English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

BELDADES Y MENTIRAS DE GADAFI

Rodeado de sus beldades, vocifera, desafía, miente. Y la voz telúrica en la tribuna es el canto del cisne.

COLOMBIA: UN PAÍS MINADO POR EL DESPOJO MINERO

En un país en donde nunca estamos sentados a la mesa ni para lo nuestro, no hay otra opción: Terminamos haciendo parte del menú.

REMESAS Y POBREZA EN COLOMBIA: UNA RELACIÓN EVIDENTE

Según previsiones actuales, se recuperarán niveles anteriores de remesas desde el extranjero sólo a partir de 2012 o 2013.

COLOMBIA AFRONTA EL CRECIMIENTO DEL PARAMILITARISMO

La estructura del paramilitarismo se redujo en algunas regiones del país, pero en otras permaneció intacta o hasta creció. .

ENFERMEDADES 'LEVES' QUE MATAN EN COLOMBIA

Los pacientes con diagnóstico de alguna enfermedad prevenible terminan en una gran tragedia personal y familiar, requiriendo cuidados médicos que las entidades designadas no prestan efectivamente.

jueves, 28 de junio de 2012

El senador Camilo Romero llama a revocar el Congreso colombiano - Intervención durante el hundimiento de la reforma a la justicia


Intervención del Senador Camilo Romero en la sesión extraordinaria del Senado de la República del día jueves 28 de junio de 2012. "Hablo como ciudadano indignado más que como Senador de un Congreso indignante".




Un acto legislativo que permitiría a la ciudadanía buscar la revocatoria del Congreso fue anunciado por el Senador Camilo Romero en sesión extraordinaria del Senado.

En medio de su intervención, en la que demostró su indignación como ciudadano ante la aprobación de la reforma a la justicia, el Senador Romero manifestó que es necesario que en Colombia exista la posibilidad de revocar de su cargo a los legisladores que no cumplan con el mandato popular y constitucional para el que fueron elegidos.

“En la actualidad no existe un mecanismo legal que permita a los ciudadanos buscar la revocatoria del poder legislativo, no es posible hacerlo ni siquiera a través de un referendo. Lo que se propone es que a través de una iniciativa popular se pueda incluir en la Carta Política Colombiana una nueva figura que permita hacerlo”, señaló Romero.

Igualmente resaltó el surgimiento de una nueva ciudadanía que se expresa y moviliza ante los atropellos de un Congreso deslegitimado y que solo actúa en su propio beneficio; una ciudadanía activa que ha rechazado tajantemente reformas como la de la Educación y que ahora se pronuncia frente a esta Reforma que no se ajusta a las necesidades de justicia de los colombianos. “Ojo, vienen reformas como la pensional y la tributaria, en las cuales seguramente tendremos varias sorpresas, la ciudadanía debe estar atenta para     responder de manera contundente. No existe otra salida, no es suficiente con revocar la reforma a la Justicia, debemos cambiar al Congreso de la República, porque éste ha originado no solo una crisis institucional, sino moral”, afirmó el Senador. 

miércoles, 27 de junio de 2012

Nuevas negociaciones entre la Policía y el gobierno boliviano


Análisis de Juan Alberto Sánchez Marín en HispanTV, sobre la situación de inestabilidad en Bolivia y las actuales negociaciones que se llevan a cabo entre la Policía Nacional y el gobierno del presidente Evo Morales.






viernes, 22 de junio de 2012

Amargos tiempos de contrarreforma - La recién aprobada reforma a la justicia, un asalto a la Constitución colombiana

Por: Juan Alberto Sánchez Marín (*)



La columnista Cecilia Orozco Tascón llamó “una contrarreforma a la Constitución” (1) la anunciada reforma a la Justicia que terminó tránsito en el congreso, de la cual, entre otros, sacarán tajada grande los actuales magistrados de las cortes.

Un evento del cual se benefician quienes aprueban la ley, toda vez que proceden en bien de quienes tienen el encargo de juzgarlos (y absolverlos) a ellos mismos (por parapolítica y corrupción, más que nada). Y es que el dictamen de los legisladores a su vez sirve de provecho a los magistrados, que ven extender de ocho a doce años los períodos e incrementar las prebendas. Una natural ley del mutuo beneficio, esta vez, escandalosamente antidemocrática.

Las contrarreformas suelen hacer ir las aguas de vuelta, río arriba, contra toda lógica o sentido. Los avances de la democracia, las conquistas sociales, los logros de los pueblos, para atrás.

La contrarreforma salida del Concilio de Trento, a mediados del siglo XVI, fue el modo que encontró la iglesia católica para echar por tierra las transformaciones a la institución que propugnaba Lutero. La marcha que dio fue hacia el absolutismo y hacia la atroz herencia confesional que todavía padecemos en esta parte del mundo.

Muchos años más acá, desde otra orilla, una contrarreforma fue lo que le hizo Leonid Brézhnev a la era de Nikita Jrushchov en los tiempos de la Unión Soviética, diluyendo en ácido sulfúrico la timorata apertura iniciada. Y en burocracia lo poco que podía haber valido la pena.

En Colombia, toda idea vaga de reforma ha tenido una desmesurada contrarreforma, que no sólo vuelve los cambios al punto inicial, sino que los lleva con eficiencia mucho más atrás.

En lo agrario, en las inequidades, en los despojos, en la violencia, la historia de Colombia pareciera que no camina hacia delante, sino hacia las más lúgubres etapas del pasado, tantas y tan heterogéneas que se dificulta establecer hacia cuál momento pretérito nos dirigimos.

