabajando. Yo trabajo con el Límpido. Me voy todo el día y no llego hasta por la noche. El esposo me dejó, me abandonó, y yo soy desplazada”, dice Gloria.

Las dificultades de Gloria para poder sobrevivir y sacar su familia adelante son enormes. Se beneficia de un programa asistencial del Gobierno para familias muy necesitadas, gracias al cual puede complementar sus ingresos.

“Hasta ahora yo me he quedado con los hijos, y hasta ahorita yo los estoy levantando al alcance mío, a mi capacidad. De todas maneras, a mí me ha favorecido la ayuda del Gobierno, me ha favorecido mucho la ayuda que me han dado”, cuenta la madre de familia.

Hay muchos casos parecidos en el país. Las cifras oficiales reconocen que en Colombia hay veinte millones de personas pobres y más de siete millones de indigentes. Significa que más de la mitad de la población pasa hambre.


“Es un contraste asombroso el hecho de que el país, en los últimos años, haya crecido a unas tasas de cuatro, cinco, seis por ciento. Son tasas de crecimiento importantes. Pero, estructuralmente, se mantienen la pobreza y la indigencia”, explica Héctor Moncayo, investigador del Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos de Bogotá.

La estructura productiva del país cambió aceleradamente durante los últimos años, pasando de una economía basada en pilares como la agricultura, la ganadería y la manufactura, a desarrollar sectores como la minería y los hidrocarburos, los cuales han adquirido un peso sustancial en el producto interno bruto. Actualmente, de los 114 millones de hectáreas que conforman el territorio colombiano, un 40% está explotado en concesión minera.

“El país vive del sector servicio y del sector comercio. Es en ese sector donde encontramos buena parte de la población subempleada o con desempleo disfrazado. Eso explica por qué el país no ha podido nunca resolver la enorme franja de pobreza que existe. No ha podido resolverlo porque no hay actividades productivas que generen puestos de trabajo productivos para la población colombiana”, sigue explicando Héctor Moncayo.

Tradicionalmente, la pobreza siempre se ha atendido mediante programas asistencialistas, como Familias en Acción, que beneficia a Gloria, cuya cobertura alcanza las 2 900 000 familias, con una inversión de tres billones de pesos anuales.

Son medidas que han sido importantes pero que están lejos de resolver la base del problema y de hallar una solución integral. El Gobierno habla de una estrategia que haga frente no sólo a la pobreza, sino también a la desigualdad social. Colombia es el país en el que se presentan mayores contrastes de toda América Latina y el cuarto en el mundo, según un estudio de la ONU.

Algunos economistas reconocen avances en la política contra la pobreza, pero afirman que falta mucho para mejorar la distribución de los ingresos. También coinciden en la urgencia de atacar la cúspide de la pirámide, que son las clases altas que solo se dedican a la acumulación de riquezas, sin generar un beneficio público ni una productividad común. Es una élite poderosa, a la que por ahora ningún Gobierno ha hecho frente para intentar solucionar la raíz de un problema que asola al país.

Articulo completo en: http://actualidad.rt.com/actualidad/sociedad/issue_24737.html

Despido masivo en La Radio del Sur

El colectivo de Trabajadoras y Trabajadores de La Radio del Sur denuncia persecuciòn politica y despidos masivos en la emisora y responsabiliza al ministro Andrés Izarra de la persecución.

Luego del atropello contra la profesora Cristina González, destituida de la presidencia de La Radio del Sur de forma abrupta e inexplicada, se produjo este martes 24 de mayo el despido simultáneo de un grupo de trabajadores conformado por: el periodista colombiano Fredy Muñoz Altamiranda, quien se encuentra en Venezuela en calidad de refugiado político y cumple funciones de coordinación del informativo meridiano; Marcos Salgado, periodista argentino encargado de la coordinación de Prensa y conductor de “La Vuelta al Sur”; Hernán Cano, periodista argentino encargado de la coordinación de Producción y conductor del programa “En Órbita”; Aaron Corredor, periodista colombiano encargado de la coordinación de Programación; y Ernesto J. Navarro, periodista venezolano, conductor del programa “Brújula del Sur”.

El único argumento: el “relanzamiento” y la “reorganización” de La Radio del Sur.

Denunciamos este accionar persecutorio contra compañeros comunicadores de larga trayectoria profesional, que dieron sobradas pruebas de su compromiso con la Revolución Bolivariana y las luchas de los pueblos de Nuestra América.


El lunes 9 de mayo, cuando se destituyó de su cargo a Cristina González, este colectivo de trabajadoras y trabajadores convocó a la nueva presidenta, Desireé Santos Amaral, a conversar para seguir construyendo La Radio del Sur como proyecto de comunicación al servicio de la emancipaciòn latinoamericana.

Este lunes 23, reiteramos por escrito a la presidenta Santos Amaral nuestra voluntad al diálogo, ya que durante más de 15 días no recibimos orientaciones. Sólo rumores y presiones veladas.

Responsabilizamos al Ministro de Comunicación e Información, Andrés Izarra, por este nuevo ataque contra trabajadores y trabajadoras, y exigimos el fin de la persecución laboral contra quienes “ha puesto el ojo hace tiempo”, como acaba de denunciar la ex presidenta de la emisora Cristina González.

Agradecemos a todas y todos los camaradas revolucionarios que nos acercaron su solidaridad y su repudio a estas acciones, que las evaluamos en el contexto de un ataque al proyecto polìtico-comunicacional que venimos desarrollando, priorizando las acciones y las propuestas del movimiento popular y apelando a la necesaria autocrítica dentro del proceso de profundización de la Revolución y que no quede congelada por los sectores reformistas. No hacemos otra cosa que acudir al llamado del Comandante Hugo Chávez.

