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LANZAN CAMPAÑA INTERNACIONAL EN APOYO A LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA
Por: Patricia Rivas
El abogado español Enrique Santiago, especialista en DD.HH., ha sido también secretario general de la CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado).
En Europa se han prendido las alarmas. La crisis humanitaria que Colombia arrastra como consecuencia de 60 años de conflicto armado interno y de guerra sucia, se agrava con la persecución por elementos estatales y paraestatales de las personas que se atreven a defender los derechos humanos.
Con el escándalo destapado en abril de 2009 (1), se constató que en los últimos siete años, el principal organismo de inteligencia del Estado colombiano, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), ha interceptado ilegalmente las comunicaciones de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, de periodistas y hasta de jueces de la Suprema Corte. Directivos del DAS están acusados de colaborar con los paramilitares, de restringir las misiones internacionales de derechos humanos que visitan Colombia, de amenazar, neutralizar y restringir la labor de los defensores o de montar juicios sin fundamento en su contra.
Éste es el motivo que ha llevado a la Oficina Internacional de Derechos Humanos - Acción Colombia, que agrupa a más de 30 organizaciones de derechos humanos de diez países europeos, a lanzar en Madrid una campaña por el derecho a defender los derechos humanos en Colombia.
En el marco de la reciente presentación de la campaña, conversamos con Enrique Santiago, Secretario General del Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA) y Portavoz de la Plataforma Justicia por Colombia de España
Usted ha formado parte de varias comisiones internacionales de verificación sobre el terreno y ha estado recientemente en Colombia. ¿Cuál es el balance de la situación de derechos humanos en Colombia?
No se aprecian cambios sustanciales en la situación de vulneración sistemática de los derechos humanos. Sigue existiendo una alta impunidad judicial de estos delitos, y una inactividad generalizada por parte de la Fiscalía y también de la Procuraduría. Y se ha confirmado lo que era un secreto a voces: la intervención directa de las fuerzas armadas colombianas y de los cuerpos policiales en la vulneración de los derechos humanos, en el escándalo –no el único, pero quizá el más significativo- de los “falsos positivos” (2).
La versión oficial indica que con la Ley de Justicia y Paz se produjo la desmovilización de los grupos paramilitares, pero sobre el terreno se constata que siguen existiendo, en muchos casos formados por los mismos actores y dirigidos por los mismos intereses políticos, tanto territoriales, como vinculados a la oligarquía colombiana.
Y en los últimos meses se ha puesto de manifiesto una intervención directa por parte del Estado colombiano en las políticas de acoso a defensores de los derechos humanos, oposición política, líderes sindicales y líderes ciudadanos, y un elemento más: un acoso también contra el poder judicial colombiano, que hasta ahora se había mantenido independiente del poder omnímodo del Estado, representado por el presidente Uribe.
El escándalo de las interceptaciones telefónicas del DAS no sólo incluye escuchas sin autorización judicial e intromisión en la vida privada, sino la utilización de esos datos de seguridad para la realización de atentados. Ha quedado confirmado cómo el propio DAS pasó datos y ordenó a organizaciones paramilitares la eliminación de dirigentes sindicales y sociales, que debían estar protegidos precisamente por el organismo.
El balance no puede ser entonces más negativo. Lo más preocupante es que muchas instituciones colombianas, seguidas en muchos casos por gobiernos de la Unión Europea, aceptan que el problema del paramilitarismo en Colombia es cosa del pasado. Así, no pueden existir víctimas de los paramilitares, puesto que no hay organizaciones paramilitares. Esto provoca una serie de problemas en cadena: no reconocimiento de atención social, no acceso a los mecanismos de verdad contemplados en la Ley de Justicia y Paz, y, sobre todo, falta de reconocimiento por parte de los gobiernos de la Unión Europea de que el problema sigue existiendo y sigue provocando víctimas a diario. Ahora mismo nos han llegado alertas de organizaciones de derechos humanos colombianas, sobre desapariciones de líderes comunales durante esta semana atribuidas a organizaciones paramilitares.