Tal cual pasó con la Revolución en Marcha de Alfonso López Pumajero, un líder revolucionario que, de paso, encarnaba en sustancia y como ninguno otro el continuismo político, que en la constante de dejar todo a medias condujo a la debacle de sí mismo en su segundo período presidencial y a la del país por consiguiente, que entró de lleno en La Violencia, esa etapa de contrarreforma frente a lo que nunca llegó a reformarse, como la propiedad de la tierra, en el centro del conflicto, o la transformación política, que en cambio dio paso a la instauración en el poder de las vertientes más sectarias de liberales y conservadores.

Y es lo que pasó con las incipientes reformas agrarias de los años sesenta, que desataron una reacción tal que intensificó los despojos, aumentó las masacres, elevó los desplazamientos, y que, algo más acá, en comunión con el narcotráfico y el conflicto armado interno, concentró aun más la tierra. Y nos trajo al pedrusco adonde ahora estamos.

A cualquier momento de tranquilidad, los colombianos buscamos la manera de enfrentarle años y décadas de muerte. La paz se mira como una concesión inaceptable. El desarme del enemigo o el propio como una afectación grave del negocio, en unos casos, y como pérdida de identidad en la mayor parte de los restantes.

Pero guerra y violencia no sólo nos preocupa mantenerlas en el terreno militar, en el contorno geográfico del asunto, urbano y rural. Para perpetuarlas se hacen esfuerzos desde todos los espacios de la vida nacional. En medio de otros, la actual reforma a la justicia es uno de los frentes.

El llamado marco legal para la paz, otra ley que en estos momentos hace curso en el Congreso, terminó convertido en un armazón vacío, quizás un avance en el lenguaje, pero una frustración en lo demás: un muestrario de gangas penales, para una guerrilla que, sincera o no, habla de cambios estructurales y no de unos años de más o de menos en unas cárceles en las que no pretende alojarse. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, por otro lado, es un arma de doble filo para quienes se atrevan a ir más allá de solicitudes, firmas y protocolos, y a creer que de verdad pueden volver a pisar la tierra que les fue despojada a sangre y fuego.

Dos leyes que hablan de paz, plantean objetivos de paz, hacen parte del manojo de llaves de la paz del presidente Santos, pero que no llevan hacia la paz. Patas de pato, plumas de pato, pico de pato, pero no es un pato.

La reforma a la Justicia complementa la tríada, que tendrá cuatro patas cuando se abra paso la otra cara de la impunidad que es el proyecto de ley que amplía el fuero militar. Un esperpento que burlonamente se precia de democrático por crear dos salas de garantías, una de ellas con mayoría de militares retirados, estamento más reaccionario y peligroso que los propios militares en ejercicio, hace poco envuelto en un oscuro juego de cartas cruzadas con tufo golpista.

Y, claro, la reforma a la justicia, que atenta contra las mayorías. Por regla general, las leyes se han encargado de poner en cintura los modestos vuelos de la Constitución del 91. Ahora, la situación es tan complicada que las esperanzas vanas se han puesto en que las leyes estatutarias enmienden los desatinos. Otra mentira que sus defensores echan a rodar.

Si el marco jurídico para la paz y la política de restitución de tierras van contra la paz por su carga de frustración y desesperanza, y por la reacción que generan en las extremas, la reforma a la justicia ataca la paz en su médula, trabando aún más el acceso a la justicia de quienes carecen de recursos para ponerla a su favor, es decir, a casi todo el pueblo colombiano. Justicia congestionada, lejana, ahora arancelaria; nueva segregación y más privatización que se suman a las inequidades que afronta el país y que están en la razón del conflicto social que vivimos.

Puede que la Constitución de 1991 tenga aspecto de colcha de retazos, con remiendos de afán, visibles contradicciones y difíciles conciliaciones con la realidad de un país, amén de atrasado, mezquino.

Además, porque se está volviendo una tradición que las constituciones en Colombia procuren poner el país a tono con el siglo que está a punto de morir y no con el que viene, o sea, con el porvenir.

Así pasó con la Constitución de 1886, que integró en sus títulos y artículos la visión de caridad hipócrita que distinguió el siglo a las puertas de la muerte, el XIX, y que por añadidura los regeneradores, con Rafael Núñez a la cabeza, cedieron a la iglesia.

La Constitución de 1991 involucra una asistencia y un apoyo sociales que eran un cuento viejo venido desde la década del treinta, y, aunque de manera inconstante y a flechazos, todavía de más atrás. Aun si no fuera enteramente asunto de la índole constitucional, así lo han venido entendiendo los gobiernos, desde su promulgación hasta, por lo que se ve, los finales del siglo XXI.

Algo es algo, dirán algunos. Y hasta razón tendrán. A un país al que todo le llega tarde, mucho cuento que la Constitución llegue sólo con setenta u ochenta años de atraso. (2) Cien y más hay de soledad.

Adoleciendo de todas las torpezas del mundo, sin embargo, y apuntando de para atrás, no puede negarse que aquella última Constitución fue un intento por establecer un nuevo marco legal en diferentes aspectos de la vida colombiana. Si no una visión prospectiva, por lo menos la cruzaba un vago aire de modernidad más digerible. Que en buena medida mantiene a pesar de los ocho años de Álvaro Uribe Vélez poniéndole jáquimas desde el “El Ubérrimo”.

En ese sentido, los actuales intentos de arreglo de sus desidias, errores y erratas pueden ser válidos en la intención, como lo fue en lo mismo la propia Carta Magna (la antecesora Libertatum inglesa del siglo XIII o el facsímile que nos convoca), y una frustración en los resultados, como lo fue también la misma. O lo fueron.

