El auto de fe

Por: Daniel Coronell

Alejandro Ordóñez está usando el poder de la Procuraduría General para liquidar a sus adversarios ideológicos y proteger a sus compañeros de causa. Sin ningún sentido de la justicia puso en marcha una investigación disciplinaria por Farc-política contra el senador Jorge Enrique Robledo, a pesar de que las pruebas indican que las Farc ven a Robledo como un enemigo y no como un aliado.

La decisión ocurre unos meses después de que el mismo Ordóñez eliminara de un plumazo -en su acomodada sentencia de la yidis-política- el bloque completo de pruebas contra sus copartidarios Sabas Pretelt y Diego Palacio por la compra de los votos parlamentarios que hicieron posible la aprobación de la primera reelección.


Sobre este último caso no vale la pena extenderse. La demostración gráfica de la arbitrariedad del Procurador para favorecer a sus copartidarios conservadores -y uribistas- quedó a la vista en un documento que muestra los cambios efectuados entre el proyecto dejado por su antecesor y la decisión adoptada por Ordóñez.

A los lectores curiosos que quieran repasar la evidencia de esta conveniente omisión les recomiendo mirar el documento anexo en semana.com (Ver ControlCambiosOrdoñez.pdf) y preguntarse por qué el jefe del Ministerio Público decidió suprimir lo que constaba de la página 142 a la 178. Treinta y seis páginas que hicieron posible que en la parte resolutiva se cambiara la expresión "Declarar disciplinariamente responsables" por "Absolver de los cargos formulados".

Esa resolución sirvió para demostrar que el Procurador es capaz de desaparecer pruebas existentes, lo increíble es que ahora pueda hacer aparecer evidencias que no existen.

El portal lasillavacia.com, en un esmerado trabajo periodístico, publicó esta semana los documentos que componen el acervo probatorio en el caso disciplinario contra el senador Robledo. Eso es todo lo que hay -ni más, ni menos- y lo único que comprueba es la enorme antipatía que produce en las Farc un hombre como Robledo, que ha condenado el accionar de la guerrilla desde el inicio de su vida pública.

Los papeles provienen del computador de 'Raúl Reyes' y las dos menciones específicas sobre las posiciones políticas de Jorge Enrique Robledo son para reprocharle sus pronunciamientos reiterados "contra la lucha armada" y definirlo como un "claro enemigo de la combinación de las formas de lucha".

En otro documento, 'Reyes' ordena subir a la página de Internet de las Farc un artículo escrito por Jorge Enrique Robledo. Algo sobre lo cual no tienen control alguno ni él, ni los demás autores cuyos escritos son publicados sin autorización en diversas páginas de Internet.

La última de las pruebas es un listado de personalidades sugerido por las Farc para la conformación de un 'Nuevo Gobierno'. Ahí está el nombre de Robledo, al lado de otros 89, entre ellos numerosos uribistas, incluido, por ejemplo, el actual presidente del Senado, Javier Cáceres, quien no solamente no está siendo investigado por Ordóñez, sino que tiene cuota en la Procuraduría General de la Nación. Después de su ayuda para la elección de Ordóñez, un allegado de Cáceres llamado Fabio Yezid Castellanos Herrera fue nombrado nada menos que procurador delegado para la Moralidad Pública. (Ojalá revise pronto el caso de Etesa).

En fin, a Robledo no le están cobrado ningún vínculo con las Farc, porque no existe. Lo que le cobran es no haber votado por Ordóñez -como si lo hicieron Dussán y Petro- y atreverse a denunciar con valor y de manera documentada casos como el de la Zona Franca en cuyos terrenos tienen intereses los hijos del Presidente, y la aberrante repartija de Agro Ingreso Seguro.

Al Procurador no le importan las pruebas. Al estilo de los inquisidores de 'El Niño de la Santa Guardia', que mandaron a la hoguera a 16 personas por el asesinato de un niño que jamás existió, Ordóñez quiere acabar con la carrera de un legislador honesto y brillante.

No se podía esperar mucho de un hombre que hace unos años quemaba libros en fogata pública y ahora alega -como gran defensa- que lo que incineró era pornografía.

Artículo publicado en la revista "Semana" (27/12/2009)

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Las hipótesis detrás del asesinato del Gobernador del Caquetá

En el portal: "La Silla Vacía"

Fueron las FARC. Esta es la única hipótesis que el Gobierno ha planteado desde que conoció el secuestro y, posteriormente, el asesinato del gobernador del Caquetá Luis Francisco Cuéllar. El presidente Álvaro Uribe dijo en una alocución [1], el martes a las nueve de la noche, que las Farc tenían todas las garantías para liberar al cabo Pablo Emilio Moncayo y los demás secuestrados, pero en cambio habían perpetrado este crimen. Y reiteró la recompensa de mil millones de pesos “a los ciudadanos que con su información nos facilite la captura de terroristas, integrantes de la columna Teófilo Forero de las Farc, responsables de este secuestro y de este asesinato”.

El Presidente dijo que al Gobernador lo habían degollado para evitar hacer ruido porque ya "intuían el operativo envolvente de las Fuerzas Armadas". Diez helicópteros y más de cien policías y soldados le seguían el rastro a los secuestradores.

Esa es una de las interpretaciones de por qué lo mataron a pesar de que el Gobernador le 'servía' más al grupo guerrillero vivo, como un trofeo de guerra y como un secuestrado más para engrosar el grupo de los oficiales que llevan más de diez años secuestrados. El seguimiento por parte de las Fuerzas Militares mientras la guerrilla escapaba por la zona rural de Florencia, habría propiciado la quema del vehículo y el posterior asesinato de Cuéllar. Ante un eventual rescate, las Farc no habrían dudado en ejecutar a su víctima.

La otra hipótesis

La hipótesis del Gobierno tiene sentido, pero no es la única. La Silla Vacía entrevistó personas en Bogotá y en el Caquetá que conocen la dinámica del conflicto en la zona y que también creen que las Farc están detrás del asesinato, pero que barajan otra hipótesis sobre los móviles: que el crimen habría sido motivado más por una venganza relacionada con asuntos de política local que por un objetivo claro de atacar la política nacional de Seguridad Democrática.

Después de que los atacantes sacaron al Gobernador de su casa en el barrio Paulo Sexto, en el nororiente de Florencia, el secretario de Gobierno de Caquetá, Edilberto Ramón Eldo, dijo a los medios que en la zona "no opera sino el grupo de las Farc, muy posiblemente son quiénes se lo llevaron". Pero lo cierto es que los paramilitares también tienen una presencia importante en el Caquetá desde hace varios años.

El Caquetá ha sido la cuna y principal refugio de las Farc, pero entre 2001 y 2006, hombres del Bloque Central Bolívar (BCB) de los paramilitares se asentaron en varios municipios del sur de Caquetá como Florencia, Morelia, Albania, Curillo, Valparaíso y Solita, con el fin de controlar el negocio del narcotráfico. Y desde su llegada comenzaron a hacer alianzas con miembros de la élite política del departamento.

