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Por: Juan Alberto Sánchez Marín
Bolivia es un país que marcha. Los movimientos sociales, indígenas, obreros, cocaleros y trabajadores, se han valido de las marchas para oponerse o apoyar medidas gubernamentales, o al gobierno mismo.
El actual presidente del país, Evo Morales, viene de ahí, y sabe de marchas. Evo Morales marchó con los cocaleros y organizó bloqueos campesinos. Así se opuso a muchas medidas gubernamentales y evidenció su liderazgo.
Ahora, en el gobierno, siguen las marchas campesinas e indígenas. Y son a su favor, para apoyar sus medidas, frente a una oposición que ve amenazados sus intereses.
A eso, a marchar, iban cientos de campesinos durante la madrugada del jueves 11 de septiembre: Para protestar contra la toma violenta de instituciones públicas, impulsada por Leopoldo Fernández, prefecto del departamento de Pando.
LOS HECHOS
La noche anterior, buena parte del país se había acostado con un sabor dulce en la boca: La selección boliviana de fútbol había conseguido un “sorprendente” y “reconfortante” empate 0 – 0, frente a Brasil, en el propio patio carioca.
Pero el despertar del país no podía ser más amargo. Según los testimonios, la marcha de los campesinos fue emboscada a la altura del puente sobre el río Tahuamanu, municipio Porvenir, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Cobija, capital de Pando.
“Fuimos emboscados a las tres de la mañana, en la comunidad de Tres Barracas”, afirma Rosa Lucía Alpire, una campesina sobreviviente, quien agrega que “La Policía les dio todas las facultades para que nos barran a bala con ametralladoras, escopetas, revólveres, gases y con todo lo que ellos tenían, porque estaban bien armados. Habían contratado brasileños".
Antes de huir, el prefecto Fernández se preguntaba y se respondía: “¿Sicarios brasileños? Eso es un embuste del gobierno. Absolutamente nada que ver con lo que habla el gobierno; ya basta. Este país necesita tranquilidad”.
Cada día que transcurre desde los hechos, la cifra de los muertos ha venido en aumento. Voceros gubernamentales hablan de un saldo preliminar de 25 muertos, 37 heridos por impactos de bala y 106 desaparecidos.
“En Cobija, los sectores autonomistas, que realmente son separatistas, han llegado al extremo de la barbarie, atacando en forma racista a las personas del occidente, a paceños, cochabambinos, quechuas, aymaras”, ha dicho Ramiro Tapia, ministro boliviano de Salud, uno de los altos funcionarios destacados por el gobierno para hacerle frente a la situación, en entrevista con EL ESPECTADOR.
Otro campesino sobreviviente de la masacre, Rodrigo Medina Alipaz, sostiene que “nosotros no llevábamos armas, porque de haber sido así no hubiéramos llevado mujeres y niños, hubiéramos tomado Porvenir e inclusive la Prefectura en Cobija, pero no veníamos a eso, sino a una marcha pacífica”.
LOS ANTECEDENTES
Evo Morales llegó al poder con la promesa de impulsar la refundación del país, a través de una asamblea constituyente, y de recuperar los recursos naturales.
El 1 de mayo de 2006, cinco meses después de la toma de posesión, el presidente Morales cumplió su primera promesa, decretando la nacionalización de los hidrocarburos para el estado boliviano.
La nacionalización y la mejora de los precios de exportación de gas pautados con Brasil y Argentina, multiplicaron por diez los ingresos. De los 200 millones de dólares que las exportaciones de gas significaron en 2003, Bolivia pasó a recaudar más de 2.000 millones en 2007.
“Bolivia ha tenido un desarrollo importante, en un panorama de inclusión social, que se plasma en hechos concretos”, expresa el ministro Tapia. “Y lo fundamental es que para tener ese desarrollo, Bolivia ha recuperado su soberanía. La nacionalización de los hidrocarburos, y de empresas productivas, como Entel, encargada de telefonía, han hecho que tengamos mejores recursos y perspectivas para apoyar la salud, la educación y el mismo sector productivo”.
El gobierno de Evo Morales modificó también la Ley de Hidrocarburos, incrementando los impuestos directos y el pago de regalías al estado, por parte de las empresas que explotan el gas. Los ingresos se reparten a alcaldías, prefecturas y universidades del estado, que ahora reciben más de 550 millones de dólares del impuesto directo.
Llama la atención que los prefectos opositores de la Media Luna, que apoyaron la masacre al pueblo boliviano cuando salió a defender sus recursos en 2003, en la llamada “guerra del gas”, ahora sean los primeros en reclamar el impuesto directo a los hidrocarburos, establecido por el actual gobierno.