Sabemos de que hay intenciones de aplicar más despidos, así como el propósito de sacar más programas del aire, además de los ya mencionados.

El Colectivo de Trabajadoras y Trabajadores se mantendrá en La Radio del Sur aportando como hasta ahora, con su alto nivel de compromiso y entrega a la Revolución Bolivariana, junto al Comandante Hugo Chávez y los pueblos en lucha por el Socialismo.

En el contexto de las más recientes agresiones que sufre Venezuela por parte de Estados Unidos, con la imposición de sanciones contra PDVSA, reiteramos que el enemigo principal es el Imperio-


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DEFENSORES DE DD. HH. DENUNCIAN QUE SON VÍCTIMAS DE MÚLTIPLES AGRESIONES EN COLOMBIA

Por: Juan Alberto Sánchez Marín

Reportaje en RT

Uno de los organismos no gubernamentales más conocidos de Colombia, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), aprovechó la visita a Bogotá del presidente de la Corte Penal Internacional (CPI), Sang-Hyun Song, para dar a conocer la problemática de la observación de los derechos humanos en este país sudamericano.

Denunciaron en un comunicado, que pese a ciertos éxitos del Gobierno en la lucha contra los grupos paramilitares, cada vez son más frecuentes los casos de violación de los derechos más fundamentales en el país. Reclaman, en especial, que no han cesado las prácticas de hacer pasar por cabecillas de la guerrilla a los líderes sindicales, estudiantiles y de otros opositores al gobierno, a pesar del cambio de gobierno.

El actual Ejecutivo ha expresado repetidamente su decisión de tolerancia cero con cualquier tipo violación de los derechos humanos en el país. “Un mensaje muy claro en el cual está empeñado el presidente Juan Manuel Santos —declaró no hace tiempo el vicepresidente, Angelino Garzón— es que ningún servidor público en Colombia debe verse involucrado en delitos que violen los derechos humanos o el derecho internacional humanitario”.


Sin embargo, afirma el comunicado del MOVICE, que “la impunidad campea y se le adeuda a las víctimas el derecho a constituirse en parte civil, según lo contempla la Ley del sistema procesal colombiano”. Y uno de sus portavoces, Franklin Castañeda, explica: “Se persigue políticamente a las personas por su opinión, porque están organizados, porque se oponen socialmente al Estado, pero también por el simple hecho de poseer un bien que le interesa al Estado colombiano, o que le interesa a una multinacional o a una empresa de gran capital colombiano”.

Castañeda era un joven estudiante en Barranquilla, su ciudad natal y la cuarta más poblada del país situada en la costa del mar Caribe. Allí se distinguió por su liderazgo en el ámbito estudiantil, pero en abril del 2006, este comprometido activista fue víctima de un atentado y pocos meses después sufrió un intento de secuestro. Luego de eso tuvo que trasladarse a Bogotá, donde reside desde entonces, y continúa luchando por los derechos de los que sufren persecución en todas las regiones del país.

“Soñamos con un proceso de verdad”, dice el portavoz del MOVICE, refiriéndose a un proceso judicial que permita “saber quién asesinó a nuestros familiares, saber por qué se nos persiguió”. “Cuando el pueblo colombiano sepa por qué tantas personas fueron masacradas en Colombia —asegura el activista— y quiénes están detrás de esa estrategia, que los hizo más ricos, mientras a otros nos hizo más pobres, el pueblo colombiano va a cambiar”.

A diferencia de muchos otros países, destacan en el colectivo de abogados 'José Alvear Restrepo', otra organización no gubernamental colombiana, la detención por razones de conciencia no se realiza en el país de manera descarada, sino que siempre se aprovechan los conflictos militares existentes en el país.

“Hay decisiones judiciales preventivas frente a la comisión de nuevos crímenes, —sugiere Alirio Uribe Muñoz, el presidente de este colectivo— y si los criminales sienten que pueden ir a lo largo y ancho del país desapareciendo, asesinando, haciendo actos de corrupción, pues esos crímenes se siguen repitiendo. Y eso es también uno de los retos que tenemos en Colombia”.

Ambas organizaciones cifran en 130 el número de ataques anuales contra los defensores de los derechos humanos entre 2002 y 2009. Siendo 16 de ellos asesinatos. Mientras que en 2009 y 2010, esos actos de agresión superaron los 170, según denunciaron las dos entidades

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A los tres años de extradición de 14 paramilitares campea la impunidad

Comunicado público del Movimiento de Víctimas de los Crímenes de Estado en Colombia, MOVICE

Tras el tercer aniversario de la extradición a los Estados Unidos de 14 jefes paramilitares y tomando en cuenta la visita a nuestro país de Sang Hyun Song, presidente de la Corte Penal Internacional, quien evaluará el proceso de desmovilizaciones, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, hace evidente su postura respecto a los pocos avances en cuanto a los derechos de las víctimas de crímenes de Estado a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición.