Según lo reveló el portal Verdadabierta.com [2], la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía entregó en junio de este año las primeras evidencias sobre la parapolítica en el Caquetá que comprometen directamente al ex representante a la Cámara Luis Fernando Almario y al ex gobernador Juan Carlos Claros, quien fue sucedido en el cargo por el gobernador asesinado ayer y con quien este último mantenía una rivalidad.

Almario fue llamado a juicio y detenido por la Corte Suprema en febrero de 2008 acusado de ser el determinador del crimen de su principal adversario político en el Caquetá Diego Turbay Cote, su mamá y cinco acompañantes. Pero un juez de descongestión judicial determinó que había fallas en la indagatoria y dictaminó su libertad provisional, mientras se le llamaba nuevamente a rendir indagatoria.

Verdadabierta.com explica que uno de los ex jefes políticos del frente Héroes de Andaquíes aseguró, en versión libre el 17 de marzo de 2009, que Almario se reunió con alias ‘Chiqui’ en un apartamento en Bogotá para pactar la colaboración de las autodefensas con su ahijado político, Juan Carlos Claros, para las elecciones a la Gobernación del Caquetá en 2004. A cambio de entregarles parte del presupuesto de la Gobernación, ‘Chiqui’ habría entregado a Claros 20 millones de pesos para su campaña y se habría comprometido a intimidar a la población para que votara por él.

“Según este ex jefe paramilitar que está colaborando con la justicia, dijo que la presión se hizo más fuerte en el municipio de Morelia, también en veredas como La Liberia, Fuente Hermosa, Puerto México, y la Rochela en el corregimiento de Bolivia donde Luis Francisco Cuéllar, candidato opositor de Claros para las elecciones, tenía gran acogida”, continúa el portal. Finalmente, Claros venció en las elecciones a Cuéllar.

La segunda mención que relaciona a Claros con el gobernador Luis Francisco Cuéllar es de otro desmovilizado del Bloque Héroes de los Andaquíes, quien confesó en versión libre el 12 de junio de 2009 que alias ‘Quini’ y ‘Tiberio’ dejaron 300 uniformes camuflados en una finca del gobernador Cuéllar en octubre de 2005. “La idea del crimen, que fue presuntamente ordenado por Juan Carlos Claros, era enlodar el nombre de Cuéllar para que la opinión pública lo relacionara con grupos de autodefensa”, dice Verdadabierta.com.

A comienzos de noviembre, el gobernador Cuéllar rindió versión libre ante la Fiscalía 11 de Bogotá sobre sus presuntos vínculos con las AUC. Él solicitó personalmente ser escuchado después de que el ex jefe paramilitar Luis Alberto Medina Salazar, alias 'Cristo Malo' lo acusara de haber financiado la expansión de los paramilitares en el sur del departamento. El gobernador dijo que se trataba de una persecución política y negó todos los cargos. Pero la investigación seguía abierta.

Independientemente de las motivaciones para asesinar a Cuéllar, este hecho probaría que si las Farc cometieron el asesinato, estarían lejos de estar totalmente derrotadas en el Caquetá, uno de los epicentros de la ambiciosa operación militar Plan Patriotas. Haber entrado en el corazón de la ciudad y sacar a un gobernador de su casa rememora hechos de otra época, como el asalto al edificio Miraflores en 2001 en Neiva.

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El año en que las FARC quisieron liberar a Pablo Emilio Moncayo y el Gobierno colombiano no lo permitió

Por: Patricia Rivas de Bufalá

El profesor Gustavo Moncayo, padre del cabo Pablo Emilio, ha sido un constante luchador por la liberación de su hijo.

El presidente Álvaro Uribe Vélez afirmó este lunes en un acto de donaciones a soldados y policías heridos en combate que el Gobierno Nacional ha cumplido con las exigencias hechas por las FARC para liberar al cabo del Ejército Pablo Emilio Moncayo y al soldado Libio José Martínez y entregar los restos del mayor Julián Ernesto Guevara, muerto en cautiverio. El mandatario colombiano responsabilizó a la guerrilla por la demora en la entrega de los uniformados, el mismo día en que se cumplen 12 años de la captura de Moncayo, mientras custodiaba una base de comunicaciones del Ejército que fue asaltada por las FARC en el departamento de Nariño, al Sur del país.

“Estamos en mora de que los liberen. Ustedes saben que el Gobierno ha atendido todas las exigencias. No los han liberado. ¿Por qué? Estamos en mora de que los liberen”, dijo el presidente colombiano ante las familias de los uniformados, entre quienes se encontraba el padre de Pablo Emilio, el profesor Gustavo Moncayo, también conocido como “el caminante por la paz”, por haber caminado durante 46 días desde Nariño a Bogotá para exigir la liberación de su hijo y el acuerdo humanitario.

La pregunta retórica del presidente Uribe ha debido de ser como una bofetada en el rostro de este padre incansable y valiente, que después de 11 años de lucha, vio cumplido su sueño cuando las FARC anunciaron su disposición de liberar unilateralmente –esto es, sin exigir ninguna contraprestación o canje de prisioneros- a su hijo. Esto ocurría el 16 de abril de 2009.


El comunicado del Secretariado de las FARC declaraba su disposición de entregar al prisionero personalmente a su padre y a la senadora Piedad Córdoba:

“(...) Ante la reiterada solicitud de la senadora Piedad Córdoba, de Colombianas y Colombianos por la Paz, del profesor Moncayo y de los presidentes Rafael Correa y Hugo Chávez, anunciamos nuestra decisión de liberar unilateralmente al cabo Pablo Emilio Moncayo y entregarlo personalmente a una comisión encabezada por la senadora Córdoba y el profesor Moncayo una vez se organicen los mecanismos que garanticen la seguridad de la operación.

Así evidenciamos una vez más nuestra decisión irreversible de alcanzar el acuerdo humanitario sin más dilación y sembrar con certezas los caminos que lleven a la solución política del conflicto.

Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP

Montañas de Colombia, abril 16 de 2009"

Poco después, las FARC se ofrecieron a entregar también al soldado Josué Daniel Calvo y los restos del capitán Julián Guevara, muerto en la selva en 2006 tras ocho años de cautiverio.

El presidente Álvaro Uribe no podía soportar la idea de otra imagen de reencuentro protagonizada por quienes más han abogado por el intercambio humanitario –es decir, por el canje de prisioneros de guerra- como un primer paso hacia una solución política del conflicto armado, de modo que vetó a la senadora Piedad Córdoba como mediadora para garantizar la entrega, acusándola de querer sacar “rédito político”.

Así dejaron pasar casi 3 meses más de la vida de Pablo Emilio Moncayo en las selvas de Colombia. Hasta que el 8 de julio, el presidente Uribe lanzó un escueto y calculado ultimátum, que venía a decir que su gobierno autorizaba la participación de la senadora Piedad Córdoba "en el acto de liberación", pero debían “ser liberados los 24 secuestrados en forma simultánea, y devueltos los cuerpos de los tres rehenes fallecidos en cautiverio".