Con todo, el problema no es de intenciones, que podríamos llegar a creer que son piadosas. Lo grave es en manos de quiénes quedó la ingente tarea, en medio de un mar vasto de deudas y conveniencias de los implicados: los legisladores, varias decenas de ellos presos, ya guardando el traje a rayas, como Mario Uribe, el primo del ex presidente.

En la promulgación de la Constitución de 1991 participaron grupos divergentes, líderes contrarios, con asesores en todas las áreas imaginables. Si no quedó mejor no fue por sustracción de materia, sino quizás porque los mejores negociantes casi nunca coinciden con ser los mejores hombres ni los bienintencionados.

Los actuales aportes, en cambio, se efectúan en manguala entre congresistas y magistrados, dejando en el camino los puntos que podrían representar algún beneficio para la sociedad y catapultando los ítems que sí lo tienen (y grande) para unos y otros de los justipreciados. Sintetizando: una contrarreforma que beneficia a diez por cada millón de habitantes. Como el espíritu de la Constitución de 1886, ¿justicia representativa?

Es cierto que la Constitución del 91 creó el adefesio superlativo llamado Consejo Superior de la Judicatura. Pero ni siquiera ese organismo desaparece, sólo cambia de nombre. Y se afirma que desaparece la inoperante Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, lo cual tampoco es cierto. También es un cambio nominal, y ahora sus integrantes cobran.

No solamente no desaparecen los lastres, sino que son más costosos. Pero eso tampoco es lo más grave. Congresistas blindados, intocables; magistrados vendidos, un tanto vitalicios; herramientas truncadas de la justicias; instancias de investigación y juzgamiento abolidas, como la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia; una justicia de marras, callejera, privatizada e hincada a los bancos… Apenas gajes del oficio de la nueva contrarreforma.

Lo preocupante en verdad es que después de esta trasquilada la Justicia en Colombia seguirá siendo igual o más lenta y ciega para los de ruana, y más presta apenas cuando involucra grandes intereses, para actuar, desde luego, a su favor.

Nada nuevo, pensará cualquiera. Pero no. Hay mucho deshonor en lo que acaba de acontecer en el país. El espectáculo de la mal llamada reforma a la Justicia es un concierto pleno para delinquir, que hace ver a buena parte de los congresistas y a muchos de los magistrados de todas las cortes colombianas como verdaderos hampones, delincuentes vendidos por unos años más en el cargo a costa de ocasionarle un daño increíble y sin precedentes a la rama a la que dicen deberse. O deberían deberse.

Del choque del ejecutivo con las cortes, tan violento y dañino para la institucionalidad colombiana, que se dio durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, pasamos a los órganos legislativo y judicial confabulados, junto a un Procurador que perdona en relación con su propia absolución y elección. La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado lo absuelven y re absuelven, para no resolverlo.

Uribe armó un complot para tumbar la Corte Suprema de Justicia y nombrar una de bolsillo, como lo atestigua el propio paramilitar Salvatore Mancuso, extraditado a los Estados Unidos (3). Echó mano de recursos criminales en su intención de llevarse por delante cualquier institución o persona que le ofreciera resistencia a sus maquinaciones. No lo logró en esos ocho años de pequeño emperador, y sí en cambio lo consigue ahora, con sus trinos intrascendentes y sus pataletas de ahogado. Una ironía de la vida, pensaría uno, que en realidad es el resultado de la inserción de sus prácticas en las mentes de quienes fueron una vez sus contradictores. Y una transición en esta patria, que avanza de las invasiones bárbaras al oscurantismo medieval.

Un buen trabajo de divulgación de quiénes son los magistrados directamente beneficiados lo hizo el periodista Juan David Laverde Palma, del diario El Espectador, contando cuáles integrantes de las altas cortes que estaban por cumplir su período se van a quedar otros cuatro años. Este es el vínculo: http://bit.ly/LjAJfo

No quisiera estar en el pellejo de cualquier juez de pueblo. Si el sumun de la Justicia negocia tan rebajadas las togas, ¿por cuánto pensarán los parroquianos que puede comprarse la corte de Caparrapí?

“…entre política y políticos, entre influencias y enemistades y en condiciones tan extremadamente complicadas, comprendía, que mi iba a ser muy difícil cumplir con mis buenos propósitos. / La justicia –pensaba yo- ha sido siempre una aspiración nacional… Pero que no a todos conviene…” (4)

Camino a hacerse juez en un distrito feroz y remoto, esto piensa el personaje de las “Memorias de un juez de pueblo”, de Rafael Pérez Palma, un libro pequeño en extensión que nuestros magistrados deberían saberse de memoria, aunque las estampas corresponden a los años treinta y cuarenta del siglo XX y aunque se ubica geográficamente en el Estado de Hidalgo, en México.

Qué difícil para nuestros jueces de pueblo, pero también para los presidentes de las altas cortes y para aquellos magistrados que aun en contravía de sus intereses particulares se han venido oponiendo al hecho legislativo, ver el desmadre que esto significa para la justicia: Acto inconstitucional, cuya constitucionalidad revisa la favorecida Corte Constitucional.

Una reforma que, en todo caso, no buscaba el país, así el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, afirme lo contrario. La pretenden los congresistas urgidos de impunidad, sí. La aceptaron a cambio de abalorios muchos magistrados de las Cortes, sí. Le gusta harto a notarios y leguleyos de toda calaña, también. Pero sostener que “incorpora muchas cosas muy importantes para la justicia del ciudadano de a pie” (5), cuando menos, es una desvergüenza.