En materia de verdad, es preciso enfatizar que desde un inicio las extradiciones de estos jefes paramilitares adolecieron de un proceso claro que vinculara acuerdos jurídicos de cooperación del gobierno norteamericano y el colombiano para avanzar en la verdad, lo que ha conllevado a la falta de garantías en la consecución de las confesiones, aislamientos de estos jefes paramilitares y, por consiguiente, la limitación de las víctimas en el acceso a la verdad de los crímenes cometidos por orden y mando de los mismos. A lo anterior se suman las amenazas y asesinatos que han sufrido algunos de los familiares, abogados y personas cercanas a los jefes paramilitares extraditados, además de la compra, presión y amenaza de testigos claves. Varios jefes paramilitares extraditados se han pronunciado públicamente sobre el tema y se han rehusando, caso Mancuso, a seguir colaborando con la Ley de Justicia y Paz.


En los últimos tres años, nuestro Movimiento ha logrado apenas entrevistarse directamente con los extraditados en cinco oportunidades. Estas entrevistas de víctimas y parlamentarios a los extraditados estuvieron rodeadas de múltiples dificultades por la falta de claridad y formalización de un procedimiento para acceder a las cárceles en Estados Unidos y a los procesados.

En términos de justicia, las extradiciones no han permitido ningún avance significativo en cuanto a castigo a los responsables de crímenes de Estado, que como se sabe, fueron presentadas ante la opinión pública bajo el supuesto de juicio a los jefes paramilitares. Nada de ello ha pasado. Por lo contrario, la impunidad campea y se le adeuda a las víctimas el derecho a constituirse en parte civil, según lo contempla la Ley 600 de 2000 del sistema procesal colombiano, pues los crímenes de que están acusados los extraditados fueron cometidos en su mayoría antes del año 2005, por citar tan sólo un ejemplo.

En cuanto a reparación integral, no ha habido entrega efectiva de bienes paramilitares al Fondo para las Víctimas de Acción Social; por lo contrario, éstos permanecen en las arcas estadounidenses. Es importante resaltar que “Macaco” dejó de entregar bienes apenas lo extraditaron, mientras que “Jorge 40” comenzó estas entregas después de su extradición. Además no aparecen registros de: Diego Alberto Ruíz, Diego Fernando Murillo, Eduardo Vengoechea, Juan Carlos Sierra, Manuel Enrique Torregosa, Martín Peñaranda y Nodier Giraldo Giraldo; En este sentido, no ha habido ningún avance que permita expresar la no repetición de los crímenes, ni tan siquiera un atisbo que permita dilucidar la efectiva persecución de los bienes de estos jefes paramilitares.

El MOVICE expresa, por todo lo anterior, su desacuerdo con la extradición, mecanismo ideado desde un comienzo como expresión de la impunidad por parte del gobierno Uribe, para restar las posibilidades de que estos jefes paramilitares confesaran las relaciones entre las estructuras paramilitares y el Estado colombiano. Estos tres años de extradición presentan un saldo negativo en cuanto a los derechos a las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral y las garantias de no repetición. Nos sumamos a las voces que plantean el acceso pleno de las víctimas a los extraditados en los Estados Unidos; la priorización de éstas en los procesos de la justicia ordinaria, adicional a los de Ley 975 de Justicia y Paz; y la existencia de las garantías necesarias, por parte del Estado colombiano, a testigos y familiares de los extraditados, para que cooperen con la justicia colombiana.

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, 17 de mayo de 2011

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Trabajadores(as) de La Radio del Sur rechazan destitución irrespetuosa y denigrante de su presidenta, profesora Cristina Gonzalez

9 de mayo de 2011. Los trabajadores(as) de La Radio del Sur, hicieron llegar a esta redacción un comunicado donde expresan su rechazo a la destitución de la directora de la misma, profesora Cristina Gonzalez. A continuación el texto del mismo:

COMUNICADO DEL COLECTIVO DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE LA RADIO DEL SUR

Ante la destitución de la presidenta de La Radio del Sur, el Colectivo de Trabajadoras y Trabajadores de La Radio del Sur, reunido en asamblea, emite el siguiente comunicado:

1)

Rechazamos la destitución de la profesora Cristina González, como presidenta de La Radio del Sur, cargo que ocupó desde mayo de 2010, decisión comunicada vía telefónica este lunes 9 de mayo por el Ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Andrés Izarra, quien informó que en su lugar se nombraría a la periodista Desireé Santos Amaral.

Consideramos irrespetuosa y denigrante la forma en que la profesora González fue separada de su cargo, sin ninguna explicación ni formalidad alguna, conducta que no es coherente con los principios socialistas.

Como trabajadoras y trabajadores, protagonistas principales de la Revolución Bolivariana, sentimos además que con esta decisión se atropella también nuestra partipación en un proceso que está llamado a cambiar la cultura verticalista y antidemocrática que está reñida con el socialismo, ya que ni siquiera fue consultada nuestra opinión.

No ponemos en duda la autoridad del presidente de la República, Hugo Chávez Frías, como líder de la Revolución Bolivariana, para realizar cambios en las direcciones de sus ministerios y entes adscritos, pero consideramos que la forma elegida por el ministro no es la correcta.


2)

Pensamos -ya que desconocemos el motivo por el cual fue destituida de la presidencia de La Radio del Sur- que esta decisión no es contra la figura y el trabajo de la profesora Cristina González, sino contra el proyecto de comunicación alternativa que venimos construyendo las trabajadoras y los trabajadores de La Radio del Sur, y que en algunos temas y procesos ha sido vanguardia informativa, en Venezuela y en Latinoamérica.

No desconocemos que existen intentos de sectores reformistas dentro de la Revolución a los que les incomoda la sola visibilización de la lucha de nuestro pueblo, de los logros que consiguen en la dura batalla contra el burocratismo y el oportunismo; de la exposición del ejercicio de la autocrítica, no como mera referencia retórica, si no como práctica revolucionaria; de la construcción de una comunicación alternativa dentro del Sistema Nacional de Medios Públicos, en donde las fuentes de la noticia son el pueblo organizado, los movimientos sociales y políticos, además de los funcionarios del Gobierno Nacional.