En suma, el Gobierno colombiano rechazaba la liberación de Moncayo y Calvo Marín bajo el argumento de: “o todos o ninguno”.Sus palabras textuales fueron:

"El gobierno nacional autoriza a la senadora Piedad Córdoba para que, con la Cruz Roja Internacional y con la Iglesia Católica, participe en el acto de liberación de los secuestrados que están en poder de las FARC. Deben ser liberados los 24 secuestrados en forma simultánea, y deben ser devueltos los cuerpos de los tres compatriotas secuestrados que murieron en el asesinato del cautiverio. El tema de logística para efectuar esta liberación de manera discreta, lo coordinará el doctor Frank Pearl (el Alto Comisionado para la Paz del gobierno colombiano), con la Cruz Roja Internacional y las Fuerzas Armadas. Yo rogaría toda la paciencia y la comprensión de ustedes, apreciados comunicadores, y les rogaría simplemente transmitir este texto en las exactas palabras, que se ha estudiado con mucho juicio".

Efectivamente, la escueta comunicación había sido fríamente calculada. Parecía una concesión, pero en la práctica era un obstáculo insalvable para viabilizar la entrega de los dos rehenes.

Pablo Emilio Moncayo tuvo que desperdiciar otros dos meses más de su vida hasta que el Gobierno colombiano se avino a aceptar la liberación unilateral de los dos uniformados y la participación, en calidad de “acompañante” y no de “mediadora” de la senadora Piedad Córdoba, que en ese lapso de tiempo presentó ante la sociedad colombiana nuevas pruebas de vida y luchó pertinazmente por abrir la posibilidad de la liberación unilateral decidida por las FARC.

Córdoba, que conforma junto con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Iglesia católica la misión humanitaria que debe recoger a los liberados, ya ha anunciado que las liberaciones tardarán al menos un mes más, ya que apenas se han empezado a dar los pasos que permitirán materializar la entrega de ambos retenidos.

Durante estos 8 meses de “ñapa” que el Gobierno colombiano ha prolongado deliberadamente el presidio de Pablo Emilio Moncayo, es difícil calcular los peligros que han amenazado su vida, y no es descabellado pensar que lo peor esté por venir. El fantasma de una operación militar de rescate a sangre y fuego pende sobre las vidas de los retenidos y es un riesgo real, en la medida en que al presidente Álvaro Uribe, hablando en términos de “rédito político”, como le gusta a él, le rinden más dos muertos que poder achacar a las FARC que dos ciudadanos que recuperen la libertad gracias a una acción unilateral de la guerrilla, encaminada a posibilitar un acuerdo humanitario. Eso implica tanto como reconocer que hay guerra, y que su naturaleza, y por tanto su solución, son políticas y no militares.

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Gobierno de Uribe activará otra base militar y dos batallones aéreos en la frontera con Venezuela

MINISTRO DE DEFENSA COLOMBIANO AGITA EL FANTASMA DE LA "AGRESIÓN EXTERNA"

Por: Patricia Rivas de Bufalá

El ministro de Defensa colombiano, Gabriel Silva, y el secretario de Defensa de E.U., Robert Gates, en Washington, donde ultimaron los detalles del acuerdo militar entre los dos países.

El ministro de Defensa, Gabriel Silva, anunció la construcción de una nueva base militar en la península de la Guajira, en el extremo norte del país, que albergará a cerca de mil efectivos del Ejército y la policía. Silva no precisó la fecha de construcción de la base, a escasos kilómetros del corazón petrolero de Venezuela, e indicó que se financiará con el impuesto al patrimonio, pagadero por los capitales superiores a 1,5 millones de dólares.

La instalación de esta nueva base militar en la localidad de Nazareth, en pleno corazón del territorio Wayuú, ha sido presentada por el Gobierno colombiano como un “centro de atención social” y como una forma de ganar presencia para el Estado colombiano en su pretendida lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, dando a entender que el territorio fronterizo de Venezuela es un punto de refugio para la insurgencia colombiana.

Argumentando la necesidad de construir la nueva instalación militar fronteriza, Silva manifestó que ningún estado puede evadir las "obligaciones internacionales de perseguir el terrorismo, enfrentar el crimen y buscar que sean castigados aquellos que han cometido delitos, no importa dónde se oculten o se resguarden".


El gobierno de Álvaro Uribe viene reiterando que algunos dirigentes guerrilleros se ocultan en territorio venezolano, acusaciones que han aumentado de intensidad en las últimas semanas y que han encendido las alarmas en el país vecino sobre el peligro de que Bogotá esté preparando una agresión militar contra el territorio venezolano.

A estos argumentos se une, en los últimos días, la insistencia del ministro de Defensa colombiano, Gabriel Silva, en la supuesta amenaza de agresión externa que enfrenta Colombia y en los peligros del “armamentismo” venezolano. El diario “El Tiempo” contribuía este domingo a la propaganda de guerra, en una prolífica entrevista al titular de Defensa, en la que se abundaba sobre este argumento, con pasajes tan delirantes como el siguiente:

(...)

"EL TIEMPO.- ¿Nuestras ciudades tienen adecuadas defensas?

Colombia nunca ha trabajado sobre hipótesis de agresión externa. Colombia siempre ha creído en el derecho internacional; su arma fundamental siempre ha sido la diplomacia. Fíjese cómo ha funcionado de bien la diplomacia con Ecuador.

E.T.- ¿Pero usted cree que debiéramos prepararnos para una eventual agresión?

No se trata de prepararse para una agresión, se trata de prepararse para evitarla. Y quiero insistir en eso: nos estamos preparando para evitar una agresión. No entraremos jamás en una carrera armamentista. Tenemos un proceso de construcción de una capacidad disuasiva, para que todos lo consideren muy bien y sepan los riesgos de una agresión. Mire: a Colombia, por primera vez desde la guerra con el Perú, le ha tocado pensar en la eventualidad de una agresión externa. Eso no existía antes. Hay que pensar en eso. Colombia no estaba acostumbrada a contemplar esa eventualidad en el diseño de su política exterior o en su estrategia de defensa. Infortunadamente, nos ha tocado meter esa variable en el mapa.

E.T.- ¿Quiere usted decir que los colombianos, por primera vez desde la guerra con el Perú, deben pensar en el riesgo de una agresión?

Eso es así de claro: hay el riesgo de una agresión externa...

E.T.-¿Qué tan serio es el riesgo?

Yo no puedo calibrar intenciones. Lo que sí puedo ver es que hay un país que ha adquirido armas, que no requiere, por miles de millones de dólares. La consecuencia más peligrosa de esta discusión es que también busca alejarnos del objetivo fundamental y estratégico de Colombia, que es recuperar completamente su orden público interno. No nos olvidemos de que la amenaza interna también tiene presencia de otros países.

E.T.-¿Hay apoyo del gobierno de Venezuela a la guerrilla?

No me atrevo a calificar eso, pero el informe de la comisión de la verdad del Ecuador, los informes de inteligencia colombianos, los computadores de 'Reyes', todo nos confirma que hay guerrilleros del más alto nivel ubicados en Venezuela. 'Iván Márquez', por ejemplo". (1)

Superada la estupefacción por el desparpajo con el que el Gobierno colombiano se refiere a la grave crisis con Ecuador desencadenada por el bombardeo y los crímenes de guerra perpetrados en su territorio en marzo de 2008, y que el titular de Defensa considera un ejemplo de lo bien que funciona "la diplomacia y el apego al Derecho Internacional", no es difícil hilar las ideas fuerza del argumentario uribista: "Venezuela es una amenaza, porque está armada y porque apoya a la guerrilla, ergo Venezuela nos quiere invadir: debemos defendernos".