Aprobada en Cámara y Senado por abrumadora mayoría, la reforma acabó con la muerte política de los aforados y con ello se lapidó a sí misma como opción de equidad para el país, el cual, con sus dos millones seiscientos mil procesos judiciales pendientes a diciembre de 2011, proseguirá con el amargo honor de contar con la séptima justicia más lenta del mundo y la tercera más lenta en América Latina y el Caribe. (6)

Buscamos los modos que sean para echarle leña al fuego perpetuo que se volvió la violencia en Colombia. Esta contrarreforma, frente a la cual el gobierno del presidente Juan Manuel Santos patalea quieto, protesta callado y dice “no” sonriendo, es un modo esquizoide de dispararle a la paz sin gastar balas y de atravesársele a cualquier posibilidad de diálogo social sin necesidad de negarse.

No puede ser otra cosa esta enmienda ya vigente, que en unas horas empezará a desocupar pabellones carcelarios y a liberar parapolíticos, auspiciadores y cómplices de brutales asesinos, y corruptos ex funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe, de alto vuelo y cercano afecto al ex presidente, como Andrés Felipe Arias o Diego Palacio, sus dilectos ministros, o Bernardo Moreno, su secretario de Presidencia, o Edmundo del Castillo, su secretario jurídico. Desvergüenza libertaria. ¿Y quién, después de esto, se atreve a apelar a alguna de las altas instancias?


NOTAS:

(1) El Espectador: “Enfermos graves de reeleccionismo”. 12 de junio de 2012. http://bit.ly/LvOOET

(2) Julio Flórez, poema “Todo nos llega tarde” del libro “Manojo de zarzas” (1906). Referencia al célebre verso: “Todo nos llega tarde... ¡hasta la muerte!”.

(3) Portal de La FM: “Mancuso entregó pruebas sobre complot de Uribe contra la Corte.” http://bit.ly/Ah9AUj

(4) PÉREZ PALMA, Rafael. “Memorias de un juez de pueblo”. Librería de Manuel Porrúa, S.A. México, 1960. Pág. 12.

(5) El Liberal: “La reforma a la justicia ya es una realidad”. 15 de junio de 2012. http://bit.ly/LRgN1Y

(6) Portal de la Presidencia de Colombia. “El ciudadano de a pie se enfrenta a un sistema de justicia caracterizado por la congestión y la ineficiencia”. 21 de marzo de 2012. http://bit.ly/GEKsoB




ARTÍCULO DISPONIBLE EN:


Rebelión  (España)
Diario Universal  (España)
Kaos en la Red  (España)
Sur y Sur  (Venezuela)
Question  (Venezuela)
Periódico Desde Abajo  (Colombia)
Agencia Latinoamericana de Información - ALAI







domingo, 17 de junio de 2012

Cristina Fernández defiende el derecho argentino en la ONU


Análisis en HispanTV de Juan Alberto Sánchez Marín en torno a la defensa de la Argentina en el Comité de Descolonización de la ONU, para el reinicio de conversaciones con el Reino Unido sobre la soberanía de las islas Malvinas.




jueves, 14 de junio de 2012

Alí Rodríguez, nuevo secretario general de UNASUR


Comentarios de Juan Alberto Sánchez Marín sobre el potencial de integración de UNASUR, así como acerca del papel de su nuevo secretario general, el venezolano Alí Rodríguez Araque.



domingo, 10 de junio de 2012

“Ejércitos Anti Restitución”, otro alias de la estructura paramilitar.

Por:  Juan Alberto Sánchez Marín.
"Nuevas amenazas contra líderes del proceso de restitución de tierras. La estructura paramilitar actúa en la nueva fase como una garante del despojo llevado a cabo durante años, sostiene el congresista Iván Cepeda Castro". 


En Colombia, forzoso es reconocerlo, existe tino metonímico para nombrar las más grandes maldades y aberraciones. Los recién inventados “Ejércitos Anti Restitución” son un ejemplo.
¿Anti restitución de qué? De la tierra, a primera vista. La tierra es el móvil primero y más notorio de la violencia larvada que padece el país. Por su tenencia venimos de guerra en guerra desde los albores del siglo XIX, desde los tiempos de Centralistas y Federalistas, y de Supremos.

Por el control de la tierra se han masacrado pueblos y comunidades, y se han cubierto de sangre regiones enteras. Durante el período de la llamada Violencia, hacia la mitad del siglo anterior, las partes más ricas de Colombia fueron rojas o azules según un absurdo partidismo que escondía en realidad una despiadada recomposición de la propiedad sobre la tierra.

Pero ni siquiera es necesario retroceder ese medio siglo. Unos pocos lustros atrás el narcotráfico y el paramilitarismo le dieron vuelta al mapa rural colombiano y elevaron bárbaramente y en pocos años la concentración de la propiedad.

El minifundio, médula durante décadas de la significativa economía cafetera, prácticamente, desapareció. Los escasos supervivientes se hicieron más pobres. Y así con lo demás: pequeñas parcelas ganaderas, reducidas extensiones dedicadas a frutales u hortalizas, minúsculos sobrevivientes de los cultivos de pan coger, cedieron a la pujanza empresarial de los grandes.

Una pujanza que se abrió paso a machetazo limpio, balazos en la sien de los pequeños agricultores tercos y motosierras para coadyuvar en la repartición de las partes a lo largo de los ríos Cauca, Magdalena, Sucre, Catatumbo, Sinú, Atrato, San Juan, con sus riachuelos y quebradas. Algunos de los mismos ríos que distribuyeron la sangre de las setenta guerras civiles de todo el siglo XIX. Y también de los que la llevaron al mar durante buena parte del XX. 