3)

Ante esta situación, el Colectivo de Trabajadoras y Trabajadores de La Radio del Sur, convoca a la compañera Santos Amaral a contin uar con el proceso participativo en la dirección de la emisora, junto con las trabajadoras y los trabajadores en la toma de decisiones administrativas y editoriales, que ha sido característico desde el inicio de este proyecto inédito de comunicación para la liberación de nuestros pueblos.



“De la autocrítica surge siempre la fuerza para el reimpulso” Hugo Chávez Frías



Colectivo de Trabajadoras y Trabajadores de La Radio del Sur

Marcela Cornejo Zamorano

Jessica Dos Santos J.

Gerardo Szalkowicz

Vanessa Gutiérrez

María Mercedes Cobo Echenagucia

Kevin Hernández

América Millán

Mercedes Medina

Victoria Torres

Ernesto García

Fredy Muñoz Altamiranda

Yanosky Verdi Pacheco

Carlos Echeverri Florez

Aarón D. Corredor Russi

Arlene C. Flores P.

Hernán Cano

Gabriela Gurvich

Daniel Santos

Marcos Salgado

Robert Linares

Ernesto J. Navarro

Ana Teresa Pérez Ferrer

Leticia Marinoni

Richard Osuna


Adhesiones: colectivodetrabajadores@gmail.com

Comunicado en: Aporrea

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“Joaquín Pérez no fue extraditado, sino entregado irregularmente. El Gobierno venezolano aún puede rectificar”

Por: Patricia Rivas

El comunicador Joaquín Pérez Becerra, director de la Agencia de Noticias Nueva Colombia (ANNCOL), ciudadano sueco y ex refugiado con estatuto por ser sobreviviente del genocidio de la Unión Patriótica, por lo que tuvo que huir de Colombia hace dos décadas, fue detenido en el aeropuerto de Caracas el sábado 23 de abril y entregado dos días después al Estado que casi acabó con su vida y asesinó a su esposa y a más de cuatro mil de sus compañeros, militantes, candidatos y cargos electos de este partido. El Gobierno venezolano ha justificado esta entrega "exprés", ejecutada en 48 horas, en el cumplimiento de los convenios internacionales y ha recriminado al Gobierno sueco por no ejecutar el código rojo de Interpol y al propio Joaquín Pérez por viajar a Venezuela, "poniendo en riesgo a la revolución venezolana". Pero más pareciera que el Gobierno venezolano ha sido víctima de una jugada calculada del ejecutivo colombiano, a la que se ha prestado Interpol, y de su propia precipitación y negligencia en el cumplimiento de las leyes. Acudimos a un jurista experto en derecho internacional y defensor incansable de derechos humanos para que nos explique cómo debería haber sido el proceso de extradición de Joaquín Pérez Becerra, si es que un juez colombiano hubiera llegado a requerirla, y cómo se podría reencauzar el caso para que fuera respetuoso de la ley, de los convenios y los tratados internacionales suscritos por Venezuela.

Desde el punto de vista jurídico, ¿hasta qué punto se han vulnerado normas del derecho internacional y del derecho nacional venezolano con esta entrega?

Esta entrega no responde a ningún procedimiento establecido en el derecho internacional y creo que tampoco en el derecho nacional venezolano, porque desde luego, no puede equipararse a un procedimiento de extradición. Un procedimiento de extradición es un procedimiento complejo, que debe ser sustanciado siempre con las debidas garantías de defensa para el extraditable. Estamos hablando de una entrega policial exclusivamente, en la que no se han respetado los derechos del reclamado.

¿Qué es un código rojo de Interpol y qué implica?

El código rojo de Interpol no significa necesariamente una orden de detención internacional. Un código rojo de Interpol es una orden de prioridad que puede ser tanto una orden de ubicación e identificación como una orden de detención, puede ser ambas cosas. Antes de actuar respecto a una persona detenida a consecuencia de un código rojo de Interpol, cualquier Gobierno debe verificar de que clase de código rojo se trata, y a fecha de hoy nadie sabe cuál código rojo tenía Joaquín Pérez Becerra. En principio, un código rojo establece una obligación de actuar para las autoridades del país donde se ubica una persona con tal requerimiento, obligación de que se ubique esta persona y, una vez ubicado, debe ser puesto a disposición de las autoridades hasta que se confirme si hay una orden de detención contra él o no. Porque incluso un código rojo no necesariamente lleva aparejada la posterior orden de detención internacional. Es lo habitual, pero no tiene por qué ser así, podría ser simplemente una orden de ubicación.


¿Cómo es posible que Joaquín Pérez no fuera detenido en Suecia ni en Alemania, habiendo un código rojo de Interpol?

La única explicación que tiene el que, teniendo un código rojo, no hayan sido las autoridades del país donde reside, que en este caso era Suecia y es parte del sistema de Interpol, quienes lo hayan detenido, es que dicha orden de Colombia a Interpol no se hubiera cursado hasta que Joaquín Pérez hubiera abandonado Suecia. No hay otra explicación al hecho de que las autoridades suecas no le hubieran visitado y no lo hubieran –al menos- informado de que tenía un código rojo y, en su caso, le hubieran notificado si ese código rojo llevaba aparejada una detención con fines extradicionales y el inicio de un procedimiento de extradición con puesta a disposición de las autoridades, o bien le hubieran comunicado que se trataba de una solicitud de ubicación.