En este contexto, la nueva base militar en la frontera venezolana se presenta como una instalación "disuasoria" y con tintes beatíficos, ya que estará destinada a dar "servicio social" a las comunidades indígenas de la zona. Curiosamente, el territorio de la Alta Guajira, en la que se instalará la nueva base militar, viene siendo escenario de homicidios, secuestros, violaciones y desplazamientos masivos de la población Wayuú, por parte no precisamente de la guerrilla, sino de los grupos paramilitares, que tras la supuesta desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, comandadas en esta región por el jefe paramilitar “Jorge 40”, se han hecho con el control del comercio legal e ilegal en la zona de Maicao, y mantienen su política de acoso y exterminio de todos los elementos molestos. Si antes quien ejecutaba las órdenes de exterminio de “Jorge 40” contra los Wayuú era Jairo Alfonso Samper Cantillo, alias “Lucho”, hoy es su hermano, alias “Fercho” quien continúa masacrándolos como comandante de las Águilas Negras, que ha sustituido, sólo nominalmente, al antiguo Bloque de Contrainsurgencia Wayuú (2).

Las denuncias sobre las masacres, los crímenes y la complicidad del establecimiento colombiano con estos grupos son reiteradas, y se mezclan preocupantemente con la aparición al otro lado de la frontera, en territorio venezolano y en la mismísima ciudad de Maracaibo (3), del modus operandi de estos escuadrones de la muerte, que ya han comenzado a dejar su estela de terror bajo el nombre de “Águilas Negras” en los estados de Táchira y Zulia, donde el Gobierno colombiano ha encontrado excelentes colaboradores en los opositores al presidente Chávez, que gobiernan ambos estados, tal como lo revelan sus propios funcionarios (4).

El general de las Fuerzas Aéreas de EE.UU., Douglas M. Fraser, comandante del Comando Sur, y el ministro colombiano de Defensa, Gabriel Silva, durante el arribo de este a la sede de la fuerza militar en Miami, Florida, en octubre de 2009.

Además de la nueva base militar, que se suma a las ocho desplegadas en todo el territorio colombiano y operadas conjuntamente con Estados Unidos en base al acuerdo recientemente firmado en octubre entre ambos gobiernos, el comandante del ejército, general Óscar González, anunció en paralelo la activación de seis batallones de aviación y uno de fuerzas especiales, dos de ellos en la frontera con Venezuela.

"Hemos recibido equipos estratégicos y aeronaves para la defensa y la seguridad de la patria, con las cuales estamos mejorando la capacidad de reacción del ejército. Estas nuevas unidades contarán con una flota moderna dotada con equipos de alta tecnología", dijo González. Agregó que dos de esos batallones se ubicarán en la frontera con Venezuela, uno en La Guajira y otro en Arauca.

Con los seis batallones de aviación y uno de fuerzas especiales para incrementar su capacidad de combate, la aviación del ejército colombiano se convierte en una de las más numerosas y mejor entrenadas de América Latina, con unos 120 helicópteros de fabricación estadounidense y rusa (Black Hawk UH-60 fabricados en Estados Unidos y MI-17 rusos).

Entre los nuevos batallones de aviación, conformados por cerca de 400 efectivos, se mencionó que dos más operarán en las bases de Tolemaida y Larandia, incluidas en el acuerdo de cooperación militar colombo-estadunidense.

Venezuela denuncia incursiones aéreas

El presidente venezolano, Hugo Chávez, alertó en su programa dominical “Aló Presidente” sobre la incursión de aviones no tripulados de pequeño tamaño en territorio venezolano, procedentes de Colombia, como parte de acciones de inteligencia y espionaje adelantados por el gobierno de Estados Unidos.

“Son aviones de dos o tres metros. Esos son los yanquis, nos quieren poner a pelear. No vamos a caer en provocación pero estamos alertas. Chávez precisó que ordenó a las Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) derribarlos y explicó que entre los alcances de estos aviones, que son manejados desde Colombia por control remoto, está la posibilidad de grabar, tomar fotografías con coordenadas y ubicaciones exactas de autoridades del país.

“Hace pocos días, a media noche, un avión de estos sin tripulante penetró hasta Fuerte Mara (estado Zulia). Ellos no pueden entrar ni un centímetro aquí, pero lo están haciendo (...) Ya ordené, avioncito de esos que aparezcan túmbenlo, pero no vamos a permitir eso”, sostuvo.

El jefe de Estado venezolano también reiteró que desde Colombia, y utilizando las bases militares estadounidenses, se prepara una agresión contra Venezuela, razón por la que exhortó a la comunidad internacional y a los países de Sur América a estar atentos ante estos últimos eventos que configuran un cuadro de amenaza contra Venezuela.

Aseveró que el Gobierno de Uribe prepara el terreno para atacar y hacer ver a Venezuela como la agresora. No obstante, subrayó que el Gobierno bolivariano no tiene pensado agredir a Colombia ni a ningún otro país.

Algo que ha sido interpretado por los medios de comunicación del establecimiento colombiano como una “declaración de guerra” del presidente venezolano contra el pueblo de Colombia, y elevado con ese titular a la categoría de noticia de primera plana, para seguir alimentando la retórica guerrerista que tan buenos resultados surte en materia de apoyo electoral.

El nuevo ministro de Defensa, Gabriel Silva, detallando los nuevos aviones K-fir recientemente adquiridos a Israel.

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(1) Entrevista en El Tiempo al ministro de Defensa, Gabriel Silva: 'Colombia debe prepararse para evitar una agresión externa' (20.12.09) http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/el-reportaje-de-yamid-amat_6806168-1

(2) Actualidad Étnica (19.07.07): "Paramilitares en la Guajira, se desmovilizaron pero ahí siguen" http://www.actualidadetnica.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1172:paramilitares-en-la-guajira-se-desmovilizaron-pero-ahi-siguen&catid=57:ddhh&Itemid=112

(3) Panorama Digital (23.04.09) "Volantes asustan a Maracaibo: Paramilitares amenazan al estado Zulia" http://www.aporrea.org/ddhh/n133325.html

(4) Conversación entre el cónsul de Colombia en Maracaibo, Carlos Galvis, y el asesor presidencial José Obdulio Gaviria, 30-11-08, donde se reconocen los planes de injerencia en asuntos internos de Venezuela, con la colaboración de la oposición venezolana. http://www.youtube.com/watch?v=aWSbALN8svg

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Iván Cepeda: “Es hora de que los gobiernos europeos dejen la hipocresía y afronten la situación de Colombia”

Por: Patricia Rivas y Juan Alberto Sánchez Marín

50 mil desaparecidos en 20 años. 4 millones de desplazados, 150 mil homicidios y 18 pueblos indígenas ante el exterminio. Una situación que expone Iván Cepeda, un destacado luchador por los DD.HH. en Colombia, en esta entrevista.

Iván Cepeda, junto a la senadora Piedad Córdoba, en el Foro de Transafrica, realizado en Washington D.C., en mayo pasado.