Es el país, sus ríos más secos y contaminados, con sus invariables prácticas sanguinarias: Para causar dolor y escarmentar. Más acá, para desaparecer y no dejar rastro. Algo aportaron las técnicas del Cono Sur y la asimilada Doctrina de la Seguridad Nacional estadounidense en este aspecto.

No obstante, ni esa larga cruenta guerra casi ininterrumpida que es la historia de Colombia ha logrado el exterminio deseado; la pretendida dominancia genética de prósperos y poderosos. Es cierto que la hegemonía ha sido constante, pero nunca absoluta.

Cuando el adolorido da señas de que todo lo soportado no fue suficiente; si en el escarmentado pesa más el eterno retorno a su lote perdido; si el sucio animal eliminado vuelve vuelto viudas, hijos, familias desamparadas… ¡Los usurpadores precisan soluciones! 

Que están a la mano en un país con miles de sicarios desempleados, miles de paramilitares siempre en rebusque, miles de ex guerrilleros buscando postor, miles y miles de delincuentes que no saben ni quieren hacer otra cosa como no sea delinquir. Vías para “salir adelante” en las que el dinero fácil es el común denominador.

Soluciones adecuadas a los tiempos, que cambian de nombre para que la historia se repita sin que lo parezca. Los Mochuelos godos se transformaron en los “pájaros” de la Violencia, que a su turno se vuelven los sicarios, éstos los traquetos, todos autodefensas o “Convivir”, paramilitares o Bacrim. Y cualquier mezcla al gusto.

Los “Ejércitos Anti Restitución” son otro nombre del mismo mal. El eufemismo de moda. Para hacer lo de siempre: Amenazar, aterrorizar, escarmentar, desplazar, asesinar, violar, poseer. Sobre todo, como me lo expresó el representante Iván Cepeda en un reciente diálogo, porque “son los garantes del despojo”.

Analiza Iván Cepeda tres fases del paramilitarismo en el país: Una primera fue la población y el control de regiones, “el momento del despojo, realizado mediante toda clase de masacres y crímenes de lesa humanidad”. 

Vino después “un trabajo activo para captar las instituciones del estado local”. Esa fue la segunda fase. Y afrontamos ahora una etapa en la que “la estructura paramilitar sirve de guarda y garante de ese despojo”, dice Cepeda.

Lo cierto es que hasta ahora no se le ha restituido nada a nadie. Promete el gobierno colombiano reintegrar al menos cuatro millones de hectáreas a igual número de víctimas. Algo que ponen en duda el senador Jorge Robledo y los representantes Iván Cepeda y Wilson Arias, como fue expuesto en el debate de control efectuado en el Senado al ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, sobre la política de tierras. (1)

En otra palabras: Ni siquiera se ve hoy en día clara la idea de restituir cosa alguna, ni se ha movido mucho para crear las condiciones que supone una compleja política de esa clase.
Y si los gestores de la idea, los ponentes, los fervientes promotores, los mañosos ejecutores andan con la Ley vuelta metas, trámites de procesos, gestiones administrativas, casos en diagnóstico… ¿a cuento de qué el estorbo y la oposición de políticos, terratenientes, ganaderos, industriales, multinacionales, hasta de clérigos?

¿Anti restitución de qué, cuando hasta el momento lo que se aprecia es una representación dirigida al contentillo en cifras y al impacto mediático que generan unas cuantas esperanzas, así sean rotas después y remendadas a bala? 

Anti restitución, claro, de la tierra. Quién lo duda. Pero más allá de la tierra que se pisa, anti restitución del respeto y la memoria. La tierra puede ser el símbolo, pero la dignidad es el hecho cierto, más real y tangible que cualquier extensión de terreno sin un peso para cultivarlo y con todos los vientos en contra.

Aclara Iván Cepeda: La política de restitución del presidente Santos es tímida, carece de un alcance serio. “Pero a ese proceso hay que agregar que existen comunidades organizadas, indígenas, campesinas, con largas luchas de resistencia, que han impedido incluso el despojo”. 

Una idea que permite comprender mejor por qué tan férrea oposición a la propuesta por parte de los bandoleros. También hay miedo en el asesino armado hasta los dientes frente a la víctima frágil; lo han elucubrado la psicología y los estudios del comportamiento criminal. En este caso, además, una expoliación preventiva, que daría pábulo a los científicos sociales.

El mapa del control territorial colombiano por parte de los principales actores armados enfrentados nunca ha sido estático. Las fronteras van y vienen según la fuerza y dirección de las corrientes que los nutren: El narcotráfico, las extorsiones, el “impuesto voluntario”, el “auspicio” empresarial, la “colaboración” transnacional, las entradas de “lavaderos” y testaferratos. Y de acuerdo con el impulso, condescendencia o falta de actuación que algunas guarniciones militares dispongan.

Como no lo fueron las mal llamadas “bandas criminales”, tampoco ahora este autodenominado “ejército” lo conforman pistoleros sueltos y sin rumbo. Por el contrario, se trata de armazones constituidos y contratados por familias poderosas y prestantes de las distintas regiones del país adonde el gobierno apunta con su Ley. 

“Ni siquiera son bandas o grupos. Son ejércitos que tienen jerarquía de mando y control”, señala el congresista. Los ejércitos anti restitución son fuertes en departamentos como Cesar, Sucre, Magdalena, Guajira y Nariño, “pero su presencia y expansión está en todo el país”.