Desde Europa tiende a verse la realidad colombiana con cierta “conciencia limpia”. ¿Qué responsabilidad le cabe a los capitales europeos que están invirtiendo y obteniendo jugosos beneficios en Colombia desde hace ya muchos años?
De una parte, los gobiernos de la Unión Europea llevan adelante su política exterior y defienden sus intereses diplomáticos supeditados a lo que ellos denominan los intereses de las respectivas compañías multinacionales de cada país. Estamos acostumbrados, por lo menos aquí en España, a que después de las reuniones del Consejo de Ministros se nos ilustre por parte de sus portavoces, manifestando que “el Gobierno español defiende los intereses de las compañías españolas en América Latina, puesto que es defender los intereses de España”. Sin embargo, cuando estas compañías vulneran convenios internacionales, por ejemplo, los convenios de la OIT, convenios medioambientales, convenios sobre los derechos de los pueblos indígenas, etc., se produce el curioso efecto de que estos mismos gobiernos eluden cualquier tipo de responsabilidad alegando que se trata de actores privados sobre los cuales el Gobierno no tiene ninguna influencia ni es responsable de sus actividades.
Hay una contradicción evidente entre unos gobiernos que defienden los intereses de esas compañías, aunque sean contrarios, como sucede la mayoría de las veces, a los intereses de los pueblos de América Latina, y aunque las actuaciones de estas compañías vulneren los derechos humanos. Y, por otro lado, cuando se les pide una intervención para contribuir a frenar esas vulneraciones, esas intromisiones en las esferas políticas y sociales que las multinacionales realizan, los gobiernos europeos se niegan a intervenir aduciendo la supuesta independencia de las empresas.
En el caso particular del gobierno español, en la última década hemos pasado por gobiernos de la derecha, del Partido Popular, y de la supuesta izquierda representada por el Partido Socialista. ¿Qué balance se puede hacer de la política exterior de los gobiernos españoles con respecto a Colombia?
Al margen de quién gobierne, la política de España con respecto a Colombia siempre es la misma, y parte de una primera ficción: considerar que Colombia es un Estado de Derecho homologable y que, a partir de ahí, no pueden haber interferencias en las actuaciones del gobierno colombiano.
Pero es un gobierno sustentado por unas fuerzas políticas con más de 60 diputados y senadores procesados o encarcelados por vínculos con organizaciones terroristas de extrema derecha. Un gobierno que ha puesto en marcha la política de persecución y criminalización de movimientos sociales, defensores de derechos humanos, y de escuchas y acoso al poder judicial. Un gobierno que permite la connivencia entre fuerzas de orden público y paramilitares, y que ha utilizado todos los mecanismos, como el de la extradición, para evitar que los dirigentes de estas organizaciones criminales le hablaran a la opinión pública y le contaran la verdad sobre la implicación directa del Estado colombiano en la organización de los grupos paramilitares y en la fijación de sus objetivos.
En ese contexto, no se sostiene que el gobierno español mantenga la ficción de que Colombia es un Estado de Derecho, que lleva aparejada otra serie de consecuencias: en primer lugar, se sigue vendiendo armamento a Colombia. Una venta que se presenta como material militar sin carácter ofensivo, donde el Gobierno español aduce que las ventas se limitan a medios de transporte o sistemas de comunicación. Pues bien, como se ha acreditado, esos elementos son usados en los mecanismos de criminalización de la sociedad civil, persecución de la oposición y vulneración sistemática de los derechos humanos.
El Gobierno español, además, se niega a utilizar mecanismos comerciales de que dispone la Unión Europea, para obligar al Gobierno colombiano a respetar los derechos humanos. Se utiliza con Colombia el SGP Plus, un mecanismo de privilegio de la Unión Europea hacia los gobiernos con los que hay políticas de cooperación, como si no existiera el conflicto armado interno, que lo hay, presentado como un mero problema entre terrorismo y Estado, y como si no se dieran estas vulneraciones de los derechos humanos.