Nadar contra una fuerte corriente es lo que hace el Movimiento de Víctimas de los Crímenes de Estado (MOVICE) en Colombia, donde las mayorías en Congreso y Cámara están alineadas con los dictámenes del presidente Álvaro Uribe, que ahora aspira a una segunda reelección, aunque en su empeño viole lo establecido por la Constitución. En casos tan graves como los múltiples asesinatos de jóvenes pobres por parte de militares, que son presentados como guerrilleros y luego canjeados por reconocimientos y medallas, eufemísticamente llamados “falsos positivos”, la Fiscalía General de la Nación avanza a paso lento y sin ganas.

Instituciones como el Consejo Nacional de la Judicatura, un estamento burocrático al que Álvaro Uribe, en los tiempos remotos de la primera candidatura presidencial prometió acabar, ahora se mantiene como un apéndice aún más funcional y sometido. La Procuraduría General de la Nación, el “ente autónomo de control y vigilancia de la función pública de los empleados del Estado”, no sólo no controla ni vigila, sino que tampoco es autónomo, y el propio Procurador General, Alejandro Ordóñez, es reconocido en el país como “el absolvedor”, pues desde su arribo a la institución se ha distinguido por la eficiencia para eximir de culpa a toda clase de militares y funcionarios uribistas vinculados con masacres y paramilitarismo.

En la otra orilla, una institución como la Corte Suprema de Justicia, que se ha negado a nombrar el nuevo Fiscal General de una terna presentada por el presidente, por considerar que los postulados no reúnen las condiciones mínimas necesarias para el cargo, ha sido objeto de toda clase de vituperios por parte del mandatario, de ataques descarados de sus funcionarios, e, incluso, de interceptaciones telefónicas o “chuzadas”, por parte del DAS, el organismo de inteligencia del estado adscrito a Presidencia.

En la corriente desenfrenada y unidireccional del actual gobierno colombiano, que se lleva sin pudor los diques constitucionales y legales, y ni se diga los morales y éticos que interpone cualquier institución, es donde el MOVICE actúa con empeño y tesón, a veces como un clamor solitario, pero también con una postura política clara. El estado colombiano, como responsable por acción, confabulación, omisión o permisividad, tiene una evidente responsabilidad en muchos de los crímenes cometidos contra los propios colombianos. Del mismo modo, el estado tiene la obligación de responder ante las víctimas, las familias, las organizaciones y ante toda la sociedad colombiana, garantizando el derecho a la verdad, la justicia, la reparación integral, y, sobre todo, la garantía de no repetición de esos crímenes.

Iván Cepeda Castro, además de escritor y periodista, es un destacado líder de los derechos humanos en Colombia y vocero del Movimiento de Victimas de Crímenes de Estado (MOVICE), organización nacida en 2003, que agrupa a familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad y algunas organizaciones que trabajan por los derechos humanos.

Iván Cepeda ha vivido en carne propia la violencia ejercida por el estado colombiano, como hijo del senador Manuel Cepeda Vargas, asesinado en 1984, durante el genocidio llevado a cabo contra la Unión Patriótica, un partido político que fue víctima de una persecución intencional y sistemática que lo condujo al exterminio.

Conversamos con Iván Cepeda en Madrid, ciudad que ha sido escenario del lanzamiento de una campaña internacional de más de 30 organizaciones europeas de derechos humanos, para llamar la atención sobre la persecución que enfrentan los defensores de derechos humanos en Colombia, por parte de las instancias estatales que deberían brindarles garantías.


Como vocero de las víctimas de los crímenes de Estado en Colombia, ¿qué sensación le produce llegar a Europa y percibir que el Gobierno colombiano es visto como un gobierno democrático, que cumple con los requisitos mínimos para ser tratado con deferencia por la Unión Europea?

No me sorprende. En el caso de España, para decir las cosas por su nombre, hay importantes inversiones del capital transnacional en Colombia. Para citar sólo un caso: en estos días se debate en manos de quién quedará el tercer canal de la televisión y el grupo PRISA tiene un importante interés en esta concurrencia. Entre las propiedades de este grupo, figura “El Tiempo”, el principal diario colombiano, dirigido por la familia Santos. Esa familia gobierna al país. Por lo menos, ha ocupado un lugar importante en ambos gobiernos del presidente Álvaro Uribe. El vicepresidente del país, Francisco Santos, es uno de los principales accionistas de esa casa editorial, y el ex ministro de Defensa, quien es candidato también para las próximas elecciones presidenciales, Juan Manuel Santos, también es accionista y dueño del periódico. No son, pues, sólo coaliciones o alianzas. Son verdaderos consorcios.

Así que el hecho de que se elogie al presidente Uribe, un gobierno que a duras penas puede sobrellevar un día sin un escándalo –lo que incluyen hechos criminales, como los llamados “falsos positivos”, y situaciones aún más evidentes-, pues que un gobierno extranjero lo elogie, lo único que implica es que sus intereses deben ser protegidos. Pero esa situación, cada día es menos posible ocultarla. Es un gobierno que se ha venido mostrando en todas sus facetas de corrupción y criminalidad en los últimos años.

Y yo creo que sí, que hay quienes se esfuerzan por mantener ese tipo de coartadas, para ocultar una situación tan grave como la que hay en Colombia, pero también hay una conciencia creciente en la comunidad internacional sobre qué es lo que el gobierno del presidente Uribe representa realmente. Para decirlo con claridad, uno de los aparatos criminales más mortíferos y destructivos que ha habido en los países de América Latina.


¿Alguna vez han tenido las víctimas en Colombia algún espacio de interlocución con el poder para incidir en lo que se llama allí la legislación “de paz” o en la política de construcción de la llamada “reconciliación”?

No. El Gobierno y el Poder Legislativo, en su gran mayoría, responden a los intereses del aparato criminal que ha producido tantas víctimas en Colombia. De ahí que no es un interlocutor, sino más bien un enemigo constante de estos procesos. Pero a pesar de que el Gobierno se ha empeñado, por todas las vías posibles, para que esos procesos no se puedan abrir paso, gracias a la acción de las organizaciones de víctimas, las organizaciones de derechos humanos, los abogados, los jueces dignos que tiene el país, en los últimos años se ha logrado producir un avance efectivo.

Ese avance se ve materializado en que más de cien funcionarios estatales, entre ellos un número significativo de congresistas, han sido llevados a las cárceles. Que muchos miembros de la Fuerza Pública han comenzado a ser llamados ante los tribunales, y que el fenómeno de la llamada “parapolítica” y los crímenes cometidos por el paramilitarismo se ponen en evidencia. Y cuando se ha ido reconociendo la realidad de que en Colombia ha funcionado la criminalidad de Estado.

Pero eso no es gracias al gobierno ni a la interlocución con el gobierno, sino que es el resultado de una lucha tesonera, dada en condiciones muy desiguales y siempre peligrosas, que han llevado a cabo las víctimas en sus regiones: los campesinos, los indígenas, las mujeres, muchas asociaciones de personas que han logrado ir construyendo este camino hacia los derechos humanos en el país.