El hecho de solicitar la extradición de un nacional del país al que se le solicita -por ejemplo, solicitar la extradición de un sueco a Suecia- requiere la aplicación de unas normas específicas que, en resumen, consisten en que el Estado sueco, una vez concluido el procedimiento de extradición y aunque hubiera una resolución judicial de entrega, el Estado sueco puede decidir no entregar a un ciudadano de esa nacionalidad y proceder a juzgarlo en Suecia por los mismos delitos por los que se reclama la extradición. Este supuesto habría sido el más probable en Suecia atendiendo a la condición de Joaquín Pérez como antiguo refugiado en Suecia, considerando que la Convención de Ginebra de 1951 sobre refugiados prohíbe taxativamente la enterga de un refugiado o de quien lo haya sido, al país del que huyó debido a una persecución.

Por ello es absolutamente obligatorio, una vez recibida la solicitud de detención internacional (código rojo), que las autoridades del país donde reside o se encuentra la persona reclamada por Interpol, en primer lugar, se lo notifiquen al reclamado y procedan a garantizar el procedimeinto de extradicion, siempre con intervención judicial, ya sea mediante una detención o mediante una medida cautelar que garantice que el extraditable no pueda abandonar el país hasta que concluya el procedimiento de extradición.

A la vista de lo anterior, todo indica que no existía ningún código rojo ni ninguna orden de detención internacional respecto a Joaquín Pérez mientras que éste se encontraba en Suecia.

Por otra parte, si ha viajado a Venezuela través de Alemania, ha entrado en Alemania y tampoco ha sido advertido por las autoridades alemanas de que existía ese código rojo, es evidente que tampoco existía ninguna reclamación colombiana u orden de Interpol mientras que Joaquín Perez estaba en Alemania.

La orden de Interpol se tiene que haber emitido en el momento en que se subió al avión en Alemania y ya había pasado los controles de fronteras de ese país. Eso encaja perfectamente con la sorpresa que a todo el mundo ha causado el hecho de existir esa orden internacional de detención de Interpol cuando Joaquin Perez llega al aeropuerto de Caracas. Por ello, es obvio el seguimiento que por parte de las autoridades colombianas y, probablemente sin orden judicial, desde Suecia se le venía efectuando a este hombre.

Las autoridades colombianas sabían perfectamente cuándo llegaba a Venezuela, en qué vuelo y desde dónde llegaba. Es decir, estaba siendo sometido a un seguimiento, con lo cual todo indica que ha habido una nueva utilización fraudulenta de Interpol, igual que ocurrió con la intervención de Interpol a solictud de las autoridades colombianas, respecto a los supuestos ordenadores de Raúl Reyes encontrados en el ataque a Sucumbíos: nuevamente en este caso las autoridades colombianas intentaron dar visos de legalidad a una actuación legalmente fraudulenta, a través de la intervención de Interpol. De alguna forma han obtenido la connivencia de Interpol para legalizar una actuación que probablemente ha sido irregular.

Cada vez son más las sospechas sobre el comportamiento imparcial de un organismo como Interpol, no en este sino en otros asuntos. Hay que recordar que, recientemente y por primera vez, en noviembre de 2010, Interpol se ha negado a introducir en su sistema órdenes de busca y captura y detención con fines extradicionales, concretamente las órdenes emitidas por el Juzgado Central de Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional en el caso José Couso, respecto a los tres militares estadounidenses procesados pro el asesinato del cámara de televisón en Bagdad. Ha sido la primera vez en la historia de Interpol que este organismo se ha negado a cumplir una orden judicial. En este caso es todavía más sorprendente esta negativa, porque en la primera fase del proceso de Couso, hasta el año 2007, fecha en que se archivó la causa por orden de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacioanl – luego reabierto por decisión del Tribunal Supremo- los tres militares estadounidenses tenían orden de busca y captura internacional a través del sistema de Interpol, tenían un código rojo e Interpol había introducido los datos. El hecho de que posteriormente, en fechas recientes, Interpol se haya negado a introducir unas órdenes que ya había introducido en su momento alegando que no tiene competencia porque no es una cuestión criminal sino política o militar, que es lo que han alegado en aplicación del artículo 3 del Estatuto de Interpol, viene a poner de manifiesto la deriva en los últimos años, especialmente desde que llegó a la secretaría general de Interpol el señor Noble, y la supeditación absoluta a las indicaciones de Estados Unidos, que son quienes tienen el control de Interpol en estos momentos. Interpol no es un organismo imparcial, sino que es un organismo policial internacional al servicio de los Estados Unidos.

La operación ha sido clara: se ha coordinado con Interpol por parte de las autoridades colombianas, le han cursado la orden de código rojo cuando estaba ya embarcado en el avión desde Alemania, de forma que ni Joaquín Pérez ni nadie podía saber que cuando llegara a Caracas y abandonara la Unión Europea – de la que es ciudadano- iba a tener este código rojo.


La acusación contra Joaquín Pérez Becerra se sustenta, que sepamos, hasta el momento, únicamente en supuestas pruebas halladas en los computadores supuestamente encontrados en el campamento bombardeado de Raúl Reyes. ¿Pero no fue acaso el informe pericial de Interpol el que también, desde el primer momento, puso en duda esas pruebas?