Son organizaciones que no difieren de las desmovilizadas durante el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe Vélez porque es la misma estructura, un producto directo de la farsa que fue Ley de Justicia y Paz. Su continuidad: paramilitares con años de trayectoria, como lo han denunciado el propio Cepeda y varias ONG’s, como la Corporación Arco Iris; el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE; la Asociación Colombiana Horizonte de Población Desplazada, ASOCOL; la Coordinadora Nacional Campesina, CNC, y Fundepaz. (2)

Abriendo el año, la estructura paramilitar y narcotraficante conocida como los “Urabeños” mostró los dientes y paralizó seis departamentos en unas horas. Un paro armado que en realidad era un luto forzado por la muerte de Juan de Dios Úsuga David, alias ‘Giovanni’, ex miembro de la desmovilizada guerrilla del EPL, heredero de Don Mario y uno de los cabecillas más temibles, abatido días antes en el Chocó por la Policía Nacional. Demostraron tanto poder que el año 2012 en aquella vasta región de Colombia no empezó sino hasta después del paro, el 5 o 6 de enero.

Así, pues, sin un metro devuelto, las amenazas que empiezan a llover al norte y al sur niegan la restitución siquiera de un milímetro. Urabeños, Águilas Negras, Machos, Erpacs, Mondongueros, Rastrojos…

El primero de junio, Juan David Díaz, líder en Sucre del MOVICE, hijo de Eudaldo Díaz, el alcalde de El Roble asesinado por orden del entonces gobernador paramilitar Salvador Arana, recibió una amenaza de muerte firmada por el siniestro Ejército Anti Restitución. En la misma zona, no hace mucho, fue asesinado el también líder del MOVICE Rogelio Martínez. 

Meses atrás fue amenazado el líder del proceso de restitución Freddy Antonio Rodríguez Corrales, quien representa a 95 familias que solicitan la apropiación de una parcela en la hacienda Bella Cruz, en el Cesar, de donde fueron desplazadas, en 1996, más de 300 familias por los paramilitares de Juan Francisco Prada Márquez, alias “Juancho Prada”.

El listado de amenazados con nombres propios es extenso. En las tierras requeridas, mientras el gobierno estampa los sellos, los campesinos aún no cultivan alimentos, pero los victimarios no han dejado de sembrar el terror. Y de cosecharlo.

Colombia es un país donde las vidas ni siquiera pertenecen al rey, como en la Francia de Luis XIV, antes de Montesquieu, sino a ilustres señores feudales del Caribe, los Llanos, Antioquia, el Pacífico, el Eje Cafetero, el Valle del Cauca. Las prácticas de los siglos IX y X se le cruzaron a las del XVIII y los señores terratenientes quedan rigiéndose por los derechos consuetudinarios que su imaginación perversa a bien tenga. Y en los rebatos entre unos y otros huyen despavoridos o caen muertos muchísimos compatriotas. Nadie protege. El propio señor feudal es quien persigue y ultima


NOTAS:

(1)  Verdad Abierta: “Las dos caras de la restitución de tierras”. 30 de mayo de 2012.  http://bit.ly/Kt2HmK
(2)  El Espectador: “Denuncian nuevo ejército 'anti-restitución' de tierras”. 22 de febrero de 2012. http://bit.ly/wuHYZy.


ARTÍCULO TAMBIÉN DISPONIBLE EN:


Rebelión  (España)
Agencia de Prensa Rural  (Colombia)
Polo Democrático Alternativo (Colombia)
Question  (Venezuela)
Aporrea  (Venezuela)
Agencia Latinoamericana de Información - ALAI



jueves, 7 de junio de 2012

Colombia: Matones visibles en un conflicto invisible

LAS PALABRAS DE LANGLOIS QUE LOS MEDIOS NO OYERON.


Por:  Juan Alberto Sánchez Marín (*)

No se trata de reducir todo a una visión esquemática de ricos malos y pobres buenos, sino a la inverosímil realidad de que las inmensas necesidades de unos son usufructuadas para bien de los descomunales caudales de otros. Nada más.

El periodista Romeo Langloise al momento de la liberación.

Dijo hace unos días Romeo Langlois, el periodista francés capturado por las FARC, en cuanto quedó libre y de cuantas maneras pudo, que el conflicto colombiano ha sido “invisibilizado”. (1)

No dijo quién o quiénes lo invisibilizan, porque no hacía falta. Los conocemos bien: Han gobernado durante años afirmando que ni siquiera existe conflicto, posan de mártires de la justicia cuando alguien les cuestiona procederes y procedimientos, salen a diario por los medios sosteniendo que se requieren más misiles para aniquilar una guerra que no es.

Son expertos en otorgarle corporeidad a lo que no existe, como el crecimiento económico del país, el mejoramiento particular de muchos índices, el ascenso controlado y en poquísimos puntos porcentuales de la inflación, el significativo descenso en centésimas del costo de los combustibles, la ampliación general de las perspectivas bursátiles… Cuando lo muy real y campante es un escenario mundial de crisis y quiebras. 

Y son buenos en el uso de toda clase de tropos: llaman seguridad a la violencia estatal; nombran como falsos positivos el asesinato sistemático de jóvenes y campesinos por parte de militares; hablan de confianza inversionista cuando las multinacionales incrementan el saqueo nacional.

Pero sí especificó Langlois, en cambio, la causa por la que el conflicto es invisibilizado: "pobres matándose entre pobres". Mejor y más breve no pudo haberlo dicho.