Cuando se habla de crímenes de Estado, son conocidas las víctimas de los casos argentino o chileno, pero Colombia es una caja negra: no hay conocimiento de cuál es la dimensión de las víctimas y cuál es la realidad que ustedes afrontan cuando deciden no callar y exigir justicia, verdad y reparación.

Bueno, las cifras son cada vez más completas y claras. Estamos hablando de cerca de 50 mil personas desaparecidas en Colombia en los últimos 20 años, una cifra que supera de largo a países como Argentina y Chile, y a algunos centroamericanos. Hablamos del 10% de la población desplazada, más de 4 millones de personas; más de 150 mil homicidios y una gran destrucción de las comunidades: 18 pueblos indígenas están al borde de ser exterminados, en procesos que sin lugar a dudas pueden ser catalogados como genocidios, y también de sectores como los sindicalistas y los defensores de derechos humanos, que han sido víctimas de crímenes continuos durante estas dos décadas.

En Colombia, estamos en presencia de una criminalidad del sistema, con múltiples expresiones, que tiene la connotación de no ser apenas la violencia que se presenta en un conflicto armado, sino una violencia que promueve el Estado, para eliminar, anular, neutralizar a organizaciones enteras de activistas sociales. Y una violencia que además tiene la connotación de intentar presentar a sus víctimas simplemente como personajes encubiertos que actúan a nombre de la guerrilla.

Para entender mejor de qué estoy hablando, traigo a colación sólo un caso. Hace un año tenemos en la cárcel a Carmelo Agámez. Él es el líder de los campesinos de San Onofre, un poblado al norte de Colombia, que se convirtió en una especie de campo de concentración -y lo digo literalmente, no es una exageración- de los grupos paramilitares. En esa población de 50 mil habitantes, las personas fueron sometidas durante años a un régimen concentracionario, donde se les imponía un estricto régimen de vida: una hora para despertarse y acostarse, los paramilitares disponían de las mujeres, de las personas para esclavizarlas como peones en sus fincas… En fin, un régimen dantesco. Allí, Carmelo Agámez logró organizar al movimiento campesino, y llevó a la cárcel, no solamente a los paramilitares, sino a sus aliados políticos, sus jefes políticos. Y una vez que se logró esto, Carmelo fue acusado de ser aliado de los paramilitares. Él, que toda la vida fue su víctima, terminó siendo acusado por ellos, como forma de venganza, para llevarlo a la cárcel. Hace un año que Carmelo está en prisión. Yo lo fui a visitar hace unos meses. En la prisión hay 70 personas: 69 son paramilitares y políticos aliados de los paramilitares, y Carmelo vive en compañía de esta gente. Como puede entenderse, es una situación de inmensa peligrosidad, y, a pesar de eso, Carmelo sigue sosteniendo su lucha desde la cárcel.


La campaña electoral ya comenzó en Colombia, y la retórica guerrerista con respecto a Venezuela trata de rendir resultados en términos de apoyo al gobierno, o de solapamiento de otros problemas que tiene el país. ¿Cuál es la opción de las víctimas en este contexto, donde parece cada vez más difícil hablar de las situaciones de violación de derechos humanos y de lo que hay que reparar dentro del país?

Yo creo que nosotros estamos cada vez más cercanos de una acción política directa. El movimiento de víctimas ha dado una lucha jurídica, una lucha por ganar espacios, pero eso se muestra cada vez más insuficiente. No basta meter a los políticos a la cárcel: hay que ganar espacios políticos. Y creo que el movimiento social en Colombia ha comenzado una discusión sobre ese tema. Existen partidos políticos, es cierto, pero las víctimas y los movimientos sociales quieren tener poder, y quieren ejercer el poder.

Ahora, lo que está ocurriendo en Colombia con relación a Venezuela es una estrategia de largo alcance. Hay que recordar que, en los últimos años, se han ido produciendo, uno tras otro, varios golpes de estado. Primero se le dio un golpe de estado al presidente Hugo Chávez, posteriormente se intentó dar un golpe al presidente Evo Morales, más recientemente en Honduras se ha producido el golpe impune del señor Micheletti. Aquí lo que hay es un plan claramente articulado para acabar con estos gobiernos, y, sobre todo, para acabar con el proceso de integración latinoamericana.

Aquí el objetivo esencial no es uno u otro gobierno, es la unión de los países latinoamericanos en torno a una nueva política, a una nueva economía, a un nuevo tipo de relaciones que puedan configurar una fuerza que se oponga con claridad a unas relaciones tradicionalmente coloniales e imperiales.

En este contexto, por supuesto, el gobierno del presidente Uribe es una pieza central. Algunos hablan ya de que Colombia es una especie de portaaviones de Estados Unidos en América Latina, y creo que esas no son palabras exageradas. Estamos asistiendo a un contexto en el cual se ha creado una plataforma para agredir de manera clara ese proceso de integración. Y en las elecciones que vienen ese va a ser un tema a discusión, por supuesto, y las víctimas vamos a tomar partido y a tomar opción por enfrentarnos a ese tipo de proyecto que quieren destruir la unidad latinoamericana.


¿Cuáles son las exigencias de las víctimas en Colombia hacia la Unión Europea y sus gobiernos, en cuanto a la política exterior que deberían seguir con respecto al Estado colombiano?

Yo creo que los gobiernos colombianos han sido tratados con una extrema indulgencia, por decirlo de la manera más eufemística. Se ha tolerado durante años, a través de declaraciones supremamente tímidas, una situación que, de lejos, es la más grave en cuanto a derechos humanos en el hemisferio occidental.

Hablamos de un país que tiene una guerra de 50 años, el 10% de su población en la miseria por el desplazamiento forzado, un país en el que los crímenes de personalidades y de personas que defienden los derechos humanos son hechos cotidianos.

Y a todo esto se le intenta poner siempre paños de agua tibia, diciendo que son situaciones producto del terrorismo, producto de la lucha contra el narcotráfico.

Es hora de que los gobiernos europeos dejen la hipocresía, afronten los hechos que suceden en Colombia con la gravedad que tienen, y propongan salidas acordes. No digo que todos los gobiernos se comporten de esta forma, pero hay sectores y partidos políticos en Europa para los cuales es tolerable una situación que, vista de manera objetiva, no es otra cosa que un inmenso río de sangre. Una realidad totalmente antidemocrática y contra los derechos humanos.

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Enrique Santiago: “La ficción de que Colombia es un Estado de Derecho ya no se sostiene en Europa”

LANZAN CAMPAÑA INTERNACIONAL EN APOYO A LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA

Por: Patricia Rivas

El abogado español Enrique Santiago, especialista en DD.HH., ha sido también secretario general de la CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado).

En Europa se han prendido las alarmas. La crisis humanitaria que Colombia arrastra como consecuencia de 60 años de conflicto armado interno y de guerra sucia, se agrava con la persecución por elementos estatales y paraestatales de las personas que se atreven a defender los derechos humanos.

Con el escándalo destapado en abril de 2009 (1), se constató que en los últimos siete años, el principal organismo de inteligencia del Estado colombiano, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), ha interceptado ilegalmente las comunicaciones de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, de periodistas y hasta de jueces de la Suprema Corte. Directivos del DAS están acusados de colaborar con los paramilitares, de restringir las misiones internacionales de derechos humanos que visitan Colombia, de amenazar, neutralizar y restringir la labor de los defensores o de montar juicios sin fundamento en su contra.