Claro. El informe tenía la finalidad de validar lo actuado por las autoridades colombianas y el contenido que según las autoridades colombianas había en esos ordenadores. Lo que ocurre es que el mismo informe de Interpol, que, claramente tiene esa intencionalidad, no pudo evitar indicar que había irregularidades en el manejo de esos computadores. Y así, Interpol señalaba que había varios miles de archivos con fechas posteriores a la incautación o fechas de manipulación posteriores a la incautación. Y también que había ficheros a los que, en el lapso de tiempo transcurrido entre la supuesta fecha de intervención de los ordenadores y el momento en que se los entregan a Interpol para hacer su informe pericial, se había accedido. Esto lo hace constar el informe de Interpol, si bien ellos luego en el mismo informe intentan dar una explicación diciendo que eso no tiene mayor valor jurídico. Lo que es evidente es que no es Interpol quien tiene que decir si eso tiene o no valor jurídico, eso lo tendrán que decir los jueces en un procedimiento judicial con las debidas garantías.

La intervención de Interpol en todo lo relativo a Colombia ha sido siempre una actuación que ha buscado amparar las maniobras de intoxicación del Gobierno colombiano y legalizar pruebas obtenidas de forma irregular y contraria a derecho.


Una vez aclarado cuál es el procedimiento por el que se pone en marcha el código rojo de Interpol y en qué momento, ¿cuáles son las opciones que las autoridades venezolanas tenían y cuál habría sido la forma legal de proceder en este caso?

El "Acuerdo de cooperación y asistencia judicial en materia penal entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Venezuela", suscrito en Caracas, el veinte (20) de febrero de mil novecientos noventa y ocho (1998), en su articulo 3 excluye expresamente la detención de personas con el fin de que sean extraditadas, y a las solicitudes de extradición;
Existe un Acuerdo de Extradición suscrito por las Repúblicas de Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia y Venezuela, adoptada en Caracas, Venezuela en 1911, que recoge la totalidad de los principios aplicables a los procedimientos de extradición, que se resume en la necesidad de sustanciar un procedimiento judicial antes de acordar la entrega al estado que solicita la extradición.

Por otra parte, la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en materia penal contempla la entrega temporal de detenidos entre países de la OEA, a efectos únicamente de realizar diligencias judiciales y con obligación de devolución al estado que ha entregado al detenido. Dicha Convención incluso contempla como causa de denegación de la entrega la negativa del afectado.

La extradición se regula en base a unos principios fundamentales que constan en todos los convenios y luego a través de un entramado de convenios bilaterales y multilaterales.

Entre los principios del derecho extradicional destaca que estos procedimientos no pretenden dilucidar la culpabilidad o inocencia del extraditable, sino que se pretenden garantizar el juzgamiento del extraditable en el país que lo requiere o el cumplimiento de una condena si ya hubiera sido condenado, lo que no es el caso de Joaquín Pérez.

En el supuesto de la extradición con fines de ser sometido a juicio en Colombia, es imprescindible verificar que existe una orden de detención emitida por este Estado de forma ajustada a Derecho, y si esa orden de detención se ha emitido por delitos contemplados por las legislaciones de ambos paises el requerido y el que requiere (lo que se conoce como la “doble incriminación”). Posteriormente, siempre en un procedimiento judicial de extradición, es imprescindible verificar si los delitos por los que se pide la extradición no intentan encubrir una acusación de índole política, en cuyo caso nunca se podría conceder la extradición, o si existe alguna circunstancia legal –ser refugiado o haberlo sido por ejemplo- que impida la entrega del extraditable. Y finalmente, los tratados de extradición también tienen que velar por que el extraditable nunca pudiera ser, en el país que pide la extradición, sometido a malos tratos, tortura o ser condenado a una pena que se considere inhumana, cruel o degradante, como pena de muerte, cadena perpetua, trabajos forzados, etc. Es de destacar que el extraditado únicamente podrá ser juzgado en el país al que ha sido entregado pro los delitos que haya establecido el tribunal del país requerido que haya sustanciado el proceso de extradición.

Un procedimiento de extradición no necesariamente significa el encarcelamiento de la persona sometida al mismo, sino que las autoridades del país al que se solicita la extradición tienen que garantizar que esa persona va a estar a disposición del procedimiento extradicional. De hecho, en los procedimientos de extradición únicamente se utiliza la prisión cuando no hay otra forma para garantizar que la persona va a estar a disposición del procedimiento.

Cuando el procedimiento de extradición concluye, una vez verificadas estas cuestiones, y tras la apelación correspondiente, porque siempre ha de existir posibilidad de apelación, entra en funcionamiento la cláusula de soberanía. El país que ha recibido la solicitud de extradición tiene, por varios motivos de índole política, la capacidad para denegar la entrega, con necesidad en ese caso de juzgar al extraditable en ese país, salvo en determinadas circunstancias excepcionales donde no existiría esa obligación.

Si la entrega se deniega porque esa persona es nacional del país al que se le ha pedido la extradición, en ese caso lleva aparejada la obligación de que esa persona sea juzgada en el país que ha denegado la extradición, conforme a las leyes de dicho país y por los hechos de los que se le acusa en el país que ha requerido la extradición.

Pero existe incluso la posibilidad, y se contempla en todos los tratados internacionales, de que, simplemente, atendiendo a criterios políticos, humanitarios o de solidaridad, por una decisión de soberanía política, el poder ejecutivo, que es a quien corresponde la decisión, decida no ejecutar una decisión judicial de extradición.

