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Por: Alfredo Molano
ENTRE DORMIDO Y DESPIERTO, EL Ministro de Defensa declaró que lo que asegura la Fundación Arco Iris es falso y que el crecimiento de guerrillas y de paramilitares no equivale a un fracaso de la Seguridad Democrática ni, por tanto, un debilitamiento del Uribato.
Al fin y al cabo, Silva Luján es un empleado del Presidente. Pero en los círculos del poder otra cosa se piensa. La aristocracia de Bogotá —y seguramente la de Popayán y la de Cartagena— ha soportado a Uribe como se aguanta a un mayordomo que sabe capar potros pero que puede quedarse con la casa de la hacienda. Inclusive hasta lo invitan a sentarse un rato en la sala, pero cuando se va, desinfectan la silla. Las cifras de favorabilidad del Príncipe en el país declinan, EE.UU. comienza a desdeñarlo y en Europa lo miran con creciente desconfianza.
En la Corte Constitucional —dicen los que saben hacer cuentas voto por voto— el referendo no pasará; y si pasara, los votos no le sumarían el espaldarazo que requiere la institucionalización del Estado de Opinión. Total, Juan Manuel —que no Uribito— pasará al bate. La oposición tendrá que vérselas con un candidato belicoso y arrogante que nunca ha ganado una elección popular, pero que sabe marcar las cartas bajo la mesa. Como suele pasar, la antipatía que despierta el candidato oficial podría unificar a la oposición en la segunda vuelta. Es a lo que juegan todos los candidatos. Hasta aquí todo, digamos, claro. Pero, lo que ningún candidato —uribista o no— podrá hacer es desmontar la Seguridad Democrática. Y no por convicción, fidelidad, cálculo, encono o todo lo anterior junto, sino porque los militares no cederán un ápice en el poder que han ganado con Uribe.
El gasto militar pasó del 3,6% del PIB al 6,5%, más alto que el porcentaje de EE.UU. (4%), Venezuela (1,7%), y casi igual al de dictaduras como la de Burundi (6,3%). El presupuesto militar se come los de educación, salud, pensiones. Ello ha significado más y mejores armas, nuevas fortalezas militares y más hombres y mujeres en los cuarteles. Las armas que manejan han aumentado su poder no sólo contra sus enemigos, sino sobre los ciudadanos e inclusive sobre el poder civil. El número de efectivos ronda el medio millón: en calles, restaurantes, moteles se ven hoy muchos más uniformados que hace seis años. Tienen todo el derecho a gozar de la vida y a elevar su capacidad de consumo. ¡No faltaba más! Y es precisamente por estas razones que la Fuerza Pública —y todos los que de la guerra se nutren— se ha convertido en un gremio armado. Lo raro es que los ricos al estilo AIS no pagan un día de servicio militar, prefieren pagar el impuesto de guerra. O mejor, pagan uno para no pagar el otro: compran con impuestos el deber de servir como héroes a la afligida patria.
Con el aumento desorbitado del gasto militar, Uribe dejó amarrada por muchos años su política de Seguridad Democrática. Ni Sergio, ni Lucho, ni Petro, ni Pardo, y ni siquiera Vargas Lleras podrían desmontarla. Les pasaría lo que le pasó a Belisario: tendrían también su Palacio de Justicia. Sabia, por tanto, es la sentencia de Turbay Ayala: “En Colombia, o se gobierna con los militares, o no se gobierna”. Menos épica y más folclórica, pero idéntica en el fondo, es la frase que pronunció Uribe en Vichada hace unos días: “Hay que bailar al son que los militares toquen”.
El Espectador (Colombia), 29 de noviembre de 2009.
Al fin y al cabo, Silva Luján es un empleado del Presidente. Pero en los círculos del poder otra cosa se piensa. La aristocracia de Bogotá —y seguramente la de Popayán y la de Cartagena— ha soportado a Uribe como se aguanta a un mayordomo que sabe capar potros pero que puede quedarse con la casa de la hacienda. Inclusive hasta lo invitan a sentarse un rato en la sala, pero cuando se va, desinfectan la silla. Las cifras de favorabilidad del Príncipe en el país declinan, EE.UU. comienza a desdeñarlo y en Europa lo miran con creciente desconfianza.
En la Corte Constitucional —dicen los que saben hacer cuentas voto por voto— el referendo no pasará; y si pasara, los votos no le sumarían el espaldarazo que requiere la institucionalización del Estado de Opinión. Total, Juan Manuel —que no Uribito— pasará al bate. La oposición tendrá que vérselas con un candidato belicoso y arrogante que nunca ha ganado una elección popular, pero que sabe marcar las cartas bajo la mesa. Como suele pasar, la antipatía que despierta el candidato oficial podría unificar a la oposición en la segunda vuelta. Es a lo que juegan todos los candidatos. Hasta aquí todo, digamos, claro. Pero, lo que ningún candidato —uribista o no— podrá hacer es desmontar la Seguridad Democrática. Y no por convicción, fidelidad, cálculo, encono o todo lo anterior junto, sino porque los militares no cederán un ápice en el poder que han ganado con Uribe.
El gasto militar pasó del 3,6% del PIB al 6,5%, más alto que el porcentaje de EE.UU. (4%), Venezuela (1,7%), y casi igual al de dictaduras como la de Burundi (6,3%). El presupuesto militar se come los de educación, salud, pensiones. Ello ha significado más y mejores armas, nuevas fortalezas militares y más hombres y mujeres en los cuarteles. Las armas que manejan han aumentado su poder no sólo contra sus enemigos, sino sobre los ciudadanos e inclusive sobre el poder civil. El número de efectivos ronda el medio millón: en calles, restaurantes, moteles se ven hoy muchos más uniformados que hace seis años. Tienen todo el derecho a gozar de la vida y a elevar su capacidad de consumo. ¡No faltaba más! Y es precisamente por estas razones que la Fuerza Pública —y todos los que de la guerra se nutren— se ha convertido en un gremio armado. Lo raro es que los ricos al estilo AIS no pagan un día de servicio militar, prefieren pagar el impuesto de guerra. O mejor, pagan uno para no pagar el otro: compran con impuestos el deber de servir como héroes a la afligida patria.
Con el aumento desorbitado del gasto militar, Uribe dejó amarrada por muchos años su política de Seguridad Democrática. Ni Sergio, ni Lucho, ni Petro, ni Pardo, y ni siquiera Vargas Lleras podrían desmontarla. Les pasaría lo que le pasó a Belisario: tendrían también su Palacio de Justicia. Sabia, por tanto, es la sentencia de Turbay Ayala: “En Colombia, o se gobierna con los militares, o no se gobierna”. Menos épica y más folclórica, pero idéntica en el fondo, es la frase que pronunció Uribe en Vichada hace unos días: “Hay que bailar al son que los militares toquen”.
El Espectador (Colombia), 29 de noviembre de 2009.