Éste es el motivo que ha llevado a la Oficina Internacional de Derechos Humanos - Acción Colombia, que agrupa a más de 30 organizaciones de derechos humanos de diez países europeos, a lanzar en Madrid una campaña por el derecho a defender los derechos humanos en Colombia.

En el marco de la reciente presentación de la campaña, conversamos con Enrique Santiago, Secretario General del Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA) y Portavoz de la Plataforma Justicia por Colombia de España


Usted ha formado parte de varias comisiones internacionales de verificación sobre el terreno y ha estado recientemente en Colombia. ¿Cuál es el balance de la situación de derechos humanos en Colombia?

No se aprecian cambios sustanciales en la situación de vulneración sistemática de los derechos humanos. Sigue existiendo una alta impunidad judicial de estos delitos, y una inactividad generalizada por parte de la Fiscalía y también de la Procuraduría. Y se ha confirmado lo que era un secreto a voces: la intervención directa de las fuerzas armadas colombianas y de los cuerpos policiales en la vulneración de los derechos humanos, en el escándalo –no el único, pero quizá el más significativo- de los “falsos positivos” (2).


La versión oficial indica que con la Ley de Justicia y Paz se produjo la desmovilización de los grupos paramilitares, pero sobre el terreno se constata que siguen existiendo, en muchos casos formados por los mismos actores y dirigidos por los mismos intereses políticos, tanto territoriales, como vinculados a la oligarquía colombiana.

Y en los últimos meses se ha puesto de manifiesto una intervención directa por parte del Estado colombiano en las políticas de acoso a defensores de los derechos humanos, oposición política, líderes sindicales y líderes ciudadanos, y un elemento más: un acoso también contra el poder judicial colombiano, que hasta ahora se había mantenido independiente del poder omnímodo del Estado, representado por el presidente Uribe.

El escándalo de las interceptaciones telefónicas del DAS no sólo incluye escuchas sin autorización judicial e intromisión en la vida privada, sino la utilización de esos datos de seguridad para la realización de atentados. Ha quedado confirmado cómo el propio DAS pasó datos y ordenó a organizaciones paramilitares la eliminación de dirigentes sindicales y sociales, que debían estar protegidos precisamente por el organismo.

El balance no puede ser entonces más negativo. Lo más preocupante es que muchas instituciones colombianas, seguidas en muchos casos por gobiernos de la Unión Europea, aceptan que el problema del paramilitarismo en Colombia es cosa del pasado. Así, no pueden existir víctimas de los paramilitares, puesto que no hay organizaciones paramilitares. Esto provoca una serie de problemas en cadena: no reconocimiento de atención social, no acceso a los mecanismos de verdad contemplados en la Ley de Justicia y Paz, y, sobre todo, falta de reconocimiento por parte de los gobiernos de la Unión Europea de que el problema sigue existiendo y sigue provocando víctimas a diario. Ahora mismo nos han llegado alertas de organizaciones de derechos humanos colombianas, sobre desapariciones de líderes comunales durante esta semana atribuidas a organizaciones paramilitares.


Desde Europa tiende a verse la realidad colombiana con cierta “conciencia limpia”. ¿Qué responsabilidad le cabe a los capitales europeos que están invirtiendo y obteniendo jugosos beneficios en Colombia desde hace ya muchos años?

De una parte, los gobiernos de la Unión Europea llevan adelante su política exterior y defienden sus intereses diplomáticos supeditados a lo que ellos denominan los intereses de las respectivas compañías multinacionales de cada país. Estamos acostumbrados, por lo menos aquí en España, a que después de las reuniones del Consejo de Ministros se nos ilustre por parte de sus portavoces, manifestando que “el Gobierno español defiende los intereses de las compañías españolas en América Latina, puesto que es defender los intereses de España”. Sin embargo, cuando estas compañías vulneran convenios internacionales, por ejemplo, los convenios de la OIT, convenios medioambientales, convenios sobre los derechos de los pueblos indígenas, etc., se produce el curioso efecto de que estos mismos gobiernos eluden cualquier tipo de responsabilidad alegando que se trata de actores privados sobre los cuales el Gobierno no tiene ninguna influencia ni es responsable de sus actividades.

Hay una contradicción evidente entre unos gobiernos que defienden los intereses de esas compañías, aunque sean contrarios, como sucede la mayoría de las veces, a los intereses de los pueblos de América Latina, y aunque las actuaciones de estas compañías vulneren los derechos humanos. Y, por otro lado, cuando se les pide una intervención para contribuir a frenar esas vulneraciones, esas intromisiones en las esferas políticas y sociales que las multinacionales realizan, los gobiernos europeos se niegan a intervenir aduciendo la supuesta independencia de las empresas.


En el caso particular del gobierno español, en la última década hemos pasado por gobiernos de la derecha, del Partido Popular, y de la supuesta izquierda representada por el Partido Socialista. ¿Qué balance se puede hacer de la política exterior de los gobiernos españoles con respecto a Colombia?

Al margen de quién gobierne, la política de España con respecto a Colombia siempre es la misma, y parte de una primera ficción: considerar que Colombia es un Estado de Derecho homologable y que, a partir de ahí, no pueden haber interferencias en las actuaciones del gobierno colombiano.

Pero es un gobierno sustentado por unas fuerzas políticas con más de 60 diputados y senadores procesados o encarcelados por vínculos con organizaciones terroristas de extrema derecha. Un gobierno que ha puesto en marcha la política de persecución y criminalización de movimientos sociales, defensores de derechos humanos, y de escuchas y acoso al poder judicial. Un gobierno que permite la connivencia entre fuerzas de orden público y paramilitares, y que ha utilizado todos los mecanismos, como el de la extradición, para evitar que los dirigentes de estas organizaciones criminales le hablaran a la opinión pública y le contaran la verdad sobre la implicación directa del Estado colombiano en la organización de los grupos paramilitares y en la fijación de sus objetivos.

En ese contexto, no se sostiene que el gobierno español mantenga la ficción de que Colombia es un Estado de Derecho, que lleva aparejada otra serie de consecuencias: en primer lugar, se sigue vendiendo armamento a Colombia. Una venta que se presenta como material militar sin carácter ofensivo, donde el Gobierno español aduce que las ventas se limitan a medios de transporte o sistemas de comunicación. Pues bien, como se ha acreditado, esos elementos son usados en los mecanismos de criminalización de la sociedad civil, persecución de la oposición y vulneración sistemática de los derechos humanos.

El Gobierno español, además, se niega a utilizar mecanismos comerciales de que dispone la Unión Europea, para obligar al Gobierno colombiano a respetar los derechos humanos. Se utiliza con Colombia el SGP Plus, un mecanismo de privilegio de la Unión Europea hacia los gobiernos con los que hay políticas de cooperación, como si no existiera el conflicto armado interno, que lo hay, presentado como un mero problema entre terrorismo y Estado, y como si no se dieran estas vulneraciones de los derechos humanos.