Por eso, sólo por eso, se puede decir que no pasa nada de nada en un país en el que se registraron 602.364 homicidios en los 33 años comprendidos entre 1975 y 2008 (2). O que no se ven los 2.267.348 desplazados que registró el propio Ministerio de Defensa entre 2002 y 2009, justamente, en los años de la Seguridad Democrática (3), y donde los datos del desplazamiento forzado señalan cinco millones de personas, que ubican a Colombia como el país con más desplazados en el mundo: el 10% de su población, donde una tercera parte corresponde a las minorías étnicas, negros e indígenas (4).

No se trata de reducir todo a una visión esquemática de ricos malos y pobres buenos, sino a la inverosímil realidad de que las inmensas necesidades de unos son usufructuadas para bien de los descomunales caudales de otros. Nada más.

Tampoco es una ilegalidad. Puede que sea un abuso, un atropello, pero se enmarca con precisión en leyes promulgadas para el efecto, en técnicos planes y programas gubernamentales, en acuerdos democráticos firmados entre instituciones y partidos. El trato es maltrato, y el maltrato es por contrato.

Donde la puesta en marcha de cada iniquidad fue bendecida con una misa y las escasas investigaciones efectuadas por algunos entes de control sólo han llevado a exoneraciones e indemnizaciones estatales. ¡Qué pena con los señores! ¡Mis disculpas, señor bandido!

Es un sino tan ágilmente desenfundado e infundado que quienes lo padecen además deben apreciarlo como una consecución. No hay que remontarse décadas o años atrás para corroborarlo, bastan unos días. Como el logro de los TLC, cualesquiera de ellos, con los Estados Unidos, con Europa, con Canadá, con Corea.

Una explotación que prospera de mil maneras en un entrecruce fatal: la gracia de las triquiñuelas usadas por unos con la desgracia de otros de asentarse y poseer durante generaciones tierras de gran riqueza.

En los resguardos indígenas están puestas las narices de las multinacionales mineras, porque es allí donde la tierra guarda en sus entrañas el oro, los hidrocarburos, el cobre, el uranio, el platino, el bronce, el coltán. Las comunidades negras están al centro de los desplazamientos masivos por otro tanto. Los campesinos y pequeños propietarios de la tierra son esclavizados o asesinados para que el país pueda salir adelante y desarrollar sus grandes proyectos ganaderos y agroindustriales. La naturaleza y las selvas se destruyen sin misericordia para que poderosas empresas reforesten sus capitales.

La guerra está invisibilizada, sí, y por eso también los grandes medios invisibilizaron casi todas las molestas palabras de Langlois. De todo lo que dijo, que en pocas palabras fue algo, los dos canales privados de televisión, RCN y Caracol, ambos coligados a poderosos e interesados grupos económicos, extractaron con finura quirúrgica aquello que dijo contra una de las partes del conflicto, la guerrilla, y ni siquiera mencionaron lo que dijo contra la otra, los militares, que fue bastante.

Poco importa si lo que dijo contra unos o contra otros es cierto o no, o, mejor, si lo compartimos o no. Lo detestable es la utilización descarada de sus palabras para armar sin untarse el discurso a conveniencia. Para manipular, desde luego.

Y ni así, con la alocución edulcorada, se salvó el periodista de que el ex presidente Álvaro Uribe dejara de preferirlo muerto a liberado. Quizás gracias a esa suavización mediática pueda seguir vivo y seguir ejerciendo luego su profesión en Colombia, como dijo que lo hará. ¿O será que tergiversaron, mutilaron y malinterpretaron los medios sus palabras para salvarlo?

Apenas un canal de noticias de cable transmitió las improvisadas palabras a las que debió darle vuelta el francés durante un mes; porque parecían lo uno pero eran lo otro. Y porque, como bien lo expresó el columnista Ramiro Bejarano, el francés no tiene un pelo de tonto. (5) De todas formas, una parcialización informativa que no nos es extraña, pues es a la vez reflejo (y motivación, claro está) de la vida parcializada que degustamos a diario sin disgusto.

Mientras Romeo Langlois decía lo que decía, llamando la atención sobre verdades que no aguantamos, mencionando sujetos que no aceptamos o subrayando hechos que atentan contra nuestras buenas mentiras y malas costumbres, los canales mencionados se regodeaban en estúpidos concursos en los que el ama de casa gana una olla arrocera y el aprendiz de bruto gana un televisor de 19” para apoyarlo en sus objetivos.

País espectáculo, en el que los medios son sensacionalismo, los muertos trofeos, los lisiados cifras, la realidad ganancias, y donde la única tradición que no se pisotea es la de la violencia, tal vez porque los autores principales son los merecedores de respeto de príncipes, con su hablado en inglés, sus títulos de Harvard, sus caballos de paso fino, sus tufos Blue Label. O tal vez porque sus millones de víctimas no existen, no son reales, al contrario de las cifras que salen bajo la manga, a toda costa ciertas.

No tantas veces, como ahora, los pobres han sido culpables de tanto. Y esa culpabilidad es de las pocas cosas que en estas tierras los hace perceptibles: Son culpables malhechores cuando vuelven en busca de sus tierras, de las que fueron despojados a sangre y fuego, engatusados por la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

Son culpables cuando tienen memoria y narran, en documentales independientes, como los del propio Langlois, o en programas de televisión marginales, pero indispensables, como los de Hollman Morris, el asesinato despiadado de sus seres queridos, pretendiendo hacerse visibles a fuerza de hacerle recordar sus muertos al país. Unos desgraciados.