En las políticas de cooperación al desarrollo, se mantienen aparatos del Estado colombiano que deberían estar velando por la salvaguarda de los derechos de las víctimas y no lo hacen. Como la Agencia de Acción Social, una dependencia de la Presidencia colombiana, que es el organismo principal encargado de atender a las víctimas, cuyos dirigentes han sido judicializados en varias ocasiones por desvío de fondos. El 80% de los fondos manejados por esa Agencia, que no llega a las víctimas, procede de la cooperación internacional, incluida España.
Y podríamos abundar en la actuación de determinados gobiernos regionales en España. Es ilustrativa la actuación de la Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular, que a través de líneas de Medio Ambiente financia los sistemas de los llamados “guardabosques” en Colombia, que es, ni más ni menos, la reconversión de antiguos paramilitares en informantes a favor del ejército y de lo que ahora son las “nuevas bandas emergentes”, que siguen siendo las mismas organizaciones paramilitares.
En la última misión en que estuve en Colombia, hace un mes, comprobamos, con otros miembros de la comunidad internacional, cómo en zonas militarizadas siguen conviviendo, en ámbitos geográficos reducidos, dispositivos del ejército con dispositivos de organizaciones paramilitares, y cómo, por esas mismas zonas, campean a sus anchas todo tipo de narcotraficantes, entran insumos del narcotráfico y salen toneladas de hoja de coca, sin que intervengan las fuerzas de orden público. Y queriendo presentar que la política de lucha contra narcotráfico y terrorismo tiene “un gran éxito, cuando lo único que provoca son mayores daños a la población, más víctimas, y, sobre todo, la no consideración, el no reconocimiento de la existencia de esas víctimas por esa ficción, asumida por los gobiernos europeos y español, de que ya no existen organizaciones paramilitares en Colombia.
¿Cuáles son las principales exigencias que las organizaciones de derechos humanos hacen al Gobierno español, especialmente de cara a la próxima presidencia española de la Unión Europea?
La primera petición que se hace al Gobierno español, en su papel de presidente de turno de la Unión Europea, es que se acabe con la ficción de que Colombia es un Estado de Derecho homologable. En Colombia, existe un conflicto armado interno, desde hace años, y existe un Gobierno que vulnera sistemáticamente la legalidad interna y los tratados internacionales, siempre en perjuicio de la sociedad colombiana. Ésa es la primera exigencia: acabar con esa ficción.
Nos hemos reunido con el Gobierno español y le hemos pedido, expresamente, que se implique en la campaña que las organizaciones de derechos humanos europeas y colombianas han lanzado, para la protección de los defensores de los derechos humanos. Que condicione cualquier tipo de cooperación económica y comercial al desarrollo, o de asistencia técnica, al respeto efectivo de los derechos humanos; que establezca mecanismos de seguimiento y verificación sobre el terreno de la situación de los derechos humanos en Colombia. Y hemos pedido también que cese cualquier venta o transferencia de materiales susceptibles de ser utilizados militar o policialmente, toda vez que estos cuerpos colombianos de la Administración –fuerzas armadas y policía- acaban, inexorablemente, siendo brazos, herramientas de la vulneración de los derechos humanos que padece la población.
(1) Ver http://www.semana.com/noticias-nacion/pruebas-reinas-chuzadas-del-das-encienden-debate/123941.aspx y http://www.semana.com/noticias-nacion/pruebas-reinas-chuzadas-del-das-encienden-debate/123941.aspx
(2) Asesinatos de civiles a manos de las fuerzas de seguridad del Estado colombiano (ejército y policía), presentados luego como “guerrilleros caídos en combate”. Las organizaciones de derechos humanos en Colombia han registrado hasta el momento más de 2.200 casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridas en los dos últimos años.
Entrevista emitida en: RADIO DEL SUR
Artículo disponible en: REBELIÓN
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