En todo caso, el procedimiento de extradición tiene que garantizar siempre el derecho a la defensa, que no se produzcan situaciones de indefensión, y garantizar los derechos del ciudadano. En este caso concreto, con Joaquín Pérez Becerra ocurre que esta persona fue refugiado político. La Convención de Ginebra de 1951 –suscrita por Colombia y por Venezuela- y la inmensa mayoría de leyes de extradición contemplan que ninguna persona refugiada o que haya disfrutado del estatuto de refugiado –aunque lo haya perdido luego, ya sea porque haya mejorado su estatus al acceder a la nacionalidad del país que le dio el asilo, que es el caso de Joaquín Pérez Becerra, o incluso en casos de cesación o de exclusión del estatuto de refugiado, por actividades contrarias al Estado que le concedió el asilo, o porque se ha llegado a la conclusión de que esa persona no era merecedora del estatuto de refugiado porque había incurrido en crímenes de guerra o de lesa humanidad (que son causas para cesar el estatuto previamente concedido). Pero incluso en esos casos de cesación o exclusión del estatuto de refugiado, según la Convención de Ginebra y los convenios de extradición de la inmensa mayoría de los países, nunca puede ser entregado un extraditable al país en el que sufrió una persecución que ameritó que se le concediera el asilo. Joaquín Pérez Becerra nunca podría ser entregado en un procedimiento de extradición a Colombia porque es un ciudadano colombiano de origen que tuvo que abandonar su país por sufrir persecución precisamente por parte de las autoridades colombianas y que obtuvo el estatuto de refugiado conforme a la Convención de Ginebra de 1951 en Suecia. Él ahora ya no lo tiene, porque ha variado su estatus jurídico al acceder a la nacionalidad sueca, pero incluso en ese caso, esa cláusula es de aplicación por estar expresamente establecida en la Convención de Ginebra.

En segundo lugar, por la forma en que se ha producido la entrega a Colombia de Joaquín Pérez, se ha vulnerado la Convención de Viena sobre asistencia diplomática y consular. La Convención de Viena establece el derecho de cualquier detenido en un país que no es el suyo, a contar con el asesoramiento en entrevista directa y con la defensa por parte del Estado del que es nacional. En este caso, durante la detención en Venezuela, a las autoridades consulares suecas les negaron la posibilidad de entrevistarse con Joaquín Pérez Becerra, lo que ha motivado incluso una protesta formal de las autoridades suecas.

En tercer lugar, se han violado todos los principios contenidos en los tratados internacionales en materia de extradición y el Convenio de asistencia mutua en materia penal de la OEA, que establecen la necesidad de someter a estas personas que tienen un requerimiento de detención internacional a un procedimiento con las debidas garantías, donde pueda defenderse, pueda contar con su abogado y no sufra indefensión.

Eso en términos prácticos implica que tras la detención, habría tenido que entrevistarse con las autoridades consulares suecas; a continuación tendría que haber comparecido ante un juez venezolano, que tendría que haber decidido en qué situación quedaba o si se adoptaban medidas cautelares: es decir, si quedaba en libertad, con retirada del pasaporte y prohibición de abandonar el país o si quedaba en prisión provisional, sometido al procedimiento de extradición, o la medida cautelar que hubiera decidido el juez. Y en ese momento da inicio el procedimiento de extradición.

Además, es importante tener en cuenta que la orden de detención internacional con fines extradicionales cursada por un Estado, no necesariamente tiene por qué tramitarse a través de Interpol, sino también puede realizarse bilateralmente, atendiendo a los Convenio bilaterales de ambos países en materia de extradición y asistencia en materia penal.

Una vez que se recibe la orden de extradición y se detiene a la persona hay un plazo muy perentorio, que no suele superar en ningún tratado los 40 días, donde se tiene que formalizar esa petición de extradición. Si no se formaliza enviando directamente la petición, no ya a través de Interpol sino por el país que ha requerido al país que es requerido, no puede comenzar el procedimiento de extradición. Y si no llega en ese plazo, queda sin efecto la solicitud de detención internacional cursada a través de Interpol o bilateralmente, y queda sin efecto el procedimiento de extradición. Y respecto a ese expediente extradicional se exige que incluya determinada información para su examen por el juez competente en la extradición y por la defensa del extraditable: en primer lugar, se tienen que indicar los hechos concretos por los cuales se pide la extradición, los hechos que supuestamente son delictivos en el país que pide la extradición y verificar que esos mismos hechos son delitos en el país requerido; en segundo lugar, se tiene que enviar toda la legislación del país que pide la extradición en la que se acredita que esos hechos que se le imputan son delito conforme a esa legislación; y luego hay que enviar la orden original dictada por el juez del país requirente que ha pedido la extradición.

El juez que ha pedido la extradición se lo envía al juez que tiene a su disposición al detenido a efectos extradicionales, y se cursa a través de los ministerios de Exteriores. En Colombia puede ser el juez o la Fiscalía. Tienen que enviarlo al Ministerio de Justicia colombiano; éste a su vez al Ministerio de Exteriores colombiano, que lo mandaría al Ministerio de Exteriores venezolano y éste a su vez al Ministerio de Justicia venezolano, que es quien tiene que remitirlo al juez venezolano.

Esto es importante. La mera existencia de un código rojo en Interpol no significa que vaya a llegar una orden de extradición, porque puede haber muchos factores que posteriormente impidan la llegada en plazo de la solicitud extradicional.