El admirado país del Norte nos lleva más de un siglo en la solución de sus contrariedades. Un ejemplo. Los indios de las praderas fueron erradicados de un tajo por la fiebre del oro y de su memoria apenas nos llega el nombre del teniente coronel George Custer, su infausto victimario y un típico hampón. Si alguien exalta la resistencia de Tatanka Yotanka (Toro Sentado), Shi-Kha-She (Cochise) o Goyathlay (Gerónimo) puede ser porque es un terrorista, allá en los Estados Unidos o acá en Colombia.

Es la misma fiebre del oro que cruza ahora la médula de los mismos espíritus voraces contra los mismos pueblos indígenas. No sucede hoy en el oeste estadounidense, sino en el oeste, el este, el norte y el sur colombianos. No son los colonos desperdigados gringos, sino las multinacionales gringas organizadas y con todos los avales gubernamentales. Gracias al ferrocarril se esfumaron los bisontes que alimentaban a los indios de las praderas, gracias a la locomotora minera de Santos no van a quedar muchos ríos sin arsénico ni cianuro para calmar la sed de las comunidades indígenas y campesinas asentadas en medio país.

Y si los numerosos pueblos indígenas del norte fueron invisibilizados, o, más grave aun, vistos como demonios por Hollywood, ¿qué puede esperarle a nuestros indígenas, que sobreviven sólo gracias a la inercia de sus culturas acorraladas y existen menos aun que los pobres fantasmagóricos del resto de regiones?

"Tenemos que seguir cubriendo este conflicto", dijo al final Langlois, de seguro convencido de que ese es un buen camino para que lo descubramos. Saber apenas de oídas de la guerra le hace creer a buena parte de la población que la paz es algo opcional, que es una llave que tiene un presidente en el bolsillo o una cerradura que tienen unas guerrillas bajo un palo de chachafrutos.

Mostrarlo desde abajo puede ser un paso para entender y luchar por lo contrario, por la obligatoriedad de la búsqueda de esa paz esquiva, y por la importancia de no dejarla en manos de matones ni guerreros. Del mismo modo que ni unos ni otros son causa de nada, tampoco pueden ser solución de algo.

Otra mentira que creemos y que a muchos alegra que así sea. La guerra particular de este país no se frena a punta de acercamientos o en una mesa de diálogo, ni con unos protocolos bien escritos y firmados, ni a través de comunicados esperanzadores, ni le bastan unas cuantas voluntades, aunque sean sinceras y conlleven el asentimiento de muchos de los actores, extras y figurantes involucrados.

De la misma manera que el conflicto se volvió invisible, se ocultan siempre las premisas para su resolución y cada quien trata de hacer impalpables las exigencias de la paz. Porque son estructurales, porque hay miedo de airearlas, porque no es apenas cuestión de enemigos de carne y hueso, porque políticamente quién sabe, porque y los ases para el final qué, porque sí.

Esta guerra sólo la paran asuntos molestos, por decir lo menos. Nocivos para los indicadores de la economía; pervertidos para el insepulto Consenso de Washington; infames para la tríada FMI – BM – BID; delirantes para la oligarquía criolla. Pero improrrogables.

En tanto que las cosas sigan marchando tan bien, la nave va y va y no habrá puerto a la vista. En ese contexto, debería preocuparnos mucho la afirmación insistente de que las cosas están bien.

Pues está mal que la inversión extranjera aumente. Muy mal que la minería avance a pasos agigantados. Malísimo que el TLC marche sobre ruedas. Pésimo que la banca esté recuperando utilidades y las bolsas sus valores. Una desgracia mayúscula que los medios digan que el país no deja de mejorar.

Porque todas esas buenas nuevas lo que indican es que cada vez vivimos menos en el país donde por suerte o desgracia nos tocó rematar cada día de la existencia.

(*) Juan Alberto Sánchez Marín es periodista y realizador de cine y televisión colombiano.

@juanalbertosm




NOTAS:

(1) Portal de Telesur. “Langlois denunció que han invisibilizado conflicto armado colombiano”. 30 de mayo de 2012. http://bit.ly/LJEDfS

(2) PÁEZ TORRES, Magda. “Aumenta la violencia en el país”. Agencia de Noticias UN. Universidad Nacional de Colombia. http://bit.ly/M9dJ1c

(3) MEDINA GALLEGO, Carlos. “Las estadísticas de la guerra”. 14 de enero de 2011. Red de DD.HH. http://www.ddhh-colombia.org/html/noticias%20ddhh/estadisticasguerra20012011.pdf

(4) Diario El País: “Colombia es el país con mayor número de desplazados internos del mundo: Codhes”. Cali. Febrero 16 de 2011.  http://bit.ly/f3Znn0

(5) BEJARANO GUZMÁN, Ramiro. “El romeo francés”. Notas de Buhardilla. El Espectador. 3 de junio de 2012. http://bit.ly/K00P7s


Artículo disponible en:

Diario Universal  (España)
Rebelión  (España)
Safiqui  (Ecuador)
Argenpress  (Argentina)
Vive TV  (Venezuela)
Sur y Sur (Venezuela)
Question (Venezuela)
Perfil Económico Mundial
Agencia Latinoamericana de Información  - ALAI.

miércoles, 6 de junio de 2012

Nuevo ataque de las FARC deja cinco muertos en Colombia


Consideraciones de  Juan Alberto Sánchez de este nuevo ataque de las FARC en el contexto de un posible diálogo, por HispanTV.







martes, 5 de junio de 2012

Ola de protestas en España llega a los mineros


Comentarios de Juan Alberto Sánchez Marín sobre la situación de crisis de España en el nuevo escenario de las protestas de los mineros.




Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
UA-24891582-1