En las políticas de cooperación al desarrollo, se mantienen aparatos del Estado colombiano que deberían estar velando por la salvaguarda de los derechos de las víctimas y no lo hacen. Como la Agencia de Acción Social, una dependencia de la Presidencia colombiana, que es el organismo principal encargado de atender a las víctimas, cuyos dirigentes han sido judicializados en varias ocasiones por desvío de fondos. El 80% de los fondos manejados por esa Agencia, que no llega a las víctimas, procede de la cooperación internacional, incluida España.
Y podríamos abundar en la actuación de determinados gobiernos regionales en España. Es ilustrativa la actuación de la Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular, que a través de líneas de Medio Ambiente financia los sistemas de los llamados “guardabosques” en Colombia, que es, ni más ni menos, la reconversión de antiguos paramilitares en informantes a favor del ejército y de lo que ahora son las “nuevas bandas emergentes”, que siguen siendo las mismas organizaciones paramilitares.

En la última misión en que estuve en Colombia, hace un mes, comprobamos, con otros miembros de la comunidad internacional, cómo en zonas militarizadas siguen conviviendo, en ámbitos geográficos reducidos, dispositivos del ejército con dispositivos de organizaciones paramilitares, y cómo, por esas mismas zonas, campean a sus anchas todo tipo de narcotraficantes, entran insumos del narcotráfico y salen toneladas de hoja de coca, sin que intervengan las fuerzas de orden público. Y queriendo presentar que la política de lucha contra narcotráfico y terrorismo tiene “un gran éxito, cuando lo único que provoca son mayores daños a la población, más víctimas, y, sobre todo, la no consideración, el no reconocimiento de la existencia de esas víctimas por esa ficción, asumida por los gobiernos europeos y español, de que ya no existen organizaciones paramilitares en Colombia.


¿Cuáles son las principales exigencias que las organizaciones de derechos humanos hacen al Gobierno español, especialmente de cara a la próxima presidencia española de la Unión Europea?

La primera petición que se hace al Gobierno español, en su papel de presidente de turno de la Unión Europea, es que se acabe con la ficción de que Colombia es un Estado de Derecho homologable. En Colombia, existe un conflicto armado interno, desde hace años, y existe un Gobierno que vulnera sistemáticamente la legalidad interna y los tratados internacionales, siempre en perjuicio de la sociedad colombiana. Ésa es la primera exigencia: acabar con esa ficción.

Nos hemos reunido con el Gobierno español y le hemos pedido, expresamente, que se implique en la campaña que las organizaciones de derechos humanos europeas y colombianas han lanzado, para la protección de los defensores de los derechos humanos. Que condicione cualquier tipo de cooperación económica y comercial al desarrollo, o de asistencia técnica, al respeto efectivo de los derechos humanos; que establezca mecanismos de seguimiento y verificación sobre el terreno de la situación de los derechos humanos en Colombia. Y hemos pedido también que cese cualquier venta o transferencia de materiales susceptibles de ser utilizados militar o policialmente, toda vez que estos cuerpos colombianos de la Administración –fuerzas armadas y policía- acaban, inexorablemente, siendo brazos, herramientas de la vulneración de los derechos humanos que padece la población.

(1) Ver http://www.semana.com/noticias-nacion/pruebas-reinas-chuzadas-del-das-encienden-debate/123941.aspx y http://www.semana.com/noticias-nacion/pruebas-reinas-chuzadas-del-das-encienden-debate/123941.aspx

(2) Asesinatos de civiles a manos de las fuerzas de seguridad del Estado colombiano (ejército y policía), presentados luego como “guerrilleros caídos en combate”. Las organizaciones de derechos humanos en Colombia han registrado hasta el momento más de 2.200 casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridas en los dos últimos años.

Entrevista emitida en: RADIO DEL SUR
Artículo disponible en: REBELIÓN

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El socialismo no viaja en jet

Por: José Félix Rivas Alvarado (*)

La transición al socialismo no es el vuelo suave en un jet, ni muchos menos tomando una copa de martini. Es un vuelo con turbulencias y, aún más, los pilotos no pueden evitar estas turbulencias sino más bien remontarse sobre ellas.


Interesante cuando la prensa capitalista en su intento de crear desestabilización y anarquía resalta los conflictos de los trabajadores en Guayana, o las manifestaciones de trabajadores públicos. ¿Es que acaso la luchas de los trabajadores por mejores salarios y condiciones laborales no está incluida dentro de los cambios revolucionarios? Uno se pregunta ¿La aparente solidaridad de los medios de comunicación privados con los trabajadores llegará a sus trabajadores incluyendo a los periodistas, reporteros, fotógrafos, obreros, pregoneros, y kiosqueros?

Me preocupa aquellos economistas críticos que tratan de medir el avance o el atraso del socialismo con el Producto Interno Bruto (PIB). El PIB, a pesar de ser una medición estadística con muchas limitaciones, trata de reflejar una realidad, y esa realidad es la realidad de una economía capitalista, y en nuestro caso es más dramático porque es un capitalismo petrolero, subdesarrollado, dependiente y rentista. En el capitalismo hay ciclos, y no se puede esperar una bonanza cuando los precios petroleros se redujeron a la mitad.


Puede caer el PIB pero lo importante es lo qué le pase a la gente. Por ejemplo, puede crecer el PIB pero al mismo tiempo, disminuyen las misiones, cae el consumo, se deteriora la educación, y la participación protagónica del pueblo retrocede, entonces los macroeconomistas pueden llegar a la conclusión parcial de que “estamos creciendo”. Puede crecer el PIB, pero pueden estar creciendo las ganancias y aumenta la brecha entre los poseedores del capital, los que monopolizan la captación de la renta petrolera –por un lado- y los trabajadores que viven de sus remuneraciones

El crecimiento durante casi 6 años, en gran parte se debió a la mejora sustancial del consumo de la mayoría de la población, resultado de la mejora de los ingresos, el mantenimiento del empleo y la existencia de las misiones sociales. Ni siquiera durante los tiempos de grandes turbulencias entre 2002 y 2003 se dejó de tener una acertada política de aumentos salariales. En estos 10 años disminuyó la pobreza extrema y la pobreza general.

Puede caer el PIB pero Caracas está permanentemente bloqueada por un ejército de lujosas camionetas; los establecimientos del Este rico de la ciudad han roto récord de ingresos, algunos no sólo evaden el IVA sino que han ampliado sus locales; privilegiados de las clases media y altas festejan el aumento de sus cuentas en dólares; cae el PIB pero las Casas de Bolsa y la banca viven dentro de un casino especulativo sin riesgos para ellos porque son financiados con la renta petrolera.

El PIB es como una gran torta, y lo importante, además de si ésta crece o disminuye, es cómo se reparte. Y desde el punto de vista del subdesarrollo y la dependencia, lo relevante es con qué materiales se hace y se hornea la torta. La transición hacia una sociedad más justa es un vuelo turbulento, y es ineludible cambiar los ingredientes y la receta con que se cocina el producto social, ni mucho menos se debe evadir la pugna distributiva entre el pueblo trabajador y la oligarquía del capital.

Caracas, 27 de Noviembre de 2009

(*) José Félix Rivas Alvarado es Director del Banco Central de Venezuela.

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