Que Interpol haya cursado erróneamente la orden, por ejemplo, por una petición del poder Ejecutivo y no del poder judicial, haría inviable la extradición. El juez no se relaciona directamente con Interpol. Quien se relaciona con Interpol es el poder Ejecutivo, son los ministerios de Interior. Entonces, un primer supuesto de error, intencionado o no, puede ser que haya sido el poder Ejecutivo colombiano sin que exista una resolución judicial o del ministerio fiscal colombiano, quien haya mandado a Interpol la orden de detención, con lo cual esa orden no tendría ningún tipo de efecto si no se produce en ese período de validación la llegada de la orden judicial. Y eso no se ha llegado a producir en este caso, con lo cual nunca sabremos si realmente había una solicitud de extradición cursada formalmente. Un código rojo de Interpol o una solicitud de detención internacional a efectos de extradición cursada bilateralmente no necesariamente lleva aparejada una orden judicial. Este requisito siempre debe ser verificado.

Parece que en este caso, atendiendo a la rapidez con la que se ha producido la entrega a Colombia, la normativa de extradición se ha incumplido, y también parece que se ha incumplido flagrantemente toda la normativa relativa a la prevención de la tortura, en especial la Convención para la Prevención del delito de Tortura, los tratos inhumanos, crueles y degradantes de 1984, que establece claramente que no puede ser, no ya extraditado, sino entregado ni enviado de ninguna manera, ni por resolución administrativa ni por resolución judicial a un tercer país, sea o no el de origen del detenido, si en ese país hay sospecha de que esa persona vaya a ser sometida a malos tratos, tortura, tratos inhumanos, crueles o degradantes.

Y en este caso, Colombia tiene innumerables condenas por tortura a detenidos, por maltrato a detenidos. En estos momentos existen denuncias de multitud de organismos internacionales sobre la situación de los presos políticos en las cárceles en Colombia. La dramática situación ha motivado la puesta en marcha de una campaña internacional para denunciar esta situación, y no hay que olvidar que incluso hay ya dos jurisdicciones, la danesa, que ya decidió en primera instancia que Colombia es un país donde se practica habitualmente la tortura y recientemente la chilena en los mismos términos, caso Olate, con una primera resolución que ahora está pendiente de la Corte de Casación chilena.


¿Qué consecuencias tiene esta forma de proceder del Gobierno venezolano con respecto al derecho de asilo, teniendo en cuenta que Venezuela hace frontera con Colombia y la cantidad de refugiados colombianos que han buscado refugio en el país vecino?

Esta situación es realmente dramática. Ya al margen de cómo puede afectar a Joaquín Pérez Becerra, es una pena porque el Gobierno venezolano se ha venido caracterizando en los últimos años por ser uno de los gobiernos más escrupulosamente respetuosos con la Convención de Ginebra sobre refugiados. Tiene en su haber varias felicitaciones del Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados por el trato dado a los refugiados colombianos llegados a su país, y esto es una mancha en ese expediente de respeto a la Convención de Ginebra.

Es un incumplimiento gravísimo y muy claro de la Convención de Ginebra y además es el mayor incumplimiento posible de la Convención de Ginebra. Porque, entre otras cosas, lo que se está haciendo es entregar a una persona sobre la cual hay una resolución del Gobierno sueco conforme a la Convención de Naciones Unidas, es decir, hay un estatuto de refugiado emitido por el Gobierno sueco y cuya protección también incumbe a las Naciones Unidas, y ese estatuto se ha obviado absolutamente y se ha entregado a una persona protegida privándola de las garantías. En especial, privándola de las garantías establecidas en la Convención de Ginebra, además de parecer que se han vulnerado muchos otros Tratados que impedirían haber hecho esta entrega. Desgraciadamente, esto puede calificarse como la mayor de las violaciones posibles de la Convención de Ginebra.


Una vez en esta situación, ¿habría todavía alguna oportunidad de rectificar legalmente?

Efectivamente. Las autoridades venezolanas deberían rectificar este incumplimiento y pedir al Gobierno colombiano, con fundamento en la Convención de la OEA de asistencia mutua en materia penal, la devolución de esta persona, para que fuera sometida, una vez verificado que llega la orden judicial colombiana de extradición, al procedimiento extradicional con las debidas garantías.

Desde mi punto de vista, una solicitud de extradición a Colombia de Pérez Becerra, en este caso, por haber sido refugiado, clarísimamente habría sido desestimada por el juez competente venezolano, a pesar incluso de que este hubiera determinado que se cumplía el principio de doble incriminación, que las penas no fueran crueles, inhumanas o degradantes. Además es imprescindible que el juez extradicional verifique las penas aplicables en el país que solicita la extradición. Las extradiciones no pueden concederse por delitos que lleven aparejada una pena inferior a seis meses según el tratado de extradición de 1911 entre Colombia y Venezuela, y en la mayoría de los países no se conceden por delitos que lleven aparejadas penas inferiores a un año.

Lo procedente sería ahora mismo que las autoridades venezolanas pidieran retrotraer la situación, la entrega de este ciudadano a Venezuela para que fuera sometido al procedimiento de extradición. Esto es lo que deberían estar ya solicitando las autoridades venezolanas.



(*) Enrique Santiago es abogado, experto en Derechos Humanos y Derecho Internacional. En la actualidad es el abogado de la familia del camarógrafo español José Couso, asesinado por fuerzas militares de EEUU, y ha adelantado causas contra funcionarios que participaron en el golpe de estado en Honduras. Estuvo en el equipo que solicitó la detención de Augusto Pinochet en 1998 y elaboró el prontuario de Álvaro Uribe Vélez.

(*) Patricia Rivas es comunicadora y periodista española. Ha sido trabajado en medios como Mundo Obrero, Telesur y YVKE Mundial.


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