“Claro que se han atacado intereses. La empresa privada, que trataba de hegemonizar muchos sectores, ahora los tiene que compartir. La reversión de tierras, había gente que era dueña de extensas tierras improductivas, ahora estas son revertidas para ponerlas a producir. Y los grupos que más han sido afectados, están en el mal denominado sector de la Media Luna, como Santacruz, Beni, Pando, Tarija”
Los llamados comités cívicos y las prefecturas de estas regiones demandan la devolución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Gracias a estos recursos, el gobierno había destinado el pago de un bono para la tercera edad, la “Renta Dignidad”.
“Este sector no quiere que se realice esto, por eso se producen tales reacciones desesperadas, que están enfrentando a los bolivianos. Vale decir, son un grupo reducido, con poco respaldo, pero que cada vez es más activo, más intolerante”, anota el ministro Ramiro Tapia.
Comenzaron hace unas semanas fomentando bloqueos. Ahora han llegado a ametrallar campesinos, quemar sedes sindicales y ubicar francotiradores para asesinar gente desarmada en zonas populosas de Santa Cruz.
A ciencia cierta, el espanto de la derecha boliviana proviene de la inminencia del cumplimiento de la segunda promesa de Evo Morales: la de una nueva Constitución, un paso determinante en los propósitos de refundación del país.
El referendo nacional constituyente se había fijado para el próximo 7 de diciembre, pero la Corte Nacional Electoral exigió la aprobación de una ley de convocatoria. Así, el referendo ha quedado en manos del Congreso, donde el Movimiento al Socialismo (MAS), el instrumento político de Evo Morales, deberá buscar alianzas con la "oposición democrática".
Si en el reciente referendo revocatorio, al cual se sometió Evo Morales, el presidente obtuvo el 67,41% de los votos a su favor, contra medios, viento y marea, superando de sobra el de la propia elección (53,74%), tienen razón los opositores para estar asustados.
La nueva Constitución, que garantiza el estado plurinacional, donde la diversidad de los pueblos tiene los mismos derechos y obligaciones, resuena ya de punta a punta en una Bolivia en la que el 80% de la población, la pobre e indígena, ha sido ancestralmente excluida, mejor dicho, anulada.
LA INJERENCIA
En medio de la crisis, el gobierno boliviano expulsó del país al embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, quien señaló que fue una decisión no evaluada apropiadamente y advirtió que su salida traerá consecuencias.
“La expulsión no viene dada por la determinación de un momento o una circunstancia”, anota el ministro. “Siempre hubo intromisión del gobierno estadounidense, pero lo que nunca habrá ya es confabulación. Reunirse con los representantes que generan los conflictos, fomentar los mismos, ha hecho que se tome una decisión que es compartida por el pueblo de Bolivia. Bolivia es digna y es soberana.”
“Queremos tener relaciones fraternas con los EE.UU, pero respetándonos como naciones, eso es fundamental para la vida democrática de un país. Las relaciones deberían seguir en un marco de cooperación recíproca, respetando la normativa interna y las reivindicaciones que se adelantan.”
LAS MEDIDAS
Paralelamente a la masacre del Porvenir, hubo persecución en la provincia Filadelfia, también en Cobija, que aloja un centro de formación de maestros, donde va mucha gente del occidente del país. Allí han ido a matar “collas”, como despectivamente son llamados los habitantes de los departamentos occidentales.
“Tenemos relatos desgarradores”, cuenta el ministro Tapia a EL ESPECTADOR. “No han respetado edades ni la clemencia que pedían las víctimas, han apaleado sin misericordia. Muchos huyeron hacia los cerros y los ríos. Tenemos 50 desaparecidos allí, no sabemos dónde están. Es por eso que nuestro gobierno decretó el estado de sitio, para preservar la vida de estos compañeros”.
Una medida para muchos tardía, pues mientras el gobierno lo determinaba, las persecuciones y los asesinatos continuaban.
UNASUR ha dado un “pleno y decidido respaldo al presidente Evo Morales”, rechazando de manera enérgica cualquier ruptura del orden institucional y democrático, y, atendiendo el llamado del gobierno boliviano, ha determinado la creación de una comisión para investigar la masacre en Pando.
“El responsable de esta acción es el señor Leopoldo Fernández como prefecto de Pando, porque hemos visto utilizar las movilidades (vehículos) de la Prefectura, en cada uno de ellos más de 30 hombres armados con fusiles, metralletas y revólveres”, dice el campesino Rodrigo Medina Alipaz.
La fiscalía de Bolivia le ha abierto un proceso penal al prefecto Fernández, quien fue detenido en la mañana de ayer, “por la presunta comisión del delito de genocidio en su forma de masacre sangrienta”.
El vicepresidente Álvaro García Linera, por su parte, anunció que el congreso instalará una comisión para investigar la participación de Fernández. Se mantiene la voluntad de sostener un diálogo abierto con la oposición, sin ceder en los principios básicos. “Las responsabilidades penales de un genocidio como éste no pueden ser negociadas, bajo ninguna circunstancia”.
17 de septiembre de 2008,
El Espectador (Colombia).
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